La señora Boluarte dio al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la orden absurda de no divulgar las cifras de pobreza porque “no hay que darle malas noticias” a la población (como si la vida cotidiana no lxs tuviera informadxs). Bastó que se conociera aquella orden para que la presión nacional –y también internacional– torcieran el brazo a la dictadora que, además de ser capaz de matar para sostenerse, también abochorna a lxs peruanxs.

Tenía razón, sin embargo, en mostrarse aprensiva por la divulgación de estas cifras. Solo en 2023, la pobreza se ha incrementado en Perú en 1,5 %, al punto que el 29 % de la población peruana se encuentra en situación de pobreza, y el 5,7 % en pobreza extrema, es decir que no tienen ni para comer. Mientras los países del entorno van recuperando los niveles prepandemia, el Perú se encuentra hoy igual que en tiempos del Covid. Para decirlo en cifras redondas, son pobres 9.780.000 personas, casi 600.000 más que en 2022 y 3.300.000 más que antes de la pandemia. 

Además, otro 31,4 % del total de la población es considerado vulnerable, es decir que está al borde de caer en la pobreza. La pobreza ha crecido por segundo año consecutivo, pues ya había crecido un 1,6 % en 2022, algo que no ocurría desde hace mucho tiempo. Es decir que, a partir del periodo 2022-2023 hay más de un millón de pobres adicionales en el país.

Lxs economistas dan sus explicaciones para estos resultados. Algunas válidas, como la gran inestabilidad política en un Gobierno sin rumbo. Las intrigas de la ultraderecha en el Congreso, destinadas a atender preocupaciones personales, de grupo o de lobbies, y la debilidad de su títere en el Ejecutivo, van marcando el paso. Y, así, lxs ministrxs se cambian como si fueran ropa interior, por lo que resulta imposible atender la marcha compleja del aparato del Estado. Además, hay cierta retracción mundial en los precios de los minerales, lo que afecta a una economía centrada en el extractivismo. La inflación planetaria, asimismo, como consecuencia de las guerras, que ha afectado a todo el mundo, ha aportado lo suyo. Y no dejemos de lado que, según la Contraloría General de la República, el país habría perdido más de 24.000 millones de soles (6.000 millones de euros aproximadamente) por corrupción y mala conducta funcional, lo que en términos concretos significa dinero que no ha llegado a la población. 

Dos lados de una medalla

Sin embargo, hay otras cifras, de un lado y del otro de la medalla, que permiten entender mejor el problema. De los 8.000 establecimientos de salud pública de primer nivel de atención en el Perú, el 97,6 % carece de personal médico, a veces apenas una persona de enfermería de nivel técnico; las farmacias suelen estar desabastecidas, y los equipamientos médicos son mínimos, si los hay, o se reducen a algún estetoscopio. Asimismo, existen 55.358 locales educativos, el 22 % en zonas urbanas y el 78 % en zonas rurales, pero el 82 % se encuentran deteriorados. Otro dato más, como ejemplo: un millón de niñxs menores de cinco años en el Perú tienen anemia y más de 400.000 sufren de desnutrición crónica. La situación de empobrecimiento general agravará el problema.

Por otro lado, el producto interior bruto del Perú creció un 2,7 % en 2022 con respecto a 2021, con un ligero decrecimiento de 0,55 % en 2023. Las reservas internacionales rondan los 75.000 millones de dólares, lo que genera solidez financiera. La gran banca peruana terminó 2023 con grandes ganancias debido a elevadas tasas de interés, y mínimos intereses a favor de lxs ahorradorxs. Hay cuatro grandes bancos que controlan el mercado financiero (BBVA, BCP; Scotiabank e Interbank) que acumularon 9.821 millones de soles en 2023 (2.460 millones de euros). En otro rubro, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ingresaron al Perú 64.000 millones de dólares en concepto de exportaciones en 2023, lo que significó ganancias importantes para ese sector que, vale decirlo, disfruta de muchas ventajas tributarias.

Dos mundos conviven en el mismo territorio, se ignoran, pero están obligados a relacionarse. Así, en medio de la crisis de la población, el Congreso está a punto de aprobar nuevas exoneraciones tributarias para los agroexportadores. Y ante las cifras de pobreza, lxs voceros del empresariado y lxs políticxs ultraconservadorxs que se han apoderado del Estado, repiten todos lo mismo: “Hay que dar más libertad a la empresa privada, tiene demasiadas trabas todavía”. La misma receta inaugurada por el fujimorismo y que está reventándoles en la cara. Mientras, la población no solo muestra rechazo por el Gobierno y el Congreso –un 90 %–, sino también por el 5 % que dirige la economía y al Estado.

En otras ocasiones hemos descrito estas dos realidades para explicar las grandes movilizaciones, con final trágico para decenas de peruanxs, que tuvieron lugar entre 2022 y 2023. 

Todo vale con tal de permanecer

El Rolexgate de Dina Boluarte se va desvaneciendo en la nada. Una acuciosa Fiscalía prosigue sus investigaciones, pero mientras Boluarte sea presidenta no la pueden acusar de nada: es constitucionalmente inmune. Y esa inmunidad solo la puede levantar el Congreso de la República, previo juicio político con derecho a la defensa. Boluarte también es investigada por las masacres de al menos cincuenta campesinxs durante las manifestaciones de 2022 y 2023, pero ese juicio también deberá posponerse hasta que termine su gobierno, y siempre que así lo decida el Congreso. En ese caso, solo la Corte Suprema podrá juzgarla.

Todas las precauciones que no valieron para Pedro Castillo, sí valen para la señora que, ahora ya se sabe, se llenaba de joyería fina regalada por el gobernador de la región Ayacucho a cambio de algunos millones para incrementar el presupuesto de obras públicas de esa región. Favor excepcional, y para una autoridad que no suele culminar las obras que inicia. 

Ese juego con el dinero público, esta vez a cambio de votos, también se dio con el ultraderechista alcalde de Lima, el numerario del Opus Dei, autoflagelante confeso, Rafael López Aliaga. Con una desaprobación creciente –ya ronda el 70 %– el alcalde se dedica a ofrecer obras de cemento y gran dimensión. López Aliaga aprobó, mediante acuerdo del Consejo Municipal, una autorización de endeudamiento de alrededor de mil millones de euros para obras públicas cuestionables, según la Contraloría General de la República.

Esa deuda, que empeñaría varios ingresos vitales de la ciudad durante al menos veinte años, llamó la atención del Consejo Fiscal, un organismo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas. López Aliaga, malhumorado, atacó al presidente del Consejo Fiscal, el economista Carlos Oliva, y acudió a hablar con Boluarte. Esto ocurría al mismo tiempo que el Congreso discutía las acusaciones de la minoritaria oposición contra Boluarte por el asunto de los relojes, y que el nuevo Consejo de Ministros se preparaba para recibir la necesaria ratificación congresal.

El asunto se saldó con la destitución de Carlos Oliva y el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas al endeudamiento de la capital. Enseguida, lxs congresistas de Renovación Popular –partido integrante de la internacional que promueve Vox al que pertenece el alcalde López– se convirtieron en firmes blanqueadorxs de Boluarte. Sus votos resultaron decisivos para archivar, al menos de momento, cualquier acusación contra la presidenta.

Boluarte –agradecida– amplió el presupuesto del Congreso de la República, que se emplea en aumentar los sueldos de lxs legisladorxs y hacer cada vez más cómoda su vida.

¿Se viene el fin de Boluarte?

Pero a Boluarte se le agota el tiempo. El Congreso, que solo la necesita hasta asegurarse el control del poder electoral –porque los grupos de la mayoría congresal ultraderechista, en elecciones limpias desaparecerían del mapa, y lo saben– está a punto de lograr su objetivo. Ya controla casi dos patas del sistema electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), y solo les falta la cabeza del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mientras se apresuran a dictar leyes a ritmo de metralleta para adecuar las cosas a su conveniencia. 

Entretanto, Boluarte ha disuelto –aunque no a tiempo– un equipo especial de la DIVIAC, la División de Investigaciones de Alta Complejidad, que estaba llevando a cabo un estupendo trabajo, que ha culminado con la detención del hermano y el abogado de Boluarte, acusados de tráfico de influencias y organización criminal. Las pruebas acumuladas pueden comprometer a la propia presidenta.

Y así, mientras en la capital y en la gran prensa se priorizaba lo de las intrigas por el poder, tema trascendente sin dudas por sus consecuencias, el Perú real, el mayoritario, el empobrecido, se encamina abandonado y sin gran prensa a manos de bandas criminales que, gracias a una corrupción sistémica en todos los niveles del Estado, y a leyes que las favorecen, actúan impunemente.

El Perú que no aparece en las noticias

El Perú ocupa el puesto 36 de 193 naciones en la escala de criminalidad, según el Índice Global del Crimen Organizado 2023. El robo, la extorsión, el tráfico de personas para prostitución, el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal de madera en la Amazonía, sobre todo, aunque también en lo que queda de los bosques secos costeños, continúan expandiéndose.

Agreguemos que cada 16 horas, según informes periodísticos, se detiene a un policía por solicitar coima. Y que muchos gobiernos regionales tienen políticas sospechosamente condescendientes con las bandas delincuenciales. Demos algunos ejemplos.

En la región La Libertad, cuyo gobernador César Acuña es la cabeza de uno de los partidos que sostiene a la dictadura, se registraron 81 asesinatos en los tres primeros meses de 2024. El gasto del Gobierno regional en seguridad no puede ser más clásico e inoperativo: más vehículos motorizados, más comisarías, cero soles en prevención primaria, cero soles en inteligencia, cero soles –finalmente– en el mantenimiento de los aparejos adquiridos, ningún plan integral de lucha contra el crimen. La gravedad de los que ocurre en La Libertad, como en otros lugares del país, se ha acrecentado con la presencia de bandas extranjeras, venezolanas al inicio –particularmente una transnacional del crimen, llamada Tren de Aragua– pero a la que se han sumado bandas ecuatorianas, como Los Lobos y Los Choneros, que disputan a las bandas locales los negocios de la extorsión, la prostitución y el comercio de drogas al detalle. El gran comercio de exportación de cocaína difícilmente se lo podrán arrebatar a los mexicanos del Cártel de Sinaloa, aliados a bandas peruanas.

La internacional del crimen

El Perú tiene la segunda extensión de bosques de la cuenca amazónica, luego de Brasil. Y hay regiones, como Madre de Dios, en la Amazonía que limita con Brasil y Bolivia, que desde hace años se ha convertido en feudo de actividades ilegales. En una zona boscosa inaccesible, con escasísima población, el Gobierno central, hace alrededor de 25 años, decidió pavimentar una gran carretera de penetración y otras complementarias, lo que provocó el acceso de miles de colonos, campesinxs serranxs empobrecidxs, que ocuparon grandes extensiones para dedicarlos a una agricultura inapropiada para ese ecosistema, el cultivo de coca, a la minería aluvial, y la tala de madera. Durante años, los gobiernos ignoraron y hasta promovieron esta invasión bajo el dogma del aliento al emprendedurismo y la pequeña empresa, permitiendo la destrucción de miles de hectáreas, y el incremento del trabajo forzoso, de la delincuencia y la trata de personas, que viene aparejada a estas actividades. A pesar de contar con una escasa población, apenas 137.000 personas, Madre de Dios libera más de 400 toneladas de mercurio al ambiente, y es la región que reporta más casos de trata de personas a nivel nacional. El incremento de población, desde inicios de los años noventa del siglo pasado hasta 2023, ha sido de 151 %. Esa población migrante, dedicada sobre todo a las actividades mencionadas, hoy elige a la mayoría de las autoridades de la región.

En Ucayali, otra región amazónica colindante con Brasil, el Comando Vermelho (CV), una de las pandillas criminales más poderosas de Brasil, se ha apoderado del control de buena parte del territorio. Dedicada a la extorsión, al tráfico de drogas, al sicariato, y a los secuestros, en Ucayali el CV controla ya todas las rutas de exportación de cocaína hacia Brasil y Bolivia, y de madera extraída ilegalmente. Originalmente operaban en la frontera con Colombia, pero las disputas con otras poderosas bandas brasileñas los llevaron más al sur, a Ucayali. Los mecanismos para el traslado de la droga son varios, uno de los cuales consiste en emplear a mochilerxs, jóvenes indígenas que caminan largas trochas por terrenos inaccesibles a otros, hasta llegar a su destino del otro lado de la frontera.

Tómese nota de que las bandas criminales, como en este caso, se convierten en proveedores de empleo, aquel que ni el Estado ni la empresa privada ofrecen. Otras modalidades de traslado de la droga son por avioneta y por la vía fluvial de los grandes ríos Ucayali y Amazonas. El control que esta banda ejerce sobre la zona de la cuenca del río Abujao, tan lejana que nadie va, incluyendo al Gobierno, afecta a las comunidades indígenas que son víctimas de acoso cuando tratan de evitar el reclutamiento de jóvenes a las filas delincuenciales. Hay varios mártires entre lxs indígenas de la nación Kakataibo, asesinadxs por defender su territorio y a su gente.

El CV también opera en Pucallpa, la capital de Ucayali, mediante la extorsión y el sicariato, además de controlar totalmente la cárcel de Pucallpa. Los operativos policiales se han revelado, hasta ahora, poco exitosos.

Hay focos de resistencia exitosos, como el de lxs indígenas wampís en la provincia de Condorcanqui, de la región Amazonas. Se han logrado enfrentar a lxs minerxs informales y han hecho arrestos ciudadanos apelando a la autoridad comunal, obligando al Gobierno central a intervenir. Pero resulta complicado ese trabajo. El desempleo y las necesidades creadas por la “civilización” han arrojado a las actividades delictivas a muchxs jóvenes indígenas.

Haciendo el balance

Es difícil entender la coyuntura del (des)gobierno de Boluarte y la mayoría congresal, sin ubicar todo ello en el contexto mayor de un país que ha sido uno de los primeros experimentos del neoliberalismo y del conservadurismo radical –usando la expresión de Natascha Strobl– y que cada vez carece más de la presencia del Estado, que solo llega cuando hay alguien interesado en extraer. Un país cuyxs dirigentes no han aprendido la lección del terrorismo, que solo les sirve para desacreditar a otrxs: Sendero Luminoso creció aprovechando ese vacío dejado por el Estado, aplicando justicia drástica y asumiendo autoridad, a su manera criminal, donde no la había. Hoy, ese vacío lo empieza a llenar la delincuencia organizada  –en medio de una economía sumergida que representa el 80 %–  que no necesita a ningún Milei para actuar sin reglas ni restricciones.

Foto: CTXT