Han circulado numerosas noticias en diversos medios de comunicación mundiales tras los informes de que las milicias asociadas a Erik Prince —multimillonario estadounidense y fundador de la infame contratista militar Blackwater, que tiene antecedentes de abusos y asesinatos en muchos países del Sur Global— sufrieron importantes bajas sobre el terreno en el este de la República Democrática del Congo. Esto se produjo tras una emboscada que se saldó con al menos 20 muertxs y heridxs, entre ellos, Tim Kennedy, un famoso luchador de la UFC y exsoldado de las Fuerzas Especiales del Ejército de EE. UU.
Erik Prince es un empresario estadounidense y exmiembro de los SEAL de la Marina de EE. UU. que fundó Blackwater en 1997 y la convirtió en una de las empresas militares de mercenarios con peor fama del mundo. Aprovechó la creciente dependencia del ejército estadounidense en las empresas militares y de seguridad privadas para proporcionar servicios de combate y de seguridad remunerados. Se formó en el Hillsdale College, una institución religiosa y conservadora, y posteriormente sirvió en los SEAL de la Marina de EE. UU. Su carrera ilustra la intersección entre los intereses capitalistas privados y la expansión militar estadounidense, donde las guerras y las intervenciones militares se convierten en operaciones lucrativas. Tras vender Blackwater en 2010, Prince continuó con las operaciones a través de otras empresas y redes, como Frontier Services Group, que amplió su actividad a la prestación de servicios logísticos y de seguridad para proyectos comerciales y mineros en África. En los últimos años, diversificó su negocio a través de Vectus Global, cuyas actividades en la RDC pasaron de recaudar ingresos de los recursos minerales a proporcionar apoyo operativo al ejército congoleño.
Bajo el mandato del Presidente Felix Tshisekedi, se registró un intento de reclutar contratistas militares extranjeros (mercenarios) en 2023. La milicia M23, respaldada por Ruanda, avanzaba entonces sobre el terreno en la provincia de Kivu del Norte y el Gobierno buscaba formas de reforzar su capacidad militar y asegurar las zonas mineras al este. En este contexto, se retomó un plan para traer alrededor de 2 500 contratistas militares de Colombia, México y Argentina con el fin de parar el avance rebelde y asegurar las regiones ricas en minerales. Entre los preparativos figuraba la creación de cuarteles en Mubambiro, cerca de Sake y al lado del campamento de entrenamiento de Congo Protection, para alojar al primer grupo a finales de julio de 2023. Ese mismo mes llegaron al emplazamiento los contenedores con los equipos. Erik Prince encabezó las negociaciones para desplegar a estos contratistas extranjeros, como parte de un plan promovido enérgicamente por Kahumbu Bula Mandungu, conocido como “Kao”, un consejero del Presidente Tshisekedi, en medio de informes que vinculaban la estrategia con acuerdos entre Kinshasa y Abu Dabi. Finalmente, el proyecto se estancó y los contratistas latinoamericanos nunca llegaron a la RDC.
Prince volvió a la escena congoleña a través de una vía aparentemente diferente a finales de 2024, al alcanzar un acuerdo con el Gobierno congoleño para mejorar la recaudación de ingresos del sector minero y para combatir el contrabando de minerales en zonas ricas en cobre y cobalto. El Gobierno firmó un contrato de cinco años con Prince a través de una red de empresas fantasma. En junio de 2025, Quantum Global Consulting, una empresa con sede en los EAU vinculada a Prince, registró una filial en la RDC, Quantum Global Consulting Africa, para que actuase como su representante legal. A su vez, esta filial registró Vectus Global como una entidad jurídica local. El contrato con el Ministerio de Finanzas congoleño incluía un mandato financiero para aumentar los ingresos del Gobierno de las industrias extractivas, mientras se frenaba el contrabando, la corrupción y la evasión fiscal. Sin embargo, también contenía un componente militar secreto: instruir a las Fuerzas Armadas congoleñas, proporcionar capacidades aéreas y reclutar personal militar extranjero. El contrato estaba valorado en aproximadamente 700 millones de dólares a lo largo de cinco años.
El plan inicial consistía en enviar unos 100 consejeros y expertos técnicos para hacer un seguimiento de las operaciones y los ingresos mineros, comenzando con las principales minas antes de ampliar gradualmente su alcance. El objetivo era mejorar la vigilancia de la producción y las exportaciones para asegurar el cumplimiento del código minero congoleño. La prioridad era la región de Katanga, en concreto los alrededores de la ciudad de Kolwezi, núcleo de la industria del cobre y el cobalto. Esta área se encontraba lejos de las principales zonas de combate donde operaba la milicia M23 en Kivu del Norte.
A finales de 2025 y principios de 2026 se produjo un importante punto de inflexión al intensificarse la guerra en el este del Congo, que se extendió a las zonas estratégicas de Kivu del Sur. Se hizo especialmente notable después de que la milicia M23 tomara Uvira, una ciudad clave en la frontera con Burundi, a orillas del lago Tanganica. Esto supuso una grave amenaza para el Gobierno de Kinshasa. En respuesta, Erik Prince, a través de Vectus Global, desplegó un equipo para apoyar al ejército congoleño en la región. La misión implicaba manejar drones y proporcionar apoyo operativo a las fuerzas gubernamentales, lo que constituyó la primera participación conocida de las fuerzas de Prince en las operaciones de combate en primera línea dentro de la RDC.
La actividad militar de contratistas extranjeros en el Congo no se limitó a los americanos. Instructores militares israelíes trabajaron en coordinación con Prince y participaron en el entrenamiento de dos batallones de las Fuerzas Especiales congoleñas para operaciones diurnas y nocturnas. También se reclutó a contratistas de El Salvador, principalmente exmilitares y expolicías. Un informe de julio de 2026 del Critical Threats Project señalaba que, en abril de ese año, el Gobierno congoleño anunció el compromiso de los EAU de ayudar a financiar el entrenamiento de una fuerza paramilitar de más de 20 000 efectivos, aparentemente para proteger las minas del sur. Dos meses antes, los EAU habían enviado a una delegación del Gobierno y de comercio a la provincia de Lualaba, donde tuvieron reuniones en Kolwezi con oficiales de los sectores minero, energético y de infraestructuras, dando lugar al anuncio de 16 memorandos de entendimiento en diversos ámbitos.
Prince es un simpatizante acérrimo de Donald Trump y las actividades de su empresa en el Congo están estrechamente relacionadas con los objetivos económicos y de seguridad de Washington. Sus fuerzas se desplegaron cuando la administración de Trump pretendía vincular la cooperación económica y de seguridad con Kinshasa a la obtención de un acceso mayor de las empresas estadounidenses al sector de los minerales críticos. Esto se mostró como un esfuerzo por contrarrestar la influencia china, más que como un auténtico intento de acabar con el M23 o de contener las ambiciones del presidente de Ruanda, Paul Kagame. El 2 de marzo de 2026, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a las Fuerzas Ruandesas de Defensa y a cuatro de sus altos mandos. El 25 de junio del mismo año, sancionó a una refinería de oro ruandesa y a una red acusada por contrabando de minerales del territorio congoleño controlado por el M23. Sin embargo, estas medidas no lograron desmantelar las redes de contrabando, resolver el conflicto, acabar con las atrocidades de la milicia ni cortar el apoyo esencial de Ruanda que impulsaba la expansión del M23. Una investigación del Washington Post del 8 de marzo de 2026 citaba a un oficial estadounidense que afirmaba que Paul Kagame había logrado retrasar varios meses las sanciones contactando con el senador Lindsey Graham, que intervino ante la Casa Blanca. El informe mencionaba que Graham actuó como consejero de Trump —un detalle que ya había señalado anteriormente el Wall Street Journal— ilustrando los límites de la presión estadounidense. Según el relato del oficial, estas vías políticas de alto nivel permitieron a Kagame ganar tiempo.
El acuerdo entre EE. UU. y el Congo estableció un mecanismo llamado “Reserva de Activos Estratégicos”. Bajo este marco, los inversores estadounidenses reciben el derecho de tanteo sobre los proyectos seleccionados y el acceso preferente a oportunidades de inversión específicas en el sector de los recursos congoleño. En abril de 2026, Reuters publicó una investigación en la que se detallaba cómo Virtus Minerals, una empresa estadounidense, adquirió los activos mineros de Chemaf por 30 millones de dólares. En febrero de 2026, se dio a conocer una propuesta de acuerdo para vender una participación del 40 % en las minas de Mutanda y Kamoto Copper Company a Orion Critical Mineral Consortium, respaldada por la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EE. UU. (DFC, por sus siglas en inglés) y el fondo ADQ de los EAU. Estos acuerdos otorgaron a los inversores estadounidenses y emiratíes un papel destacado en los activos congoleños de cobre y cobalto. El indicador más claro de los objetivos de EE. UU. es el proyecto Corredor de Lobito, que une las zonas mineras del Congo y Zambia con el puerto atlántico de Lobito a través de Angola. Estados Unidos apoya este proyecto mediante la financiación para el desarrollo e inversiones en infraestructuras, con el objetivo de crear una ruta de exportación alternativa del cobre y el cobalto congoleños hacia los mercados occidentales, evitando las redes de comercio vinculadas al este y al sur de África o aquellas controladas por empresas chinas.
Erik Prince y sus patrocinadores estatales no son los salvadores que el pueblo congoleño espera para poner fin a la violencia de las milicias y la injerencia de Ruanda. El hombre que el Gobierno del Congo ha contratado para proporcionar servicios militares y de seguridad no es ni un mediador neutral ni alguien que actúe al margen de los mismos intereses que alimentan estos conflictos y se benefician de ellos. Él es un criminal que personifica el nexo entre los intereses económicos capitalistas, la privatización de la guerra y la defensa de la hegemonía imperial estadounidense. No se trata solo de una conjetura; en un episodio de su podcast Off Leash, Prince hizo de forma explícita un llamamiento a EE. UU. para retomar un papel imperialista directo, afirmando que era hora de “volver a ponerse el sombrero imperial” y gobernar a los países que, según él, son incapaces de gobernarse a sí mismos. Hizo generalizaciones racistas sobre África, asegurando que muchas de sus naciones no pueden gestionar sus propios asuntos. Cuando su copresentador, Mark Serrano, señaló que eso sonaba como un llamamiento para volver al colonialismo, Prince respondió sin rodeos: “¡Por supuesto que sí!”.
Kribsoo Diallo es un investigador panafricanista residente en El Cairo especializado en ciencias políticas relacionadas con los asuntos africanos. Ha escrito para muchas revistas y periódicos africanos, y ha contribuido a las ediciones traducidas de artículos en árabe e inglés para numerosos centros de investigación del continente africano.
