Ahora que comienza su tercer año en el cargo, el primer presidente de izquierda de Colombia, Gustavo Petro, recientemente atrajo la atención del mundo hacia su país ante lo que describió como “el inicio de un golpe” contra su gobierno. Si bien Petro ha implementado con éxito la reforma de las pensiones, una reforma tributaria de 4 mil millones de dólares, una nueva estrategia antidrogas y un cambio sin precedentes en la política exterior de Colombia, el esfuerzo de la izquierda para cambiar a Colombia se ha visto amenazado por un constante aluvión de desafíos jurídicos de las fuerzas y élites de derecha.
Daniel García-Peña, el nuevo embajador nombrado por Petro en los Estados Unidos —historiador, periodista galardonado, Alto Comisionado para la Paz bajo el Presidente Ernesto Samper y asesor de la ahora desaparecida Alianza Democrática M-19— aborda estos desafíos en esta entrevista con Jacobin. ¿Cómo se relacionará el primer gobierno izquierdista de Colombia con Estados Unidos, que ha contado durante mucho tiempo con el liderazgo firmemente conservador de Colombia para salvaguardar sus intereses imperiales?
En conversación con el fotógrafo Jesse Gwilliam y el investigador independiente Luca DeCola, el embajador García-Peña habló sobre la guerra jurídica desplegada contra el gobierno de Petro, las tensiones internas y los desafíos que enfrenta la izquierda de Colombia, las perspectivas de paz en medio del conflicto armado interno y la ruptura de los lazos diplomáticos con Israel
LUCA DECOLA: Quiero comenzar preguntándole sobre lo que el presidente ha llamadoel “inicio de un golpe de Estado blando” en Colombia. ¿Cómo evalúa el actual asalto derechista contra la administración de Petro en forma de campañas de desinformación y guerra jurídica?
DANIEL GARCÍA-PEÑA: El Presidente Petro representa, sin duda, un desafío a los intereses de la élite que ha gobernado el país durante décadas. Su administración y sus partidarios están enfrentándose a un sistema político y un modelo económico muy arraigados, con prácticas políticas que son muy difíciles de cambiar de la noche a la mañana. Nadie de la izquierda esperaba que esto fuera fácil. La guerra jurídica en Colombia se ha convertido en un obstáculo para el cambio, un método de esos intereses de la élite para sofocar la agenda progresista del gobierno, pero también es una señal de la desesperación de la derecha y, en muchos aspectos, de su debilidad. La elección de Petro en 2022 fue un resultado indirecto del Acuerdo de Paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la culminación de una lucha constante por la democracia, los derechos humanos y la expansión de la izquierda colombiana. Así que cabía esperar una guerra jurídica de una élite que, a diferencia de otras en América Latina, ha mantenido a las mismas personas y familias en el poder durante cientos de años.
JESSE GWILLIAM: ¿Cree que la coalición del Pacto Histórico tiene la fuerza interna y la coherencia política para lograr los ambiciosos objetivos de Petro contra el ataque de la derecha y un parlamento hostil? ¿O se trata de un momento histórico con cimientos poco estables, posiblemente carentes de longevidad?
DANIEL GARCÍA-PEÑA: Este es un tema muy difícil, que tiene que ver no solo con la izquierda democrática colombiana, sino también con la izquierda internacional. ¿Cómo podemos reconocer la diversidad de ideas y fuerzas diferentes de la izquierda y, al mismo tiempo, la necesidad de una estructura política unificada y organizada?
En su última etapa, el Pacto Histórico es esencial porque reúne una amplia gama de grupos, movimientos sociales y partidos políticos. Sin embargo, el partido no tiene organización o estructura coherente; lo único que mantiene unida a la coalición es la figura de Petro, que está ocupado gobernando el país. Así que aún estamos tratando de alcanzar un equilibrio entre la diversidad política, que es necesaria, y un programa político que pueda ganar elecciones. A eso se reduce.
Sin embargo, hay una agenda para el cambio, un programa e ideas más allá de Petro. Colombia está cambiando y las realidades de nuestro momento actual obligan a la gente a lidiar con la necesidad de unirse en esta agenda para implementar reformas de pensiones, salud y educación, para anular las políticas neoliberales implementadas anteriormente en Colombia y para lograr una paz duradera.
LUCA DECOLA: En la Corte de los Estados Unidos del Distrito Sur de Florida, Chiquita Brands International fue recientemente declarada responsable de financiar a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). ¿Puede comentar sobre el significado del veredicto para los colombianos?
DANIEL GARCÍA-PEÑA: El veredicto en Florida sobre Chiquita Brands es de gran significancia por varias razones. En primer lugar, está la cuestión del sistema judicial colombiano. El Presidente Petro abordó este punto cuando tuiteó, "¿Por qué el sistema de justicia estadounidense pudo determinar de manera judicial que Chiquita Brands financió el paramilitarismo en Urabá? ¿Por qué el sistema de justicia colombiano no pudo hacerlo?”
Los paramilitares y Chiquita Brands no operaban en el vacío; operaban muy estrechamente con las élites económicas en Colombia. Pero, ¿quiénes son los colombianos involucrados? ¿Quiénes son las élites colombianas que financiaron a los paramilitares? Aún queda un camino considerable por recorrer y el sistema de justicia colombiano está lejos de lidiar con la participación de las élites en el paramilitarismo.
El veredicto sobre Chiquita es también un recordatorio de cómo evolucionaron estos grupos paramilitares. Hoy las élites no necesitan grupos armados; las personas que querían asesinar fueron asesinadas, y la tierra que querían tomar ya ha sido tomada. En muchas partes de Colombia, los paramilitares ganaron la guerra. Es triste y aterrador decirlo, pero es cierto.
Ahora tenemos una nueva fase de consolidación paramilitar, una nueva generación; los hijos, los herederos de los paramilitares, que nunca tomaron las armas, sino que fueron enviados a estudiar a Estados Unidos y son todos hombres de negocios. Y una parte considerable de su éxito, digamos, es su capacidad para dominar el sistema político e infiltrarse en los partidos políticos —parapolítica.
LUCA DECOLA: ¿Puede hablarnos de los esfuerzos del gobierno para lograr su agenda de Paz Total y negociar un acuerdo con los participantes armados, incluyendo las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN)? ¿Cuáles son las perspectivas de paz actuales?
DANIEL GARCÍA-PEÑA: Hoy en día, el obstáculo más importante para las negociaciones de paz son las tensiones internas dentro del ELN que culminaron con la reciente separación del Frente Suroeste del grupo de las guerrillas y su deseo de negociaciones por separado con el gobierno. El ELN es una organización muy distinta a las FARC, con una estructura de mando mucho más descentralizada y donde cada frente tiene un alto grado de autonomía.
Teniendo en cuenta sus orígenes ideológicos e históricos en la teología de la liberación, en la que pertenecer al ELN es casi como pertenecer a una organización religiosa, la unidad es fundamental. De esta manera, estas tensiones internas han generado una reacción por parte del centro de mando del ELN, donde la división del Frente Suroeste es vista como un intento de dividir a las guerrillas por parte del Gobierno.
Sin embargo, ninguna negociación con el ELN ha avanzado tanto como lo ha logrado hoy el presidente Petro. No solo es la primera vez que el ELN se adhiere a un proceso de paz, sino que veo que la base social y política del ELN está, de hecho, presionando políticamente a las guerrillas para que lleguen a una solución.
Otra parte de este conflicto, que no es exclusivamente un problema para Petro o su gobierno, es la ineficiencia y burocracia del Estado colombiano. Por lo tanto, el ELN tiene razón en muchos aspectos al señalar la incapacidad del Estado colombiano para implementar la política en general, lo que también es un importante problema con el Acuerdo de Paz de 2016. El hecho de que tantos signatarios del Acuerdo de Paz de 2016 hayan sido asesinados es una señal de que aún no hemos sido capaces de superar lo que sucedió con el asesinato sistemático del partido Unión Patriótica en los años 1980, 90 y principios de los 2000. Es difícil entender cómo un país con tanta violencia ha generado procesos democráticos simultáneamente.
LUCA DECOLA: ¿Puede abordar la ruptura de los lazos diplomáticos del gobierno colombiano con Israel debido a su genocidio en Gaza, así como el futuro de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos?
DANIEL GARCÍA-PEÑA: El hecho es que Colombia está del lado correcto de la historia. La decisión de Petro de romper los lazos diplomáticos con Israel es parte de una protesta internacional contra el gobierno israelí. La interrupción de la venta de armas de Israel a Colombia no va a tener un impacto significativo sobre la economía de Israel; van a poder vender sus armas en otros lugares. Pero moral y éticamente hablando, es lo correcto. Me enorgullece que nuestro presidente y nuestro país se hayan vuelto tan firmes y expresivos sobre este tema.
Fui invitado, recientemente, a un evento en la Universidad de California en Santa Bárbara. Gente de todas partes —de Sudán, de Egipto y de otras partes— decía: “Ah, su presidente apoya al pueblo palestino”, y yo dije: “¡Vaya, así que está teniendo impacto!” En muchos sentidos, Petro es una voz líder en América Latina sobre el tema de Gaza.
La política exterior de Colombia siempre ha sido muy tímida y las administraciones pasadas nunca quisieron molestar a Estados Unidos. De hecho, en Washington, uno de los miembros del personal de la embajada colombiana me dijo recientemente que era una práctica común en el pasado que el gobierno colombiano informara a Estados Unidos antes de hacer cualquier anuncio público sobre temas de política.
Pero esta vez, cuando cortamos lazos con Israel, no se lo dijimos a Estados Unidos. Pueden leer el titular en el New York Times como todos los demás. Estas son algunas de las señales de un Estado colombiano más independiente y soberano. Y Estados Unidos tendrá que lidiar con él.
