Los investigadores han identificado a más de veinte firmas de abogados corporativos que ofrecen sus servicios para montar estos casos, en los cuales buscarían indemnizaciones de los estados por las medidas que han impactado negativamente las ganancias de las compañías —incluida la pérdida de ganancias futuras.
Entre las medidas que podrían ser objeto de disputa judicial figuran la adquisición estatal de hospitales privados, las medidas introducidas para garantizar que la población pueda acceder a medicamentos, análisis y vacunas, y las ayudas para el pago de alquileres, deudas y pago de servicios públicos.
Los legisladores de toda Europa han condenado la actividad descrita en el informe, y uno de ellos la calificó de "ataque a la democracia".
La investigación, publicada conjuntamente por el Transnational Institute (TNI) y el Corporate Europe Observatory (CEO), se basa en declaraciones prestadas en sesiones informativas jurídicas de los despachos, notificaciones a los clientes y seminarios web, y esboza una lista de lo que denomina "diez escenarios de litigio particularmente atroces desarrollados por algunos de los bufetes de abogados más activos".
En el marco de los controvertidos mecanismos de "resolución de controversias entre inversionistas y estados" (ISDS por sus siglas en inglés), lxs inversionistas extranjerxs, las compañías y lxs accionistas pueden demandar a los estados directamente ante oscuros tribunales internacionales por una amplia gama de acciones gubernamentales.
En los últimos 25 años se han presentado más de 1000 demandas conocidas entre inversionistas y estados, en lo que los investigadores describen como "un sistema de justicia paralelo para lxs ricxs". Muchas de esas controversias se produjeron a raíz de medidas adoptadas por países en épocas de crisis, como la crisis financiera argentina a principios de los 2000 y la Primavera Árabe a principios de la década de 2010.
Comentando los hallazgos, Caroline Lucas, miembro del parlamento, señaló: "Muchxs de nosotrxs hemos advertido durante años que los mecanismos de resolución de controversias entre inversionistas y estados son extremadamente peligrosos, y aquí tenemos pruebas aún más contundentes.”
“El dinero público debería destinarse a proteger la salud pública y los medios de sustento de la población, no a llenar los bolsillos de las codiciosas empresas multinacionales y sus abogadxs”.
“Medidas aparentemente adoptadas para hacer frente a un problema grave, pero que en otros aspectos afectan de manera desproporcionada a determinadas empresas... pueden ser incompatibles con el derecho internacional”. - Shearman & Sterling LLP
Entre los bufetes de abogados mencionados en el informe figura Shearman & Sterling, con sede en EE.UU. En 2014, obtuvo el mayor fallo en la historia del arbitraje inversionista-estado después de demandar al gobierno ruso por $50 mil millones en nombre de lxs accionistas de la empresa de petróleo y gas Yukos.
En una reciente sesión informativa sobre Covid-19, la firma dice que "está preparada para asesorar a los estados y lxs inversionistas por igual, en relación a las medidas gubernamentales que se han adoptado o se adoptarán en el contexto de la pandemia de Covid-19".
Entre las medidas destacadas figuran la condonación de alquileres y la suspensión del pago de las facturas de energía. "Aunque son de ayuda para lxs deudorxs, estas medidas evidentemente impactarían en lxs acreedorxs al provocar una pérdida de ingresos", advierte Shearman & Sterling.
Continúa: "las medidas aparentemente adoptadas para hacer frente a un problema grave, pero que en otros aspectos afectan desproporcionadamente a determinadas empresas... pueden resultar incompatibles con el derecho internacional".
Las medidas de emergencia adoptadas para proteger la salud pública también podrían estar en la mira. En España e Irlanda, los hospitales privados han sido absorbidos por los sistemas de salud pública, y el gobierno de los Estados Unidos ha ordenado a las compañías que produzcan ventiladores y otros equipos médicos.
Lxs abogadxs de Quinn Emanuel, el mayor despacho de abogadxs del mundo dedicado al litigio y arbitraje comercial, entre cuyos clientes se encuentran ExxonMobil y Koch Industries, afirman que lxs inversionistas en el sector de la salud podrían "presentar demandas por expropiación indirecta si la cesión del control fue involuntaria". También declaran que las compañías que se han visto obligadas a producir suministros médicos podrían presentar demandas por "expropiación indirecta ilegal" si creen que no se proporciona una compensación adecuada.
Otros escenarios potencialmente "atroces" citados en el informe incluyen demandas presentadas contra los estados por las medidas adoptadas para proporcionar agua limpia para el lavado de manos, y por no evitar disturbios sociales.
El eurodiputado Martin Schirdewan, copresidente de la agrupación parlamentaria Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, declaró a openDemocracy:
"El uso de demandas de inversionistas contra los estados constituye un ataque a la democracia en cualquier circunstancia. Pero el hecho de que las corporaciones estén considerando la posibilidad de demandar a los gobiernos por las medidas adoptadas para proteger la salud de la población, en medio de una pandemia, es verdaderamente atroz.”
"Cualquiera que sea la forma de disfrazarlo, dicho mecanismo sigue otorgando a las corporaciones el poder de demandar a los gobiernos que implementen políticas que puedan afectar sus ganancias futuras previstas y recibir indemnizaciones por daños y perjuicios".
Manon Aubry, eurodiputada deLa France Insoumise, afirmó: "Los tratados de protección de inversiones aseguran a las corporaciones multinacionales que, pase lo que pase, los estados garantizarán sus beneficios por encima de todo, incluido el interés público".
"Necesitamos urgentemente deshacernos de estos tratados que nos obligarían a sacrificar a lxs ciudadanxs para proteger los nefastos modelos de negocio, desde las grandes farmacéuticas hasta las industrias de combustibles fósiles, incluso en tiempos de crisis".
Un portavoz de Shearman & Sterling declaró que el informe al que se hace referencia en la investigación deja claro que los estados tienen "el deber (y el derecho) de proteger la salud pública y su economía", así como "una amplia libertad para hacer frente a las crisis" en virtud del derecho internacional. También señalaron que Shearman & Sterling actúa tanto en nombre de los estados como de lxs inversionistas en las disputas sobre tratados de inversión, y ha obtenido una serie de victorias históricas en representación de los estados. La firma también realiza una amplia labor pro-bono relacionada con las cuestiones relativas al Covid-19.
Quinn Emanuel no respondió a nuestra solicitud de comentarios.
Laura Basu es Editora de Europa de ourEconomy, e investigadora del Instituto de Investigación Cultural de la Universidad de Utrecht, y de Goldsmiths, Universidad de Londres. Es la autora de Media Amnesia: Rewriting the Economic Crisis y co-editora de The Media and Austerity.
Laurie Macfarlane es editora de economía en openDemocracy, e investigadora asociada en el Instituto de Innovación y Políticas Públicas de la UCL. Es la co-autora del libro aclamado por la crítica "Rethinking the Economics of Land and Housing".
Aaron White es el editor norteamericano de ourEconomy, y co-fundador de The Junction.
