La mañana del 8 de septiembre de 2025, unas horas antes de los hechos descritos, Zo Hailu, una persona con ciudadanía británica que vivía en Berlín, había estado formando un círculo, tomada de la mano de otras cuatro personas compañeras. Estaban en Ulm, una ciudad de Baden-Württemberg, dentro de una oficina de Elbit Systems Deutschland. Crow Tricks, otra persona con ciudadanía británica, repitió en voz alta a sus compañerxs mientras la policía entraba en la sala: "Recuerden, todas las personas: no somos violentas ni violentos". En el círculo, junto a Zo y Crow, estaban Daniel Tatlow-Devally, Leandra Rollo y Vi Kovarbasic, de Irlanda, España y Alemania, respectivamente. Tras las detenciones, cada persona sería trasladada a una prisión distinta del sur y del oeste de Alemania.
Están acusados de entrada ilegal, de daños materiales de hasta €1 millón y, fundamentalmente, de formar o pertenecer a una organización criminal, según el artículo 129 del Código Penal alemán. Al redactar este artículo, lxs cinco han permanecido en prisión preventiva durante más de 11 meses. Algunxs de lxs cinco están en régimen de aislamiento en la práctica, de 20 a 23 horas diarias.
"Sabía que podía ponerse bastante difícil", declaró Daniel Tatlow-Devally en una entrevista con der Freitag, al hablar de cómo habían esperado que reaccionara el Estado, “pero no me esperaba esto”.
Muchos aspectos de su encarcelamiento y del trato en el tribunal sugieren una sentencia previa. En una apelación previa al juicio contra la denegación de la fianza, el Tribunal Regional Superior del estado (Oberlandesgericht), además de desestimar la apelación, se pronunció sobre la naturaleza de la acción y especuló que era probable que lxs cinco recibieran penas cercanas al máximo de cinco años previsto para el delito contemplado en el artículo 129. En el tribunal, durante los procedimientos, las cinco personas permanecen tras un cristal antibalas, separadas de sus abogados y abogadas. El montaje utiliza un sistema de intercomunicación, al que lxs abogadxs defensorxs de lxs cinco han objetado basándose en la normativa europea que garantiza la comunicación libre y confidencial entre las personas acusadas y sus defensas. Las personas son trasladadas al tribunal desde las cinco prisiones (deliberadamente diferentes) en las que están detenidas; mientras se encuentran en la jaula situada en la parte trasera de los furgones de traslado de personas presas, las mantienen con grilletes en los pies y esposas pesadas en las manos.
Desnudaron por completo a Zo Hailu en cuanto llegó a la prisión de Bühl. Luego, tras haberle entregado un pañal para que se lo pusiera, dejaron a Zo en una celda durante seis horas sin ninguna otra prenda de vestir, ni siquiera un sostén. El 22 de julio, al dirigirse al tribunal para apoyar la solicitud de la persona coimputada Vi Kovarbasic que solicitaba una revisión de la proporcionalidad de las medidas de seguridad, Zo declaró: “He trabajado como personal de limpieza en la prisión durante siete u ocho meses. Todos los días me paseo por la prisión sin supervisión alguna […]. Después de diez meses, mi comportamiento no da ningún motivo para pensar que podamos intentar fugarnos. Entonces, ¿por qué nos encadenan hasta los pies?”
En cuanto a su encarcelamiento, las facultades extraordinarias autorizadas por el artículo 129 permiten tratar a las cinco personas como riesgos de la información. La policía está presente durante las visitas familiares e interrumpe las conversaciones para hacer cumplir la prohibición de hablar sobre cualquier tema relacionado con la acción que realizaron. Esto incluye lo que podría considerarse motivación, por lo que tampoco se permite hablar del genocidio en Gaza.
En la prisión de Ulm, a Tatlow-Devally se le negó el derecho a ponerse en contacto con su abogadx durante dos semanas tras su encarcelamiento. Durante su primer mes en prisión, tampoco le permitieron visitas ni de la familia de Daniel ni del consulado irlandés. De acuerdo con las palabras de Mimi Tatlow-Golden, la madre de Daniel, la prisión no le informó a Daniel de que su familia había estado “intentando tener contacto con Daniel frenéticamente”.
El sistema jurídico alemán presenta diferencias notables y considerables respecto al británico. Mientras el Estado británico ataca el sistema de jurados y el juez Johnson hace esfuerzos deliberados por limitar la participación del jurado en el juicio de Filton (al haber omitido la información sobre la acusación de terrorismo), el punto de partida de Alemania, como sistema de derecho continental, no cuenta con un jurado en toda regla. La sala consta de la jueza presidenta, en este caso, Katrin Lauchstädt, dos jueces adjuntos y dos jueces legos (ciudadanos sin formación jurídica). Aunque se supone que estos últimos, los jueces legos, desempeñan la misma función que un jurado (mitigar la autoridad de la jueza presidenta, en este caso), en la práctica tienden a respaldar solo lo que los demás jueces y juezas (con mayor autoridad, formación y experiencia) les indican que es correcto.
El artículo 129a del Código Penal alemán se refiere a los grupos considerados terroristas nacionales, y el artículo 129b sanciona a los miembros de lo que Alemania define como grupos terroristas internacionales. Dado que la definición alemana de “terrorismo” es un poco más estricta que la británica, los Ulm5 están siendo juzgados como una organización criminal, conforme al artículo 129.
Sin embargo, la legislación sobre organizaciones criminales sigue siendo un instrumento contundente del Estado contra los activistas y los movimientos de izquierda. En virtud del artículo 129, que no resulta desconocido en Gran Bretaña, ya se han presentado cargos contra activistas del colectivo medioambiental Letzte Generation, así como contra otros integrantes de Antifa East. De manera similar a lo que ocurre en Gran Bretaña, Alemania recurre a las leyes de seguridad para tomar medidas en los procesos judiciales contra activistas con todo el poder del aparato estatal de seguridad —una huella de los Estados demasiado nerviosos como para permitir los derechos fundamentales—.
La Convención sobre el Genocidio obliga a los firmantes a prevenir el genocidio, y la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso “Bosnia contra Serbia” aclaró que “los Estados están obligados a emplear todos los medios razonablemente a su alcance para impedir el genocidio en la medida de lo posible” (párrafo 430). Entonces, si un Estado no actúa o incluso ayuda e incita al genocidio, ¿no tienen también las personas la obligación de actuar? Por lo tanto, el proceso judicial contra los activistas que se guiaron por la lógica del derecho internacional, al emplear todos los medios razonablemente a su alcance para impedir el genocidio en la medida de lo posible, es una forma retorcida de llevar ante los tribunales los propios compromisos de posguerra de Alemania y Gran Bretaña.
La jueza Lauchstädt y su sala, al negarse a participar en la determinación de la culpabilidad de Elbit Systems Deutschland, evitan lo que podría ser una pregunta para los firmes defensores del concepto del imperio de la ley: si los medios empleados por Zo, Crow, Daniel, Leandra y Vi para oponerse al genocidio son legítimos. (Si el tribunal planteara una pregunta como tal, la respuesta no admitiría dudas y no necesita explicación aquí). No considerar el papel de Elbit Systems Deutschland en el genocidio equivale a que el tribunal ya haya dictaminado que toda resistencia al genocidio es ilegítima. En otras palabras, con su silencio, el tribunal bien podría estar anunciando que no es necesario considerar el papel de la compañía, puesto que, independientemente de si es o no partícipe del genocidio, actuar directamente contra la empresa sería punible de todos modos.
No es descabellado interpretar de este modo el silencio y la conducta del tribunal. El 1 de julio, Bastian Gropp, de la policía de Baden-Württemberg, subió al estrado. Aclaró que la policía no había investigado el papel de Elbit Systems Deutschland. Aunque tal falta de investigación quizá no resulte sorprendente, la fiscalía podría haber solicitado a la policía que investigara el asunto. Como señaló la defensa ante el tribunal, la fiscalía en Alemania tiene obligaciones únicas: investigar a fondo tanto las pruebas incriminatorias como las exculpatorias.
Ronny Stengel, el fiscal superior del caso , durante el interrogatorio sobre si Bastian Gropp estaba al tanto de las obligaciones del fiscal, intervino y afirmó que estaba “claro desde el principio” que no había fundamentos que justificaran este caso. En consecuencia, cualquier investigación sobre Elbit Systems Deutschland sería jurídicamente irrelevante.
En diversas declaraciones ante el tribunal, los Ulm5 han recalcado que han variado muy poco los intentos de cada individuo y del movimiento en general de salir a la calle para efectuar cambios. Las manifestaciones tienen un papel fundamental en la creación de redes y en fortalecer la motivación y la capacidad de las personas para actuar. Aun así, en lo que se refiere a que las manifestaciones en sí mismas tengan un efecto directo, incluso podría ser el caso de que, en Alemania, las manifestaciones hayan tenido un efecto peor que nulo : en Berlín, donde cada uno de los Ulm5 vivía antes de la noche de su acción, la policía ejerce regularmente violencia contra los manifestantes, lo que en algunos casos provoca lesiones permanentes precisamente a aquellas personas motivadas a luchar contra el genocidio. Aunque las encuestas sugieren que la opinión pública alemana se opone cada vez más a las exportaciones de armas a Israel, el gobierno actual de gran coalición del país —formado por los dos partidos políticos históricamente más poderosos de Alemania— ha declarado inamovible su política actual , conocida como “Staatsräson”. En cuanto a las posibilidades de reemplazar a este gobierno, el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán), con un 28 por ciento según las encuestas hasta el momento de redactar este artículo, es la única amenaza para la gran coalición.
En cuanto a las medidas que van más allá de las manifestaciones, como el despliegue de castigos exhibido durante el juicio de los “Ulm5”, la extensa prisión preventiva, la presentación de los Ulm5 ante la prensa con esposas y el lugar históricamente único del juicio (se lleva a cabo en la sala del tribunal anexa a la prisión de Stammheim, donde en la década de 1970 se llevó a cabo el famoso juicio contra la Fracción del Ejército Rojo, el grupo de “terrorismo de izquierdas” de Alemania Occidental, un detalle que no ha pasado desapercibido para la población alemana), el Estado intenta recordar a la población lo que podría suceder si deciden actuar por su cuenta para oponerse al genocidio.
Aun así, en el contexto del genocidio, la amenaza de las consecuencias para quienes toman medidas profundiza aún más el alejamiento de Alemania y Gran Bretaña de cualquier apariencia de defensa de los derechos humanos, cuando la idea de ser tales “defensores” es crucial para las identidades de ambos países tras la Guerra Fría.
Por tanto, los Ulm5 y, por su parte, los Filton 25 nos han recordado nuestra responsabilidad de actuar. Que el compromiso de Alemania con el genocidio sea tan rígido le recuerda a cualquier observador de la historia alemana cómo el país ha destruido toda apariencia de justicia mientras actúa bajo el pretexto de la ley, aunque entonces Alemania utilizara interpretaciones retorcidas de la ley para cometer genocidio, mientras que ahora contribuye a él. Alemania intenta impedir, tanto como puede, que la ciudadanía encuentre motivos para plantearse la pregunta fundamental "¿qué harías tú?" mediante tácticas para confundir o desinformar: ocultando la violencia policial contra los manifestantes, fingiendo detener los envíos de armas para luego reanudarlos y así sucesivamente.
"Nunca" se ha convertido en "otra vez", y ahora alemanes y británicos trabajan juntos. El genocidio de Gaza ha hecho necesaria la acción. El bloqueo de las vías para actuar, como se evidencia con los Ulm5 y los Filton 25 y cómo se les ha tratado, debería dejar claro que hemos vuelto a ese lugar llamado “historia”: es decir, a esos momentos en los que los sistemas en los que vivimos no logran cumplir ni siquiera sus propias reglas. Incluso si se descartan las exigencias morales básicas, las exigencias de la Convención sobre el Genocidio nos gritan a través de las noticias de aquellos que, al actuar de acuerdo con la Convención, están siendo juzgados bajo acusaciones de terrorismo y pertenencia a organizaciones criminales», si se ajusta al sentido jurídico del pasaje.
Cada persona debe decidir qué hacer, pero, según la opinión de quien escribe, está cada vez más clara la necesidad de organizarse y unir el recurso fundamental del pueblo —y, por tanto, su herramienta principal—: la fuerza de trabajo; así como el rechazo absoluto al poder ilegítimo.
