Las noticias de los países de América Latina donde la derecha volvió al poder parecen seguir un libreto predeterminado. Los gobiernos cuyos líderes asistieron a la Cumbre del Escudo de las Américas reproducen, con matices locales, una misma lógica política: reformas estructurales orientadas a sostener a los grandes capitales; alianzas entre élites empresariales nacionales y los intereses estratégicos de Washington; persecución política de dirigentes sociales; utilización de las fuerzas del orden para reprimir la protesta; estigmatización del movimiento popular y el retorno de la religión como herramienta de legitimación ideológica.
Bolivia no escapa de este manual. A seis meses de gobierno de Rodrigo Paz, el país parece vivir en un estado de convulsión permanente. El paquete de decretos y leyes impulsado por el Ejecutivo centrado en la privatización de recursos estratégicos, la liberalización económica y la reducción del rol estatal (DS5503), sumado a la inflación, la mala gestión gubernamental, las promesas incumplidas, el intento de una reforma agraria y la constante subestimación del bloque popular como sujeto político, tensó al máximo la estabilidad institucional. La demanda de las organizaciones sociales ya no gira únicamente en torno a la abrogación de leyes específicas, hoy, la movilización exige directamente la renuncia de Paz.
La crisis social que atraviesa Bolivia no surgió en las últimas semanas. Es el resultado de fracturas históricas y heridas políticas reabiertas tras la crisis de 2019. La exclusión de las organizaciones sociales de la toma de decisiones, junto con políticas económicas que benefician a sectores reducidos, como la eliminación del impuesto a las grandes fortunas, hicieron reaparecer el problema estructural que Bolivia nunca terminó de resolver: la persistencia del colonialismo interno.
La vieja lógica oligárquica esa que considera que el país debe ser gobernado por una élite “capacitada” porque los sectores indígenas y populares “no entienden” cómo funciona el Estado vuelve a emerger con fuerza. Bolivia parece haber regresado a una etapa donde ya no gobierna quien se parece a la mayoría del país, sino quienes históricamente entendieron la política como un espacio hereditario y excluyente.
El antecedente inmediato del actual conflicto se encuentra en la gran marcha de 2025, que paralizó al país durante dos semanas y terminó obligando al gobierno a retroceder en su primer paquete de medidas privatizadoras. Como suele ocurrir en Bolivia, bastaron pocas horas desde el anuncio de las reformas para que las organizaciones sociales comenzaran un proceso de socialización territorial, explicando en sindicatos, comunidades y barrios las consecuencias que esas políticas tendrían sobre la vida cotidiana.
La movilización “Bolivia no se vende” logró la abrogación del DS5503 y marcó el regreso de una capacidad de articulación social que no se veía desde principios de siglo. Las escenas recordaban inevitablemente a los grandes ciclos de protesta de la Guerra del Agua y la Guerra del Gas: movilizaciones autoconvocadas, estructuras sindicales activadas y una narrativa popular basada en la defensa de los recursos nacionales frente a intereses externos.
Hoy el escenario es aún más complejo. El bloqueo nacional impulsado por el sector campesino y respaldado por la Central Obrera Boliviana, junto a cocaleros, maestros rurales, cooperativistas mineros y juntas vecinales, refleja un agotamiento profundo frente a la incapacidad política del gobierno. Para una parte importante del movimiento social ya no existe margen para la negociación. La percepción dominante es que el gobierno de Paz nunca entendió la naturaleza del conflicto boliviano y que administró el país como si las organizaciones populares fueran actores secundarios y no la principal estructura de estabilidad política construida desde 2006.
El fracaso del nuevo ciclo neoliberal radica precisamente en esa incomprensión histórica. La visión económica de Paz y su equipo parece limitada a replicar modelos promovidos desde Estados Unidos y organismos financieros internacionales: apertura irrestricta de mercados, reducción del Estado y liberalización exportadora. Sin embargo, Bolivia nunca desarrolló una economía industrial sólida que pudiera sostener una apertura de ese tipo sin profundizar las desigualdades.
Durante los catorce años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) existió al menos un intento de modificar la lógica histórica de exportar recursos naturales a bajo costo mientras la riqueza se concentraba en pocas manos. La flexibilización de exportaciones y el beneficio a grandes sectores agroindustriales generan divisas que muchas veces no retornan de manera efectiva al circuito económico nacional. El crecimiento exportador puede mejorar ciertos indicadores macroeconómicos, pero resulta irrelevante para una población cuya capacidad adquisitiva se deteriora día tras día. El problema no es únicamente cuánto exporta el país, sino quién se beneficia de esa riqueza.
Otro de los grandes errores de Paz fue haber asumido que podía gobernar prescindiendo de las bases sociales organizadas. Desde el inicio de su mandato, el gobierno trató a sindicatos, organizaciones indígenas y movimientos campesinos como actores subordinados, incapaces de comprender la “complejidad técnica” de la crisis económica. Esa mirada desconoce por completo la transformación política que vivió Bolivia después de 2006.
Con la llegada de Evo Morales al poder, las organizaciones sociales dejaron de ser únicamente fuerzas de presión para convertirse también en actores de gobierno. La estabilidad política del ciclo masista no se sostuvo solamente en el liderazgo presidencial, sino en un mecanismo de cogobierno territorial donde sindicatos, comunidades y sectores populares formaban parte de la estructura estatal. Lo que hoy ocurre es, en gran medida, el retorno del viejo “Estado aparente”: un Estado que habla en nombre de la nación, pero gobierna de espaldas a la mayoría social y que traicionó los pactos electorales que prometían que, al menos, el campesinado continuaría siendo parte del poder político.
Ante la incapacidad de resolver la crisis, el gobierno volvió a recurrir a una estrategia clásica: la construcción de un enemigo interno. Gobernar también implica negociar y distribuir poder. Sin embargo, el Ejecutivo optó por el camino contrario: estigmatizar a quienes anteriormente ya demostraron capacidad de conducción política.
Los Ministros de Obras Públicas y Presidencia, Mauricio Zamora y José Luis Lupo han utilizado discursos donde el bloque popular aparece retratado como una amenaza para la nación, mientras sectores conservadores vuelven a instalar categorías como “terroristas” o “invasores” para describir la protesta social. Incluso Carlos Mesa, quien llegó al poder tras la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada durante la Guerra del Gas, insiste hoy en atribuir toda la inestabilidad a la movilización popular y no a la incapacidad estructural de entender quienes conforman el país.
En ese contexto, el gobierno intenta nuevamente convertir a Evo Morales en el principal responsable del conflicto. Sin embargo, incluso dentro del propio movimiento popular existe conciencia de que la actual crisis excede cualquier liderazgo individual. Desde 2024, Morales redujo considerablemente su capacidad de movilización fuera de sus bastiones políticos, primero por la presión del gobierno de Luis Arce y luego por las amenazas del actual Ejecutivo. Aun así, para el oficialismo continúa siendo funcional polarizar el escenario político alrededor de su figura y transformarlo en un chivo expiatorio.
Aun así, el expresidente Morales continúa dando un mensaje político sin cambiar su línea de fondo, y reconoce que no importa cuánto se reprima ni cuánto busquen personalizar esta demanda, porque el descontento es algo más profundo. Sus palabras resuenan con claridad: "El problema no es de dirigentes ni de líderes populares. Podrán enjuiciarlos, encarcelarlos y matarlos. Pero seguirán naciendo revolucionarios contra el sistema político-económico que considera a los indígenas y trabajadores como salvajes, sin alma y sin derechos".
Mientras tanto, los políticos indultados desde el Golpe de Estado y ahora gobernantes; como Manfred Reyes Villa piden “mano dura” y simultáneamente a eso se desatan las consignas racistas acompañadas de la impunidad que se creía ya superada. Nuevamente, para el gobierno, el indio se convierte en el enemigo del país.
La diferencia es que la Bolivia indígena y popular de hoy ya no acepta el lugar subordinado que históricamente se le asignó. Después de dos décadas de transformación política, millones de personas experimentaron por primera vez la posibilidad real de disputar el poder estatal. Por eso el conflicto actual no es solamente económico ni institucional: es una disputa histórica entre dos visiones de país.
Dos Bolivias vuelven a encontrarse frente a frente. Una que entiende el Estado como patrimonio de una élite y otra que lo concibe como una construcción donde cohabitan y gobiernan las mayorías populares. Lo que está en juego ya no es únicamente la continuidad de un gobierno, sino la definición misma de quién tiene derecho a gobernar Bolivia.
Valeria Duarte Galleguillos Politóloga e investigadora boliviana, trabaja temas de Geopolítica, Integración regional, Teoría del Estado y Género. Es miembro fundadora del colectivo comunicacional feminista de izquierda Casa Tomada.
