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Perú: la calle contra los palacios

Las continuas protestas y la agitación política en el Perú han puesto de manifiesto una profunda división en la sociedad peruana.
La crisis muestra el declive de una generación de políticxs que no entienden lo que pasa en la calle, ni lo que quieren lxs manifestantes.
La crisis muestra el declive de una generación de políticxs que no entienden lo que pasa en la calle, ni lo que quieren lxs manifestantes.

Nota editorial: Tras más de una década del famoso crecimiento económico peruano, Perú enfrenta en 2020 la mayor crisis económica de América Latina. Con altos niveles de pobreza, desigualdad e informalidad, el modelo económico peruano ha mostrado sus fallos. En medio de una crisis sanitaria y económica sin precedentes, el vacío de poder en las instituciones políticas de Perú presentan las condiciones para la poderosa movilización del pueblo peruano.

La destitución de Martín Vizcarra encendió la mecha de las protestas callejeras. Su sucesor, Manuel Merino, debió renunciar en medio de masivas movilizaciones, y un segundo presidente fue elegido por el Congreso en una semana. Pero detrás de esta crisis, se puede identificar un profundo divorcio entre la sociedad, sobre todo de las nuevas generaciones, y la dirigencia política.

Al momento de escribir estas líneas, Perú era un país donde dos de las tres ramas del Estado carecían de personas a su cargo. Un Poder Ejecutivo sin presidente, ni vice presidentes; sin jefe del Consejo de Ministros y sin un gabinete en funciones. Un poder legislativo sin presidente, ni tampoco mesa directiva. La noche del domingo, el pleno del Congreso fracasó en formar una nueva mesa en una votación donde se postulaba una lista única supuestamente consensuada, que tenía a la cabeza a Rocío Silva Santisteban, una dirigente del Frente Amplio y activista de derechos humanos.

¿Cómo se llegó a esta situación caótica? El lunes 9 de noviembre, el Congreso electo en enero de este año, logró lo que hace un mes no pudo alcanzar: vacar al presidente Martín Vizcarra, que a su vez, sucedió en el poder al denunciante Pedro Pablo Kuczynski en marzo de 2018. Bajo el paraguas de investigaciones fiscales que mostraban indicios de corrupción de Vizcarra durante su paso por el gobierno regional de Moquegua hace más de una década, avanzaron con su objetivo de sacar al presidente del poder.

Hace varios años se acuñó el término de “coalición de independientes” para explicar el funcionamiento de los partidos políticos peruanos, con políticxs que confluyen puntualmente en un proyecto político para abandonar el barco una vez que este deja de ser un vehículo idóneo. No hay ideologías, programas o proyectos de largo plazo. No hay una elite política sino elencos que se alternan el poder sin consolidarse en el tiempo.

Lo sucedido hace una semana replica el funcionamiento de la política electoral peruana, una variopinta coalición de intereses que tuvo como único punto de coincidencia la salida de Vizcarra.

Congresistas que representan empresarixs de universidades cerradas por no alcanzar la calidad mínima, empresas que quieren realizar explotación de recursos naturales en áreas prohibidas, negocios de todo tipo. Congresistas que quieren continuar su carrera política en contra del ordenamiento jurídico vigente y otrxs que quieren escapar a los múltiples procesos judiciales que deben enfrentar. De hecho, una lectura posible de la vacancia de Vizcarra es que algunxs políticxs poseedorxs de estos partidos sui géneris hayan buscado revertir tímidas reformas políticas implementadas y que con modestos resultados electorales en las elecciones presidenciales de abril próximo supondrían el fin de sus organizaciones y su principal sostén de su modo de vida.

La contracara de esta coalición oportunista es un presidente como Vizcarra que no entendió que requería un bloque parlamentario propio que le permitiese defenderse de los eventuales ataques del Congreso. Ni siquiera presentó una lista propia, ni tampoco construyó las alianzas políticas que le permitiesen enfrentar eventualmente al Congreso. Era claro que las posibilidades de estabilizar el último tramo de su gobierno era seguir el modelo de un presidencialismo de coalición con un gabinete que expresase una coalición y le diese sustentabilidad a su gobierno.

A fines de septiembre pasado, Vizcarra disolvió el Congreso –siguiendo sus atribuciones presidenciales– para desactivar los intentos conspirativos del fujimorismo. Envuelto en una ola de popularidad luego de la disolución, el mandatario optó por no presentar una lista para las elecciones de enero de 2020. Sin ticket presidencial, estas elecciones donde el número de votos nulos, así como la abstención, fueron inusualmente altos, primó la fragmentación. Los partidos más votados alcanzaron apenas el 10 por ciento de los votos. Congresistas electxs sin experiencia parlamentaria completaron el cuadro que estamos viendo ahora.

Sin bancada oficialista, Vizcarra desgastó rápidamente su relación con lxs nuevxs parlamentarixs. Cuando en julio pasado se terminó el periodo de protección que ofrecía la posibilidad de disolución del congreso, pues la Constitución impide decretarla durante el último año del gobierno, la tensión escaló al máximo. Desde agosto los ataques de congresalxs fueron incesantes.

Si la coalición vacadora estaba débilmente estructurada, el gobierno de Manuel Merino –el presidente de la Cámara de Diputados que reemplazó a Vizcarra– también lo estuvo. La primera señal de alarma fue el discurso de asunción de este empresario ganadero del norte del país, pobre en ideas y lleno de lugares comunes, incapaz de reconocer el momento político que atravesaba el país. La desaparición del propio Merino de la escena pública una vez que se colgó la banda presidencial era la segunda señal.

Incapaz de cumplir su promesa de un gabinete de “ancha base” decidió refugiarse en palacio de gobierno. La confirmación de Antero Flores-Aráoz como su jefe del consejo de ministros (“primer ministro”) confirmó la imposibilidad de convocar personal político más allá de los cotos de la derecha más conservadora –e incluso racista– del país.

El grueso de lxs integrantes del gabinete fue reclutado de dos canteras principales: la Coordinadora Republicana, un espacio organizado en torno a políticxs, operadorxs y periodistas conservadores que giraban en torno a la órbita del fujimorismo y que quedaron relegadxs de la escena política luego del cierre del Congreso fujimorista y la caída en desgracia de su líder, Keiko Fujimori. El otro sector –minoritario pero clave– fueron lxs representantes de los principales gremios empresariales del país que se integraron al gabinete. Fueron tres los ministerios que ocuparon estos sectores, con Patricia Teullet, Gerenta General de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), el gremio que articula al gran empresariado peruano, como la figura más visible. Esta misma institución emitió un comunicado respaldando la presidencia de Merino en sus momentos iniciales.

No obstante, ni el gobierno de facto ni quienes se opusieron a la vacancia exprés de Vizcarra, ni tampoco lxs más diversxs analistas, previeron el volumen que adquirirían las movilizaciones, encabezadas por estudiantes de institutos y universidades, que se iniciaron el mismo lunes por la noche luego de votarse la vacancia.

Si Merino y quienes lo acompañaron en esta aventura pensaron que la salida de Vizcarra era el fin de sus problemas, se equivocaron. Las movilizaciones se multiplicaron velozmente. Las redes sociales funcionaron como el principal instrumento de organización y fueron muchas las técnicas adoptadas por lxs movilizadxs de otras experiencias. Los aprendizajes obtenidos de las movilizaciones en Chile, pero también de Hong Kong, le sirvieron a quienes marcharon estos días. Tácticas como la utilización de punteros láser contra la policía, los mecanismos para desactivar las bombas lacrimógenas y el uso de movilizaciones descentralizadas para obligar a la policía a dispersar sus esfuerzos fueron parte de los paquetes tecnológicos adoptados.

Es justo también señalar que, si bien algunos sindicatos se hicieron presentes, los principales gremios recién decidieron sumarse a partir del jueves. En los últimos días, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), principal central sindical del país, ha convocado una primera gran movilización para el próximo miércoles. Si para ese día la crisis política sigue activa, se podría ver un primer encuentro del movimiento juvenil que ha permitido la salida de Merino del poder con los sectores populares organizados.

Si la represión del jueves fue excesiva, con un gran número de heridxs, algunxs de ellxs de gravedad, la del sábado fue simplemente criminal. Con el pasar de las horas y en la medida en que el gobierno “interino" de Merino se iba deshaciendo ante los ojos de la opinión pública, las fuerzas policiales reprimieron cada vez con menos controles políticos. Se utilizaron no solo gases lacrimógenos, armas de fuego con perdigones de plomo y al parecer armas de mayor calibre. La noche del sábado dos estudiantes de 22 y 24 años fueron asesinadxs, aparentemente por miembros de la policía nacional. Más de 60 heridxs e igual número de desaparecidxs. Estos últimos han ido siendo ubicadxs con el pasar de las horas, pero aún hay algunxs que permanecen con paradero desconocido.

Si la caída de Vizcarra por su formato se parece a lo ocurrido en Paraguay con el ex presidente Fernando Lugo, destituido de forma exprés en 2012, lo del fin de semana se parece más al 2001 argentino y los días de enorme inestabilidad política y protestas callejeras que marcaron ese año crítico.

El grado de movilización y el hartazgo de la ciudadanía con la situación política actual en una coyuntura ya difícil por la pandemia ha abierto la caja de Pandora. La propuesta de cambio constitucional se ha extendido, excediendo los sectores de la izquierda, y ha sumado a otros sectores sociales y también políticos. La búsqueda de una nueva Constitución no se limita hoy a una reforma del modelo económico peruano. La crisis desatada por Merino y el gabinete de Flores-Aráoz demuestra la imposibilidad de reforma del sistema político. Todos los proyectos impulsados por el Congreso peruano desde el regreso a la democracia, tras la caída de Alberto Fujimori en 2000, han fracasado. Las reformas políticas que han logrado implementarse son en el mejor caso incompletas, en el peor un Frankenstein gatopardiano que busca que todo siga igual.

Una última anotación sobre lo hasta aquí sucedido es que la crisis muestra el ocaso de una generación de políticxs que cómo admitió el breve Flores-Aráoz, no entiende lo que pasa en la calle, ni lo que quieren lxs que protestan. En términos generales, Perú es un país gobernado por políticxs muy por encima de la edad de la población que pretenden representar. Incapaces de conectar con los deseos de lxs electorxs y de entender sus formas de representación política. Lxs jóvenes que han salido a marchar son la primera generación que ha vivido íntegramente su vida bajo gobiernos democráticos. Es imposible disociar este hecho de sus expectativas políticas.

Esta desconexión entre el gobierno y la calle se agudizó con el gabinete extremadamente conservador que asumió el poder en el que primó una visión jerárquica y autoritaria de la política. Si las movilizaciones deberían jubilar a una generación política, con mayor razón deben servir para alejar a los sectores reaccionarios que vienen perdiendo peso en la sociedad hace varios años y que últimamente están refugiados en los márgenes de la opinión pública y el Estado peruano.

Al cierre de este artículo y en una segunda votación, el Congreso logró formar una nueva mesa directiva cuyo presidente se convertirá en el nuevo presidente del país. El parlamentario electo es Francisco Sagasti, perteneciente al Partido Morado de Julio Guzmán y un reconocido académico. Especialista en prospectiva e impulsor de diversas iniciativas para pensar el Perú de cara al bicentenario, seguramente Sagasti podrá formar un gabinete amplio que le permita gobernar hasta julio de 2021. En términos programáticos, el país se sigue moviendo bajo las mismas coordenadas de las últimas dos décadas, luego del breve exabrupto ultraconservador del gobierno de facto.

Carlos Alberto Adrianzén es licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina y estudiante doctoral en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), en Buenos Aires.

Foto: Nueva Sociedad

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Author
Carlos Alberto Adrianzén
Date
25.11.2020

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