Hoy en día en el Líbano, la imposibilidad de comprar alimentos es una amenaza mayor para la supervivencia de la gente que el Coronavirus.

Durante años, el país ha sufrido graves deficiencias en los servicios públicos más básicos como la educación pública adecuada, la atención sanitaria, el agua potable, la energía, el saneamiento y el transporte. Pero la situación empeoró drásticamente el invierno pasado. En septiembre de 2019, alrededor de un tercio de la población del Líbano vivía por debajo del umbral de pobreza. Hoy en día la cifra se acerca más a la mitad, con el uno por ciento más alto de la población ganando más del doble de los ingresos del 50 por ciento más pobre.

El Líbano tiene ahora la tercera mayor deuda en relación con el PIB, alrededor del 40 por ciento de la cual está denominada en dólares estadounidenses. Dada la opacidad y la falta de responsabilidad del banco central libanés, los primeros efectos de la escasez de dólares que afectaron a la sociedad en general, fueron las interrupciones en las importaciones de combustible y harina en septiembre de 2019. A mediados de octubre estalló un levantamiento popular cuando el gobierno intentó imponer un paquete de medidas de austeridad, incluido un ahora infame impuesto sobre las llamadas Whatsapp. Los bancos locales utilizaron la excusa del levantamiento para imponer límites a los retiros de depósitos. A mediados de marzo, el gobierno dejó de pagar su deuda. A mediados de abril, el banco central anunció que los depósitos en dólares sólo podían ser retirados en moneda local al tipo de cambio oficial, a pesar de que la moneda había perdido más de la mitad de su valor en el mercado. Estas medidas, que robaron a lxs residentes su poder adquisitivo y sus ahorros, fueron aprobadas en medio del confinamiento por el COVID-19.

Lxs abajo firmantes entendemos que la crisis del Líbano forma parte de una dinámica única que opera a escala mundial, con diferentes manifestaciones locales que dependen de los paisajes económicos y políticos locales. Lo que se denomina crisis de la deuda mundial es, en realidad, una crisis de acumulación, ya que la deuda se podría reembolsar si los excedentes paralizados en los bancos de todo el mundo se invirtieran en actividades generadoras de ingresos.

Tras la Guerra Fría, gobiernos alrededor del mundo, presionados por el consenso de Washington, adoptaron políticas a favor del interés del capital financiero. Estas políticas incluían la desregulación de los movimientos de capital y de las actividades de las empresas, pero también un cambio en el objetivo general de la política económica, desde el pleno empleo hasta una baja inflación, en beneficio del sector financiero y a expensas de la sociedad en general. En el Líbano, las milicias combatientes se sentaron a la mesa de negociaciones con lxs intermediarixs internacionales para compartir el botín de la reconstrucción financiada por la deuda soberana. Al igual que muchos otros países del sur global en ese momento, el Líbano fijó su moneda local al dólar. El régimen de tipo de cambio fijo y los elevados tipos de interés resultantes permitieron que los capitales extranjeros entraran en el país, se beneficiaran de los elevados tipos de interés y salieran con seguridad, en beneficio tanto de lxs inversores extranjerxs como del sector financiero nacional que actuaba como su intermediario.

El coste de estos beneficios financieros ha sido pagado por la fabricación nacional y la agricultura. Estos sectores cruciales han perdido el acceso al crédito debido a los altos tipos de interés, se enfrentan a rentas cada vez mayores y su competitividad se ha visto disminuida, tanto en los mercados nacionales como en los extranjeros, debido a la sobrevaloración de la moneda. En otras palabras, las enormes entradas de capital sólo han servido para inflar los precios de los bienes inmuebles y los beneficios financieros, en lugar de financiar actividades productivas que creen puestos de trabajo estables.

Financiados por las grandes entradas de capital del extranjero, los bancos comerciales libaneses emergieron como poderosos agentes políticos. Lxs banquerxs fueron designados para ocupar muchos puestos clave en las autoridades ejecutivas, y su grupo de presión se asoció con los dirigentes del banco central para mantener una política monetaria y fiscal que sirviera a sus intereses. Hoy en día, lxs políticos que están o han estado en el gobierno desde el final de la Guerra Civil son propietarixs directxs de alrededor del 40 por ciento de los activos del sector bancario local.

En consecuencia, el Líbano se jacta de tener una de las tasas impositivas más bajas del mundo sobre los ingresos por concepto de intereses, mientras que los bancos tienen alrededor de tres cuartas partes de sus activos (ya sea directa o indirectamente a través del banco central) invertidos en una deuda soberana injustificadamente costosa, que a veces tuvo una rentabilidad de más del 35 por ciento en rendimientos anuales. Por lo tanto, el crecimiento del sector bancario se asemejaba más a una ganancia inesperada de rentas que al resultado de la asunción de riesgos financieros y la intermediación. El servicio de la deuda constituye alrededor de un tercio del gasto público y absorbe más de la mitad de los ingresos del gobierno, que consisten en su inmensa mayoría en impuestos al consumo fijos que afectan desproporcionadamente a lxs pobres y a las clases medias, una transferencia perversa de riqueza de la mayoría a la minoría.

Las élites locales vinculadas al sector financiero respaldaron esas políticas en todo el sur global, negociando una alianza política entre el Estado y los intereses financieros transnacionales. Una vez que se produjo la liberalización financiera, la autonomía de las políticas se vio limitada, ya que los países que no cumplieran con los intereses de los inversores serían castigados con la fuga de capitales. Las élites financieras adquirieron una mayor influencia sobre las políticas. Luego impulsaron políticas que transfirieron aún más los ingresos de la agricultura y la industria al sector financiero, aumentando la desigualdad de los ingresos y contribuyendo al desempleo y al estancamiento de los salarios.

El Líbano tiene uno de los casos más graves de financiarización habiendo ya arruinado completamente su economía en beneficio de los intereses financieros. El 80 por ciento del consumo local es importado, mientras que la mitad de la población vive por debajo del umbral de pobreza. Los países en desarrollo anuncian con frecuencia una estabilización, pero pocos se adhieren con tanta firmeza como el Líbano. Permitir que la moneda se desplome ayudaría a las exportaciones, creando así empleo y aliviando la presión a nivel local. La vinculación extraordinariamente estable de la moneda en el Líbano es un testimonio del vasto poder de la oligarquía local, que se mantiene gracias a las divisiones confesionales que dividen a la sociedad en el Líbano y obstaculizan la resistencia social. Para ser transformadores, los movimientos sociales de todo el mundo deben trabajar hacia una visión compartida y la solidaridad global entre los deudores. El problema que se plantea es evidentemente político. La solución no debe dejarse en manos de la alianza de políticos y banquerxs cuyos intereses van en contra de los imperativos para la prosperidad compartida, ni de lxs economistas de las instituciones internacionales que actúan como agentes judiciales en nombre de lxs acreedores.

A principios de julio de 2019, un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) aplaudió la sobrevalorada estabilización de la moneda del Líbano, elogió al sector bancario local y pidió un "ajuste fiscal" que el propio informe calificó de contractivo. Las medidas incluían la congelación de la contratación en el sector público, el aumento de los impuestos sobre el consumo de combustible y diesel, el aumento del impuesto al valor agregado y el impuesto sobre las matrículas de los taxis —teniendo en cuenta que la conducción de taxis es la fuente de ingresos de la mayoría de lxs desempleadxs o subempleadxs del país. Mientras tanto, un plan económico publicado por el actual gobierno en la primera semana de mayo de 2020, proponía medidas para atraer un paquete de rescate del FMI que incluía más austeridad fiscal y el abandono de la estabilización, sin abordar los problemas estructurales a los que se enfrenta el Líbano ni ofrecer una propuesta tangible de bienestar social. De manera reveladora, en esta misma semana hubo más casos de creciente brutalidad en la represión de las manifestaciones, incluyendo la tortura de lxs manifestantes detenidxs.

La única solución viable para esta crisis es una reestructuración de la deuda pública que incluya una reducción significativa del capital, junto con un programa de reformas para garantizar las protecciones sociales. Se puede lograr una distribución decidida, justa y equitativa de las pérdidas a través de un impuesto sobre la riqueza progresivo y excepcional, o, en su defecto, un impuesto progresivo excepcional sobre las grandes fortunas depositadas en los bancos, con el fin de no perjudicar a lxs pequeñxs depositantes. Debe impedir absolutamente que se rescate (o se aplique un "bail-in" ) a los bancos y a lxs mayores depositantes, que son los que más se han beneficiado de las políticas económicas que el Líbano ha seguido durante tres décadas. No se debe obligar al pueblo libanés a cargar los costos, ni mediante una fiscalidad injusta, ni mediante la hiperinflación, ni mediante la venta a plazos de los bienes públicos.

Lxs abajo firmantes, impulsadxs por la urgencia de un cambio sistémico en el Líbano, reúnen las voces progresistas de todo el país para construir una verdadera alternativa al sistema político que está paralizando y llevando al país a la bancarrota. Sólo una alternativa verdaderamente progresista puede construir una economía productiva caracterizada por la justicia social. Ello requiere nuevas políticas fiscales, monetarias y sociales, incluido un sistema tributario justo, protecciones sociales fiables y universales, y una reducción del tamaño de los sectores bancario e inmobiliario como parte del cambio en la principal esfera de acumulación, que pasa de las actividades basadas en el alquiler a los sectores productivos que crean empleo digno.

Esta visión se cristaliza en el levantamiento popular del país, pero creemos que la lucha contra las oligarquías financieras y sus socixs políticos es de escala mundial y, por lo tanto, requiere una acción colectiva mundial. Hacemos un llamado a las fuerzas progresistas de todo el mundo para que nos respalden en nuestra lucha común contra la desigualdad, la degradación del medio ambiente y el secuestro de la democracia por parte de los banqueros y los ultra-ricos.

Signatarixs:

Lihaqqi

Qantari Collective

Youth Movement for Change

Mada Youth Network

AUB Secular Club

NDU Secular Club

Housing Monitor at Public Works Studio

Workers in Art and Culture

Lebanese Coalition of Health Professionals

Lebanese Assembly of Engineers and Architects (LAEA)