Nota editorial: En nuestro país han ocurrido una serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, especialmente en el periodo del “despertar social”, también llamado “estallido social”. Explosiones oculares, tortura, muertes, abusos sexuales y otra serie de abusos y duras violaciones que fueron constatadas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos en un dossier de pruebas para llevar a Sebastián Piñera a la Corte Penal Internacional. Para ahondar en el tema en Cable a Tierra, conducido por Bruno Sommer, se entrevistó al abogado querellante Mauricio Daza. Este es un extracto de la entrevista realizada por el socio de la Agencia, El Ciudadano. La entrevista completa está disponible en español aquí.
MD: Efectivamente, uno puede concluir a partir de lo que ha sido el discurso oficial de autoridades de Gobierno que el tema vinculado con la persecución penal en contra de Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad es un asunto que preocupa y que está dentro de la definición, a lo menos del discurso público que se levanta por parte de su administración al momento de enfrentar temas relacionados precisamente con lo que ha sido el ataque a la población civil por parte de los Carabineros de chile y fuerzas militares en el contexto del Estado de Emergencia que se decretó a partir del estallido social del año 2019.
La verdad es que esto tiene un fundamento, en general Piñera es una persona que ha estado involucrado en muchos procesos judiciales, relacionados más bien con ilícitos del ámbito económico, debemos recordar que él en algún momento estuvo procesado por estafa en lo que fue la famosa causa del Banco de Talca, y esto después se sumó a causas vinculadas a empresas en las cuales él tenía algún cargo de administración, imputaciones relacionadas con infracción a la libre competencia cuando estaba él en la administración o directorio de esta compañía, infracciones vinculadas a la vulneración a leyes de mercado de valores como uso de información privilegiada, entre otros.
Sin embargo, estamos ahora frente a una imputación que es muy distinta y que él no podrá desarticular de la manera como habitualmente lo hace el poder económico en un país como Chile, que es a partir del telefonazo, la red de influencias que se pueda tener por parte del propio imputado o de las personas que lo defienden, o del grupo empresarial o de carácter político en el cual él tenga algún liderazgo.
MD: Así es, es por crímenes de lesa humanidad.
MD: La verdad es que la idea surge a partir de la constatación de una realidad que se manifestó como evidente durante varios meses a partir del 18 de octubre del año 2018, donde las fuerzas policiales realizaron una represión que claramente configuraba no solamente delitos aislados en contra de la población civil, sino que concretaba un crimen de lesa humanidad, a nuestro juicio, ya que estamos frente a un ataque generalizado, sistemático cometido precisamente por las fuerzas policiales en contra de una población civil, y esto además en un contexto donde la autoridad política a sabiendas de esta circunstancias no ejecutó ninguna acción eficaz para detener esta represión, y en ese contexto nosotrxs observamos de que estamos frente a una situación que era mucho más grave que los atentados individuales, que había un verdadero patrón de conducta detrás de lo que estaba siendo la acción policial y que obviamente esto generaba una responsabilidad penal no solamente para el policía que estaba detrás del atentado concreto, la persona que disparó o que atacó en el lugar, no, esto involucraba una responsabilidad de mando al interior de Carabineros, pero por sobre todo una responsabilidad criminal para lo que es la autoridad civil.
Esto a partir de los parámetros que se establecieron en el Estatuto de Roma que finalmente lo que hace es establecer un marco de sanciones criminales para estos atentados que van más allá de la afectación de los derechos de las víctimas individuales sino que esto repudia la conciencia de la humanidad, y es eso finalmente lo que se tiene que hacer efectivo a través de una causa criminal.
MD: La verdad es que la constatación a partir de los horrores que han ocurrido en la historia de la humanidad en relación a lo que han sido las actuaciones de represión, no solamente de los Estados sino de grupos que en la práctica ejercen el poder en un determinado lugar, ha generado un conjunto de normas, las cuales se sintetizan de muy buena manera en el Estatuto de Roma, y lo que se pretende a través de estas normativas es impedir que haya impunidad, para esto esta normativa establece ciertos elementos que se hacen cargo de las defensas normales que lxs imputadxs levantan en relación a estos casos.
¿Qué es lo que se dice habitualmente por parte de la autoridad política? Se dice, mire sabe qué, la verdad es que no hay una orden directa, escrita emanada del presidente, o alguno de sus ministrxs, o del mando directo militar o de Carabineros, en este caso, en la cual se instruya que el personal policial ejecute acciones que atenten en contra de los derechos humanos de lxs manifestantes, en este caso. Por lo tanto, nosotrxs no tenemos responsabilidad.
Ésa es como una primera línea argumental que se ha esgrimido habitualmente por dictadorxs o grupos que abusan de los derechos humanos en un determinado territorio, la verdad que para enfrentar esto se ha establecido que existe una responsabilidad directa.
El Estatuto de Roma define una responsabilidad directa respecto de lo que es el mando civil, estableciendo entonces que son autorxs de este tipo de delitos, precisamente lo que es la autoridad civil, lxs jefxs militares, o quienes actúen efectivamente como tales, y esto a partir de que hayan tenido conocimiento de que se estaban cometiendo estos atentados y no hubiesen realizado nada eficaz para poder impedirlo, eso es lo que genera la responsabilidad criminal.
Entonces, fíjate se considera que la situación de un presidente o de unx ministrx o de unx jefx policial, que sabe que están cometiendo estos atentados, pero que no hacen nada eficaz, ojo es algo eficaz, no basta con hacer una declaración pública, un llamamiento general, no, es una actuación eficaz no un saludo a la bandera. Si es que no lo hace, está en la misma posición que la persona que en el terreno dispara, que ataca, que genera la lesión, esto es una norma especial que está contenida en el Estatuto de Roma, y también está contenida en una ley que consagra estos delitos en nuestra legislación interna, la chilena, que es la Ley 20.357.
Entonces como te digo no es necesario que Piñera haya dictado una orden, emitido un decreto, mandado un correo electrónico, basta con que hubiese sabido y no hubiese hecho nada eficaz, no hubiese ejercido todo su poder para impedir que esto ocurriese, y a nuestro juicio es precisamente lo que ha sucedido.
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