El senador Iván Cepeda, candidato a la Presidencia por el Pacto Histórico, presentó una denuncia penal contra Abelardo De la Espriella por sus presuntos vínculos con el grupo paramilitar, narcotraficante y contrainsurgente, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Cepeda radicó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Corte Penal Internacional. Los delitos que le imputa son: concierto para delinquir (artículo 340 del Código Penal), financiación de terrorismo (artículo 345) y enriquecimiento ilícito (artículo 327).
El candidato aclaró que esta acción no repite otras denuncias penales que se iniciaron en el pasado contra De la Espriella. Y precisó que la nueva denuncia incluye «elementos nuevos que han aparecido con el tiempo, especialmente en distintos escenarios judiciales y de documentación y esclarecimiento de la verdad sobre crímenes de lesa humanidad», como la Jurisdicción Especial para la Paz y el Sistema de Justicia y Paz.
Los hechos denunciados giran en torno a la creación y el funcionamiento de la Fundación Iniciativas por la Paz (FIPAZ), una ONG que surgió a principios de la década del 2000 y que tuvo como presidente a De la Espriella.
«Esta organización participó activamente en el proceso de la llamada desmovilización de las AUC, pero actuó cuando ese grupo aún no se había desmovilizado. Así que sus acciones —que supuestamente contaban con la autorización del gobierno de Álvaro Uribe— se hicieron en un momento en que los paramilitares seguían sin desmovilizarse», detalló Cepeda.
La Comisión de la Verdad, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la sentencia de la Jurisdicción de Justicia y Paz contra el bloque Central Bolívar caracterizaron a FIPAZ como una organización que sirvió de instrumento a los paramilitares y que se creó para ampliar su influencia social.
Cepeda expuso que las AUC financiaron la Fundación, pero que a la vez esta entregó recursos y financió al grupo paramilitar. «De la Espriella cumplió el papel de ser financiado y al mismo tiempo financiador de las organizaciones paramilitares», indicó este jueves en rueda de prensa.
En ese marco, el senador solicitó a la Fiscalía que reactive las investigaciones para determinar el grado de involucramiento de De la Espriella con las organizaciones paramilitares y si este es responsable de los delitos ya mencionados.
También pidió a la Corte Penal Internacional que investigue los hechos. Justificó su reclamo en que los actos por investigar comprometen el Estatuto de Roma, en que la justicia colombiana no los ha investigado debidamente y en que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Finalmente, hizo un llamado a las organizaciones de víctimas «para que activen todos sus mecanismos y logren que el señor De la Espriella comparezca ante la justicia» y para que «sus eventuales acciones criminales reciban la sanción más severa y el esclarecimiento más detallado».
La segunda parte de la denuncia de Cepeda busca que se investigue la relación de De la Espriella con jefes paramilitares que testificaron en distintas sedes judiciales sobre sus vínculos con el abogado.
El senador mencionó a Salvatore Mancuso, quien afirmó en sus declaraciones que De la Espriella fue su amigo y conocido desde la infancia, que mantuvo con él una amistad por décadas; y que, aunque atribuyó el manejo operativo de FIPAZ a alias “Ernesto Báez” —el jefe paramilitar encargado de dirigir esa organización—, reconoció que las AUC la financiaron. Mancuso detalló la relación entre FIPAZ y las AUC en una declaración hecha en la JEP en 2024.
Además, agregó Cepeda, «De la Espriella se refirió públicamente a Mancuso en términos muy elogiosos y dijo que si él hubiera estado en la misma situación de Mancuso, habría hecho prácticamente lo mismo».
En segundo lugar, Cepeda mencionó a Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Báez”.
«Báez manifestó que recurrió expresamente a los servicios y a la colaboración de De la Espriella para acercar sectores sociales y, particularmente, para tener influencia en el sector universitario, con el fin de que la labor de las AUC pudiera prosperar», detalló.
Además, recordó que la Corte Suprema de Justicia estableció en la sentencia contra Juan Pablo Sánchez Morales que De la Espriella actuó como posible reclutador del paramilitarismo y que la candidatura de este congresista surgió en un foro organizado por FIPAZ con respaldo directo de Ernesto Báez.
Sobre alias “Juancho Dique”, la Sala Penal de la Corte Suprema ordenó en 2013 investigar a De la Espriella por su presunta participación como intermediario en una oferta de dinero a este jefe paramilitar para que guardara silencio en sus declaraciones ante Justicia y Paz.
La decisión se basó en una conversación grabada en la que el abogado de “Juancho Dique” relató que su cliente se quejaba de que no había llegado a tiempo el dinero que le ofrecieron alias “La Gata”, alias “El Turco”, Alonso Ilzaca y Libardo Simancas por haber guardado silencio. Luego, durante una visita en prisión, De la Espriella le hizo ese ofrecimiento monetario.
«Con base en esta grabación, la Corte Suprema concluyó expresamente que De la Espriella visitó a Juancho Dique para ofrecerle un soborno y evitar que mencionara a empresarios y políticos vinculados con la acción paramilitar», recordó Cepeda.
«Doce años después, las autoridades judiciales de la Fiscalía no localizaron la investigación correspondiente a estos hechos», agregó.
El cuarto caso fue el de Hugues Rodríguez, alias “comandante Barbie”. «No solo se pudo establecer en distintas investigaciones que este señor, alias Barbie, recibió ayuda de De la Espriella con servicios profesionales de representación jurídica, sino que también heredó un predio de 882 hectáreas en Becerril. De la Espriella adquirió uno de los lotes derivados de esa herencia por 680 millones de pesos, un predio vecino a una hacienda que el Centro Nacional de Memoria Histórica documentó como un centro donde los paramilitares realizaron masacres entre 1996 y 2006», añadió.
«A estos hechos se suman los vínculos empresariales entre De la Espriella y este comandante paramilitar. La hermana y el hijastro de alias Barbie son socios de De la Espriella en una empresa de licores en la región. Ninguno de estos hechos ha sido debidamente esclarecido», indicó.
El quinto antecedente remite a las declaraciones de Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso’, quien acusó a De la Espriella de haber pedido a los jefes paramilitares 4.000 millones de pesos para influir con sobornos ante la Corte, con el fin de que no los procesaran por “concierto para delinquir” y así obtuvieran condenas bajas.
Cepeda aseguró que el Tuso Sierra también declaró que alguien le pidió un millón de dólares para repartirlos con el entonces ministro Sabas Pretel, y así garantizar su retorno al régimen de Justicia y Paz, del que lo habían excluido por considerarlo un narcotraficante puro.
El sexto caso se refiere al jefe alias “Macaco”. «Fuentes indican que De la Espriella jugó un papel fundamental en la elección de quien se convirtió en ese momento en fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, para que este garantizara la impunidad de los jefes paramilitares», dijo Cepeda.
«Según declaró Salvatore Mancuso ante un fiscal delegado ante la Corte Suprema, en mayo de 2005 los grupos paramilitares movieron sus influencias y sobornaron para lograr la elección de Iguarán, y para eso recibieron una suma superior a los 5.000 millones de pesos. Esta versión tiene además como fuente al alias ‘Macaco’, quien afirmó que el paramilitarismo tuvo injerencia directa en el nombramiento de Iguarán. A esa declaración se sumó Mancuso a finales de 2024», añadió.
«Es decir, dos declaraciones indican que la elección de Mario Iguarán sería producto de un soborno. Existen numerosas versiones, investigaciones, compulsas de copias y declaraciones ante órganos de justicia, comisiones de la verdad o el Centro Nacional de Memoria de que De la Espriella habría creado y liderado una fundación que múltiples comandantes paramilitares señalan como una organización creada por las AUC con fines políticos en medio de su proceso de desmovilización», enfatizó.
Indicó que algunos de los hechos denunciados ya se investigaron, pero no arrojaron ningún resultado, y que otros ni siquiera se investigaron. «La pregunta que formulo a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, es por qué la Fiscalía no ha realizado investigaciones exhaustivas con órdenes judiciales que ha recibido de la Corte Suprema contra el abogado y hoy candidato presidencial De la Espriella», resaltó.
Y agregó otros interrogantes: «¿Por qué se ha permitido la impunidad en este caso? ¿Por qué no ha tenido consecuencias penales visibles en estos años? ¿Por qué desapareció literalmente una investigación contra De la Espriella en la Fiscalía?».
Finalmente, en su presentación preguntó si se investigó a Iguarán por «presuntamente haber recibido dineros y haber sido elegido para que pudiera actuar a favor de los paramilitares».
