Eliminen a Cuba de la lista. Este es el llamado de casi 600 diputadxs de 73 países que firman hoy una carta conjunta, coordinada y publicada por la Internacional Progresista, en la que condenan la designación de Cuba por los Estados Unidos como «Estado patrocinador del terrorismo».

La coalición mundial de legisladorxs escribe que la designación es «cínica, cruel y una clara violación del derecho internacional». Llaman a sus respectivos gobiernos a «tomar medidas inmediatas para abogar por la eliminación [de la designación]».

La designación de Estado patrocinador del terrorismo por parte de los Estados Unidos, retirada en 2015 tras una exhaustiva evaluación de la administración Obama, se volvió a aplicar a Cuba en los últimos días de la presidencia de Trump en 2021. Los países incluidos en la lista de los Estados Unidos se enfrentan a sanciones extremas que dificultan el acceso a medicamentos y alimentos. Los otros tres países con la designación del gobierno de los Estados Unidos son Siria, desde 1979, Irán, desde 1984 y Corea del Norte, desde 2017. El presidente Joe Biden no ha retirado la designación, a pesar de haber prometido volver a la política de la era Obama.

Lxs firmantes exigen la retirada urgente de «Cuba de la lista de “Estados patrocinadores del terrorismo” (ESPT) en nombre de la dignidad, la decencia y la integridad de la Carta de la ONU». Señalan que, según expertxs de las Naciones Unidas, la designación ha debilitado «[l]os derechos humanos fundamentales, incluidos el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, los derechos económicos y sociales, el derecho a la vida y el derecho al desarrollo».

Entre lxs firmantes más destacadxs se encuentran el ex presidente del Partido de los Trabajadorxs belga Peter Mertens, la diputada brasileña Célia Xakriabá, la diputada canadiense y miembro del Consejo de la IP Niki Ashton, la senadora colombiana y miembro del Consejo de la IP Clara López Obregón, el ex secretario general del Partido Progresista del Pueblo Trabajador (AKEL) de Chipre Andros Kyprianou, el diputado ecuatoriano Jahiren Noriega, el diputado francés Arnaud Le Gall, el líder del partido alemán Die Linke Martin Schirdewan, el diputado ghanés Samuel Okudzeto Ablakwa, el secretario general del Partido Comunista de Grecia (KKE) Dimitris Koutsoumpas, el ex presidente de Guyana Donald Ramotar, el vicepresidente primero del Congreso Nacional de Honduras Hugo Noé Pino, el diputado indio John Brittas, el líder del Partido Nacional del Pueblo de Jamaica Mark Golding, el diputado malasio Wong Chen, la secretaria general del partido mexicano Morena Citlalli Hernández, el diputado senegalés Guy Marius Sagna, el líder del Movimiento de lxs Socialistas de Serbia Bojan Torbica, el líder de la oposición de Seychelles Sebastian Pillay, el diputado español y miembro del Consejo de la IP Gerardo Pisarello, la líder del partido español Podemos Ione Belarra, el líder del Frente de Libertad Nacional de Sri Lanka Wimal Weerawansa, el Presidente del Partido Democrático de los Pueblos de Turquía y miembro del Consejo de la IP Ertuğrul Kürkcü, el ex líder del Partido Laborista del Reino Unido y miembro del Consejo de la IP Jeremy Corbyn.

La lista completa de firmantes y la carta se publican aquí.

Lxs firmantes argumentan que la designación «es cruel porque está diseñada para maximizar el sufrimiento del pueblo de Cuba, ahogando su economía, desplazando a sus familias e incluso restringiendo el flujo de ayuda humanitaria».

En mayo de 2024, el Departamento de Estado de los Estados Unidos retiró finalmente a Cuba de la lista de Estados que «no cooperan plenamente» con los Estados Unidos en la lucha antiterrorista. Sin embargo, la carta sostiene que «esto no es suficiente», ya que «Cuba sigue sufriendo como consecuencia de su exclusión cínica, cruel e ilegal de la economía internacional.»

La carta coordinada por la Internacional Progresista llega después de que 35 ex Jefxs de Estado y de Gobierno escribieran a Joe Biden pidiéndole que retire a Cuba de la lista en sus últimos meses de mandato, y se basa en la declaración anterior firmada por más de 500 sindicatos, partidos políticos y movimientos populares de todo el mundo en junio de este año.

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