La oposición ecuatoriana enfrenta una creciente campaña de exclusión

El 22 de octubre, la Policía detuvo a Luisa González, quien obtuvo más del 44 % de los votos en las elecciones presidenciales de 2025. Su arresto se produjo después de la suspensión de su partido, Revolución Ciudadana (RC5), y de la exclusión de su candidatura para las elecciones de noviembre.

Desde 2017, destacados y destacadas dirigentes de Revolución Ciudadana (RC5), la principal fuerza de oposición del país, han enfrentado reiterados procesos judiciales e inhabilitaciones políticas. El expresidente Rafael Correa fue condenado mediante un proceso judicial inusualmente acelerado, que suscitó cuestionamientos sobre el debido proceso y la imparcialidad judicial. La sentencia suspendió sus derechos políticos y continúa impidiendo su participación en la vida política en Ecuador.

El exvicepresidente Jorge Glas había recuperado su libertad tras cumplir cinco años de prisión por condenas relacionadas con supuestos delitos de corrupción cuando, en abril de 2024, la Policía ecuatoriana irrumpió en la Embajada de México en Quito para detenerlo, apenas unas horas después de que México le concediera asilo político. Desde entonces, Glas permanece recluido en una prisión de máxima seguridad, donde, según informes presentados a expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, ha sido sometido a aislamiento prolongado, severas restricciones de acceso a la luz natural y atención médica inadecuada. Un Relator Especial de las Naciones Unidas advirtió que sus condiciones de detención no cumplen con los estándares internacionales y recordó que el aislamiento prolongado constituye tortura. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha expresado su profunda preocupación por el deterioro de su salud física y mental.

En febrero, Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil y una de las principales figuras de la oposición ecuatoriana, fue detenido en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y fraude tributario, acusaciones que rechazó por considerarlas infundadas. Nueve meses después, continúa privado de libertad sin haber sido juzgado en esa causa. Desde entonces, ha recibido sentencias condenatorias en otros dos procesos, ninguna de las cuales se encuentra ejecutoriada, mientras que sus condiciones de detención y sus hospitalizaciones han suscitado nuevas preocupaciones.

Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas y candidato a la reelección respaldado por RC5, también fue detenido por acusaciones de lavado de activos y permanece encarcelado. Por su parte, Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, fue impedido de presentarse a la reelección después de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificara la suspensión de sus derechos políticos durante seis meses por violencia política de género. Zamora cuestiona la resolución y sostiene que responde a motivaciones electorales.

El 6 de marzo, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), a solicitud de la Fiscalía General del Estado, suspendió a RC5 durante nueve meses, excluyendo a la principal fuerza de oposición del país de etapas fundamentales del proceso electoral. Cuando RC5 intentó participar en las elecciones a través de otra organización política, AMIGO, el TCE también suspendió a esta agrupación el 17 de julio, una decisión que ya había sido denunciada por este Observatorio.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se vio obligado a buscar una tercera alternativa electoral para presentar su candidatura a la reelección tras las suspensiones de RC5 y AMIGO. Finalmente, logró inscribirse mediante una alianza de otras tres organizaciones políticas. Adicionalmente, enfrentó un proceso judicial paralelo por presunta violencia política de género, que amenazaba su candidatura. El TCE desestimó las acusaciones por unanimidad.

Luisa González también intentó presentar su candidatura a la Prefectura de Manabí a través de Pachakutik, tras las suspensiones de RC5 y AMIGO. El partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) impugnó su candidatura, argumentando que González no cumplía los requisitos de afiliación de Pachakutik y que las normas internas de esa organización no permitían candidaturas por invitación. El 12 de septiembre, el TCE ratificó por unanimidad su exclusión, impidiendo que una de las principales dirigentes de la oposición ecuatoriana participara en las elecciones del 29 de noviembre.

El 28 de agosto, la administración de Donald Trump deportó a José Serrano, exministro del gobierno de Correa, pese a que contaba con protección judicial en Estados Unidos debido al riesgo de sufrir tortura en caso de ser devuelto a Ecuador. Serrano fue trasladado a una prisión de máxima seguridad, donde enfrenta un proceso judicial relacionado con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023. Noboa publicó fotografías de Serrano esposado y advirtió a Correa: «Ya mismo te toca a ti». Horas después, difundió otra imagen de Serrano con la cabeza rapada y vestido con uniforme penitenciario, acompañada de una sola palabra: «Hecho».

El 21 de octubre, la Policía allanó dependencias del Municipio de Quito en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en contratos adjudicados en 2024. La administración del alcalde Pabel Muñoz exigió una investigación imparcial y rechazó que los allanamientos pudieran interpretarse como prueba de la comisión de algún delito. El operativo tuvo lugar apenas unas semanas antes de que Muñoz disputara su reelección.

Al día siguiente, el 22 de octubre, y como se detalló anteriormente, la Policía detuvo a Luisa González en su domicilio durante un operativo realizado en horas de la madrugada, como parte de la investigación denominada Laberinto, por presunto lavado de activos vinculado con la campaña presidencial de 2023. Un día después, un juez dictó prisión preventiva en su contra. Su encarcelamiento se produjo menos de seis semanas después de que quedara definitivamente excluida de la contienda por la Prefectura de Manabí. Ese mismo día, las autoridades también ordenaron la detención de Andrés Arauz, candidato presidencial de RC5 en 2021, con el fin de conducirlo ante un tribunal para la formulación de cargos en el caso Laberinto.

Con la principal fuerza política de oposición suspendida, alcaldes electos encarcelados y destacados candidatos excluidos de la contienda electoral o detenidos, la ciudadanía ecuatoriana está siendo privada de alternativas políticas de cara a las elecciones seccionales del 29 de noviembre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que la suspensión de RC5 y AMIGO, los procesos contra otras organizaciones políticas y las modificaciones del calendario electoral entrañan el riesgo de una «exclusión arbitraria de opciones políticas» y del debilitamiento del pluralismo electoral. Asimismo, ha instado a que los recursos judiciales sean resueltos antes de que sus consecuencias se vuelvan irreversibles. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) respaldó la advertencia de la Comisión, mientras que las Naciones Unidas han expresado, por separado, su preocupación por los actos de intimidación contra el poder judicial y las amenazas a la independencia de la Corte Constitucional.

El Observatorio de la Internacional Progresista estará presente en Ecuador durante las elecciones del 29 de noviembre y hace un llamado a las misiones internacionales de observación electoral a examinar la totalidad del ciclo electoral —incluidas la suspensión de organizaciones políticas, la exclusión de candidaturas, el acceso a recursos judiciales efectivos y el impacto de los procesos penales sobre la participación política—, y no limitar su observación al desarrollo de la jornada de votación únicamente.

El Observatorio exhorta a las autoridades ecuatorianas a garantizar los derechos políticos, respetar el debido proceso y la independencia judicial, y asegurar que todas las fuerzas políticas puedan competir en igualdad de condiciones. Las denuncias sobre presuntos delitos deben investigarse de manera imparcial, con pleno respeto a la presunción de inocencia. El sistema de justicia penal nunca debe convertirse en un instrumento de persecución política.

El futuro de Ecuador debe ser decidido por su pueblo.