El martes por la noche, el Presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, pronunció un discurso presidencial especial ante las acusaciones sin precedentes anunciadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

«Le pido al mundo que preste atención a Colombia y ayudarnos a defender nuestra democracia», dijo, llamando a la solidaridad internacional y a las movilizaciones nacionales para luchar contra este dramático caso de lawfare anticonstitucional.

En concreto, el Consejo Nacional Electoral votó a favor de acusar e investigar al presidente Gustavo Petro por presuntas violaciones de los topes máximos admitidos en la financiación de la campaña por donaciones legales recibidas por su partido de los sindicatos de maestros y trabajadores del petróleo que el CNE atribuye a la campaña presidencial de 2022. Esta decisión representa nada menos que un intento coordinado de debilitar la democracia colombiana - criminalizando la acción política de los trabajadores organizados mientras se socava la Presidencia con cargos inconstitucionales.

El artículo 199 de la Constitución de la República de Colombia establece claramente, «[el Presidente] no podrá ser perseguido ni juzgado por delitos, sino en virtud de acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar a formación de causa. » Ninguna de estas condiciones se ha cumplido. Esta guerra jurídica iniciada por el CNE es manifiestamente ilegal, viola la Constitución y contradice los claros precedentes establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Como declaró el presidente Petro, «el CNE nunca puede, ni tiene potestad para investigar al Presidente de la República. Este es el comienzo del golpe de Estado. Se ha violado la inmunidad presidencial integral y se ha roto el Estado de Derecho y el respeto al voto popular y a la democracia.»

Además, este ataque a la democracia colombiana está liderado por un conjunto de agentes de la extrema derecha altamente desprestigiados.

Álvaro Prada, magistrado del CNE y aliado del ex presidente ultraderechista Álvaro Uribe, que ahora dirige las acusaciones contra el Presidente, también está pendiente de juicio por encubrimiento de testigos. Como antiguo congresista del partido de Uribe, el Centro Democrático, Prada supuestamente se esforzó por alterar y retractar el testimonio de un paramilitar para que no presentara pruebas de las amplias alianzas paramilitares de Uribe. Prada renunció a su cargo en el Congreso en un intento de evitar el juicio, pero pronto su caso será juzgado en la Corte Suprema.

El presidente del CNE, César Lorduy, también se enfrenta a acusaciones de la congresista Ingrid Aguirre de utilizar su influencia en el CNE para extorsionarla con favores sexuales y pagos económicos. Además, Lorduy también está implicado en el feminicidio de Alicia Mercedes Ribaldo, a quien disparó en la cara con una escopeta cuando sólo tenía 16 años. Lorduy declaró su muerte como accidental. Aunque los plazos legales han expirado, los testigos y la familia de Ribaldo afirman que Lorduy amenazó de muerte a Ribaldo antes de dispararle.

El mundo debe atender el llamamiento del Presidente Petro a la solidaridad urgente ante este asalto sin precedentes e inconstitucional a la democracia colombiana.