¿Cómo podemos lanzar rocas a las ruedas de la maquinaria de guerra de Israel, que sigue haciendo llover muerte y destrucción sobre el pueblo palestino? Esta pregunta resuena en los oídos de las fuerzas progresistas de todo el mundo mientras se cometen horrores indescriptibles contra la población de Gaza.

En las últimas semanas, las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos populares de todo el Mediterráneo y más allá han buscado una respuesta parcial a esta pregunta siguiendo e interrumpiendo el paso de los buques cisterna contratados por el ejército de los Estados Unidos que transportan combustible militar a Israel. Activistas, políticxs y trabajadorxs de Palestina, Chipre, Francia, Gibraltar, Grecia, Italia, Malta, Marruecos, España, Túnez, el Reino Unido, los Estados Unidos y otros países se han unido —bajo el lema « Ningún puerto para el genocidio»— para retrasar con éxito las entregas de combustible militar. Se prevén más interrupciones.

Los buques cisterna contratados por los Estados Unidos transportan combustible militar desde la refinería de Valero Energy en Corpus Christi, Texas, hasta Ashkelon, Israel, a través de puertos mediterráneos. Un informe de Oil Change International y Data Desk reveló que entre octubre de 2023 y marzo de 2024 se realizaron tres entregas de combustible militar JP-8 para reactores, utilizando los petroleros de bandera estadounidense Overseas Santorini y Overseas Sun Coast. Cada cargamento contiene unos 300.000 barriles de combustible de aviación, suficiente para unos 12.000 vuelos de los aviones F-16 y F-35 de Israel. En abril de 2024, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución en la que expresaba su profunda preocupación por el uso de combustible de aviación por Israel para cometer violaciones del derecho internacional.

Sin embargo, los puertos estatales y privados del mar Mediterráneo, junto con las bases militares de la OTAN y los Estados Unidos, han seguido prestando servicio a estos petroleros con combustible, alimentos, suministros y cambios de tripulación, lo que les ha permitido continuar sin interrupción los envíos de combustible en tránsito a los aviones de combate israelíes.

En respuesta, a lo largo de julio y agosto, grupos que trabajan juntos bajo la bandera de Ningún Puerto para el Genocidio, incluida la Internacional Progresista, han vigilado e interrumpido el Overseas Santorini, que transportaba combustible militar de los Estados Unidos a Israel.

El Overseas Santorini es uno de los diez buques inscritos en el Programa de Seguridad de Buques Cisterna de la Administración Marítima del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, que proporciona a estos buques «militarmente útiles» un pago anual de 6 millones de dólares para «permitir el transporte comprometido, fiable y leal de combustible al ejército de los Estados Unidos en tiempos de crisis nacional».

Ambos buques, además del Overseas Mykonos, están contratados por el gobierno de Estados Unidos para entregar combustible militar suministrado por la Valero Energy Corporation al gobierno israelí, que negoció la compra del combustible a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos por un costo de 3.000 millones de dólares en 2020. La Agencia Logística de Defensa de los Estados Unidos (DLA Energy) concedió a Valero un contrato para suministrar casi mil millones de litros de combustible de aviación JP-8, diésel y gasolina sin plomo durante muchos años a las Fuerzas Armadas israelíes.

En su entrega más reciente, el Overseas Santorini partió de Corpus Christi el 15 de julio de 2024 y entró en el Mar Mediterráneo a través del Estrecho de Gibraltar el 31 de julio. Mediante acciones coordinadas de grupos de la sociedad civil, movimientos sociales y trabajadorxs portuarixs, se presionó al buque para que abandonara sus puertos rutinarios de escala en Algeciras (España) y Gibraltar. Se ejerció más presión en Malta, lo que obligó al buque a saltarse el país y continuar directamente hacia la terminal de Ashkelon.

Todo el viaje del Overseas Santorini estuvo plagado de problemas creados por la movilización transnacional contra su entrega de combustible de aviación al genocida israelí. El 25 de julio, los sindicatos de trabajadorxs portuarixs de España emitieron una declaración en la que afirmaban que se negarían a prestar servicio al barco, numerosxs políticxs españolxs se pronunciaron en contra de que atracara y cientos de personas se manifestaron en la ciudad de Algeciras llamando a la ciudad a rechazar lo que denominaban «Los barcos de la muerte».

Estas acciones obligaron al petrolero a desviarse hacia Gibraltar. En respuesta, parlamentarixs británicxs escribieron al ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy, y a Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, llamándoles a rechazar la solicitud de atraque del barco, mientras activistas sobre el terreno en Gibraltar movilizaban a su comunidad para vigilar y protestar por las actividades del barco.

Una vez más, el barco se vio obligado a abandonar sus planes de atracar.

Se establecieron campañas similares por parte de la sociedad civil, activistas y políticos —en estrecha colaboración con los sindicatos y las autoridades portuarias— en todos los puertos potenciales a lo largo de la ruta del Overseas Santorini. Por ejemplo, el Partido Progresista del Pueblo Trabajador (AKEL) de Chipre llamó a su gobierno a impedir que el barco atracara o repostara en puertos chipriotas, mientras que activistas tanto de Chipre como de Creta se movilizaron contra el atraque del barco allí.

El Overseas Santorini respondió desconectando su sistema de seguimiento durante más de una semana para eludir nuevas perturbaciones de lxs activistas. Tras muchos trastornos, finalmente llegó a Ashkelon y descargó su carga asesina el 8 de agosto, todavía con el transpondedor apagado.

Tanto el Overseas Santorini como el Overseas Sun Coast ocultan rutinaria y deliberadamente los detalles de su viaje y sus posiciones. Mientras que el Overseas Santorini ha permanecido en la oscuridad desde que entró en el Mar Mediterráneo, el Overseas Sun Coast no ha revelado su próximo destino.

Desactivar el seguimiento AIS puede impedir que otros buques identifiquen la identidad de un barco y aumenta la posibilidad de colisiones en el mar, y podría constituir una infracción del derecho marítimo. En el contexto del genocidio en Palestina, la desactivación del AIS redujo la responsabilidad pública en la vigilancia e intervención en las operaciones de los buques, de acuerdo con las leyes y obligaciones internacionales.

Estas acciones evasivas provocaron la publicación de avisos de búsqueda en todo el Mediterráneo, movilizando a activistas, pescadorxs, estibadorxs y otros navegantes para que buscaran e identificaran la ruta del Overseas Santorini.

Mientras tanto, el otro buque militar asociado —el Overseas Sun Coast— que estaba atracado en el puerto meridional francés de Lavera, a 30 millas al oeste de Marsella, zarpó el 7 de agosto. El buque había llegado de la base naval de los Estados Unidos y la OTAN en Rota (España), y su próximo puerto de escala aún no se ha declarado. Grupos de solidaridad con Palestina, entre ellos el Comité local des Soulèvements de la terre de Marseille, Urgence Palestine Marseille y BDS Provence, exigieron al gobierno francés que impidiera y prohibiera el desatraque de buques dedicados al tránsito de combustible militar hacia Israel desde su puerto; o se arriesgaba a ser cómplice de genocidio. Este llamado urgía a lxs trabajadorxs del puerto de Lavera a rechazar la complicidad con el genocidio y la acogida de la Overseas Sun Coast.

Junto con la declaración del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de abril, expertxs jurídicxs también han expresado que, en el contexto de las prácticas genocidas israelíes, los Estados tienen la obligación de impedir el tránsito de combustible militar por sus puertos. Se envió una carta firmada por más de 60 expertxs jurídicxs internacionales a las misiones de la ONU de todos los Estados ribereños del Mar Mediterráneo y del Golfo de México advirtiendo de que el tránsito de combustible militar por su territorio vulnera el derecho internacional.

La carta subraya la responsabilidad de los Estados de «denegar el permiso a cualquiera de estos buques para transitar por las aguas territoriales de los Estados o para abastecerlos en los puertos bajo jurisdicción de los Estados... No hacerlo podría suponer un incumplimiento de las obligaciones jurídicas internacionales y complicidad en las violaciones del derecho internacional que está cometiendo Israel».

Lxs expertxs dejan claro que los puertos mediterráneos deben actuar para cumplir sus obligaciones legales según el derecho internacional y denegar el tránsito y los servicios a los barcos que permitan directamente a Israel cometer crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otras graves violaciones del derecho internacional. Tales acciones son coherentes con las emprendidas por los Estados y lxs trabajadorxs para acabar con el Apartheid en Sudáfrica y, más recientemente, en las campañas para identificar y cortar los vínculos entre las empresas navieras y la junta militar de Myanmar.

Estas recientes y exitosas movilizaciones son sólo la primera fase de una serie de interrupciones globales planeadas que tendrán como objetivo a Valero Energy, los buques cisterna utilizados para trasladar combustible militar de aviación, las empresas que prestan servicio a estos buques, las aseguradoras de los buques y todas las entidades que se benefician del asesinato de palestinos. Como señala la campaña, mientras las empresas y los Estados sigan suministrando armas, municiones y combustible militar y obteniendo beneficios de su venta y transporte, no debe haber ningún puerto para el genocidio.

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La encrucijada de Bangladesh

Bangladesh se encuentra en una encrucijada tras la destitución de la primera ministra Sheikh Hasina. Primera ministra durante los últimos quince años, Hasina había supervisado una violenta represión de manifestantes en la que murieron centenares de personas.

El movimiento obrero intenta aprovechar el momento para centrar sus demandas. La semana pasada, la Federación Sramik de Confección de Sommilito, dirigida por Nazma Akter, miembro del Consejo de la IP, planteó una serie de demandas públicas al nuevo gobierno provisional, encabezado por Mohammad Yunus, pionero de los microcréditos y favorito de las instituciones financieras occidentales. La Federación llama a la retirada inmediata de las 35 causas penales abiertas contra trabajadorxs y dirigentes sindicales durante las protestas por el salario mínimo de 2023, a un nuevo salario mínimo que tenga en cuenta el aumento del costo de vida, a la modificación de la Ley Laboral de Bangladesh de 2006 para que cumpla las normas laborales internacionales y a la liberación de 57 trabajadorxs migrantes bangladeshíes, que expresaron su solidaridad con el movimiento estudiantil de EAU.

Para comprender mejor los acontecimientos actuales, el Proyecto Paz y Justicia, miembro de la IP, organizó un seminario web, presidido por Jeremy Corbyn, miembro del Consejo de la IP, para escuchar a Psymhe Wadud, profesora del Departamento de Derecho de la Universidad de Dhaka, Saeed Naqvi, veterano periodista y comentarista indio, Kalpona Akter, destacada activista por los derechos de lxs trabajadorxs y fundadora del Bangladesh Center for Workers Solidarity y Fahmida Khatun, Directora Ejecutiva del Centre for Policy Dialogue (CPD), think-tanks de la sociedad civil de Bangladesh.

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Lxs repartidores de Amazon representadxs por el sindicato Teamsters Local 396 de Palmdale, California, ganaron una decisión innovadora que sienta las bases para que lxs repartidorxs de Amazon de todo el país se organicen con los Teamsters. Tras más de un año de investigación, la Región 31 de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) determinó que Amazon es un empleador conjunto de sus repartidorxs de Delivery Service Partner (DSP), y por tanto tiene la obligación legal de reconocer y negociar con el sindicato Teamsters.

Arte de la Semana: Rheim Alkadhi es una artista basada en Berlín que lleva a cabo una exhaustiva investigación de campo sobre la migración, las fronteras, el imperialismo y la ecología. Interesado en la extracción de recursos que provoca el desplazamiento, así como en los impactos ambientales asociados al material, Alkadhi emplea a menudo en su obra lonas alquitranadas encontradas de gran resistencia.

Este tejido derivado de los combustibles fósiles se utiliza habitualmente en vehículos industriales transfronterizos y en la construcción de tiendas de campaña para refugiados. Alkadhi ha trabajado en proyectos a lo largo de las fronteras de Europa y en Palestina, Líbano, Jordania e Irak, el quinto productor mundial de petróleo y aceite, donde la artista vivió de niña.