Al amanecer del 24 de octubre, decenas de soldados israelíes irrumpieron en la casa de Muammar al-Awiwi, en el barrio de Deir Bahha de Hebrón, y ordenaron a la familia que abandonara la zona de inmediato.
Al-Awiwi, de 53 años, salió con su esposa y sus cinco hijos. Solo llevaban sus documentos de identidad y la ropa que alcanzaron a guardar a toda prisa. Asustados y desorientados, fueron a pie hasta la casa del padre de Al-Awiwi, en Haret al-Sheikh.
“Solo nos llevamos, a toda prisa, los documentos de identidad y algo de ropa”, contó Al-Awiwi. “No nos dejaron sacar nada más de la casa”.
Hebrón lleva cinco días bajo una operación militar israelí. El ejército ha bloqueado las entradas y salidas de la ciudad, ha restringido la circulación dentro de los barrios y ha obligado a familias de Deir Bahha, al-Jaldeh, Farsh al-Hawa y otras zonas a abandonar sus hogares. También ha cerrado la mezquita Ibrahimi a la comunidad musulmana.
El ejército israelí inició la operación tras un ataque con armas de fuego el 24 de octubre cerca de Hebrón. En el ataque murieron dos soldados israelíes y varios más resultaron heridos.
Majda Hussein Shweiki al-Ja’ba, vecina de Al-Awiwi y viuda conocida como Umm Yazan, apenas tuvo una hora para salir.
“El ejército de ocupación llegó en vehículos militares. Los soldados bajaron y, mientras estábamos dentro de la casa, nos ordenaron por altavoz que saliéramos de inmediato”, ella reveló. “Después, algunos entraron por la fuerza y nos dijeron que teníamos una hora para irnos y que no podía quedarse nadie”.
“Nos dio miedo y mucha tristeza cuando nos dijeron que teníamos que irnos enseguida y que cada persona podía llevar una sola bolsa pequeña”, dijo Umm Yazan. “Nos llevamos lo imprescindible, los documentos de identidad y algo de ropa. Nada más”.
La mayor de sus cinco hijos (tres chicos y dos chicas) cursa el último año de secundaria y se prepara para los exámenes oficiales del tawjihi (pruebas de fin de la secundaria).
Ella contó que: “No sabía qué libros ni qué ropa llevarse para la escuela. Entró en pánico, recogió lo que pudo llevarse y ahora no puede estudiar. Sus hermanos y hermanas están tristes por haber tenido que dejar su casa”.
La familia se aloja ahora en la casa del hermano de Umm Yazan, en la localidad de Aqabet Tfouh, a cuatro kilómetros de distancia. “No sé cuánto tiempo vamos a seguir así. No sabemos cuándo volveremos ni qué va a pasar con nuestras casas”, comentó la chica.
Según el comité de ayuda y apoyo que creó la Gobernación de Hebrón, el municipio ha registrado a 407 familias afectadas, un total de 2649 personas. Entre ellas hay 1109 menores, incluidos 180 menores de dos años, además de 218 personas mayores, 115 mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, 28 personas con discapacidad y 162 con enfermedades crónicas, explicó a Mondoweiss el alcalde de Hebrón, Yousef al-Ja’bari.
De esas familias, 168 carecen de un lugar seguro donde quedarse. Otras 198 se alojan con familiares, 19 en viviendas alquiladas y 22 han encontrado otras formas de alojamiento. El comité señala como necesidades urgentes alimentos, ayuda económica, medicamentos, suministros médicos, fórmula infantil, pañales, agua, ropa, colchones, mantas y apoyo psicosocial.
Al-Ja’bari dijo que las fuerzas israelíes primero ordenaron por altavoces a la población que saliera de sus casas. Cuando hubo quienes se negaron e insistieron en quedarse, los soldados irrumpieron en sus viviendas y los sacaron a la fuerza.
“Han vaciado por completo la zona”, dijo Al-Ja’bari. Añadió que las fuerzas israelíes han convertido algunos edificios residenciales en centros de interrogatorio.
El municipio intervino para ayudar a las familias que quedaron a la intemperie durante la noche. Con el apoyo de la comunidad local, trasladó a algunas a refugios temporales y ayudó a otras a llegar a casa de sus familiares. Según Al-Ja’bari, abrió el Centro Infantil Saad y el Centro Coreano-Palestino para alojar a las familias desplazadas. Las instituciones locales coordinaron la respuesta con los escasos recursos de los que disponían.
“La situación en la ciudad es crítica en todos los frentes, tanto en el terreno como en lo humanitario y lo económico. La zona residencial de Deir Bahha, donde se concentra la operación, abarca unos 330 dunams (33 hectáreas) y cuenta con unas 495 viviendas. Allí viven cerca de 2200 personas, entre ellas menores, mujeres y personas mayores”, dijo Al-Ja’bari.
En una reunión de emergencia que convocó la gobernación con el municipio, los servicios de seguridad palestinos e instituciones oficiales y de la sociedad civil, el gobernador de Hebrón, Khaled Doudin, dijo que la prioridad era proteger a la población y apoyar a las familias obligadas a dejar sus hogares.
Doudin encargó a un comité que diera seguimiento a las familias afectadas, evaluara sus necesidades y coordinara la ayuda urgente.
Hebrón es uno de los principales centros industriales y comerciales de Cisjordania. Los cierres han paralizado gran parte de esa actividad.
Según Al-Ja’bari, hay gente que no puede llegar a su trabajo, las mercancías no pueden entrar ni salir de la ciudad y varias fábricas han suspendido sus actividades. El alcalde afirmó que las demoliciones israelíes han destruido calles, instalaciones e infraestructura, entre ellas tuberías de agua y redes de alcantarillado.
El alcalde describió las calles de Hebrón como casi vacías, con vehículos militares israelíes patrullando día y noche, sembrando miedo entre los residentes.
La población y las autoridades locales afirman que la operación agrava las restricciones que desde hace años afectan a partes de Hebrón, entre ellas el cierre de calles en la Ciudad Vieja y en los alrededores de la mezquita Ibrahimi.
Según Al-Ja’bari, las fuerzas israelíes llevan tres días impidiendo el acceso de la comunidad musulmana a la mezquita Ibrahimi. Han prohibido la entrada al personal, al imán y al muecín, por lo que se ha suspendido la llamada a la oración.
“Las puertas de la mezquita siguen cerradas para la población palestina, pero los colonos sí pueden entrar”, dijo.
Al-Ja’bari afirmó que el cierre vulnera la libertad de culto y atenta contra el carácter religioso e histórico de la mezquita. Pidió a las instituciones internacionales, a los Estados árabes y europeos y a Estados Unidos que exijan su reapertura y respeten los acuerdos y las leyes que rigen en Hebrón.
Hisham Sharabati, activista de derechos humanos, dijo que expulsar a la población de los barrios residenciales sin que exista una necesidad operativa militar constituye un castigo colectivo. Añadió que estas medidas podrían constituir crímenes de guerra.
"El daño va más allá de los hogares y llega a las instalaciones económicas", explicó Sharabati, en un momento en que las condiciones de vida de la población palestina llevan años deteriorándose. Las personas palestinas que trabajan dentro de la Línea Verde se enfrentan a graves dificultades económicas, dijo Sharabati. El personal del sector público lleva años sin cobrar el salario completo. Derribar negocios, añadió, “agrava la crisis y hace que a las familias les cueste aún más cubrir sus necesidades básicas”.
Suhail Ashour, concejal de Hebrón e integrante del comité de crisis, dijo que el municipio está preparando un expediente que documenta las violaciones y los daños sufridos por la ciudad y su población, con la intención de presentarlo ante la Corte Penal Internacional.
Según Ashour, el expediente reunirá testimonios de la población y documentará los desalojos de viviendas, los daños a la propiedad y las restricciones a la circulación. El municipio prevé formar un equipo para hacer un seguimiento de los daños, registrar testimonios e incorporar nuevos incidentes a medida que ocurran.
Ashour citó los artículos 33, 49 y 53 del Cuarto Convenio de Ginebra, que regulan el castigo colectivo, el traslado forzoso de población y la destrucción de bienes en territorio ocupado.
“Privar a las familias de una vivienda segura y echarlas de sus casas va más allá de una medida sobre el terreno”, dijo el concejal. “Hay que documentar estos hechos y exigir responsabilidades ante la justicia”.
Las familias desplazadas de Hebrón se preguntan cuándo podrán volver y qué encontrarán a su regreso.
Al-Awiwi dijo que las expulsiones repentinas a punta de pistola dejaron profundas secuelas psicológicas, sobre todo en los menores, a quienes arrancaron de todo lo que conocían sin saber si volverían a casa. Espera que todo termine con las menores pérdidas posibles y que las familias puedan retomar sus vidas.
“Hoy estamos desplazados y nos alojamos en la casa de mi padre”, mencionó. “No sabemos cuándo podremos volver. ¿Seguirá en pie mi casa?”.
