La planta de Coca-Cola en Cebú enfrenta una fuerte oposición por parte de los grupos sindicales, después de que en febrero de 2025 se anunciara el despido de más de 200 trabajadores contratados. Coca-Cola en Cebú se dispone a despedir a estos trabajadores tras la finalización de su contrato con la agencia de mano de obra Exeltech Manpower and Services Incorporated. Sin embargo, el Centro de Sindicatos y Derechos Humanos (CTUHR) señaló que esta medida en realidad se toma después de que el Departamento de Trabajo y Empleo (DOLE) ordenara la regularización de los trabajadores, calificando el despido como «una muestra flagrante de avaricia corporativa».
El Centro de Sindicatos y Derechos Humanos (CTUHR) en su comunicado afirmó: «El despido de los trabajadores por parte de Coca-Cola es una clara violación de los derechos de los trabajadores a la estabilidad laboral, la sindicalización y la negociación colectiva, que están consagrados en las leyes del país». «El gobierno debe proteger los derechos de los trabajadores de Coca-Cola, las leyes del país y la decisión del [Departamento de Trabajo y Empleo] sobre el caso de los trabajadores».
Los trabajadores afectados han trabajado en Coca-Cola entre 12 y 17 años. Algunos de ellos están sindicalizados en la Asociación de Trabajadores Progresistas de Exeltech Manpower and Services Incorporated Coca-Cola Cebú (PWAETMSICCC-IBM-KMU), que lleva años luchando por la regularización. En 2019, DOLE falló a favor de los trabajadores y ordenó la regularización, a pesar de esto, Coca-Cola en Cebú aún no los ha regularizado.
El anuncio de despidos afectará a todos los miembros de PWAETMSICC. Según Coca-Cola Cebú, la empresa planea cambiar de agencia de empleo, pasando de Exeltech a Xisco. Alyansa sa mga Mamumuo sa Sugbo (AMA Sugbo-KMU) afirmó que la razón indicada por Coca-Cola Cebú para cambiar de agencia de mano de obra es una “excusa” para despedir a los trabajadores. La organización, en su comunicado, afirmó: «Esta medida no es solo una grave injusticia, sino que también es un claro intento de eliminar el sindicato actual y despojar a los trabajadores de sus victorias que tanto les costaron obtener». AMA Sugbo es el delegado regional en Cebú del centro laboral Kilusang Mayo Uno.
Desde que se estableció en Filipinas en 1981, Coca-Cola Beverage Philippines ha mantenido una relación problemática con sus trabajadores. En la actualidad, hay más de 500 casos judiciales presentados entre Coca-Cola Filipinas, y varios peticionarios que representan diferentes disputas laborales a lo largo de los años.
Algunos incidentes emblemáticos incluyen las huelgas de 2013 y 2018 en la planta de Coca-Cola Santa Rosa, Laguna, que ocurrieron en respuesta a la negativa de Coca-Cola a regularizar a sus trabajadores, mientras interfería con la organización sindical. La huelga de 2018, en particular, ocurrió cuando Coca-Cola Sta. Rosa se negó a regularizar a 675 trabajadores contratados a pesar de una orden del DOLE.
La situación es similar en la planta de Cebú. Los trabajadores han estado protestando contra la negativa de la empresa a adherirse a las decisiones del DOLE y regularizar a sus trabajadores desde 2018. Sin embargo, informes de AMA Sugbo y otros grupos como Alyansa sa Mamumuong Kontrakwal Sugbo (ALSA Kontrakwal Sugbo) afirman que la gerencia de Coca-Cola respondió a estas protestas con acoso y prácticas laborales injustas.
La KMU ha criticado repetidamente a Coca-Cola por su uso de la contratación exclusiva laboral, una forma de contratación mediante la cual una agencia recluta y suministra trabajadores para trabajar en empresas como Coca-Cola. Los grupos sindicales como el KMU, sostienen que las grandes empresas utilizan la contratación exclusiva laboral para esconderse detrás de agencias de empleo y tecnicismos a fin de protegerse en disputas laborales.
En marzo de 2017, el DOLE emitió la Orden Departamental 174, aparentemente para frenar la contratación exclusiva laboral. Sin embargo, la KMU señaló que incidentes como los despidos masivos en Coca-Cola Cebú exponían la «condición deplorable que seguían padeciendo los trabajadores contratados».
«[La DO 174] no puso fin a la contratación exclusiva laboral, y los millones de trabajadores por contrato en todo el país siguen siendo víctimas de salarios bajos y de falta de seguridad laboral», aseguró el grupo.
El CTUHR también afirmó que la DO 174 hace que los trabajadores sean «vulnerables a la violación generalizada de sus derechos», debido a su disposición que obliga a la regularización de los trabajadores mediante las agencias de empleo. «El empleador principal puede simplemente alegar “fin de contrato” con las agencias de empleo y despedir a los trabajadores», declaró el grupo.
A pesar de que la administración de Coca-Cola ha hecho caso omiso en repetidas ocasiones a las órdenes de regularización del DOLE, al mismo tiempo, no tiene reparos en cooperar con el gobierno en cuestiones sindicales. Coca-Cola ha cooperado a menudo con la policía, el ejército y, más recientemente, con el Grupo de Trabajo Nacional Grupo de Trabajo Nacional para Poner Fin al Conflicto Armado Local Comunista para «resolver disputas laborales».
En 2020, durante el momento más crítico de la pandemia de Covid-19, agentes estatales de NTF-ELCAC hostigaron a los trabajadores de Coca-Cola en Sta. Rosa, en un intento de intimidarlos para que no participasen en las actividades sindicales. En un caso, nueve trabajadores fueron llevados directamente de la planta a la sede del Batallón 4A de la Fuerza Móvil Regional de la PNP en el Campamento Macario Sakay, Los Baños, Laguna, para ser presentados como «renuncias voluntarias» del Nuevo Ejército del Pueblo.
Recientemente, en 2023, los trabajadores de Coca-Cola Isabela se vieron obligados a firmar un acuerdo con NTF-ELCAC para desafiliarse de KMU.
A pesar de ello, AMA Sugbo afirmó que los trabajadores de Coca-Cola Cebú siguen comprometidos con la lucha por la «regularización, salarios justos y el fin de las prácticas antisindicales». El grupo también hace un llamamiento a todos los trabajadores para que «se solidaricen con los trabajadores de Coca-Cola en su lucha por la seguridad laboral y la regularización, salarios decentes, condiciones de trabajo dignas y respeto por su derecho a sindicalizarse».