El informe de la relatora de las Naciones Unidas revela el entremado de empresas internacionales que respaldan las políticas genocidas de Israel contra el pueblo palestino y cóom benefician de ellas.
El 16 de junio del 2025, Francesca Albanese, designada desde 1967 como relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, publicó un informe titulado ʻDe la economía de ocupación a la economía de genocidioʼ. El informe, que consta de 39 páginas, acusa de forma directa a grandes multinacionales, entre ellas Amazon, BlackRock, Google, Lockheed Martin y Volvo, de beneficiarse de la ocupación israelí y el genocidio contra el pueblo palestino. Estas empresas, junto con prestigiosas universidades, de forma especial el Instituto Tecnológico de Massachusetts, poseen diferentes inversiones en el plan de desplazamiento organizado de los palestinos y su sustitución por colonos israelíes. Albanese finalizó su discurso con un llamamiento claro: dejen de lucrarse del genocidio y rompan relaciones con Israel.
El 9 de julio, el Departamento de Estados de los Estados Unidos le impuso sanciones a Albanese, impidiéndole acceder a sus bienes y activos en territorio estadounidense. El Departamento de Estado justificó su decisión, alegando que Albanese promueve públicamente el antisemitismo, apoya al terrorismo y expresa abiertamente su desprecio por los Estados Unidos, Israel y Occidente. Naciones Unidas respondió, advirtiéndole que esta medida sienta un "precedente peligroso". Al mismo tiempo, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, destacó que "las sanciones unilaterales contra relatores especiales o cualquier otro funcionario de la ONU son inaceptables". Cabe destacar que Albanese no fue la primera, porque Washington ya sancionó a los jueces de la Corte Penal Internacional en junio de 2025 en virtud del mismo decreto.
Las sanciones de los Estados Unidos contra altos funcionarios e instituciones de la ONU desataron un gran revuelo mediático, al eclipsar el debate sobre las conclusiones principales del informe de Francesca Albanese y su equipo. El Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, trató de utilizar las sanciones como un instrumento político al aparecían en los titulares de los periódicos; y en gran medida,lo logró. De esta manera, la cuestión principal planteada por el informe quedó en segundo plano y el debate se redujo a un solo tema: la legitimidad de que Estados Unidos imponga sanciones a funcionarios de las Naciones Unidas.
El informe de Albanese revela que grandes multinacionales están involucradas en el genocidio y se benefician de él. E mpresas que van desde la construcción, la educación, las finanzas, los servicios o el armamento. Entre ellas figuran varios nombres destacados, como Lockheed Martin, el gigante de la industria armamentística. El Comité de Servicio de los Amigos Americanos (por sus siglas en inglés,AFSC) elaboró una lista completa con todas ellas. No obstante, el apartado dedicado a Amazon resume lo ocurrido: la inteligencia militar de Israel utiliza los servidores de "Amazon Web Services" para almacenar cantidades masivas de datos sobre la población de Gaza. Desde 2021, Amazon se ha involucrado con el gobierno de Israel en un contrato por un valor de 1.200 millones de dólares como parte del proyecto "Nimbus", con Google como uno de sus socios. En virtud de este contrato, todas las instituciones del estado deben contar con servicios de computación en la nube: el ejército, el Shin Bet (la agencia de seguridad nacional), la policía, el servicio penitenciario, empresas fabricantes de armas como Israel Aerospace Industries y Rafael Advanced Defense Systems Ltd., e incluso las agencias responsables del proyecto de asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada.
El informe de Albanese menciona al "Proyecto Nimbus" y revela que su principal fuente de financiación proviene del Ministerio de Defensa de Israel y luego continúa explicando: las empresas Microsoft, Alphabet y Amazon le otorgan a Israel acceso casi completo a sus técnicas de computación en la nube y tecnologías de inteligencia artificial, lo que le permite mejorar las capacidades de procesamiento, supervisión, análisis de datos y toma de decisiones. En octubre del 2023, cuando la nube militar interna de Israel se sobrecargó, Microsoft, a través de su plataforma "Azure" y el proyecto "Nimbus", proporcionaron infraestructura esencial de computación en la nube y servicios de inteligencia artificial. Sus servidores, ubicados en Israel, garantizan la soberanía y la exención de cualquier responsabilidad mediante contratos favorables que establecían restricciones o supervisiones mínimas. En julio de 2024, un coronel israelí describió la tecnología en la nube como un arma en todos los sentidos, al señalar a estas empresas.
Queda claro que el papel de las empresas tecnológicas no se limita a proporcionar información a la ocupación israelí y sus mecanismos genocidas, sino que también se extiende y otorga "un escudo de inmunidad”, ya que protege datos críticos que podrían constituir pruebas concluyentes ante cualquier tribunal internacional de crímenes de guerra. El informe de Albanese cita a la coronel Racheli Dembinsky, comandante del Centro de Cálculo y Sistemas de Información del ejército israelí, responsable del procesamiento de datos de las fuerzas armadas. En la "Conferencia de Tecnología de la Información del ejército israelí" llevada a cabo en Rishon LeZion, cerca de Tel Aviv, Dembinski explicó que el ejército ha comenzado a depender directamente de los servicios de almacenamiento en la nube e inteligencia artificial proporcionados por gigantes tecnológicos del mundo: Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure. Y añadió que la unidad militar "Mamram" utiliza una "nube operativa" en sus servidores internos, a la que consideró como una "plataforma de armas". Hasta el momento, no hay información general sobre los beneficios obtenidos por estas empresas a partir del genocidio.
En 2024, algunos trabajadores de Amazon y Google lanzaron la campaña "No Tech for Apartheid" (NoTA) (No al uso de la tecnología en el Apartheid) en Nueva York y durante un discurso de Barak Regev, representante de Google Israel, una programadora de Google Cloud se puso de pie para dirigirse a todos: "Me niego a desarrollar tecnología que impulse el genocidio, el apartheid o refuerce la vigilancia". La empresa respondió con dureza y despidió a decenas de ingenieros vinculados con la campaña. Pero esto no logró detenerla, las protestas se intensificaron y se organizaron nuevos movimientos.
En el 2003, Peter Thiel, junto a un grupo de socios, cofundaron una empresa tecnológica llamada "Palantir", cuyo nombre está inspirado en "El Señor de los Anillos", una referencia a la bola de cristal que revela lo que sucede en la distancia. Thiel, conocido por su ideología conservadora y libertaria y una creencia firme en la denominada "civilización occidental" hizo su fortuna gracias a empresas como "PayPal" y "Facebook" antes de firmar contratos millonarios de seguridad y militares. Fue el primer gran inversor de "Palantir", el fondo de capital de riesgo de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, "In-Q-Tel". A partir de 2015, la empresa amplió sus operaciones en Israel, en donde ha colaborado estrechamente con los sectores militar y de inteligencia, al proporcionarles servicios de análisis de datos e integración y aplicaciones de inteligencia artificial. En diciembre del 2023, cuando comenzó la primera fase del genocidio, el CEO de la empresa, Alex Karp, declaró a "Fox Business": ‘Somos famosos en Israel’.
El 12 de enero del 2024, "Palantir" se asoció con la industria militar israelí para colaborar en el genocidio. Josh Harish, vicepresidente ejecutivo de "Palantir" en ese momento, apuntó: "Ambas partes acordaron utilizar la tecnología avanzada de Palantir para respaldar misiones vinculadas al conflicto bélico". La frase “misiones vinculadas al conflicto bélico” es clara y puede describirse como genocidio, algo que la Corte Internacional de Justicia confirmó el 26 de enero del 2024. "Titan", un sistema asociado a la empresa, se utilizó para realizar ataques selectivos, por lo que, al considerar la cifra de víctimas civiles en Gaza, mostró precisión para matar a civiles. El 30 de abril del 2025, durante el Foro "Hill & Valley", le preguntaron al CEO de la empresa, Alex Karp, sobre la muerte de palestinos y él contestó que "Lo correcto es decir que, Palantir es responsable de la muerte de la mayoría de los terroristas". Naturalmente, eso no es cierto ya que la mayor parte de víctimas de Gaza eran civiles (es pertinente remitirse a los datos de las Naciones Unidas sobre el número de víctimas mortales palestinas desde el 2008; si todos los muertos fueran miembros de Hamas y la Yihad Islámica, ambas organizaciones habrían constituido una fuerza militar más poderosa). A partir de las declaraciones de Karp en la reunión realizada en Tel Aviv en el 2024 y en el Foro "Hill and Valley" en el 2025, el informe de Albanese concluyó que "son una evidencia del conocimiento y la intención a nivel ejecutivo respecto al uso ilícito de la fuerza por parte de Israel, y de la falta de medidas para evitar estos actos o dejar de involucrarse en ellos".
A raíz de la publicación de informes sobre la vinculación de "Palantir" con la deportación de inmigrantes en Estados Unidos, se desató una oleada de protestas frente a las oficinas de la empresa en todo el país. Los manifestantes vinculaban su labor genocida contra el pueblo palestino con la cooperación de la empresa con el gobierno estadounidense en la deportación de inmigrantes.
Décadas de investigaciones llevadas a cabo por las Naciones Unidas, así como por organizaciones internacionales y palestinas, han demostrado que la ocupación israelí se ha convertido en una mina de oro para las empresas. Según una estimación prudente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Israel obtiene cada año 41 mil millones de dólares gracias a la explotación directa en Cisjordania, lo que equivale a aproximadamente al 7 % de su producto interno bruto (PIB). Sin embargo, esta cifra no refleja el total, ya que no incluye las ganancias que obtiene Israel por los beneficios indirectos derivados de la existencia de una nación cautiva y vulnerable a la explotación.
En el 2020, la Organización de las Naciones Unidas difundió una lista de empresas que se lucraron con las actividades de ocupación ilegal en Cisjordania. La mayoría eran empresas locales, pero también incluía reconocidas multinacionales como "Airbnb", "Expedia", "TripAdvisor", "General Mills" y "Motorola" de los Estados Unidos, así como "Booking.com" de los Países Bajos. Por otro lado, la web "Who Profits" gestiona una minuciosa base de datos de aquellas empresas involucradas en la explotación económica de la ocupación y el genocidio, además de elaborar informes analíticos específicos, entre ellos un informe publicado en el 2024 sobre ʻEcolavado y despojo: la industria de la energía renovable en Israel y la explotación de los recursos naturales en los territorios ocupadosʼ. Asimismo, en diciembre del 2023, la coalición "Don't Buy into Occupation (por sus siglas en inglés,DBIO)" (No financies la ocupación) publicó un informe que revela la participación de instituciones financieras europeas en los proyectos de asentamientos ilegales.
El 10 de junio del 2025, la organización Global Legal Action Network (por sus siglas en inglés,GLAN), en cooperación con la Alianza Palestina de Irlanda "Sadaka" y la Organización Palestina "Al-Haq", inició una serie de acciones legales en Irlanda, el Reino Unido y los Estados Unidos contra "Airbnb," debido a su continua actividad comercial en los territorios palestinos ocupados. En 2018, Airbnb anunció que "tendría en cuenta su impacto y actuaría en consecuencia”. Sin embargo, en seguida rompió su promesa y, de acuerdo con la Global Legal Action Network, todavía mantiene más de 300 propiedades en Cisjordania. Estas organizaciones consideran que los hechos no se limitan a apoyar la ocupación, sino que incluyen también "blanqueo de dinero derivado de crímenes de guerra en Israel".
La gravedad de estas acusaciones es más flagrante en países como Irlanda y el Reino Unido, que cuentan con estrictas políticas para la prevención del lavado de dinero.Tal y como explica Jerry Liston, abogado sénior de la Global Legal Action Network: "Este es el primer caso de este tipo en el que las leyes para prevenir el lavado de dinero en el Reino Unido y en otros lugares se usan para perseguir actividades comerciales en asentamientos ilegales. Señala, además, que los directivos de las empresas que se lucran con la ocupación se exponen a ser procesados por un delito grave".
Estas empresas no solamente se beneficiaron de la ocupación a través de los ingresos financieros obtenidos, sino que también contribuyeron a la apropiación de tierras palestinas y provocaron graves daños ambientales. Un ejemplo de ello, es la empresa agroquímica "Geshuri" que contamina los alrededores de la ciudad de Tulkarm y genera un impacto directo sobre las comunidades palestinas que viven allí. Aumenta la incidencia de cáncer, asma, enfermedades oculares y respiratorias. Este ejemplo no es una excepción en Cisjordania, en donde empresas israelíes explotan los recursos mediante prácticas contaminantes, extractivas y lucrativas.
El sometimiento del pueblo palestino, privándolo de los derechos más básicos, se ha convertido en un laboratorio abierto para el desarrollo de técnicas de espionaje avanzadas. El ejemplo más notable es el de "Pegasus", un spyware o programa espía desarrollado en estrecha colaboración entre la Unidad 8200 de Inteligencia Militar, universidades israelíes y capitales privados.
Este programa no se limita a Palestina, sino que ha sido utilizado por gobiernos dictatoriales en diversas partes del mundo para rastrear y reprimir a los disidentes, con un objetivo de más de 50.000 personas.
Según el movimiento Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) (Boicot, Desinversiones y Sanciones), las empresas de ciberseguridad israelíes obtuvieron alrededor de un 31 % de las inversiones globales en este campo en el año 2020. Los acuerdos de adquisición de estas empresas han generado ganancias de alrededor de 4.700 millones de dólares, mientras que las exportaciones ascendieron a 6.850 millones. De ese modo, Israel se ha convertido en una pieza clave en el mercado de espionaje y vigilancia, al ofrecer su experiencia en la recopilación y el procesamiento de datos. Sus servicios incluyen programas de spyware, tecnologías de reconocimiento facial y herramientas de seguimiento de usuarios utilizados con fines de vigilancia, manipulación electoral y otras actividades.
Resulta significativo que la atención recaiga sobre los ejecutivos de las empresas. El proyecto "Genocide Gentry" revela información sobre directivos de empresas fabricantes de armas, como Boeing, Elbit Systems America, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman y RTX (antes Raytheon), todas ellas contratistas claves del Pentágono. El proyecto, que desarrolla la plataforma de código abierto "littleSis", nombra a los directores ejecutivos de estas empresas, realiza un seguimiento de sus relaciones con otras compañías y los vínculos con las instituciones culturales. Éstas se consideran el eslabón más débil, ya que no quieren que se las vincule públicamente con sociedades involucradas en el genocidio, a pesar de la necesidad de obtener fondos.
El proyecto "Genocide Gentry" adopta una estrategia que consta de tres pasos:
1. Analizar la relación entre la ciudad, la universidad o el lugar de trabajo y el genocidio, a través de una base de datos que especifique si algún directivo de una empresa armamentística forma parte de los consejos de instituciones locales. 2. Identificar las instituciones culturales y educativas que tienen vínculos con empresas armamentísticas. 3. Hacer uso de los documentos de la junta directiva y de los mecenas para revelar vínculos directos entre instituciones locales y las organizaciones militares.Veamos un ejemplo interesante: Kathy Warden es CEO de "Northrop Grumman" y miembro de la junta directiva de "Catalyst", una organización global sin ánimo de lucro que ayuda a fomentar "lugares de trabajo más inclusivos para las mujeres". ONU Mujeres estima que al menos a 28.000 mujeres y niñas en Gaza las han matado con el material bélico fabricado por "Northrop Grumman", y advierte que más de un millón de ellas se enfrentan en Gaza a la hambruna debido a la maquinaria bélica impulsada por la propia empresa. Esta es la verdadera cara de “Catalyst” y su supuesto eslogan en defensa de las mujeres.
Esta estrategia ha dado algunos frutos. A principios del 2024, varios activistas presionaron a los músicos que iban a participar en el festival "South by Southwest" (SXSW) en Austin, Texas. En marzo, la cantante Ella Williams (conocida artísticamente como Squirrel Flower) anunció que no participaría en el festival porque estaba patrocinado por empresas fabricantes de armas. En una publicación en su Instagram, escribió: "SXSW está dando visibilidad a proveedoras de armamento, a empresas subsidiarias de Raytheon, y al Ejército de los Estados Unidos, uno de los principales patrocinadores del festival. Compañías que se lucran con el genocidio como Raytheon le proveen armas a las Fuerzas de Defensa de Israel, pagadas con nuestros impuestos. Un festival de música no debería contar con la participación de empresas u organizaciones que obtengan rédito de la guerra. Me niego a ser cómplice de esto y me retiro en señal de protesta para que mi arte y mi trabajo no se asocien a estas actividades ".Tras ella, otros 79 artistas tomaron la decisión de boicotearlo. En junio del 2024, el festival anunció que cortaría sus vínculos con el Ejército estadounidense y la empresa Raytheon (RTX).
Lo que sí está claro, es que mientras continúe el genocidio, los grandes inversores tendrán intereses financieros en proteger las ganancias que procedan de la ocupación continuada en Palestina. El panorama es sombrío y desagradable, pero en la actualidad hay pruebas suficientes, como el informe de Albanese, que desvelan la miseria de la ocupación sionista de Palestina y el trato hacia el pueblo palestino. También existen una gran cantidad de pruebas irrefutables, que ponen de manifiesto cómo se han utilizado las empresas y sus tecnologías para oprimir al pueblo palestino y cómo continúan llevándolo a cabo a nivel global. Estas pruebas son una llamada a la acción para los organismos internacionales, los tribunales internacionales y la opinión pública. El silencio ya no es una opción.
No seremos libres hasta que todxs sean libres.
Ubai Al-aboudi es Director del Centro Bisan de Investigación y Desarrollo en Ramallah, Palestina, y un activista e investigador destacado por su trabajo en cuestiones de desarrollo y derechos palestinos.
Vijay Prashad es un historiador y periodista indio, director del Instituto Tricontinental de Investigación Social y editor en jefe de LeftWord Books.