“Este encuentro busca promover el reconocimiento a los pueblos indígenas, sus afectaciones en el conflicto armado así como visibilizar sus resistencias, contribuciones a la paz y al cuidado de la naturaleza”, expresó Alejandra Llano, integrante de la Dirección de Pueblos Étnicos de la Comisión de la Verdad. La actividad se realizó de manera virtual y participaron los pueblos indígenas del Litoral Pacífico del Cauca, Nariño, Chocó y Valle.

El sacerdote jesuita Francisco De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, explicó que “nos unimos hoy en este evento de tanto significado, convencidxs que solamente si vamos juntxs, al lado de nuestras comunidades indígenas y sus tradiciones espirituales e históricas, podemos construir el país que se merecen todos lxs jóvenes, niños y niñas en Colombia”.

En riesgo de exterminio físico y cultural están 68 pueblos indígenas de Colombia, debido al conflicto armado y la explotación de recursos naturales en los diferentes territorios.

“Ha sido una vida de zozobra dentro de nuestro territorio, porque ya uno no puede estar libre, no puede cazar en el territorio porque está prohibido y ni siquiera uno puede andar a la hora que uno quiera, porque por ahí están diciendo que no puede salir, que tiene que ser con permiso de ellxs. Esa guerra no ha sido nuestra, esa guerra viene de otro lado y nuestro territorio ya está cansado de aguantar todo el atropello”, denunció Miguel Pertiaga, Representante Legal de la Asociación de Cabildos Indígenas Eperara Siapidara de Nariño – ACIESNA.

En los departamentos de Chocó y Buenaventura las comunidades viven atemorizadas y en constante preocupación porque no hay respeto hacia los territorios indígenas, las autoridades, lxs médicos tradicionales, las guardias ni lxs docentes.

Uno de los líderes del pueblo indígena Wounaan en Buenaventura, denunció que “amenazan y matan a las comunidades para que haya un desplazamiento masivo a la ciudad, para que quede el territorio solo y ellxs puedan operar”. Asimismo, afirmó que los grupos armados los señalan de estar del lado del Ejército y el Ejército de estar apoyando a las llamadas disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC– o a lxs paramilitares. “Al pueblo indígena y afro nos tienen acorralados porque nos señalan los tres actores”, reclama.

Según el censo nacional del Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE– realizado en el año 2018, en los 30 municipios del Chocó viven 68.415 indígenas. El número de mayor población está en el Alto Baudó, Bajo Baudó, Bagadó y el Atrato San Juan. Estas comunidades denuncian que desde el año 2000 se ha agudizado el conflicto armado, lo que ha generado desplazamiento y violación de Derechos Humanos.

Oscar Carupia, líder de la comunidad indígena Chidima del pueblo Embera Katío, narró cómo vivió la violencia en el Chocó: “Cuando me fui dejé mis hijxs llorando, la mamá de mis hijxs estaba recién fallecida, quedaron huérfanxs. De verdad a uno le quitan toda la riqueza y la tranquilidad que uno tiene. Yo aquí vivía con mi vida digna, pero me tocó irme por un asunto real, porque aquí estuvo de ambos lados. Tanto el Ejército como lxs paramilitares y la guerrilla me presionaban, entonces uno no entendía cuál era la razón y así me toco irme. Ojalá que los grupos armados entiendan, ojalá que el Gobierno entienda que asesinando, desplazando, torturando, masacrando no es la solución”.

La explotación minera es otra de las problemáticas que ha azotado al Departamento. En enero de 2009 la empresa minera Muriel Mining Corporation ingresó ilegalmente al Cerro Careperro, un lugar sagrado para las comunidades indígenas de Chocó y Antioquia. Esa empresa violó la Consulta Previa Libre e Informada y entró arbitrariamente al territorio, explotando los recursos naturales.

“La empresa no hace una consulta previa como debe hacer con las comunidades de base. Una consulta previa no se hace en un día, un mes, un año. Puede durar mucho tiempo para que las comunidades, las mujeres, lxs ancianxs, lxs Jaibanás entiendan cuál va a ser la afectación o qué cosas buenas o malas trae para las comunidades”, enfatizó unx de lxs integrantes del Resguardo Indígena Jiguamiandó.

Guardia Indígena como alternativa al conflicto

A raíz de la violencia y de la necesidad de fortalecer los procesos internos, los pueblos indígenas defienden el territorio y luchan cada día por una vida digna, donde predomine la igualdad y la libertad. Entre tantas formas de resistencia, la Guardia Indígena es un ejemplo de organización y lucha que permite la defensa del territorio y la vida.

Beatriz Dagua, exgobernadora del Pueblo Nasa, explicó que “la Guardia Indígena es la que lleva el control territorial, la que está pendiente de quiénes entran al territorio, quiénes están llegando, gente buena, gente mala. La Guardia Indígena son quienes están pendientes, los cuidadores y ellxs son legado. Aquí como comunidad decimos ‘todxs somos guardias’, porque si algo pasa, nos pasa a todxs”.

Luis Alfredo Campo, Gobernador del Pueblo Nasa, recalcó que la Guardia, a diferencia de los actores armados, solo cuenta con sus bastones de mando para defender el territorio. “Sin disparar un solo tiro, hacen el acompañamiento de cuidar tanto el tema natural, los bosques, las aguas, las tierras, las familias, las viviendas. La Guardia Indígena es importantísima en nuestro movimiento, en nuestra esencia de ser indígenas”.

De igual manera, el Gobernador resaltó que el bastón de mando es el emblema de la Guardia, “es algo que de generación en generación, por más de 500 años, estamos reflejando como pueblo Nasa”.

Como cierre de este Segundo Encuentro Territorial de Reconocimiento, los pueblos indígenas del Pacífico enviaron un mensaje de exigencia a los grupos armados y al Gobierno Nacional: “Respeten nuestro territorio, respeten nuestro pueblo, respeten nuestra identidad. Que a cada unx se le respete su dignidad y libertad”.