Actualmente, Israel ocupa alrededor de 568 kilómetros cuadrados de territorio libanés, según la zona de amortiguación surgida de la última guerra, que estalló el 2 de marzo de 2026. En su punto de mayor extensión, la zona se adentra unos 12 kilómetros en territorio libanés y cubre aproximadamente el 6 % de la superficie total del Líbano.
En la práctica, durante los últimos dos años, Israel ha conseguido lo que no había logrado desde la masacre de Houla en 1948. La zona definida por la «Línea Amarilla» —término adoptado por el ejército israelí para describir las aproximadamente 55 aldeas que ocupa— se extiende desde Naqoura, en el extremo occidental, hasta la cumbre occidental del monte Hermón, en el sureste del Líbano. Ha quedado prácticamente vaciada de población.
El Gobierno de Netanyahu ha logrado así establecer una continuidad geográfica entre las zonas que ocupa en el sur del Líbano y las que ocupa en los Altos del Golán sirios, algo que no había sido posible desde 2000.
La conducta militar del Gobierno israelí se ha caracterizado por una violencia genocida, con el objetivo de vaciar la zona ocupada y trasladar a cientos de miles de personas de Jabal Amel hacia el interior del Líbano.
Este objetivo también se refleja en la visión promovida por el ministro israelí Itamar Ben-Gvir, quien ha hablado de extender los asentamientos israelíes hacia el sur del Líbano.
En las elecciones israelíes, la posición de Gadi Eisenkot también se ha asociado con la doctrina Dahiya, desarrollada y aplicada durante la guerra de 2006 contra el Líbano. Esta doctrina implica la destrucción extensiva de infraestructura civil en las zonas desde las que se lanzan ataques. Paralelamente, Israel ha tratado de garantizar la libertad de movimiento de sus fuerzas dentro del Líbano.
El alto el fuego no produjo un cambio fundamental en esta situación. Le siguieron siete rondas de negociaciones, mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmaba que Israel no se había retirado «ni un milímetro» del territorio que ocupaba. Las explosiones continuaron casi a diario.
Desde el comienzo de la guerra del «frente de apoyo», en otoño de 2023, Israel ha utilizado advertencias directas como medio para imponer una subyugación demográfica a Jabal Amel, cuya población es predominantemente chií.
Desde octubre de 2024, casi una cuarta parte del Líbano ha sido objeto de órdenes de evacuación selectivas. Estas advertencias constituyeron la hoja de ruta del mayor desplazamiento forzoso de población de la historia reciente del país, con el objetivo de vaciar la zona situada al sur del río Litani.
Amnistía Internacional ha descrito estas prácticas como constitutivas de crímenes de guerra que implican un traslado forzoso ilegal.
El 23 de septiembre de 2024 comenzó lo que llegó a conocerse como el «Gran Desplazamiento». Se realizaron más de 80.000 llamadas para advertir a la población de más de 100 aldeas del sur del Líbano que abandonara sus hogares. Alrededor de medio millón de personas fueron desplazadas. En menos de 24 horas, aproximadamente 650 ataques aéreos alcanzaron unos 1.100 lugares, causando la muerte de alrededor de 492 personas y dejando 1.645 personas heridas.
La noche del 27 de septiembre de 2024 se emitieron órdenes de evacuación para los suburbios meridionales de Beirut, descritos como el mayor enclave chií del país. Allí vivían alrededor de 700.000 personas, muchas de ellas con raíces en Jabal Amel.
En menos de 72 horas, alrededor de una quinta parte de la población del Líbano se vio obligada a abandonar sus hogares. El desplazamiento se convirtió en una bomba demográfica, transformando a la población de Jabal Amel en refugiada dentro de su propio país.
Los distritos meridionales de Marjeyoun, Bint Jbeil y Tiro quedaron prácticamente vaciados. Más de la mitad de la población del Líbano quedó concentrada en seis distritos que abarcan alrededor de una quinta parte del territorio del país. Unas 38.000 personas huyeron a Irak.
Durante la guerra, las evacuaciones forzosas también afectaron a lugares donde las personas desplazadas habían buscado refugio en el monte Líbano, Beirut y el norte del Líbano. Las carreteras, los automóviles y las motocicletas también fueron objeto de ataques. Al mismo tiempo, sectores de los medios de comunicación y del discurso político recurrieron a un lenguaje deshumanizador hacia las comunidades chiíes desplazadas, llegando en ocasiones a presentarlas como una «plaga viral».
Esta deshumanización agravó la carga impuesta a la sociedad libanesa y alimentó las tensiones comunitarias, aunque estas se mantuvieron en gran medida dentro de sus límites.
Las advertencias no cesaron con el alto el fuego. Continuaron durante 15 meses, dejando a la población del sur del Líbano efectivamente sometida a las amenazas y la vigilancia israelíes. Drones vigilaban la zona, se emitían advertencias a la población, se amenazaba a quienes regresaban a sus hogares y las aeronaves continuaban sobrevolando las aldeas.
Al mismo tiempo, Israel destruyó sistemáticamente la infraestructura necesaria para que la población pudiera regresar. Se instalaron estructuras prefabricadas, se construyeron hangares para excavadoras y se desplegaron equipos de ingeniería para inspeccionar las aldeas. Se obstaculizó la reconstrucción, mientras se establecieron cinco posiciones militares israelíes al sur del río Litani. Para entonces, alrededor de 335 personas habían muerto y aproximadamente 1.000 habían resultado heridas.
La guerra se reanudó el 2 de marzo de 2026. Al amanecer se lanzaron seis misiles, posiblemente como advertencia temprana. Las órdenes de evacuación, el «Gran Desplazamiento» y la evacuación de los suburbios meridionales de Beirut volvieron a ser elementos del conflicto.
El 8 de abril de 2026, más de 100 objetivos fueron atacados en cuestión de minutos, causando la muerte de más de 375 personas.
La táctica consistía en expulsar a la comunidad allí donde permaneciera, dispersando a sus integrantes y quebrando su cohesión social. El número de personas desplazadas alcanzó alrededor de 1,2 millones en su punto máximo, mientras que aproximadamente 500.000 personas no pudieron regresar a sus hogares; el 80 % de ellas procedía de los distritos meridionales.
El sociólogo palestino Sari Hanafi define el proyecto de asentamiento israelí como una ideología con objetivos operativos. Su objetivo último, sostiene, es expulsar a las poblaciones locales de sus lugares de residencia. El plan operativo consiste, ante todo, en lo que puede describirse como «espaciocidio»: hacer inhabitable un lugar para facilitar el «traslado» de la población local.
Un informe elaborado por el Consejo Nacional de Investigación Científica (NCSR), en cooperación con el Ejército libanés y el Ministerio de Medio Ambiente, examinó el impacto ambiental de la guerra entre 2023 y 2025. La ministra de Medio Ambiente, Tamara Zein, describió el proceso como algo que opera en tres niveles interconectados.
El primer nivel es el domocidio: la destrucción directa de los hogares de la población del sur del Líbano, ya sea con el argumento de que contenían infraestructura de Hezbolá o de que se utilizaban para almacenamiento, refugio u ocultamiento.
Entre 2023 y el 8 de mayo de 2026, alrededor de 300.000 viviendas fueron atacadas. Alrededor del 57 % se concentraba en Jabal Amel, incluidas aproximadamente 120.000 en Nabatieh y 53.000 en la gobernación del Sur.
Además, aproximadamente 104.000 viviendas resultaron afectadas en zonas de Beirut y el monte Líbano donde se concentran comunidades chiíes procedentes de Jabal Amel.
Alrededor del 46 % del parque de viviendas habitado por la población del sur en Jabal Amel fue destruido. Aproximadamente el 93 % de la destrucción se concentró en Nabatieh, Tiro, Bint Jbeil y Marjeyoun.
El segundo nivel es el urbicidio: la destrucción del entorno construido en sí mismo.
Alrededor de 11.000 edificios fueron destruidos total o parcialmente, generando más de tres millones de metros cúbicos de escombros.
En Marwahin, Muhaybib, Maroun al-Ras, Blida y al-Adaisseh, más del 99 % de los edificios fueron destruidos. La tasa global de destrucción alcanzó alrededor del 90 % en Khiam y al-Adaisseh, y más del 80 % en Kfar Kila, Naqoura y Houla.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que Israel estaba reproduciendo el modelo de Rafah en el Líbano mediante la destrucción sistemática de infraestructura civil y urbana. Katz afirmó que entre 15.000 y 20.000 viviendas de la zona de la «Línea Amarilla» habían sido destruidas, y las calificó de infraestructuras militares que debían ser eliminadas de manera permanente.
En ambos casos, la esencia de la solución reside en eliminar a una comunidad determinada —clasificada como una amenaza estratégica para el proyecto político dominante— del panorama político más amplio.
En el caso de Jabal Amel, la comunidad chií es objeto de una estrategia destinada a alejarla permanentemente de la frontera, castigarla por sus posiciones políticas colectivas y desmantelar sus redes de solidaridad y apoyo mutuo.
En este contexto, la destrucción sistemática se entrecruza con asesinatos a gran escala. El número de personas muertas ha superado las 10.000 desde las explosiones de los buscapersonas, además de decenas de miles de personas heridas.
Pero el proceso se ve reforzado por lo que podría denominarse «propaganda de doble normalización», que se propaga como un hongo por los espacios digitales y mediáticos a través de una red de plataformas en línea, programas políticos, periodistas, anunciantes, activistas y figuras políticas cuyos intereses —y quizá también sus valores— se articulan en torno a la gestión de los mecanismos de esta doble normalización.
Por un lado, promueve la normalización con «la seguridad bajo un Gobierno genocida» como salida última y natural de las complejas crisis que el Líbano ha atravesado durante más de tres décadas.
Por otro, promueve la normalización con la demonización de la comunidad chií, ya sea cuestionando su pertenencia nacional o presentándola falsamente como una comunidad al margen del proceso de construcción de un Estado justo, soberano e independiente.
El peligro más inmediato reside hoy en lo que, según se informa, transmitió un funcionario de las Naciones Unidas tras una visita a Israel poco antes del estallido de la última guerra. Según el relato, el funcionario se reunió con un responsable israelí que afirmó que el objetivo de la próxima guerra, en caso de producirse, sería «dispersar a la población chií de Jabal Amel» por todo el territorio del Líbano, y quizá más allá.
Entonces, ¿qué hacer frente a un proyecto basado en dispersar a una comunidad y vaciar su tierra?
«Iremos hacia nuestra muerte. Primero, defenderemos los árboles que vestimos,
y la campana de la noche,
la luna sobre nuestras chozas que anhelamos.
Defenderemos la temeridad de nuestras gacelas,
defenderemos el barro de nuestra cerámica,
y nuestras plumas en el ala de los últimos cantos».
Mahmoud Darwish — «El discurso penúltimo del ‘piel roja’ al hombre blanco»
Rabih Jamil es profesor de Sociología de las Organizaciones y el Trabajo e investigador especializado en la economía de las plataformas digitales.
