El mes pasado tuvo lugar en la OMC una reunión crucial, y largamente retrasada, sobre las normas que rigen las fórmulas de las vacunas. Tras dos años de negociaciones fallidas, la OMC necesitaba llegar a un acuerdo. Antes de estas reuniones surgió una nueva y perjudicial propuesta impulsada por la UE y la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala. La propuesta original de India y Sudáfrica para una exención de los derechos de propiedad intelectual relacionados con las vacunas y los tratamientos contra el coronavirus, democratizaría rápidamente la producción de vacunas y medicamentos contra el Covid-19, esta nueva propuesta no lo haría. 

Sin embargo, este es el texto que fue aprobado en la OMC. Es difícil ver esto como algo distinto a un montaje. ​​Los procesos de la OMC, notablemente excluyentes, se han desplegado para forzar la aprobación de un texto que no mejorará el acceso mundial a los medicamentos contra el Covid-19. De hecho, añade más barreras a los países que pretenden producir o importar suministros genéricos. En un intento desesperado por conseguir un resultado –y salvar la cara de la OMC– se han sacrificado tanto la democracia como un resultado significativo.

Cuando Sudáfrica e India encabezaron la iniciativa en 2020, más de 100 países –incluido el mío– se unieron a ellos para exigir el derecho a las tecnologías que podrían proteger a nuestros pueblos. Nuestros esfuerzos se encontraron con una fuerte resistencia, especialmente por parte de la UE y de EE.UU.

El coronavirus no será controlado por un poderoso grupo de científicxs. Su fin será lento y gradual, y requerirá una coordinación sostenida entre las naciones para ejecutar las intervenciones de salud pública más adecuadas para cada contexto y momento.

Cuando la variante Omicron tomó al mundo por sorpresa a principios de este año, John Nkengasong, director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de África, escribió que "el mundo debe aprender por fin de los errores del pasado". Esto resonó en mí. El Covid-19 no es mi primera pandemia. Cuando el virus de la influenza H1N1 cerró la ciudad de México y arrasó el mundo en 2009, desempeñé un papel fundamental en el equipo de la Secretaría de Salud mexicana que trabajó sin descanso para frenar la propagación del virus. Estábamos preparados para muchas cosas, como el incremento de infecciones, la escasez de suministros y las dificultades de comunicación, pero no para el oportunismo político.

El acuerdo alcanzado en la OMC protege todo lo que está mal en el actual orden internacional de la salud. Permite que las grandes empresas farmacéuticas no compartan tecnología que salva vidas, mantiene a numerosos países del Sur Global mendigando y pretende que las fronteras impidan las mutaciones. No es más que una maniobra de relaciones públicas, destinada a acabar con la posibilidad de una verdadera exención de la propiedad intelectual. Presta poca atención al objetivo de los CDC de África de ampliar la disponibilidad de las pruebas caseras rápidas de antígenos, para que al menos 200 millones de personas tengan acceso a estas pruebas para finales de este año. Las bajas tasas de vacunación de África hacen que la trayectoria de la pandemia en el continente siga siendo impredecible e incierta, advirtió John Nkengasong, argumentando que "el acceso equitativo a los fármacos que tratan el Covid-19 es clave para que las personas que den positivo puedan tomar rápidamente los fármacos desde el principio, cuando son más eficaces". Ni las pruebas ni los tratamientos están cubiertos por el acuerdo.

Es probable que el Paxlovid, la última píldora contra el Covid-19 a la que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) ha concedido una autorización de uso de emergencia, ya sea inaccesible. El pasado marzo Pfizer respondió a la solicitud de obtener una licencia obligatoria para producir Paxlovid en la República Dominicana con una firme oposición, detallada en esta presentación de 45 páginas. No es de extrañar, ya que la llamada de ganancias de Pfizer de febrero revela que la empresa espera obtener ingresos cercanos a los 22.000 millones de dólares con las ventas de Paxlovid.

Economistas, diputados y expertos en salud pública de todo el mundo han criticado el acuerdo, calificándolo de "farsa". En diciembre del año pasado, 2,5 millones de enfermeros de 28 países, convocados por la Internacional Progresista y Global Nurses United, presentaron una denuncia contra estos gobiernos por "grave violación de los derechos humanos". Tienen razón. Como funcionario público, valoro el espacio de debate y deliberación, y la voluntad de negociar ante decisiones difíciles, pero en lo que respecta al acuerdo en la OMC: no se nos ofreció una opción, sino una capitulación.

Al entrar en el tercer año de la pandemia de Covid-19, debemos hacer todo lo posible para garantizar un acceso equitativo a las vacunas, pruebas y tratamientos contra el Covid de segunda generación, y evitar el apartheid de las vacunas que ha caracterizado la respuesta ante el Covid-19 hasta este momento.

Esto significará encontrar formas para que los países de bajos y medianos ingresos unan esfuerzos y se organicen para garantizar que no estemos a merced de los países ricos y las corporaciones que promueven. 

Hugo López-Gatell es Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Gobierno de México y parte de la Unión para el Internacionalismo de las Vacunas de la Internacional Progresista. 

Una versión de este articulo en inglés fue publicado por Al Jazeera English.