El sábado 4 de marzo llegué a Intrenchment Creek Park, en el condado de DeKalb en Georgia, para participar en la primera jornada de una semana de acciones en contra de un proyecto de construcción de U$90 millones emprendido por la Fundación de la Policía de Atlanta (entidad privada respaldada por directorxs ejecutivxs y líderes y lideresas políticxs locales que promueven los intereses de la policía). La fundación quiere arrasar 35 hectáreas de bosque público para construir la mayor instalación de entrenamiento policial de los  Estados Unidos, que incluye un campo de tiro, un edificio para entrenamiento de bomberos y un polígono, diseñado para imitar situaciones de combate urbano.

También se argumenta que la instalación elevará la moral entre lxs oficiales. El tamaño y la escala del proyecto, y la destrucción y deforestación que requerirá han llevado a un número creciente de activistas, organizadorxs y miembros de la comunidad a oponerse a lo que llaman Cop City (Ciudad Policial). La campaña contra la Cop City es, también, una campaña para defender el Bosque Weelaunee, nombre usado para el área por el pueblo Muscogui Creek que fue forzado a desplazarse por colonxs blancxs a principios del siglo XIX, antes de convertirse en el sitio de la infame Granja Penitenciaria de Atlanta. Estos elementos de la campaña (las historias en las que se basa, contra qué y por qué se lucha, a quiénes reúne y cómo) le han dado un poder enorme de permanencia a pesar de las enormes probabilidades en su contra.

Lxs lugareñxs a menudo describen a Atlanta como "una ciudad en un bosque", con árboles y un dosel arbóreo que cubre casi la mitad de la tierra. El ecosistema depende de este follaje, y lxs activistas dicen que la deforestación requerida para construir la instalación dañará la calidad del aire, acelerará el cambio climático y contribuirá a inundar sectores de las comunidades negras y morenas, en su mayoría pobres y de clase trabajadora. El desarrollo propuesto alejará aún más a lxs residentes de los espacios verdes accesibles y acercará los desechos tóxicos. Pero el proyecto hará más que fracturar el espacio verde más grande de Atlanta. Lxs activistas que luchan contra la Cop City argumentan que la violencia policial en sí misma constituye un peligro ambiental y que los productos químicos tóxicos asociados con los explosivos que podrían usarse en el sitio destruirán el aire, el agua y la tierra de la que dependen innumerables formas de vida.

La semana de acciones a la que asistí se organizó en memoria de Tortuguita, o Manuel Esteban Páez Terán, defensorx no binarix de los bosques, de veintiséis años, asesinadx por la Patrulla Estatal de Georgia el 18 de enero. Lxs activistas que conocí abreviaban cariñosamente su nombre como “Tort”. Si bien la policía originalmente alegó defensa propia, las imágenes de la cámara corporal y dos autopsias diferentes, muestran que la policía le disparó a Terán trece o catorce veces y también sugieren que estaba sentadx con las piernas cruzadas y ambas manos en alto cuando la policía disparó. La madre de Terán ha viajado a Atlanta desde Panamá para presentar una demanda contra la ciudad, basada en los registros del asesinato de su hijx y para exigir justicia con una coalición cada vez más grandea su lado.

Terán es lx primerx activista ambiental asesinadx por la policía en la historia reciente de los Estados Unidos. Su muerte es parte de una campaña cada vez más intensa de represión emprendida contra lxs manifestantes que luchan contra los desarrollos ambientalmente destructivos en todo el país, siendo el más famoso el campamento de Standing Rock contra el oleoducto Dakota Access (DAPL, por sus siglas en inglés). Los arrestos, redadas y enjuiciamientos evocan el Green Scare (Susto Verde) de principios de la década del 2000, cuando el gobierno federal infiltró, vigiló y procesó a activistas ambientales y animalistas en todo el país. Las protestas recientes, sin embargo, llegan en un momento de mayor reconocimiento popular de la crisis climática y de la aparente inutilidad de recurrir a lxs funcionarixs electxs para que tomen medidas climáticas contra las mismas corporaciones que impulsan sus campañas y estructuran la economía.

En Atlanta ha habido tres oleadas de arrestos y, al menos, la misma cantidad de redadas en los bosques desde diciembre. Sesenta y ocho personas enfrentan una mezcla de de los cargos comunes presentados contra manifestantes: alteración del orden público, allanamiento de morada y agresión y obstrucción de la administración gubernamental. Pero cuarenta y dos de ellxs enfrentan cargos de terrorismo doméstico, que conllevan una pena mínima de cinco años de prisión y una máxima de treinta y cinco. Las magras declaraciones juradas sugieren que los cargos sólo se basan en la afiliación con Defend the Atlanta Forest, “un grupo clasificado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos como extremistas domésticos violentos” (unx funcionarix del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos le dijo al Washington Post que nunca se hizo tal clasificación). Quienes han sido liberadxs bajo fianza tienen prohibido el contacto con sus coacusadxs o con Defend the Atlanta Forest. Sin embargo, múltiples activistas han insistido en que Defend the Atlanta Forest no es una organización en absoluto sino que es una demanda, una cuenta en redes sociales y una referencia abreviada para un grupo de individuxs autónomxs, vagamente asociadxs, que protege la tierra contra la invasión, y vagamente motivado por principios anarquistas. Esta insistencia se trata tanto de sus compromisos políticos como de un rechazo a la teoría estatal de la criminalización.

En junio de 2021, un año después de los levantamientos a causa de la muerte de George Floyd en Mineápolis y del asesinato de Rayshard Brooks por parte del Departamento de Policía, Joyce Shepherd, entonces miembro del consejo de la ciudad, presentó una ordenanza para arrendar más de 140 hectáreas de bosque público a la Fundación de la Policía de Atlanta a una tasa subsidiada de $10 por año por cincuenta años. El consejo intentó apresurar la ordenanza a través del proceso legislativo sin la participación del público. Pero, gracias a una campaña para retrasar el proyecto, impulsada por la organización liderada por miembros afroamericanxs de la Community Movement Builders, más de 1.100 personas hicieron comentarios públicos al consejo, con un 70 por ciento oponiéndose al desarrollo. Mientras que la oposición provino de todo Atlanta, el apoyo a la Cop City provino de la policía, los bomberos y los enclaves adinerados. De todos modos, el consejo aprobó el proyecto por 10 a 4 votos en septiembre de 2022.

El proyecto se basa en una asociación público-privada, en el que la fundación tiene el objetivo de financiar de forma privada $60 millones de los costos de la instalación, y la ciudad cubre los $30 millones restantes. Coca-Cola, Chick-fil-A y Norfolk Southern (la compañía de trenes responsable del reciente desastre en East Palestine, Ohio) han donado a la campaña de recaudación de fondos de la fundación, y ejecutivxs de Delta, Waffle House y Home Depot están en su junta. Alex Taylor, director ejecutivo y presidente de Cox Enterprises, dueña del periódico Atlanta Journal-Constitution, es el presidente de la campaña de recaudación de fondos.

La campaña Stop Cop City (Detener la Ciudad Policial) surgió de una formación ad hoc para recortar los fondos destinados a la Policía de Atlanta,  llamada “Defund APD, Refund Communities” (DARC) (Recortar fondos al Departamento de policía de Atlanta, refinanciar las comunidades), trabajando en conjunto con el Community Movement Builders y lxs Socialistas Demócratas de América de Atlanta. Lxs activistas atribuyen la duración de la campaña a la participación de una variedad de organizaciones e individuxs que presentan variados compromisos políticos y habilidades, con diversas tácticas y estrategias que han denominado “gramáticas múltiples de lucha”. Aunque indudablemente hay desacuerdos dentro de estas formaciones, hay un sentido de propósito común relacionado con la defensa de la tierra y la oposición al mentado desarrollo.

Algunos grupos lo han hecho mediante protestas y presiones al gobierno local, mientras que otros han interpuesto recursos judiciales. Varixs activistas se trasladaron y acamparon en el bosque para bloquear la construcción. Algunxs han ido un poco más lejos saboteando equipos, en especial el de las empresas privadas de las que depende el proyecto. La primavera pasada, en una carta abierta y anónima a Reeves Young, una empresa de construcción local, lxs activistas explicaron la estrategia detrás del sabotaje: “Reduciremos sus ganancias tan severamente que no tendrán más alternativa que la de cancelar el contrato”. Desde entonces, Reeves Young se ha retirado. Luego, este marzo, un grupo de personas Muscogui Creek viajó a Atlanta e interrumpió una comisión municipal para entregar un “aviso de desalojo” al alcalde Andre Dickens, la ciudad, la policía y la fundación policial. La carta exige que “desalojen inmediatamente” las tierras natales de  lxs Muscogui y “cesen la violencia y la vigilancia policial contra las poblaciones originarias y negras”.

La campaña Stop Cop City está basada en organizadorxs que tradicionalmente han desafiado la construcción de cárceles al considerarlas como una fuerza para la destrucción ambiental. En 1999, la organización abolicionista de prisiones, Critical Resistance, emprendió una campaña contra los esfuerzos del Estado de California para construir una prisión en Delano, sede de la Unión de Campesinxs, con el argumento de que la eliminación requerida de al menos 200 hectáreas de tierras agrícolas presentaba peligros ambientales. Junto con el Sindicato Nacional de Abogadxs y un grupo ambientalista llamado Amigxs de la Rata Canguro, la coalición demandó al Departamento Correccional de California por no cumplir con un proceso de revisión ambiental. La demanda se perdió, pero el proyecto se retrasó casi seis años. La prisión finalmente abrió en 2005 y no se construyeron nuevas prisiones en California hasta 2013.

El juez desestimó la demanda de la Critical Resistance y del Sindicato Nacional de Abogadxs sobre la base de que su preocupación, en realidad, era por la prisión, no por el medio ambiente. Sin embargo, las comunidades afroamericanas pobres y de clase trabajadora sí han hecho estas conexiones a través del tiempo. Es así como, en el año 2006, la fallecida Rose Braz y Craig Gilmore, cofundadorxs del Critical Resistance, informaron de una conferencia en la que lxs jóvenes de California “reportaron a las ‘tres P’: policía, contaminación y prisiones” (police, pollution and prisons) como las mayores amenazas en sus comunidades. En Atlanta, conservacionistas y abolicionistas de las prisiones luchan contra la Cop City con el argumento de que la tala de árboles provocará un aumento tanto de las temperaturas como de las de las inundaciones, una mayor erosión y la destrucción de los hábitats de la vida silvestre. Lxs manifestantes han hecho una serie de demandas para usos alternativos del sitio que incluya la preservación de espacios verdes y la construcción de viviendas asequibles.

La campaña Stop Cop City reúne elementos de otros movimientos de protesta recientes, como el Occupy Wall Street, que destacó la lealtad del Estado hacia las corporaciones y lxs ultra ricxs; la #NoDAPL (Dakota Access Pipeline protests), que encarnó la conexión entre las luchas por la justicia ambiental y la soberanía de los pueblos originarios; y de los levantamientos de 2020, que cuestionaron los abultados presupuestos municipales para la vigilancia policial en detrimento de todo lo demás. La campaña actual se centra en la relación entre el Estado y las corporaciones, que están unidos en apoyo a la vigilancia y la privatización y destrucción de tierras públicas. Los materiales de la campaña DARC argumentan que la aceptación de la instalación por parte del alcalde y el gobierno local, desafiando la oposición pública, “ejemplifica su alineación con las corporaciones sobre la gente de clase trabajadora del área metropolitana de Atlanta”.

Cuando llegué al campamento de la protesta, me tomó un minuto comprender que las personas que conocí compartían alias temporales para proteger sus identidades de la policía y la seguridad privada. Las máscaras faciales cumplían una doble función, protegiendo de la propagación viral y de la vigilancia. Debajo de lonas y de carpas había una estación médica, una “tienda gratuita” con ropa y folletos de campaña, y una gran variedad de alimentos y agua. El área de un estacionamiento sirvió como escenario para que las personas que se dirigían al bosque instalaran un campamento para un festival de música de dos días. La publicación de Instagram, que anunciaba el lineamiento, proclamaba: “Detengamos la Ciudad Policial. No a la Ciudad Policial en ningún lugar. Defiende el Bosque. Ven a bailar." Cuando un niño de Atlanta me dijo que había convencido a sus padres de que lo dejaran en el parque contándoles sobre el concierto de esa noche, algo me hizo clic: era un equivalente de la generación Z del Occupy Wall Street, pero en vez de ocurrir en el distrito financiero, se ubicaba en el bosque.

Alrededor de las 3 p. m., seguí a Joe Peery (nombre real) de la South River Forest Coalition, en una gira junto a unxs cincuenta recién llegadxs. Su grupo se creó en 2018 para abogar por la creación de un área de conservación de 1400 hectáreas que cubriría cinco parques públicos y sus áreas circundantes. Si bien Peery se mantuvo al margen de lxs anarquistas (la South River Forest Coalition prioriza las conferencias de prensa y las demandas judiciales sobre la acción directa), expresó su frustración con los límites del proceso político y legal para proteger la tierra. Estaba claro que había desarrollado respeto por lxs jóvenes activistas que estaban acampando. Explicó que si bien una vez vio la lucha contra la Cop City como algo paralelo a sus intereses, ahora entendía que ambas estaban relacionadas.

Nuestra primera parada fue la “sala de estar”, un lugar de reuniones, fogatas y comidas compartidas. Peery explicó que estábamos dentro de un bosque de pinos, lo que hacía que el suelo fuera “súper cómodo”. El bosque no se parecía a otros parques públicos: no vi senderos marcados, bancos ni señalización. Hasta hacía poco, la ciudad había considerado que las tierras no eran rentables por lo que no eran una prioridad para la inversión en el desarrollo. El South River, que serpentea a través del bosque, fue nombrado como el cuarto río más amenazado del país en el año 2021. Ello debido a la contaminación, las aguas residuales y los desbordamientos. La deforestación requerida por la Cop City alteraría aún más este frágil ecosistema. Sin la reducción de la velocidad del agua producida por los árboles de los pastizales aumentarían considerablemente las inundaciones de las comunidades circundantes.

El recorrido estuvo marcado por la presencia de los residuos de campamentos previos: tiendas de campaña cortadas, recipientes de agua, restos de casas en los árboles y evidencia de campamentos construidos y destruidos. Peery explicó que esto fue obra de la policía. Lxs activistas estaban tan asustadxs después del asesinato policial de Terán que huyeron del bosque. Sólo ahora, justo antes de la semana de acción, la gente regresaba.

Peery le dijo al grupo que la campaña Stop Cop City era el último avance de una lucha en curso sobre el futuro del bosque, y que ésta incluía una demanda de la South River Forest Coalition, de 2021 en la que él es uno de lxs demandantes. La demanda es en contra de Ryan Millsap, un magnate local de bienes raíces, que reclama 16 hectáreas del parque adyacente al sitio de la Cop City. Esto a través de un acuerdo de intercambio de tierras que incrementaría las ganancias de su inversión en millones. Parte de su promesa a la ciudad es construir un parque en honor de Michelle Obama. Si bien Millsap inicialmente pretendía obtener el terreno para su compañía cinematográfica Blackhall Studios, la ha vendido por lo que no está claro qué planea hacer con estas tierras. La demanda argumenta que al privatizar terrenos públicos, se viola un acuerdo del año 2003 en el que la organización sin fines de lucro Trust for Public Land transfirió 55 hectáreas a la ciudad para su uso “a perpetuidad como parques [públicos]”, y con la exclusión de “estaciones de bomberos [y] estaciones de policía”.

En diciembre pasado, después de la primera redada policial y ola de arrestos, Millsap arrasó árboles, gran parte del estacionamiento, un kiosko en el que se llevaron a cabo muchas reuniones y el comienzo del sendero pavimentado que corría hacia el bosque. La Coalición del Bosque de South River solicitó ante los tribunales una orden de restricción de emergencia contra la construcción. El juez negó la medida cautelar. Mientras tanto, a principios de este año, otra demanda, presentada por South River Watershed Alliance contra la Fundación de la Policía de Atlanta para detener la limpieza de la tierra, fue desestimada poco después de presentarla. Después del recorrido, reconocí los restos destrozados de ese kiosko en la entrada del estacionamiento. Sobre el sendero destruido, una sábana colgada entre los árboles y pintada con aerosol de color rosa decía: “Nuestros bosques no son Holly Woods. Tout le monde déteste le Millsap (Todo el mundo odia a Millsap)​​”.

Aquella tarde, antes de irme, asistí a una actuación salvaje en el festival. Lxs artistas, cubiertxs de tierra y color, se retorcían en el suelo e imploraban al público quitarse los zapatos para sentir la tierra con sus pies. Jóvenes de todos los colores, sexualidades, identidades de género y clases sociales hacían picnics y bailaban. Incluso por algunos minutos, hubo pequeños piquetes de baile mosh. El ambiente era alegre y poderoso; fue una experiencia magnética de posibilidad solidaria. La noche siguiente, cuando me enteré de que la policía había detenido a treinta y cinco personas en el festival (veintitrés por cargos de terrorismo doméstico), ello me resultó difícil de conciliar con la exuberante escena que acababa de abandonar (a mediados de abril ningunx de lxs acusadxs de terrorismo doméstico había sido procesadx). La supuesta base para la represión policial era una acción a un kilómetro y medio del concierto en la que decenas de personas vestidas de negro lanzaron piedras e incendiaron un buldócer y otros equipos en el emplazamiento de la Cop City. Me pregunté si las detenciones y los cargos draconianos pondrían fin a la semana de acción, pero las redes sociales, la cobertura de prensa y los relatos del Colectivo de Prensa Comunitaria de Atlanta sugieren que ha continuado en las semanas posteriores con limpiezas del bosque, llamadas telefónicas a funcionarixs locales, creación artística, un gobierno local y mucho más.

Desafiando las protestas en curso, la policía y sus contratistas han empezado a talar el bosque, y el futuro del campamento sigue sin estar claro. Tanto el Occupy como el Standing Rock fueron aplastados por la policía, la fiscalía y la seguridad privada, experiencias que radicalizaron a quienes se enfrentaban por primera vez a la violencia policial. Lxs legisladorxs, la industria de los combustibles fósiles y las organizaciones conservadoras como el American Legislative Exchange Council han seguido alimentando la represión. Las protestas contra los oleoductos de la Línea 3, Keystone XL y DAPL fueron respondidas con nuevas leyes para criminalizar aún más la interferencia con "infraestructuras críticas" para el petróleo y el gas, incluidos oleoductos, refinerías y campamentos mineros. Una ley de Oklahoma facilita la penalización de organizaciones por "conspirar" con individuxs que han sido sorprendidxs invadiendo terrenos de oleoductos; otras han puesto penas más severas a disposición de lxs fiscales que ya tienen a su disposición una multitud de leyes que penan la invasión y destrucción de la propiedad privada .

Por desalentadores que sean, los cargos penales que lxs fiscales están presentando contra quienes luchan contra los proyectos extractivos podrían ofrecer nuevas oportunidades a lxs manifestantes. El año pasado, el Tribunal Supremo de Washington dio el paso inusual de reconocer una defensa por necesidad política en el caso de George Taylor, un pastor jubilado y activista ambiental de setenta y seis años que fue acusado de allanamiento de morada y obstrucción ilegal cuando se adentró en las vías de la compañía ferroviaria BNSF en Spokane para interrumpir el paso de un tren que transportaba crudo. Aunque los tribunales han rechazado generalmente la defensa por necesidad de lxs activistas alegando que les permitiría litigar ante un jurado sobre la conveniencia política de su protesta y no sobre su culpabilidad, parece que algunxs jueces empiezan a comprender los límites de los procesos legales formales para representar los intereses públicos frente a las empresas en contubernio con el Estado. Al permitir a Taylor presentar una defensa por necesidad política, el tribunal decidió que no disponía de medios legales razonables para impugnar el transporte del petróleo. Semanas antes del juicio, los cargos contra Taylor fueron desestimados a petición de la BNSF. La empresa prefirió desestimar los cargos antes que enfrentarse a un juicio público sobre el cambio climático y el dominio inexpugnable de la industria de los combustibles fósiles sobre el proceso jurídico y político formal.

Aquel sábado por la tarde estaba en un campo observando cómo se montaba el festival de música. La gente salía del bosque (donde muchxs estaban acampando) mientras el sol se ponía a sus espaldas. El escenario estaba cubierto con una pancarta que decía: "A los ojos del Estado, quienes se resisten a la supremacía blanca, el colonialismo, el racismo ambiental, la gentrificación y la militarización policial son terroristas domésticxs". Las detenciones del domingo tuvieron como objetivo a personas no nativas del estado de Georgia, sin duda un intento de enmarcar la insurgencia popular localmente arraigada contra la Cop City como un acto llevado a cabo por forasterxs. Es un esfuerzo audaz del Estado para asustar a otrxs y evitar que se unan a un movimiento floreciente, y emprendan las acciones audaces requeridas para rehacer la economía y el sistema penitenciario. Stop Cop City es una lucha de muchxs contra pocxs, por mucho que intenten hacer creer lo contrario.

Amna Akbar es profesora de Derecho en la Facultad de Derecho de Moritz, de la Universidad Estatal de Ohio.

Foto: Defending Rights and Dissent