Cuatro activistas podrían ser sentenciadxs como terroristas el próximo mes a pesar de no haber sido condenadxs por delitos de terrorismo.
Charlotte Head, Samuel Corner, Leona Kamio y Fatema Rajwani son algunxs de lxs activistas de Palestine Action acusadxs de irrumpir en una fábrica de armas israelí en Bristol en 2024.
Ellxs fueron declaradxs culpables de daños a la propiedad a principios de este mes en el Tribunal de la Corona de Woolwich, siendo Corner condenado también por lesiones graves sin intención.
Otrxs dos, Zoe Rogers y Jordan Devlin, fueron absueltxs a pesar de haber declarado a la corte que estaban orgullosxs de sus acciones.
Durante el juicio, se pidió al jurado que determinara si lxs acusadxs eran culpables de cargos penales, pero no se les permitió saber que también había una “conexión terrorista”.
Al jurado de 12 miembros tampoco se le permitió escuchar por qué lxs acusadxs eligieron como objetivo a la empresa armamentística israelí, despojando la acción de todo contexto - siendo este el genocidio en Gaza.
Ahora está en manos del juez decidir si sentencia a lxs activistas con una “conexión terrorista” – y, de hacerlo, las consecuencias serán enormes.
A diferencia de la mayoría de presxs en el Reino Unido, que cumplen alrededor del 40 por ciento de sus condenas, ellxs tendrían que cumplir la totalidad de estas a menos que puedan convencer a una junta de libertad condicional de que se han “reformado” tras haber cumplido al menos dos tercios de su condena.
Una vez puestxs en libertad, podrían ser tratadxs como terroristas durante décadas.
Y todo esto podría suceder sin que un jurado lxs haya declarado culpables de ningún delito de terrorismo, lo que supondría el primer caso en que activistas se arriesgan a ser procesadxs bajo normativas antiterroristas.
¿Cómo llegamos hasta aquí?
La Ley Antiterrorista (2000) definía una acción como “terrorismo” si:
Y si:
Durante el debate de la ley, el Ministro del Interior Jack Straw le aseguró al parlamento que esas definiciones "no alcanzarán a la gran mayoría de lxs llamadxs grupos de activistas nacionales que existen en el país hoy en día".
Esto incluía grupos como Greenpeace, que desarrollaban campañas de acción directa sobre temas que iban desde el militarismo hasta el medio ambiente.
El Ministro de Estado del Interior Charles Clarke añadió que los nuevos poderes de proscripción solo se utilizarían "cuando fuera absolutamente necesario".
Con este fin, se entendía en términos generales que la ley no tenía por objetivo permitir la calificación del activismo como terrorismo sobre la base de daños a la propiedad que no representaran una amenaza para la vida o la seguridad.
En 2021, la ley Counter-Terrorism and Sentencing Act permitió a la fiscalía adjuntar una "conexión terrorista" a un caso penal con un umbral mucho más bajo que antes.
Esto permitió que delitos no terroristas que conllevaran más de dos años de prisión pudieran ser sentenciados con una "conexión terrorista" sin que esos cargos fueran examinados por un jurado.
Una de las pocas voces disidentes a esta reforma fue Lord Marks, quien señaló que el sentenciar a personas sobre la "base de una decisión tomada únicamente por un juez, sin escuchar prueba alguna… iría en contra del principio de nuestro derecho penal".
Añadió: "Nadie debería ser condenadx por un delito salvo sobre la base de pruebas admisibles, sujetas a ser rebatidas en un juicio y, si es en el Tribunal de la Corona, examinadas por un jurado."
El 6 de agosto de 2024, activistas de Palestine Action irrumpieron en una fábrica de Elbit Systems en Filton, Bristol.
Dentro de la fábrica, se enfrentaron a guardias de seguridad —uno de los cuales supuestamente golpeó a un activista con un mazo— y destruyeron bienes materiales, incluidos drones militares.
Algunxs de lxs activistas fueron detenidxs en el lugar y puestxs bajo disposiciones penales ordinarias, pero tras 36 horas fueron arrestadxs nuevamente bajo la sección 5 de la Ley Antiterrorista.
La sección 5 "tipifica el delito de preparación de un acto terrorista o de asistencia a otro para cometer un acto terrorista". Cualquiera que fuera declarado culpable puede ser condenado a cadena perpetua.
Tan extrema fue esta respuesta policial que un grupo de relatores especiales de la ONU sonaron la alarma.
En una carta enviada al gobierno del Reino Unido, observaron cómo "la policía del Reino Unido ha ejercido poderes significativos bajo la legislación antiterrorista a pesar de la ausencia de una conexión creíble entre la conducta de lxs activistas y el terrorismo tal como está debidamente definido".
Lxs activistas de Filton no fueron finalmente imputadxs bajo la Ley Antiterrorista. Pero el Crown Prosecution Service (CPS) anunció posteriormente que solicitaría al tribunal que se le aplicara una “conexión terrorista” al primer caso juzgado contra lxs activistas de Filton en virtud de la Counter-Terrorism and Sentencing Act.
Esto marcó la primera vez que dichas disposiciones se utilizaron en contra de activistas, y pareció preparar el camino para la proscripción de Palestine Action.
Documentos a los que tuvo acceso Declassified revelan cómo el gobierno del Reino Unido estaba considerando la proscripción de Palestine Action desde antes de la acción en Filton.
Un informe de la Counter Terrorism Policing (CTP) fechado el 27 de junio de 2024, unas cinco semanas antes del incidente, analiza una reunión con el CPS sobre "las implicaciones para CTP en términos de recursos" si Palestine Action fuera "declarada como un grupo terrorista".
El informe contenía una matriz de amenazas de la CTP que identificaba cuatro categorías de "activismo". Estos iban desde el "activismo lícito" hasta el "terrorismo" tal como lo define la Ley Antiterrorista.
Según la defensa de lxs activistas, esta cronología sugiere que la "conexión terrorista" fue añadida a la acción de Filton para construir una justificación legal para la proscripción del grupo en su conjunto.
"Las instancias decisorias competentes reconocieron que, para que Palestine Action pudiera ser proscrita como entidad terrorista, en lugar de como activismo agravado de alto nivel, sería necesaria una organización 'terrorista'", argumentó la defensa durante una audiencia por abuso de proceso el año pasado.
Añadieron que dichas instancias requerían casos concretos de "terrorismo" para poder proceder a la proscripción, y que la primera audiencia de Filton fue "formulada de manera que permitiera a Palestine Action cumplir la definición de organización terrorista".
En efecto, la Ministra del Interior Yvette Cooper utilizó la cuestión de la "conexión terrorista" para justificar al parlamento su decisión de proscribir a Palestine Action en junio pasado.
Dos meses después, también escribió en The Observer que los cargos contra lxs activistas de Palestine Action incluían una "conexión terrorista" al explicar su decisión de proscribir la organización.
Ese artículo fue publicado a pesar de que asesoramiento interno advirtió que arriesgaba perjudicar el proceso penal contra lxs activistas de Filton, lo que sugiere que la proscripción era la prioridad fundamental.
Si bien la "conexión terrorista" añadida al caso de Filton fue utilizada para justificar la proscripción, sigue sin estar claro cómo las autoridades han determinado cuándo los daños materiales relacionados con protestas cruzan la línea del terrorismo.
Palestine Action ha llevado a cabo cientos de campañas de acción directa desde su fundación en el año 2020. Pero al momento de la proscripción, las autoridades solo hicieron referencia a tres incidentes que supuestamente alcanzaban el umbral de "terrorismo".
¿Qué los diferenciaba?
El año pasado, se le solicitó a la Oficina del Fiscal General (AGO), mediante una solicitud de acceso a la información pública, que proporcionara "documentos de política, notas de orientación, circulares o directrices jurídicas emitidas a los fiscales" sobre cuándo aplicar una "conexión terrorista" a delitos penales.
También se solicitó orientación interna en relación con "el tratamiento de casos relacionados con protestas en los que pudiera considerarse una “ conexión terrorista".
La AGO respondió negándose a confirmar o desmentir si disponía de dicha información.
"Cualquier documento que pudiera o no estar en poder de esta oficina en relación con la aplicación o posible aplicación de una “conexión terrorista” en virtud del Código de Sentencias a procesos relacionados con protestas o daños a la propiedad estaría relacionado con la función del Fiscal General como asesor jurídico del Gobierno", señaló.
Cuando se solicitó la misma información al CPS, este respondió que "no dispone de ningún documento de política interna, notas de orientación, circulares o directrices jurídicas dentro del alcance específico de su solicitud".
En conjunto, todo parece indicar que las autoridades británicas han trazado una línea invisible a partir de la cual los daños materiales relacionados con protestas superan el umbral de lo legal y pasan a ser "terrorismo", pero no se permite al público saber dónde se encuentra esa línea.
A pesar de la ausencia de información pública sobre cómo se aplica una "conexión terrorista", documentos internos y declaraciones ministeriales sugieren que acciones de protesta de alto impacto que causen daños por £1 millón o más podrían exponer a lxs activistas a ser sentenciados como terroristas.
Y esta línea parece haber sido trazada teniendo en mente a lxs activistas pro-Palestina.
En marzo de 2025, cuando el Joint Terrorism Analysis Centre (JTAC), adscrito al MI5, recomendó la proscripción de Palestine Action, su informe se centró exclusivamente en tres incidentes que supuestamente causaron daños "superiores al £1 millon" como prueba de "terrorismo".
Uno de esos tres incidentes fue Filton, descrito en el informe como el "Ataque Terrorista del 6 de agosto de 2024" con "daños estimados… superiores al £1 millón".
Otro estaba relacionado con una acción contra la empresa francesa de armamento Thales en Glasgow en 2022, que aparentemente no fue evaluada como terrorismo hasta después de Filton.
En 2023, un año después de la acción contra Thales, un informe privado para un ministro británico señalaba: "Palestine Action no alcanza el umbral para la proscripción, ya que no comete, participa, se prepara, promueve, alienta ni está involucrada de ninguna otra forma en actos de terrorismo."
En 2025, una junta escocesa antiterrorista observó que Palestine Action "se ha centrado en actividades de protesta que no han estado cerca de cumplir la definición legal de terrorismo".
Lo que emerge de esta cronología es que las autoridades podrían haber desarrollado una nueva forma de interpretar el umbral del "terrorismo" —basada en el criterio de "daños graves a la propiedad" de la Ley Antiterrorista— y la han aplicado retroactivamente al caso Thales.
El hecho de que las autoridades puedan haber modificado su interpretación de lo que constituye "terrorismo" suscita graves preocupaciones en sí mismo, especialmente dado que no ha habido ninguna consulta parlamentaria ni pública al respecto.
Si alguna reinterpretación del umbral del "terrorismo" ocurrió después del incidente de Filton, esto plantearía interrogantes sobre modificaciones retroactivas en la aplicación de la ley.
En otras palabras, dada la ausencia de cualquier precedente jurídico, no habría sido posible para lxs acusadxs saber que el incidente podría ser tratado como terrorismo en el momento en que tuvo lugar.
Además, esto plantea la posibilidad de que las empresas de armamento atacadas por Palestine Action pudieran tener incentivos para inflar los costos de los daños con el fin de agravar el castigo a lxs activistas, ofreciendo potencialmente un efecto disuasorio contra futuras actividades de protesta en sus instalaciones.
En el caso Thales, que luego fue utilizado para justificar la proscripción, los costos de los daños se estimaron en torno a £190,000, con la empresa reclamando "ingresos perdidos por el cierre de las instalaciones" por un valor de £941,000.
En otro caso, los costos de los daños relacionados con una campaña de Palestine Action en una fábrica en Runcorn, Chester, fueron revisados a la baja de £4 millones a £225,000-£345,000 – lo que supone una reducción del 90 por ciento.
Además, no parece existir ningún marco que garantice que las empresas de armamento proporcionen informes precisos sobre los daños antes de que se aplique una "conexión terrorista".
Además de enfatizar las acciones que causaron "daños superiores a £1 millón", el informe del JTAC formuló acusaciones sobre el uso de "violencia" por parte de Palestine Action.
Si bien reconoció que Palestine Action era "muy poco probable" de abogar por la violencia, afirmó con respecto a Filton que "algunxs de lxs atacantes acudieron al incidente con la intención o disposición de ejercer violencia grave contra personas en apoyo de su causa política".
Cooper repitió estas afirmaciones en el parlamento cuando dijo que miembros de Palestine Action habían demostrado "disposición a usar la violencia".
El ministro de Seguridad Dan Jarvis también afirmó que miembros de Palestine Action "han utilizado violencia contra personas" y han sido "acusadxs de una serie de delitos graves, incluidos desórdenes violentos, lesiones graves con intención y robo con allanamiento agravado".
Las mismas afirmaciones fueron enfatizadas por altos cargos del Partido Conservador, con la Portavoz de Asuntos Exteriores en la oposición Priti Patel declarando que Palestine Action tenía "una larga historia de violencia".
Si bien estas afirmaciones se utilizaron para reforzar la justificación pública de la proscripción, sigue sin estar claro qué incidencia, si es que la hubo, tuvo la cuestión de la violencia en la decisión de aplicar una "conexión terrorista" a lxs primeros acusadxs de Filton ni para proscribir Palestine Action en su conjunto.
Además, desde que el CPS solicitó que se añadiera una "conexión terrorista" al primer caso de Filton, todxs lxs acusadxs han sido absueltxs por dos jurados de cualquier intención violenta.
Si bien el incidente de Filton fue utilizado para justificar públicamente la proscripción, el veredicto en ese caso, absolviendo a lxs acusadxs de intención violenta, ha socavado la justificación pública de la proscripción.
Y ahora, cuatro acusadxs de Filton podrían ser sentenciadxs como terroristas a pesar de que Palestine Action no estaba proscrita en el momento del incidente y de que el Tribunal Superior haya declarado posteriormente ilegal la prohibición, pendiente de apelación.
La audiencia de sentencia tendrá lugar el 12 de junio en el Tribunal de la Corona de Woolwich. Tres días después, el Tribunal de Apelación emitirá su fallo sobre la legalidad de la prohibición de Palestine Action.
El CPS, la AGO y la CTP fueron contactados para solicitar sus comentarios.
John McEvoy es Reportero Jefe de Declassified UK. John es un historiador y cineasta cuyo trabajo se centra en la política exterior británica y América Latina. Su tesis doctoral fue sobre las Guerras Secretas de Gran Bretaña en Colombia entre 1948 y 2009, y actualmente trabaja en un documental sobre el papel de Gran Bretaña en el ascenso de Augusto Pinochet.
