Il 2024 terminó, pero no antes de alcanzar un máximo histórico en el número de personas que fallecen en las fronteras de España. Según datos de la ONG Caminando Fronteras, al menos 10.457 personas murieron o desaparecieron intentando llegar a territorio español por rutas marítimas irregulares durante los últimos doce meses─un aumento del 58 por ciento respecto a 2023. La gran mayoría de estas víctimas (9.757) intentaban llegar a las Islas Canarias españolas, frente a las costas de Africa Occidental─mientras las severas medidas promovidas por la Unión Europea (UE) en el Mediterráneo central y la guerra en Malí obligaban a decenas de miles de personas a arriesgar sus vidas en vías traicioneras y de larga distancia por el océano Atlántico. 

Quienes migran por esta ruta, viajando principalmente en tradicionales embarcaciones pesqueras de madera conocidas como cayucos, pueden pasar entre cuatro días y dos semanas en el océano─con mucho de estos viajes complicados aún más debido a las frecuentes fallas en los motores de las naves. “El barco empezó a ir a la deriva, las olas nos arrastraban”, narra T.D., un maliense superviviente de esas tragedias. Mientras la comida y el agua se acababan a bordo de su cayuco, T.D. le comenta a Caminando Fronteras que “las vidas se extinguían una tras otra”. “Pensé que el siguiente sería yo, pero fue mi hermano”, continúa. “Le dije que no bebiera agua de mar, que aguantara, pero siguió bebiendo, luego vomitó, se sentó y dejó de hablar. No me atreví a arrojar su cuerpo por la borda; otras personas lo hicieron por mí”.

Antes del rescate, T.D. y el resto de los sobrevivientes presenciaron la muerte de toda una familia: “El padre acabó lanzándose al mar una vez que había arrojado al último de sus hijos al agua. No teníamos fuerzas para detenerlo”.

Entre las miles de personas que también perdieron la vida se encuentran las aproximadamente doscientas que partieron en un cayuco desde Mbour, Senegal, a mediados de agosto. Un mes más tarde, pescadores senegaleses encontraron el barco a la deriva a casi ochenta kilómetros de la costa de Dakar. A bordo se encontraban treinta cuerpos en avanzada descomposición mientras que el resto de. que el resto de los pasajeros se encontraban desaparecidos y fueron dados por muertos. Las víctimas más recientes fueron las seis personas no identificadas enterradas en El Hierro, la más pequeña de las Islas Canarias, el 13 de diciembre, tras morir de hipotermia  durante su travesía de seiscientos kilómetros desde Mauritania.

“Mientras el número de vidas perdidas aumenta implacablemente, el Estado español, con el apoyo de Europa, continúa aplicando políticas enfocadas en el control de la migración y negando su impacto en el derecho a la vida”, insiste el informe de fin de año de Caminando Fronteras. “Estas políticas [fronterizas] se basan en deshumanizar y criminalizar a las personas migrantes, dejándolos vulnerables a violaciones de sus derechos humanos y volviendo sus vidas desechables”.

En este sentido, el fenómeno de las muertes masivas en las fronteras españolas no puede entenderse solamente como una serie de tragedias aisladas. Quienes han perdido la vida son víctimas del brutal régimen fronterizo de la Fortaleza Europa, la cual, en pos de desincentivar los viajes de personas migrantes y refugiadas del Sur Global, las obliga a exponerse a peligros mortales cada vez mayores. Aun así, el histórico aumento de la migración a Canarias durante los últimos dieciocho meses también pone de manifiesto la limitada efectividad de tales políticas de contención─las cuales  al mismo tiempo condenan a tantas personas al sufrimiento y la muerte, solo pretenden, de manera fraudulenta, abordar las razones más profundas por las que la gente se arriesgaría a un viaje así.

Subcontratando la represión

Éste fue un punto que Juan Carlos Lorenzo, coordinador en Canarias de la Comisión Española de Ayuda a los Refugiados, destacó cuando hablé con él en octubre. “La migración humana, particularmente cuando implica desplazamiento forzado, es imparable”, insistió. "La política de la UE de subcontratar la seguridad fronteriza a terceros Estados [no pertenecientes a la UE] tales como Marruecos o Túnez podría contener temporalmente los flujos migratorios a lo largo de ciertas rutas mediante la aplicación de medidas represivas. Pero tales reducciones temporales solo se consiguen empujando a las personas hacia puntos alternativos a lo largo de la frontera sur de la UE y obligándolas a seguir rutas aún más arriesgadas, como las que van de Mauritania y Senegal a Canarias."

De hecho, más de 46.000 migrantes llegaron a las Islas Canarias en los últimos doce meses.  Esta es una cifra 20 por ciento superior al total de 2023, siendo la misma la más alta de los últimos treinta años. En una entrevista reciente con El País, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados en la región del Sahel, Xavier Creach, explicó este aumento en función de dos factores. En primer lugar, el agravamiento del conflicto armado en Malí ha provocado que al menos 200.000 refugiados se hayan desplazado a la vecina Mauritania. Como consecuencia,  los malienses se convirtieron por primera vez en el grupo nacional más numeroso entre los que llegarían a Canarias en 2024, por delante de los senegaleses y marroquíes.

Pero Creach considera que este cambio demográfico de quienes llegan a España está estrechamente relacionado con un segundo punto: los controles fronterizos más estrictos a lo largo del Mediterráneo central dificultan cada vez más a que los refugiados y migrantes lleguen a Italia, la cual ha visto una caída del 60 por ciento en la migración irregular de este año. Esta había sido un importante destino europeo para quienes huían de Mali. Pero a raíz del acuerdo de asociación estratégica de €1.000 millones con la UE el verano pasado, el Estado norteafricano lanzó una brutal represión contra los migrantes, complicando así la ruta norte hacia el Mediterráneo y redirigiendo los flujos migratorios del Sahel a las Canarias.

Como respuesta, España y la UE prometieron un paquete combinado de €500 millones para reforzar la capacidad de Mauritania para frenar la migración posterior, al mismo tiempo que sus fuerzas de seguridad  recurrían a muchas de las mismas prácticas abusivas contra migrantes utilizadas en otros Estados ahora "asociados" con la UE: detenciones arbitrarias, violencia física y desplazamientos forzados al interior del país. En noviembre se difundieron imágenes estremecedoras de cientos de migrantes dentro de un abarrotado almacén de Mauritania, imágenes reminiscentes de  los centros de detención de Libia. Sin embargo, este Estado escasamente poblado, con una costa de ochocientos kilómetros de largo, no ha logrado aún reproducir una estrategia de contención integral y sostenida, mientras cada vez son más las migraciones procedentes de lugares lejanos como Pakistán, Bangladesh y Egipto que llegan a Mauritania como entrada alternativa al Mediterráneo central.

Responsabilidad española

Está claro que las políticas del gobierno de coalición de izquierda de España están teniendo un impacto directo en el creciente número de muertos en el Atlántico. Esto incluso cuando muchos comentaristas liberales en el mundo de habla inglesa elogian la retórica del primer ministro Pedro Sánchez sobre los beneficios de la inmigración. En términos discursivos, Sánchez se ha destacado claramente entre los líderes de la UE durante los últimos meses, sobre todo por su duro rechazo al plan de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de enviar a los solicitantes de asilo a centros de internamiento en Albania. Esto, a su vez, llevó al conservador Partido Popular a acusarlo de crear un “efecto llamada” y hacer que España pareciera un destino atractivo para la inmigración irregular, a la vez que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha adoptado cada vez más las tácticas del miedo antiinmigración, antes acaparadas por Vox, de extrema derecha.

Por otra parte, el Gobierno de Sánchez también parece dispuesto a regularizar la situación de 900.000 personas indocumentados en los próximos tres años, luego de que el Parlamento español aprobara un proyecto de ley al respecto en noviembre. Sin embargo, la mayoría de quienes se beneficiarán por esta medida proceden de América Latina y arribaron a España por avión, sin arriesgar sus vidas en el océano.

Al contrario, cuando la migración sucede a lo largo de las fronteras del sur de España, el gobierno de Sánchez ha impulsado políticas que agravan el peligro. En primer lugar, ha intensificado las operaciones de vigilancia aérea y marítima de la costa senegalesa en conjunto con la agencia fronteriza de la UE, Frontex, y la Marina de Senegal. Con los drones españoles vigilando la zona y con cada vez más embarcaciones interceptadas y devueltas a Senegal, los cayucos se ven obligados a adentrarse en el mar para evitar ser detectados, y así asumiendo mayores riesgos.

“Lo primero que veo cuando tengo noticias de que se avistó un barco cerca de la isla es su trayectoria exacta, por si existe la posibilidad de que no se haya alejado por completo de El Hierro”, explica Juan Miguel Padrón, alcalde de la localidad portuaria de El Pinar, donde este año han llegado miles de personas. Como los cayucos ya no pueden acercarse a la costa africana, El Hierro, la más occidental de las islas Canarias, se ha convertido en estos dieciocho meses en el principal destino de las embarcaciones procedentes de Senegal. Sin embargo, dadas las fuertes corrientes oceánicas de esta ruta, las barcas corren el riesgo de ser arrastradas hacia el Atlántico. “Hubo casos de embarcaciones con entre quince y dieciocho personas muertas a bordo que llegaron hasta Costa Rica y la costa de América Latina”, comenta Padrón. “Más allá de El Hierro, sólo hay océano”.

El informe de Caminando Fronteras también destaca otro aspecto crítico del régimen español de subcontratación de la seguridad fronteriza al constatar que “la inacción de los servicios de búsqueda y rescate fue decisiva” en al menos 150 casos de pérdida de vidas humanas. La ONG, que gestiona una línea de emergencia para inmigrantes, ejemplifica con el caso de un cayuco de 150 personas que zarpó del norte de Senegal en octubre. Caminando Fronteras recibió una llamada de socorro pasados cinco días la cual los guardacostas españoles localizaron en un área límite entre las zonas de búsqueda y rescate de España, Marruecos y Mauritania. Según la ONG, los tres países estuvieron varias jornadas delegando la responsabilidad del rescate a los otros dos hasta que la embarcación finalmente arribó en Mauritania tras diez días en el mar. Para entonces, ya habían muerto veintiocho personas.

Calificando estas muertes de "tragedia totalmente evitable", Caminando Fronteras ve aquí un ejemplo de cómo el Estado español ha llegado a transformar los servicios de búsqueda y rescate en "un instrumento más para el control migratorio, lo que lleva directamente a un aumento del número de muertes en las rutas migratorias." "Lo principal es impedir que lleguen a España, nada más importa", dice un político guineano a la ONG. "España da aviso [a los guardacostas marroquíes] para ir, Marruecos puede ir o no, lo importante es que ha dicho que lo hará, así España deja de ser responsable. No importa si nuestros jóvenes no sobreviven".

Desapariciones colectivas

De aquellos que mueren intentando llegar a las Islas Canarias, la inmensa mayoría desaparece en el Atlántico. Se calcula que solo se recuperan los restos de un 4 por ciento de ellos. De este pequeño porcentaje recuperado por las autoridades españolas, menos de la mitad son identificados. Un informe crítico sobre España de 2022 de la Organización Internacional para las Migraciones exponía cómo es "prácticamente imposible que los familiares de personas desaparecidas o fallecidas realicen o participen de procesos de búsqueda, identificación o repatriación". A su vez, esto ha dado lugar al fenómeno de cientos de tumbas de migrantes sin nombre en los cementerios costeros de España─muchas encontradas a escasos metros de las fosas comunes de la Guerra Civil española─quedando las familias con la perenne incertidumbre sobre el destino de sus seres queridos.

"Estamos hablando de desapariciones colectivas”, insiste la directora de Caminando Fronteras, Helena Maleno, en una entrevista de 2023. “Las autoridades españolas y europeas están dejando morir a determinadas poblaciones de manera selectiva─abandonando las embarcaciones en el mar deliberadamente─o incluso, en determinados casos, asesinándolas en masacres como las vistas en Tarajal y Melilla”.

Como han argumentado un gran número de especialistas y ONG, cualquier alternativa a esta necropolítica despiadada debe implica la apertura de vías de migración seguras, ordenadas y regulares para las personas del Sur Global, en particular las que buscan asilo. Sin embargo, el rumbo político de la UE lo impide claramente, ya que es probable que el nuevo pacto migratorio del bloque para 2026 refuerce los aspectos más represivos y punitivos de su régimen fronterizo. Su objetivo es aumentar las deportaciones de inmigrantes irregulares y acelerar el proceso de expulsión, al tiempo que crea una nueva ambigüedad jurídica en torno a quienes son rescatados en el mar por los servicios europeos de búsqueda y rescate y su derecho a ingresar en territorio europeo con un nuevo mecanismo de "investigación".

Al mismo tiempo, el ministro del interior español, Fernando Grande-Marlaska, miembro del Partido Socialista (PSOE) de centroderecha de Sánchez, presiona para que Frontex amplíe su mandato en África Occidental y permita a la agencia desplegar y patrullar directamente frente a las costas de Mauritania, Senegal y Gambia. Si en 2024 la ruta atlántica hacia Canarias vuelve a confirmarse como la travesía marítima migratoria más mortífera del mundo, las condiciones podrían empeorar aún más a medida que se intensifique la militarización de la frontera.