En octubre del año pasado, se anunciaron en una rueda de prensa, celebrada en la sala del Consejo Estatal de Medio Ambiente (CONSEMA) en la Empresa Ambiental del Estado de São Paulo (CETESB), las medidas a tomar en respuesta a una crisis hídrica que amenaza el suministro de agua del estado. En ese momento, el embalse del Sistema Cantareira ya se encontraba en el nivel más bajo observado en 10 años; la propuesta para abordar el problema consistía en reducir la presión del agua, un plan de siete etapas que preveía hasta 16 horas de uso restringido antes de que fuera necesario racionar el agua por medios oficiales o programar cortes del servicio.
A parte de lo inadecuado de la iniciativa al compararla, por ejemplo, con lo logrado durante el período crítico en 2014/2015, otro hecho destacó en esa rueda de prensa. Asistieron Thiago Nunes, el director ejecutivo de la Agencia Reguladora de Servicios Públicos del Estado de São Paulo (Arsesp) que habló sobre el plan, Camila Viana, directora ejecutiva de la Agencia de Agua del Estado de São Paulo (SP Águas) y Natália Resende, secretaria de Medio Ambiente, Infraestructura y Logística para el Gobierno del estado de São Paulo. Por lo tanto, no hubo representantes de la Empresa de Saneamiento Básico del Estado de São Paulo (Sabesp), una empresa de suministro de agua que el actual gobernador del estado Tarcísio de Freitas (Partido Republicanos) privatizó en 2024 y a la cual ahora gestiona Equatorial Energía, al haber adquirido el 15 por ciento de las acciones por R$6900 millones. El suceso puso en relieve que sin el control de la empresa, que opera en más de 370 municipios y abastece al 67 por ciento de la población de São Paulo, la Administración estatal no tendrá las mismas herramientas con las que contó para superar la crisis hídrica de hace poco más de 10 años.
Edson Aparecido da Silva, quien cuenta con una maestría en Planificación y Gestión Territorial, es secretario ejecutivo del Observatorio Nacional de los Derechos al Agua y al Saneamiento (ONDAS) y asesor de saneamiento de la Federación Nacional de los Urbanitarios (FNU), señala a Outras Palavras: “En el fondo, hay una cuestión fundamental en este debate: Sabesp es una empresa que vende agua. Bajo una gestión privada, al vender más agua, recauda más dinero, obtiene más ganancias y distribuye más dividendos a sus accionistas. Con esta lógica, se puede explicar el motivo de que las medidas para desincentivar el consumo que fueron adoptadas, por ejemplo, durante la crisis de 2014 y 2015 (bonificaciones para quienes ahorran agua o multas para quienes consumen más), no se consideran en la actualidad una política principal”.
Cuando se anunció el plan para reducir la presión del agua en relación a los niveles de los embalses, el director ejecutivo de Arsesp indicó que tal reducción podría observarse durante el día, pero, según él, no habría una falta de agua por la canilla. Sin embargo, la realidad de quienes viven más alejados de los embalses y en las periferias urbanas es muy distinta. “El problema es que este tipo de solución operativa afecta a las comunidades empobrecidas de forma desproporcionada, en especial a aquellas que viven en zonas periféricas y alejadas de la red de agua, lo que agrava las desigualdades respecto del acceso al agua”, explica Aparecido.
El objetivo de esta medida, que contó con poca repercusión en los medios de comunicación tradicionales, podría ser otro. Aparecido señala: “Parece que la empresa privatizada Sabesp está transitando un proceso de normalización de la falta del agua, como si la población tuviera que adecuar su vida a la disponibilidad cada vez más limitada del servicio. Se está forzando a la gente a vivir con la escasez constantemente y a adaptar sus rutinas a esta”.
Amauri Pollachi, ex-directivo de la disuelta Secretaría de Saneamiento y Recursos Hídricos y asesor de ONDAS, detalla a Outras Palavras cómo la supuesta solución adoptada para hacer frente a los efectos de la crisis hídrica no solo es insuficiente, sino también perversa.
Pollachi sintetiza: “La región metropolitana de São Paulo tiene más de 50 000 kilómetros de tuberías, y no hay forma de garantizar una presión equilibrada en toda la red. Como resultado, distritos enteros están sin agua o reciben muy poca, en especial las zonas periféricas y otras zonas que están siempre en las noticias, como Guarulhos, Osasco, Brasilândia, Grajaú y la región del este. Cuando trabajábamos en Sabesp, solíamos decir que el agua tenía que recorrer un camino tan largo desde el embalse hasta llegar a nuestros lejanos hogares en las afueras que llegaba cansada”.
Pollachi aún recuerda que la normativa de Brasil indica que la presión de suministro mínima en el contador de agua de la clientela debe ser de 10 metros de columna de agua (10 m. c. a.), lo cual se considera suficiente para garantizar un suministro básico a las propiedades situadas al nivel de la calle. Afirma: “Esto es para que pueda llegar hasta un tanque de agua en una casa de dos pisos desde su entrada de agua. No es un número aleatorio. Sabesp debe cumplirlo, pero no lo está haciendo y la agencia reguladora está haciendo la vista gorda al respecto”.
La implementación de una medida que en la práctica limita el suministro de agua para la mayoría de la población, sobre todo en zonas periféricas, asegura, no obstante, que Sabesp evite una reducción de sus ingresos. Tal situación se debe, en parte, a que quienes ven afectado el uso del servicio se benefician de la tarifa social de agua, la cual garantiza una factura con valores más bajos; este beneficio se impulsó al aprobarse la Ley Nacional de la Tarifa Social en junio de 2024. Pollachi recalca: “Tenemos un estudio en que se muestra que la implementación de la tarifa social, fundamentada en una ley federal, impactó los ingresos de Sabesp en aproximadamente un 0,8 por ciento. ¿Por qué? Porque se trata de personas de bajos ingresos que consumen poco en comparación con otros segmentos de la población, por lo que el impacto en los ingresos de la empresa es insignificante, muy bajo. Como consecuencia, se garantiza el suministro en zonas con un alto nivel de ingresos, que se encuentran verticalizadas”.
Por ende, en un contexto crítico, se adopta una lógica semejante al efecto Robin Hood al revés. “Lo que ahora se denomina gestión de la demanda nocturna es, en la práctica, una escasez de agua dirigida a las poblaciones empobrecidas y a quienes viven en zonas desfavorecidas. No se trata de una gestión de la demanda, sino de una restricción del suministro: la empresa distribuye menos agua de la que debería. La demanda existe; la gente necesita agua las 24 horas del día. Las personas que trabajan de forma presencial todo el día y vuelven a sus casas a la noche a menudo ni siquiera pueden ducharse porque simplemente no hay agua”, resume Pollachi.
Tomando prestada la analogía dicha por Tarcísio de Freitas con la cual busca establecerse como el director ejecutivo de Brasil, es siempre importante recordar que el personal ejecutivo vive bajo una presión considerable de obtener resultados inmediatos. Esto sucede, en particular, con las empresas que cotizan en bolsa y cuya misión consiste en equilibrar la sostenibilidad financiera actual con una visión estratégica del futuro que a menudo se desatiende debido al cortoplacismo. Como ejemplo, está la forma en que Sabesp utiliza y gestiona las fuentes de agua.
En los datos del Instituto de Agua y Saneamiento (IAS) se revela que entre 2017 y 2022, período considerado como una poscrisis hídrica, la empresa mantuvo un nivel de extracción de agua inferior al que se observa en la actualidad. Al inicio de la estación seca en abril de 2023, el Sistema Cantareira alcanzó el 85 por ciento de su capacidad, el nivel más alto registrado desde 2011, lo que llevó a que Sabesp aprovechara el momento. De enero a septiembre de 2025, la extracción de agua del Cantareira fue un 30 por ciento superior al promedio registrado en el período de poscrisis.
El problema es el cambio en el escenario climático entre 2024 y 2025: las precipitaciones han caído por debajo del promedio y la estación seca del año pasado comenzó con el embalse Cantareira con una capacidad de alrededor de un 60 por ciento. Pese a ello, Sabesp extrajo un promedio de 72 m3/s de agua el año pasado, según los datos recopilados hasta agosto. Para fines comparativos, la extracción promedio entre 2017 y 2022 fue de 62,3 m3/s. Marussia Whately, director general de IAS, señaló en un artículo del períodico Folha de S. Paulo: “Sabesp no cumple con la concesión del [Sistema] Cantareira. Desde 2023, la empresa ha ido aumentando la extracción de agua y, en 2025, intensificó este proceso”.
En la misma noticia, Sabesp argumentó: “El volumen promedio de extracción de las fuentes de agua varía en función del crecimiento vegetativo de la población a la que se le brinda el servicio y de los ajustes operativos que se implementaron en los últimos años”. Armauri Pollachi rebate esta justificación al decir que la explicación de la empresa se basa en una “contabilidad creativa”.
“Sabesp se excedió en la extracción de agua de los embalses. Hubo un aumento de alrededor de un 15 por ciento en la producción de agua entre 2022 y 2025, pero la población no creció un 15 por ciento”, dice Pollachi. “Sabesp asegura que muchas más personas están recibiendo el servicio, que se han realizado miles de nuevas conexiones de agua, pero al analizar las cifras con detenimiento, se observa lo siguiente: en un edificio con 100 departamentos, solo hay una conexión de agua. Se han construido nuevas viviendas por la intensa verticalización en São Paulo, por lo que cuando Sabesp dice ‘prestamos servicio a más de 500 000 personas’, no es verdad. Estas personas o bien alquilaban y compraron un departamento, o vivían en otro lugar y ya tenían un suministro de agua constante. Este es el tipo de responsabilidad creativa que ilustra la manera en que se verifican los indicadores en la actualidad”.
Al analizar la situación actual de los embalses, el aumento en la extracción de agua se vuelve un hecho más grave. Según Pollachi, la realidad de hoy es peor de lo que era durante la crisis hídrica de 2014-2015. “Todos los sistemas, a excepción del Baixo Cotia, se encuentran en peores condiciones en comparación con 2014. El 21 de enero de ese año, el almacenamiento de agua del Cantareira era del 24,2 por ciento. En el presente, es del 21 por ciento, a pesar del trasvase de agua desde la cuenca del río Paraíba do Sul, a través de la interconexión de la represa hidráulica Jaguari y hasta la represa Atibainha (Cantareira), las cuales constituyen un proyecto que Sabesp —cuando era pública— ejecutó en su totalidad y completó en 2018. Además, en 2014 el Sistema de Producción de Agua São Lourenço no estaba disponible; hoy por hoy, recoge agua del río Juquía, que es parte de la cuenca del río Ribeira de Iguape, en la represa Cachoeira do Franca y puede producir hasta 6400 litros por segundo en la Planta de Tratamiento de Agua Vargen Grande (PTA). El pronóstico es bastante desalentador“, concluye Pollachi.
Aunque aspectos del futuro parecen estar al margen de los planes de Sabesp o las autoridades públicas del estado de São Paulo, que aún son responsables de la supervisión y coordinación del suministro, el pronóstico se muestra alarmante. Una nota técnica del Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales (Cemaden) advierte que los embalses y las aguas subterráneas del Sudeste han llegado a niveles muy críticos y que, incluso con precipitaciones superiores al promedio, la recuperación sería inferior al 60 por ciento.
Hay otros factores que pueden agravar la situación. En un artículo publicado por Agência Pública en diciembre del año pasado, se indicó que casi un tercio de los 195 centros de datos con sede o en funcionamiento en Brasil se encuentran en São Paulo, la mayoría de ellos en zonas densamente pobladas. En el artículo se mencionó a Vinhedo, una ciudad situada a alrededor de 75 km de la capital del estado que declaró una crisis hídrica en mayo de 2025. La ciudad es la sede de Ascenty, la cual opera dos centros de datos que utilizan agua para su refrigeración.
Los centros de datos, al tener la posibilidad de evadir las normas para la obtención de licencias ambientales y de ocultar el uso con respecto a los recursos naturales, pueden representar una nueva amenaza. El profesor Daniel Caixeta Andrade, del Instituto de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Uberlândia (UFU), alerta al medio de noticias de la universidad: “En un escenario donde el cambio climático se está intensificando, con una mayor frecuencia de sequías intensas y fenómenos meteorológicos extremos, la presencia de grandes consumidores de agua puede agravar las presiones existentes sobre los recursos hídricos”.
Edson Aparecido sugiere: “Es necesario controlar de forma estricta el consumo de los grandes usuarios y también cuestionar la lógica que dicta que los ingresos de las compañías deben tener prioridad sobre la gestión adecuada de los recursos hídricos. Mientras se conciba al agua como una mercancía y no un derecho humano fundamental, no será posible garantizar una distribución justa. Otorgar prioridad a la continuidad de los ingresos y a la satisfacción de los accionistas es una contradicción ante la crisis hídrica. También es necesario invertir en sistemas de captación de agua de lluvia para grandes propiedades públicas y privadas —tales como escuelas, hospitales y estacionamientos de centros comerciales—, así como el aprovechamiento de las aguas subterráneas para fines distintos al consumo humano”.
Aparecido destaca la necesidad de reanudar las campañas que se encontraban en marcha y que promovían el consumo consciente del agua y de adoptar políticas de incentivos económico —por ejemplo, tarifas que ofrezcan descuentos a quienes reduzcan su consumo de agua—, estrategias que fueron decisivas para reducir los efectos de la crisis hídrica hace 10 años. “Otro punto clave es que exista un plan de contingencia que defina las prioridades en los momentos de crisis, entre ellas la posibilidad de utilizar el agua de los grandes consumidores, los cuales mantienen sus propios embalses para producir y que podrían, en situaciones de emergencia, contribuir al suministro público”, observa Aparecido, recordándonos otra iniciativa. “La distribución de tanques de agua, realizada en el 2014, es una medida importante, pero no puede adoptarse de forma automática: muchas viviendas situadas en zonas vulnerables no pueden alojar los tanques y las familias no pueden pagar su instalación. Para lograr este proceso, se debe conversar con quienes lideran las comunidades con el fin de evaluar las opciones, tales como los embalses colectivos”.
En este contexto, Amauri Pollachi destaca algo especial, más aún al considerar que 2026 es un año electoral: las exigencias que deben hacerse a la clase política como consecuencia de la situación actual. “Participé directamente de todo el proceso de oposición a la privatización. Asistí a todas las audiencias públicas en la Cámara Municipal de São Paulo y en la Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo. Estuve presente el día en que la Policía Militar invadió la cámara plenaria y atacó a la población con gas pimienta y gas lacrimógeno. Durante todo el proceso, aparecieron advertencias, pero el cuerpo legislativo estatal aprobó la privatización”, recuerda. “La semana pasada, por ejemplo, la región costera Baixada Santista sufrió una escasez de agua sin precedentes. Cada año, millones de personas viajan a la región; siempre ha sido así. La diferencia ahora es que ya no es posible reaccionar. Antes, la empresa transportaba camiones cisterna desde varias regiones del estado y prestaba servicio las 24 horas del día. Ahora, eso ya no ocurre”.
Pollachi señala: “Lo que vimos fueron escenas sacadas directamente del Infierno de Dante: filas interminables de personas que buscaban agua en la playa, algo que nunca había sucedido antes. Al mismo tiempo, quienes forman parte del cuerpo legislativo estatal y votaron por la privatización empezaron a criticar la situación. Esto es contradictorio. Se debe responsabilizar a quienes aprobaron la privatización. Casi la totalidad de los legisladores y las legisladoras estatales votaron a favor, excepto Caio França (partido PSB). No tiene sentido decir que está mal ahora. La pregunta que se debe hacer es: ¿Sigues manteniendo la misma postura que entonces? ¿Crees que ha mejorado? Porque quienes tomaron esta decisión deben hacerse cargo de ella”.
Glauco Faria es periodista en Outras Palavras. Fue editor en jefe de Brasil de Fato y Revista Fórum, presentador de noticias en Rádio Brasil Atual/TVT, y editor en Rede Brasil Atual. Fue coautor del libro Bernie Sanders: A Revolução Política Além do Voto [Bernie Sanders: la revolución política más allá del voto] (Editora Letramento). Para leer otros artículos, diríjase a Substack (https://glaucofaria.substack.com/).
