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En 2003, el gigante agroquímico Syngenta publicó un polémico anuncio en los periódicos argentinos. Mostraba un mapa de América del Sur con una gran parte del Cono Sur –Bolivia, Paraguay, Argentina y Brasil– resaltada en verde y etiquetada como la "República Unida de la Soya". El anuncio fue criticado como una expresión de avaricia neocolonial con respecto a una de las exportaciones más rentables de la región. Los ecos de las "repúblicas bananeras" del siglo XX, economías exportadoras mal desarrolladas gobernadas por marionetas brutales de las corporaciones estadounidenses, eran evidentes.

Las implicaciones del anuncio eran obvias: para las multinacionales del agronegocio, los pueblos de América Latina no importan, así como tampoco las prácticas laborales justas ni la inviolabilidad de los gobiernos elegidos democráticamente. Estas empresas solo ven ganancias y están más que dispuestas a reorganizar la región a su antojo para enriquecerse. Empresas de agronegocios como Syngenta, Monsanto y Bayer se han infiltrado en los gobiernos de toda la región, que luego han facilitado el despojo de la población campesina rural –expulsándola de sus hogares, deforestando sus tierras, asesinándola si se vuelve demasiado rebelde– para que la tierra pueda ser comprada por sus amigxs corporativxs.

En palabras de Joel E. Correia, "la soya es un nodo central en las redes de relaciones sociales, político-económicas, científicas y ecológicas que, literalmente, arraigan, remodelan y reterritorializan muchos estados de América del Sur". Algunxs académicxs se refieren a este violento proceso neocolonial como la “sojización” del Cono Sur. 

La producción de soya es fundamental para el funcionamiento político y económico del Estado paraguayo. De hecho, la sojización ha desempeñado recientemente un papel decisivo en la política nacional del país. Como se ha señalado anteriormente, una parte integral de la sojización es el desalojo de lxs agricultorxs rurales para que sus tierras puedan ser compradas por las corporaciones agroindustriales multinacionales. En 2012, un desalojo de este tipo provocó una masacre, un escándalo nacional y un golpe legal contra el presidente de izquierda Fernando Lugo.

El 15 de junio de 2012, 300 policías descendieron a la ciudad de Curuguaty para desalojar a 70 campesinxs sin tierra de su propiedad. Estas tierras habían pertenecido al Estado antes de que el dictador militar Alfredo Stroessner, que gobernó durante un periodo de 35 años conocido como el stronato (1954-1989), transfiriera la propiedad a unx amigx. El enfrentamiento, cuyos detalles exactos siguen siendo confusos, provocó la muerte de 11 campesinxs y seis policías. Las fuerzas de derecha en el Congreso utilizaron los asesinatos como pretexto para destituir al presidente Lugo, quien, como antiguo obispo, estudiante de teología de la liberación y primer jefe de Estado progresista en la historia del país, era considerado peligrosamente comprensivo respecto a la situación de la población campesina.

La caída de Lugo, quien era una piedra en el zapato de la agroindustria, fue seguida inmediatamente por una lucha para apaciguar a estas poderosas fuerzas. El siguiente presidente, Federico Franco, del centrista Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), aplicó rápidamente reformas neoliberales que permitieron a las multinacionales producir 19 cultivos genéticamente modificados en Paraguay, mientras que antes de la masacre de Curuguaty sólo se había aprobado uno (una soya de Monsanto).

La destitución de Lugo fue el segundo contraataque exitoso contra los gobiernos antineoliberales de la "Marea Rosa" que habían llegado al poder en toda América Latina en la década de los 2000. El primero fue el golpe militar de 2009 que depuso al presidente hondureño Manuel Zelaya, pero, significativamente, el modelo de "golpe legal" de Paraguay se reproduciría en Brasil para destituir a la presidenta Dilma Rousseff en 2016 y allanar el camino para la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia dos años después. Desde una perspectiva regional, no sería exagerado decir que el colapso temporal de la gobernanza de izquierda en toda América Latina fue en parte presagiado por la economía política de la soya paraguaya.

La producción de soya no siempre ha sido central en la vida política y económica de Paraguay. Más bien, la sojización se ha ido afianzando gradualmente en el país desde la época de Stroessner. En general, lxs académicxs coinciden en que ha habido dos olas principales de sojización en Paraguay. La primera fue impulsada por los Estatutos Agrarios pre-neoliberales del stronato y la segunda por la introducción de variantes de soya genéticamente modificadas en el país. Correia, sin embargo, introduce una tercera etapa. Postula que "el violento rechazo a la política posneoliberal propugnada por el ex presidente Fernando Lugo marcó el inicio de una tercera ola de sojización definida por la violencia estatal y las nuevas neoliberalizaciones de la naturaleza", es decir, nuevos métodos para privatizar, explotar y lucrar con los procesos de crecimiento y cultivo de la soya en Paraguay.

El populismo agrario de Lugo y su posición de outsider político calaron hondo en una población campesina amenazada. Sin embargo, el inexorable Estado stronista impidió todos sus intentos de reforma. Su lucha por imponer un impuesto del cinco por ciento a las exportaciones de soya fue reprimida y cuando firmó una orden ejecutiva para limitar el uso de pesticidas, las poderosas corporaciones agrícolas organizaron protestas hasta que dio marcha atrás.

La rápida politización de la masacre de Curuguaty por parte de la derecha, junto con numerosas discrepancias en la investigación oficial y el asesinato de unx testigo campesinx clave poco antes de testificar, han llevado a muchxs progresistas a creer que el incidente puede haber sido fabricado para destituir al posible reformista de la presidencia. Sea o no cierto, no se puede discutir que el poder judicial culpó a la población campesina del incidente y la ha perseguido a expensas de una investigación abierta sobre los actos de la policía. Tampoco se puede negar que el golpe fue fundamental para que el Partido Colorado volviera al poder de la mano del presidente Horacio Cartes, que continuó con el programa de neoliberalización agrícola acelerada de su predecesor Franco.

La violencia en Curuguaty y el golpe casi instantáneo contra Lugo llevaron a Paraguay a la "tercera ola" de la sojización. Se trata de un período definido por un aumento de la violencia estatal visible contra lxs agricultorxs sin tierra en combinación con una subyugación aún más severa de la agricultura tradicional a las nocivas ventajas de los OGM.

Desde la aprobación del Decreto 9699/2012 de Franco, la cantidad de soya genéticamente modificada que se cultiva en Paraguay ha aumentado hasta el 95 por ciento de toda la producción de soya. En los años transcurridos desde el regreso del Partido Colorado, el ex presidente Cartes y el actual Mario Abdo Benítez han rechazado los llamados a aumentar los impuestos a las exportaciones de soya, y aunque Lugo sigue siendo una figura política nacional, el debate parece muerto. La base económica del stronato se mantiene tan firme como siempre. De hecho, el propio presidente Benítez es un gran admirador de los logros de Stroessner. 

Las recientes movilizaciones contra el régimen Colorado indican que la opinión pública paraguaya está muy descontenta con el statu quo. Esto puede llevar a la elección de otra figura similar a la de Lugo en el futuro, o tal vez al propio Lugo, pero una cosa está clara: a menos que surja un movimiento antineoliberal a nivel nacional como ocurrió en Chile, la sojización de la economía paraguaya, que ha sido tan devastadora para la ecología y las poblaciones rurales del país, nunca será reformada y mucho menos desmantelada.

Owen Schalk es un escritor independiente cuyas áreas de interés incluyen el poscolonialismo y el impacto humano de la economía neoliberal global.

Foto: WATERLAT GOBACIT / Flickr