Luego de su abrumadora victoria en las elecciones presidenciales de México, la coalición de MORENA no ha perdido tiempo para comenzar a trabajar. Aún antes de que la presidente electa Claudia Sheinbaum asuma el poder el 1 de octubre, el nuevo Congreso está ocupándose del paquete de enmiendas constitucionales propuesto por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), utilizando la fuerza de los dos tercios de mayoría calificada que permite al partido del presidente aprobar tales medidas prácticamente por sí solo. Y la primera medida propuesta ya está atrayendo la ira de los medios corporativos y los poderes extranjeros por igual: una reforma judicial que requiere elecciones directas y democráticas para todo el poder judicial federal.
El 22 de agosto, Ken Salazar, embajador de los EE. UU. en México, se opuso a las reformas a través de una declaración, como mínimo, curiosa. Tras mencionar a Iraq y Afganistán —dos países que los Estados Unidos han recientemente invadido y ocupado— como ejemplos de países que carecen de poderes judiciales independientes, pasó a afirmar que “las elecciones directas populares de jueces son un gran riesgo para el funcionamiento de la democracia de México”. Las declaraciones fueron seguidas de amenazas: “También pienso que el debate . . . amenazará las relaciones comerciales históricas que hemos construido y que dependen de la confianza de los inversionistas en la infraestructura jurídica de México”. Si sabe lo que es bueno para usted, en pocas palabras, ni lo intente.
AMLO, de hecho, no supo lo que era “bueno para él”. “¿Cómo vamos a permitirle al embajador de los EE. UU., con todo respeto. . . que opine que lo que estamos haciendo está mal?” preguntó en su conferencia de prensa el martes siguiente. Al negar que el embajador sería expulsado, explicó que las relaciones con la embajada estaban "estancadas". Lo mismo, añadió, pasa con la embajada canadiense, cuya actitud de respaldo a los Estados Unidos ha sido “lamentable . . . como la de un estado vasallo”. A ambos países, concluyó, “les gustaría interferir en temas que solo les conciernen a lxs mexicanxs. Mientras esté aquí, no permitiré ninguna violación de nuestra soberanía.” Así se trazaron los frentes de combate.
La carta del embajador y la conferencia de prensa que la acompañó fueron más sorprendentes a la luz de sus declaraciones de dos meses antes, cuando dijo exactamente lo contrario. La reforma judicial “es una decisión mexicana”, declaró el 13 de junio. “No es una decisión nuestra. Nosotros, los Estados Unidos, no podemos imponer nuestras opiniones en estos asuntos”. El 24 de julio, reafirmó que “el modelo [de reforma] de la legislatura mexicana será decidido por el gobierno mexicano. No pretendo involucrarme en lo que debería hacerse”. Pocos días antes de su giro de 180 grados, aún sostenía que la reforma judicial representaba “una oportunidad para hacer algo bueno” y que los Estados Unidos “no estaban en posición” de decirle a México lo que tenía que hacer.
Tras su contundente declaración, Salazar, con su retórica cambiante, quedó en una posición difícil. Ante la reacción, no solo del presidente sino también de un público históricamente poco inclinado a ver con buenos ojos al intervencionismo americano, primero trató de retroceder, argumentando que sus comentarios habían sido expresados en un “espíritu de colaboración” como “socios” y que él tenía “la mayor voluntad” de dialogar sobre el asunto. Sin embargo, con esa falsa distensión, erró totalmente el punto ya que la reforma judicial no era una cuestión para la cual un "diálogo" con los Estados Unidos fuera solicitado o apropiado. Entonces Salazar volvió al ataque, doblando la apuesta sobre el tema Iraq y Afganistán en una entrevista para Milenio TV mientras afirmaba que la reforma incumplía "el espíritu del acuerdo USMCA” —que substituyó al NAFTA— a sabiendas de que no podía decir que incumpliera el verdadero acuerdo. El 3 de septiembre, se había limitado a argumentar que era cierto que los Estados Unidos también elijen a sus jueces, pero solo en el nivel estatal (donde la mayoría de los casos son juzgados) y solo en algunos pocos Estados (realmente en cuarenta y uno, total o parcialmente), y que la prensa presente, estuviera “con él” o no, eran siempre bienvenidos a la embajada.
Es evidente que un cambio de postura tan abrupto no se gestó en la ciudad de México sino en Washington. La interrogante, por supuesto, es de quién vino. Ante la ausencia de poder proveniente de la Casa Blanca de Joe Biden, otros centros de poder dentro del gobierno federal se han apresurado a llenar el vacío, atropellándose unos a otros en el proceso.
Como consecuencia, en los últimos meses, las políticas hacia Latinoamérica se han hecho visibles por todas partes. Cuando Ecuador invadió la embajada Mexicana en abril, en una escandalosa violación del derecho internacional, la tibia respuesta del Departamento de Estado fue subsecuentemente "corregida" por el Asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan. En el caso de las elecciones venezolanas en agosto, Antony Blinken se apresuró a felicitar al candidato de derecha Edmundo González solo para que el portavoz Matthew Miller retrocediera pocos días después. Y ahora el embajador mexicano —ya protagonista de un artículo difamatorio de primera página en el New York Times en 2022, por "acercarse demasiado" a AMLO— ha sido forzado a admitir su derrota y a contradecir sus propias declaraciones en el transcurso de una semana.
Una candidata posible es la Administración de Control de Drogas, que ha estado realizando una operación para difamar a AMLO a través de medios sumisos en respuesta a la limitación que este impuso a sus poderes en suelo mexicano. Otra fuente de este cambio podrían ser los halcones de Blinken en el Departamento de Estado, o alguna de las otras agencias de inteligencia. Sin embargo, una fuente más obvia de este cambio de discurso es la comunidad empresarial, que ha usado ampliamente a jueces cercanxs y abusado de los procedimientos legales, como el amparo (una forma de medida cautelar) para hacer valer sus propios intereses en áreas estratégicas como las operaciones bancarias, minería, energía y agua, y bloquear toda legislación que procurase regularlas. A pesar de todas las escabrosas advertencias sobre cómo un poder judicial elegido democráticamente abriría la puerta a una mayor influencia de los carteles, la preocupación genuina de las multinacionales es más bien que les cerraría la puerta a sus intereses monetarios, a sus sobornos y a la relación históricamente amistosa que han disfrutado con los jueces, que prácticamente han garantizado decisiones a su favor.
Cuando AMLO luchó para aumentar el control público sobre el sector de energía de México en vista de una serie de amparos y guerra jurídica, Salazar —un defensor continuo de los grandes consorcios energéticos tanto dentro como fuera del gobierno— expresó tediosamente sus "serias preocupaciones” y a amenazó con que las diferencias de los Estados Unidos en este tema “podían no tener solución.” La ley que regía la energía privada fue eventualmente descartada por el Supremo Tribunal en febrero en un proceso tortuoso que requirió los votos de solo dos de sus once jueces, con base en el argumento de que infringía “la libre competencia” y el “desarrollo sostenible”. El embajador y cabildero había ganado. AMLO determinó que no ocurriría de nuevo.
El furor sobre la reforma de energía fue solo la punta del iceberg. Aún antes de convertirse en una máquina para derribar leyes (setenta y cuatro hasta ahora durante esta administración), con el más mínimo pretexto, el poder judicial de México ya se había hecho infame como un club de cócteles caracterizado por salarios excesivos, prebendas, escándalos éticos y nepotismo al servicio de la oligarquía y otros intereses desagradables. Esto ha asumido múltiples formas, como la condonación de deudas de impuestos, como en el caso del "ajuste" de 640 millones de pesos (US$32 millones) otorgados a Totalplay, la empresa de telecomunicaciones que pertenece a la tercera persona más rica de México y notorio evasor de impuestos Ricardo Salinas Pliego. También ha asumido la forma de tarjetas para salir libres de la cárcel para que los sospechosos ricos salgan impunes o, en el peor de los casos, sean enviados a casa para enfrentar juicios desde un cómodo arresto domiciliario. En México, esperar a ver qué nuevo individuo adinerado será enviado a través de la puerta giratoria se ha convertido en una distracción macabra, generalmente los sábados (de ahí el término sabadazo), cuando hay menos cobertura de los medios y cuando las oficinas gubernamentales están cerradas.
En la lista de beneficiarios de alto perfil están los nombres de Emilio Lozoya, acusado de triangular dinero de la empresa brasileña Odebrecht para la campaña de 2012 de Enrique Peña Nieto; Rosario Robles, acusada de canalizar millones en fondos de desarrollo social a través de universidades en la administración de Peña en lo que se conoció como “Estafa Maestra”; Francisco García Cabeza de Vaca, el antiguo gobernador de Tamaulipas que fue despojado de su inmunidad para enfrentar acusaciones de lavado de dinero e involucramiento en el crimen organizado, solo para que luego la Corte Suprema interviniera y suprimiera el proceso, permitiéndole huir a Texas; y más recientemente, Mario Marín, el antiguo gobernador de Puebla, acusado de ordenar la tortura de la periodista Lydia Cacho por revelar la historia de su presunta participación en un círculo de pornografía infantil y tráfico. El trato que reciben estos notables es particularmente mortificante en un contexto en el que miles de mexicanos sin conexiones adecuadas, ni saldos bancarios, languidecen durante años en prisión antes de que sus casos lleguen a juicio.
Para hacer las cosas peores, el comportamiento de los jueces ha sido errático y deshonesto en los últimos meses. En mayo se reveló que Norma Piña, la presidente de la Corte Suprema, había mantenido una reunión privada con magistrados del Tribunal Federal Electoral junto con Alejandro Moreno, presidente del opositor Partido Revolucionario Institucional.
Este encuentro fue doblemente problemático: primero por involucrar a un líder de la oposición política, y segundo por incluir varios de los propios magistrados que decidirían la validez de las elecciones presidenciales de 2024. De acuerdo con conversaciones de WhatsApp filtradas de la reunión, Piña explícitamente presentó a Moreno a los otros invitados como su "aliada" y "amiga". En lugar de renunciar, como la seriedad del conflicto de intereses claramente requería, Piña ha encabezado el cambio contra la reforma judicial, inclusive recientemente, instando a la Corte a unirse a un paro laboral en el poder judicial en acto de protesta.
Como si eso no fuera suficiente, un par de jueces federales intentaron interponer una acción de amparo contra el propio Congreso, ordenándole paralizar sus consideraciones sobre la reforma y, en la eventualidad de ser aprobada, abstenerse de enviarla a las legislaturas del estado para ratificación — un exceso ridículamente patético e ilegal, en resumen, que sólo reforzó el argumento de MORENA de la necesidad de una reforma radical. En el medio de todo esto estalló el escándalo de Lourdes Mendoza, columnista del diario El Financiero, que envió su columna sobre la reforma a la jueza de la Corte Suprema Margarita Rios-Farjat para obtener su “luz verde” — un oportuno recordatorio de la amistosa relación entre las cortes y la prensa corporativa, todos en pro de intereses comunes.
Como un primer paso para depurar las cortes, la reforma judicial determina elecciones directas para la mitad del poder judicial federal en 2025, incluyendo toda la Corte Suprema, y la otra mitad en 2027. Todos los actuales jueces serán elegibles para candidatearse. Las elecciones serán no partidistas y las financiaciones privadas serán prohibidas; en su lugar, los candidatos tendrán tiempo gratuito en la televisión y en la radio para exponer sus argumentos. Serán implementadas comisiones técnicas en ambas casas del Congreso para asegurar que los candidatos potenciales cumplan los requisitos básicos de educación y experiencia. Los mandatos de los jueces de la Corte Suprema serán reducidos de quince a doce años. La paridad de géneros será obligatoria y también habrá límites para la duración excesiva de los procesos. Los salarios excesivos, beneficios y pensiones serán eliminados. El recurso a amparos para bloquear toda y cualquier iniciativa será controlado. Y, fundamentalmente, se establecerá una junta de supervisión independiente, con poderes para sancionar, suspender y hasta remover jueces corruptos de sus funciones.
Y si bien la reforma judicial se ha convertido en un pararrayos, esto debe entenderse en el contexto de las otras enmiendas constitucionales que el congreso mexicano considerará en los próximos meses, incluyendo mayor autonomía para los pueblos indígenas y afromexicanos; mejores salarios, vivienda y pensiones; y la prohibición del fracking, la minería a cielo abierto y el maíz transgénico para consumo humano. No es sorpresa que la comunidad empresarial multinacional y sus portavoces en las embajadas estén preocupados, no solo debido a los límites que las reformas impondrán sobre su habilidad para actuar amparados en la impunidad jurídica sino también por su temor de que tal precedente podría extenderse a lugares como los Estados Unidos, que están comenzando a ocuparse de su propia y mucho más modesta tentativa de reformar una Corte Suprema descontrolada y arrogante. Se trata, efectivamente, de un “temor a un buen ejemplo”, como lo ha definido el periodista y activista Eugene Puryear.
Kurt Hackbarth es escritor, dramaturgo, periodista freelance y cofundador del proyecto de medios “MexElects”. Actualmente, está escribiendo un libro, como coautor, sobre las elecciones mexicanas del año 2018.
