Hungría celebró sus últimas elecciones libres y justas hace doce años, cuando el partido Fidesz de Viktor Orbán, junto con su socio de coalición KDNP, obtuvo una "supermayoría" que le permitió cambiar la Constitución del país.

Desde entonces –y a menudo bajo la protección de las fuerzas políticas de derechas de la Unión Europea– el Fidesz ha erosionado lentamente el Estado de Derecho, las instituciones democráticas y la integridad del proceso electoral.

En respuesta a la creciente desventaja electoral de la oposición, seis partidos políticos formaron una lista conjunta para las próximas elecciones parlamentarias del 3 de abril. El campo de juego es muy desigual.

Desde 2010, el parlamento dominado por el Fidesz ha aprobado más de 700 cambios al sistema electoral, a menudo sin consulta pública a pesar de la resistencia de los partidos de la oposición y, sobre todo, durante el estado de emergencia por el Covid-19. En particular, esto incluyó la manipulación gradual de las circunscripciones electorales a favor de lxs candidatxs del Fidesz.

El partido también puso rápidamente bajo su control a la mayoría de los medios de comunicación. Desde su fundación en 2018, el conglomerado mediático progubernamental KESMA absorbió una parte importante del mercado mediático húngaro, mientras que el gobierno obstruía e intimidaba sistemáticamente a los medios independientes.

Un informe de 2022 del Instituto Internacional de la Prensa concluye que el partido ha "perseguido el modelo más avanzado de captura de medios de comunicación jamás desarrollado en la Unión Europea", que utiliza para amplificar sus ataques contra las minorías, lxs migrantes, lxs disidentes políticxs, y para impedir que surja un discurso político alternativo.

Al mismo tiempo, el gobierno borró cada vez más los límites entre los recursos de los partidos y los del Estado, al utilizar los fondos públicos para las llamadas "campañas de información del gobierno" –pero de hecho para la campaña electoral del Fidesz– lo que impide una representación justa para todos los partidos políticos de Hungría.

Esto, entre otras cosas, llevó a la misión de observación electoral de la OSCE-ODIHR a calificar las elecciones húngaras de 2014 y 2018 como “libres pero no justas”.

Desde 2018, el Fidesz ha tomado medidas adicionales que ponen en duda la integridad del proceso electoral, como la discriminación en la forma en la que la ciudadanía húngara que vive en el extranjero puede votar, el aumento de la retórica xenófoba y anti-LGBTQ, la captura de los organismos electorales y la influencia política sobre los tribunales, y las restricciones arbitrarias a la libertad de reunión pacífica y la libertad de expresión. Más recientemente, cuando estalló el escándalo de Pegasus en 2021, se reveló también que el gobierno utilizaba software de espionaje de NSO para vigilar a periodistas independientes, manifestantes y activistas.

Para el propio día de las elecciones aumenta la preocupación por las irregularidades. En noviembre de 2021, el partido gobernante legalizó de hecho el "turismo electoral" en Hungría. Sin el requisito de vivir en el domicilio registrado, el cambio en la ley permite el registro masivo de ciudadanxs húngarxs de países vecinos y podría facilitar el registro de domicilios ficticios. En 10 a 15 distritos marginales, donde la diferencia entre dos candidatxs puede ser inferior a 1000 votos, estas irregularidades de la jornada electoral podrían ser decisivas.

Paralelamente a la erosión de la competencia electoral justa, Orbán ha dado poder a una élite cleptocrática a expensas de la mayoría. Aunque llegó al poder tras una reacción contra la austeridad impuesta por el FMI tras la crisis financiera de 2008, su gobierno pronto incumplió las promesas de acabar con la austeridad. En su lugar, Orbán dio poder a lxs multimillonarixs locales –apoyadxs por los subsidios de la UE y, en particular, por las inversiones alemanas–­­ e impulsó una serie de políticas antibienestar y antilaborales.

En 2018, el Parlamento húngaro aprobó la llamada "ley de la esclavitud": un nuevo código laboral que permite a los empresarios exigir cientos de horas extras al año y retrasar su pago hasta tres años, en beneficio de las empresas multinacionales. Al principio de la pandemia del Covid-19 –cuando 4.000 húngarxs perdían su trabajo cada día– el gobierno se negó a ampliar la ayuda a lxs nuevxs desempleadxs. Más recientemente, el gobierno intentó utilizar sus poderes de emergencia durante la pandemia para prohibir la mayor moilización de profesorxs húngarxs en la historia, y para suprimir la negociación colectiva en general.

Es por esto que la Internacional Progresista (IP) envía una delegación a Hungría para las elecciones del 3 de abril. La delegación se reunirá con líderes y lideresas de movimientos sociales, sindicalistas, medios de comunicación independientes, activistas y representantes de los partidos políticos para observar las amenazas al proceso democrático del país y la supresión de las luchas populares.

Pero lo que está en juego en la delegación de la IP no es sólo a nivel nacional.

Desde que el Fidesz llegó al poder, ha buscado la alianza con la extrema derecha y las fuerzas antidemocráticas de todo el mundo. Junto con otros 15 partidos de extrema derecha, el Fidesz hizo campaña para proteger la "herencia judeo-cristiana de Europa" durante las elecciones europeas de 2019. En enero de este año, Donald Trump respaldó la candidatura de Viktor Orbán a la reelección, quien a su vez extendió una invitación al ex presidente estadounidense a unirse a él en la campaña. Al mes siguiente, Orbán recibió al líder de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, quien llamó a Hungría el "pequeño hermano mayor" de Brasil durante la visita. La celebración de la "Conferencia de Acción Política Conservadora" por parte de Orbán en Budapest, una conferencia vinculada al conservadurismo estadounidense, con legisladorxs republicanxs, el líder del partido de extrema derecha español VOX y el hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo, en la lista de oradores, se pospuso a mayo debido a la guerra en Ucrania. Al mismo tiempo, Orbán ha seguido siendo hasta hoy el aliado político más cercano de Vladimir Putin en la Unión Europea.

Sin embargo, las fuerzas progresistas de Hungría se están reagrupando. En 2018, miles de personas y sindicalistas salieron a las calles de Budapest para protestar por la introducción de la "ley de la esclavitud". En mayo de 2021, una gran manifestación se reunió en torno a los llamados para resolver la crisis de la vivienda y los bajos salarios en Hungría. En marzo de 2022, lxs profesorxs húngarxs desafiaron los intentos del gobierno de prohibir su huelga indefinida –y en este mismo momento siguen protestando por los bajos salarios, la escasez de personal y la falta de recursos e infraestructuras que han llevado al sector educativo húngaro a un punto de quiebre.

Ahora, en las elecciones parlamentarias de 2022, las fuerzas progresistas de Hungría exigen una sociedad digna basada en la solidaridad, la igualdad y la democracia.

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