Morir por ser regularizadxs

Farida tiene 51 años. Nació en Bélgica. Toda su familia tiene la nacionalidad belga. Farida tiene un trabajo fijo. Limpia oficinas y edificios públicos, cobrando entre seis y ocho euros la hora. Su última solicitud para regularizar su situación administrativa fue rechazada y ahora se le aplica una orden formal de abandonar el territorio, emitida por el Estado.

Kiran huyó de una guerra civil en Nepal y presentó una solicitud de asilo en Bélgica, hace 16 años. Consiguió un trabajo mientras su solicitud de asilo estaba pendiente. En ese entonces le pagaban 10 euros por hora. Cuando su solicitud de asilo fue rechazada, su salario bajó a 2,5€ la hora. Su hija, nacida en Bélgica, tiene ahora 5 años y habla flamenco fluido, que aprendió en la escuela. La familia presentó cinco solicitudes de regularización, todas ellas rechazadas.

Mohamed lleva 17 años viviendo en Bélgica. Atesora una vieja foto de la inauguración del nuevo metro de Bruselas. "Trabajé en obras públicas. [...] Excavamos los túneles del metro que unían las cuatro líneas. Fue duro. Lo que recuerdo más vívidamente es que siempre nos faltaba oxígeno". Mohamed trabajaba para un subcontratista turbio "sin ningún tipo de seguro ni protección". Añade que "si teníamos suerte, nos pagaban tres euros la hora".

Farida, Kiran y Mohamed forman parte de un colectivo político compuesto por 475 migrantes indocumentadxs. Desde hace 50 días, ocupan y realizan una huelga de hambre en tres lugares de Bruselas (dos universidades y una iglesia). Después de haber emprendido inicialmente formas de acción política más tradicionales (grupos de presión, manifestaciones, ocupaciones, etc.) y presionadxs por las consecuencias de la pandemia del covid, decidieron recurrir a un último recurso político: hicieron visible en sus propias carnes la violencia a la que se ven sometidxs a diario. Reducidxs por su explotación económica a la condición de sólo cuerpos, convirtieron sus organismos en el lugar de la lucha por su reconocimiento legal. Según lxs médicxs que les atienden, su huelga de hambre entró en fase "crítica" hace dos semanas. Sus cuerpos, tras haber quemado todo su azúcar y grasa, empiezan a consumir sus propios órganos, incluido el corazón. La muerte se convierte entonces en una amenaza real e inminente. 

Las demandas de lxs inmigrantes indocumentados son sencillas. En primer lugar, quieren que se regularice a lxs huelguistas de hambre. En segundo lugar, quieren que se incluya en la agenda política del gobierno la definición de criterios claros y permanentes de regularización, que serían aplicados por una comisión independiente.

El actual secretario de Estado de Asilo y Migración, el democristiano Sammy Mahdi, se niega a abrir cualquier negociación sobre esta base. Recurre a un argumento pesado para justificar su rígida postura: lxs inmigrantes indocumentadxs han recibido una orden de abandonar el territorio, emitida por el Estado, que no han cumplido. Por lo  tanto, son responsables individualmente de su situación administrativa.

¿Es este formalismo jurídico suficiente para justificar la denegación de un estatuto jurídico a lxs inmigrantes indocumentados? Esconde convenientemente bajo la alfombra el hecho de que Bélgica (y la Unión Europea en general) a menudo provoca la situación irregular de lxs migrantes. En Bélgica hay 150.000 personas que viven y trabajan indocumentadas. Según un estudio elaborado por el Pew Center, entre 3,9 y 4,8 millones de personas son inmigrantes indocumentados en la UE. Esta cifra masiva es el resultado de un cambio deliberado en el diseño de las políticas migratorias. En los últimos 20 años, los Estados europeos han reducido colectiva y drásticamente las vías legales de migración a Europa. Promovieron prácticas restrictivas y arbitrarias en su administración pública, endureciendo, por ejemplo, las condiciones para renovar los permisos de residencia temporales, lo que llevó a muchxs inmigrantes a la irregularidad. Delegaron la delicada tarea de controlar las fronteras exteriores europeas a Estados vecinos (como Turquía y Libia), cuyo historial en cuanto al bienestar de lxs inmigrantes es, como mínimo, deficiente. También permitieron que sus mercados laborales se segmentaran entre trabajadorxs con y sin papeles, lo que alimenta aún más el dumping social en sectores económicos que no pueden ser tercerizados (construcción, alimentación y hostelería, cuidados, etc.) a la vez que facilita la explotación de una mano de obra insegura. 

Este formalismo jurídico pasa también por alto la peculiar historia de las políticas migratorias de Bélgica. Durante las últimas décadas, cada diez años aproximadamente, Bélgica se da cuenta de que hay muchxs inmigrantes indocumentadxs viviendo en su territorio y que esta situación es insostenible a largo plazo. Bélgica procede entonces a realizar campañas de regularización a gran escala, pero temporales (en 1999-2000 y luego en 2009-2010), jurando cada vez que ésta sería la última. En cambio, Francia y España hace tiempo que llegaron a la conclusión de que esta gestión errática de la migración conducía a un callejón sin salida político. Optaron por establecer criterios claros y permanentes (como la duración de la estancia, un trabajo estable, vínculos sociales probados, etc.) en virtud de los cuales se puede regularizar a inmigrantes indocumentados de forma continua e individual.

El gobierno belga , como muchos otros gobiernos de toda Europa, comete un grave error político. Está petrificado por el auge de los partidos nacionalistas de derechas. Intenta distanciarse de esta opción política (sin dejar de apelar a su electorado) aplicando políticas migratorias "firmes pero humanas". Pero, desde el punto de vista pragmático, esto significa que el gobierno belga está aplicando actualmente una versión diluida de la plataforma de migración promovida por los partidos nacionalistas, a la vez que afirma tener los derechos humanos y las normas del derecho internacional en alta estima. Este enfoque supone un doble fracaso. Porque da a entender que los partidos xenófobos tienen las respuestas políticas adecuadas a la migración, mientras manchan los valores universales a los que se refiere. Para luchar contra la extrema derecha, no hay que cooptar su programa político. Para luchar contra la extrema derecha, se impugnan sus ideas, ya sea a través de su retórica o de sus acciones.

Por todas estas razones, instamos al gobierno belga a reanudar cuanto antes el diálogo con lxs huelguistas de hambre en la perspectiva de su regularización y a lanzar una reforma política que establezca criterios claros y permanentes de regularización para el futuro. 

Esta carta está firmada por: Ken Loach [miembro de la Junta Asesora de  Movimiento Democracia en Europa 2025 (DiEM25)]; los hermanos Dardenne; Noam Chomsky [miembro del Consejo de PI y de la Junta Asesora de DiEM25]; Roger Waters; Christiane Taubira; Agnès Jaoui; Agnès B; Brian Eno [miembro de la Junta Asesora de DiEM25]; Costa Gavras; Michele Ray Gavras; Saule; Susan George; Dominique Gros; Radu Mihaileanu; Cédric Herrou; Dominique Blanc; Judith Butler; Irène Jacob; Marianne Denicourt ; André Wilms ; Yanis Varoufakis [cofundador de DiEM25 y líder de MeRA25 y miembro del Consejo de PI] ; Jean Ziegler ; Ai Wei Wei ; Peter Gabriel ; Bouli Lanners ; Virginie Ledoyen ; Natacha Regnier ; Liam Cunningham ; Jeanne Balibar ; Marius Gilbert ; Emmanuel André ; Robert Guediguian ; Françoise Tulkens ; Annemie Schaus ; Aki Kaurismaki ; Mike Leigh ; Etienne Balibar ; Philippe Geluck ; Achille Mbembe.