Esta semana, más de 25 Estados de todo el mundo se reunirán en Bogotá, Colombia, para celebrar la «Conferencia de Emergencia» con el fin de detener el genocidio de Gaza: la respuesta multilateral más ambiciosa desde que Israel iniciara su campaña de devastación hace dos años.
«La conferencia de Bogotá pasará a la historia como el momento en que los Estados finalmente se levantaron para hacer lo correcto», afirmó la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, quien calificó la formación del Grupo de La Haya como «el avance político más significativo de los últimos 20 meses».
Convocada conjuntamente por Colombia y Sudáfrica, en su calidad de copresidentes del Grupo de La Haya, la conferencia reúne a Estados que trascienden con creces las fronteras del Grupo —desde Argelia hasta Brasil, desde China hasta España, desde Indonesia hasta Qatar— «para pasar de la denuncia a la acción colectiva», en palabras del presidente colombiano Gustavo Petro.
«El genocidio palestino amenaza todo nuestro sistema multilateral», dijo el viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Mauricio Jaramillo Jassir, antes de la conferencia.
Esa amenaza se hizo aún más urgente esta semana, cuando el gobierno de Trump impuso sanciones a la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, por lo que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, calificó como «esfuerzos ilegítimos y vergonzosos» para promover la acción de la Corte Penal Internacional contra funcionarios estadounidenses e israelíes.
Pero en lugar de intimidar a la comunidad internacional, las sanciones solo han reforzado su determinación. La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, condenó la medida como «un ataque descarado y transparente a los principios fundamentales de la justicia internacional».
Sin dar marcha atrás, Albanese se dirige ahora a Bogotá. «Es un honor para mí viajar a Bogotá en apoyo del Grupo de La Haya y su búsqueda de la justicia y la paz, basadas en los derechos y las libertades, que un número cada vez mayor de países están finalmente adoptando tras décadas de retórica política vacía», afirmó. Presentará su testimonio como experta ante los Estados reunidos y se unirá a otros relatores especiales de la ONU en boletines informativos que servirán de base para medidas legales y diplomáticas coordinadas.
Por su parte, el presidente Petro ya ha tomado partido por Albanese, a pesar de las amenazas del Gobierno de los Estados Unidos. «Toda mi solidaridad con Francesca Albanese. El sistema multilateral de Estados no puede ser destruido», declaró el miércoles.
Para Petro, la conferencia representa una encrucijada crítica para el propio derecho internacional. «La elección que se nos plantea es dura e implacable», escribió esta semana en The Guardian. «Podemos mantenernos firmes en la defensa de los principios jurídicos que buscan prevenir la guerra y los conflictos, o ver impotentes cómo el sistema internacional se derrumba bajo el peso de una política de poder sin control».
Para Sudáfrica, también, lo que está en juego es existencial para el futuro del derecho internacional.
Roland Lamola, ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, afirmó que la formación del Grupo de La Haya marcaba «un punto de inflexión en la respuesta global al excepcionalismo y a la erosión generalizada del derecho internacional». Ese mismo espíritu, dijo Lamola, «animará la conferencia de Bogotá, donde los Estados reunidos enviarán un mensaje claro: ninguna nación está por encima de la ley y ningún crimen quedará sin respuesta».
Los miembros ya han dado pasos concretos en los últimos 20 meses. Sudáfrica presentó una demanda histórica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por presuntas violaciones de la Convención sobre el Genocidio. Varios Estados se unieron posteriormente a la demanda de Sudáfrica, entre ellos Bolivia, Colombia y Namibia. Namibia y Malasia impidieron que buques que transportaban armas a Israel atracaran en sus puertos, mientras que Colombia rompió relaciones diplomáticas con el Gobierno israelí y suspendió las exportaciones de carbón.
Por lo tanto, la conferencia llama a los Estados a cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, y rápidamente. En septiembre pasado, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor de tomar medidas sobre «las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado» con un plazo de 12 meses para cumplir con obligaciones concretas: investigaciones, enjuiciamientos, sanciones, congelación de activos y cese de las importaciones y las armas. El tiempo corre.
«Aunque podamos enfrentarnos a amenazas de represalias cuando defendemos el derecho internacional —como descubrió Sudáfrica cuando los Estados Unidos tomaron represalias por su caso ante la Corte Internacional de Justicia—, las consecuencias de renunciar a nuestras responsabilidades serán nefastas», advirtió Petro esta semana. «Si no actuamos ahora, no solo traicionaremos al pueblo palestino, sino que nos convertiremos en cómplices de las atrocidades cometidas por el gobierno de Netanyahu».
Durante dos días, en el Palacio San Carlos, en el centro de Bogotá, los delegados se reunirán con expertos internacionales de renombre, funcionarios de la ONU y organizaciones palestinas, antes de la sesión a puerta cerrada para deliberar sobre medidas concretas. Como explicó el viceministro Jaramillo Jassir, «los Estados reunidos no solo réafirmamos nuestro compromiso de resistir el genocidio, sino que elaboraremos una serie de medidas específicas para pasar de las palabras a la acción colectiva».
La conferencia culminará el 16 de julio con la participación de Albanese en una movilización masiva en apoyo al Grupo de La Haya en la Plaza Bolívar. Después de presentar su testimonio como experta ante los representantes estatales, la Relatora Especial de la ONU se unirá a los movimientos populares colombianos en una manifestación pública de solidaridad con Palestina.
En esta plaza histórica, que lleva el nombre de Simón Bolívar, el libertador que soñó con una América Latina unida y libre del dominio imperial, un coro mundial llamará al fin de la era de la impunidad. «Para los miles de millones de personas del Sur Global que dependen del derecho internacional para su protección, lo que está en juego no podría ser mayor», advirtió Petro. «El pueblo palestino merece justicia. El momento demanda valentía».
Ya sea que te encuentres en Colombia o en otro continente, el llamado desde la Plaza Bolívar resonará en todo el mundo. Únete a nosotros, si no en persona, al menos en solidaridad, mientras las fuerzas de la justicia se unen para defender a la humanidad, antes de que sea demasiado tarde.
La Federación Nacional de Trabajadorxs de la Confección de Bangladesh (NGWF), miembro de la IP, organizó una cadena humana frente al Club Nacional de Prensa, en Dhaka, para demandar la retirada del arancel del 37 % propuesto por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre los productos de confección de Bangladesh.
Lxs trabajadorxs llamaron a un acceso libre de aranceles y cuotas al mercado estadounidense a través de un memorándum presentado a la embajada de Estados Unidos.
La Junta de Relaciones Laborales de Columbia Británica (LRB) ha concedido la certificación sindical a lxs trabajadorxs de las instalaciones de Amazon en Delta, Columbia Británica.
La decisión de la LRB concluye que la interferencia de Amazon en la campaña sindical de sus trabajadorxs fue lo suficientemente grave como para debilitar el proceso y coincidió con su sindicato Unifor en que la certificación del sindicato era la única solución razonable. Lxs nuevos miembros de Unifor en Delta pueden ahora iniciar el proceso de negociación de su primer convenio colectivo.
Cientos de miles de trabajadorxs de toda la India se declararon en huelga nacional el miércoles en oposición a los esfuerzos del primer ministro Narendra Modi por privatizar empresas estatales y otras reformas económicas. Una coalición de diez grandes sindicatos y varios otros grupos que representan a agricultorxs y trabajadorxs rurales llamaron a la jornada de acción industrial, a la que denominaron Bharat Bandh, que en hindi significa «cerrar la India».
Lxs trabajadorxs portuarios del puerto del Pireo, en Grecia, se han negado a cargar el Ever Golden, un buque que transporta acero de uso militar a Israel.
«No descargaremos ni un solo centímetro de este cargamento asesino», reza el comunicado del sindicato ENEDEP. «Lxs trabajadorxs portuarixs del Pireo no serán cómplices. No descargaremos acero militar del Ever Golden. No a la participación de Grecia. Libertad para Palestina».
La petición contra la presidencia de Annalena Baerbock en la Asamblea General de la ONU ha alcanzado las 35.000 firmas en menos de tres días; a este ritmo, llegará al millón antes de que comience su mandato. Añade tu nombre aquí.
Unite the Union, el sindicato más grande del sector privado del Reino Unido, ha votado por abrumadora mayoría a favor de un embargo de armas a Israel y de «apoyar a los miembros que se nieguen a fabricar, manipular o transportar armas destinadas a Israel».
El compromiso de Unite con un embargo total de armas y la prohibición de todo comercio que ayude a Israel a violar el derecho internacional se debe a la presión popular ejercida por los miembros y trabajadorxs de Unite.
Unite se ha comprometido a boicotear los productos israelíes y a desinvertir en las empresas israelíes documentadas por el Watermelon Index, que detalla 400 empresas cómplices del genocidio de Israel, así como las campañas de los trabajadores contra ellas.
