CIUDAD DE SAN PABLO, Laguna. A pesar de los repetidos intentos de los servicios de seguridad por desalojar y levantar una barrera, lxs agricultorxs del barangay Tartaria, Silang, provincia de Cavite, reafirmaron su derecho sobre la tierra.
Las tensiones en la comunidad campesina de Lupang Tartaria estallaron el 16 de abril cuando las fuerzas de seguridad de la agencia de seguridad Jarton, Inc. amenazaron con levantar una barrera en el vecindario. Como respuesta a esta acción, la comunidad levantó su propia barrera e instaló un campamento de protesta.
La organización local Samahan ng Magsasaka en Mamamayan ng Tartaria (SAMATA) lideró la defensa con el apoyo de la Federación por los Derechos de los Campesinos Katipunan ng Samahang Magbubukid sa Timog Katagalugan (KASAMA-TK).
Según KASAMA-TK, el clan Aguinaldo, liderado por Emilio “Orange” Aguinaldo IV contrató al cuerpo de seguridad de Jarton, en connivencia con el conglomerado inmobiliario Ayala Land, Inc “La evidente apropiación de tierras del grupo Ayala-Aguinaldo no es nueva en las seis décadas de lucha de Tartaria”, declaró la organización en su comunicado.
SAMATA declaró que el servicio de seguridad Jarton “no tenía derecho a levantar una barrera” en Tartaria, ya que la agencia no tenía permiso del Departamento de Ingeniería Municipal de Silang. “Esperábamos tener un diálogo con el gobierno local de Silang”, declaró Jerry Luna, presidente de SAMATA, “pero estos matones decidieron atacarnos en mitad de la noche”.
El 20 de abril, al menos 60 agentes de seguridad de Jarton atacaron el campamento de protesta cerca de las 2:00 a.m., sacaron a la gente a la fuerza y les robaron sus pertenencias. Se apoderaron de más de cien artículos, entre ellos iPads, cámaras, objetivos de cámaras y mochilas. El personal del servicio de seguridad también se llevó el equipo de una persona que cubría el campamento de protesta con fines periodísticos.
Los informes de SAMATA afirman que el personal de seguridad procedió a incendiar el campamento de protesta. Nueve personas resultaron heridas y cinco de ellas debieron ser trasladadas de urgencia al hospital para recibir asistencia médica.
Una segunda ola de violencia estalló a la 1:30 p.m. cuando personal de Jarton intentó retomar la construcción de la barrera de seguridad e hirieron a cinco personas más. Además, dichos agentes, junto con los equipos de construcción contratados, lesionaron a dos residentes tras golpearles con chapas de acero galvanizado corrugado.
Tanto el gobierno local como la policía de Silang respondieron a la violencia sosteniendo el diálogo y expresando apoyo a lxs agricultorxs. Sin embargo, desde SAMATA declararon no haber recibido ningún apoyo.
Desde el Departamento de Supervisión para la Seguridad y las Agencias de Investigación (SOSIA, por sus siglas en inglés) de la Policía Nacional de Filipinas, responsable de las empresas de seguridad privada, afirmaron que abrirán una investigación sobre el asunto, mientras que desaprobó que el equipo de seguridad de Jarton “siguiera el procedimiento operativo estándar”. Sin embargo, SAMATA afirma que SOSIA no ha podido resolver el problema de las pertenencias robadas.
De la misma manera, SAMATA declaró que el intendente de Silang, Kevin Anarna, fue “inútil para brindarnos ayuda alguna”. La Defensoría del Pueblo suspendió recientemente a Anarna por irregularidades en el presupuesto.
Otros grupos han salido a brindar su apoyo a la comunidad agricultora de Tartaria. El grupo de artistas Sama-samang Artista para sa Kilusang Agraryo indicó que quienes trabajan la tierra en Tartaria tienen el derecho “histórico, moral y legal” sobre el terreno donde sus familias han vivido durante “al menos cuatro generaciones”. La lista del partido Kabataan (KPL, por sus siglas en inglés) condenó la presencia del servicio de seguridad armado en el área y afirmó que “pone en peligro la seguridad y la paz de la comunidad”. La KPL mencionó que la seguridad se encontraba “a menos de 10 metros de residentes y simpatizantes”.
La Comisión de los Derechos Humanos también intervino y le ordenó al servicio de seguridad Jarton que asista a una audiencia del comité dirigida por el gobierno de Silang, el 25 de abril. Por ahora, no se ha tomado ninguna decisión respecto a la presencia de Jarton en el área.
Las tensiones en Tartaria están actualmente paralizadas. Quienes habitan Tartaria han establecido un sistema de turnos para encargarse de las barreras y monitorear cualquier actividad de Jarton. Mientras tanto, hay informes de un aumento de la presencia policial en el área, incluso con drones volando durante el día.
Lupang Tartaria es parte de una porción de 200 hectáreas de tierra reclamada por el clan Aguinaldo en Silang y las municipalidades de Tagaytay, conocida informalmente como Lupang Aguinaldo. Las familias Aguinaldo mantienen el reclamo sobre las tierras desde 1940. Sin embargo, quienes residen en Tartaria han afirmado que su asentamiento es anterior al reclamo del clan Aguinaldo: según su relato, sus familias llegaron a Tartaria luego de la erupción del volcán Taal en 1911.
SAMATA se estableció como una organización local en 1978 para combatir los intentos de apropiación de tierras. Bajo el Programa Integral de Reforma Agraria (CARP, por sus siglas en inglés) se ordenó que Lupang Tartaria se distribuya a 137 beneficiarixs agricultorxs y sus familias. Sin embargo, los intentos del clan Aguinaldo para revertir la decisión resultaron en que el Departamento de la Reforma Agraria declarara a Lupang Tartaria exenta del programa CARP durante la administración de Fidel V. Ramos.
En los últimos años, Emilio “Orange” Aguinaldo IV, bisnieto del presidente filipino Emilio Aguinaldo, ha reafirmado su reclamo sobre la tierra al emplear equipos de demolición junto con servicios de seguridad armados. En 2021, Aguinaldo IV contrató al menos a 100 personas en un intento por demoler los comercios locales y expulsar a las familias que viven en Tartaria.
Foto: Bulatlat
