Publicado originalmente en Black Alliance for Peace.
Alyssa Phillip, una líder del movimiento Justicia por Kaia Sealy, fue arrestada durante los festejos por el Día del Trabajador en Fyzabad, Trinidad y Tobago. Esto es una evidente demostración de cómo el Estado usa su poder para reprimir los reclamos legítimos de justicia de la población. También muestra que el gobierno se ha alineado por completo con la política del actual gobierno de EE. UU., que ya ni siquiera intenta aparentar un compromiso con las normas internacionales de derechos humanos.
El arresto durante el Día del Trabajador fue particularmente atroz. Agentes con equipo táctico rodearon a Phillip y a su madre y las escoltaron hasta un vehículo policial. Los líderes de los sindicatos catalogaron como «absurda» la justificación de que Phillip no podía participar de la marcha debido a no pertenecer a ningún sindicato. Explicaron que Phillip había sido invitada porque las celebraciones del Día del Trabajador siempre han estado abiertas a toda la ciudadanía.
Alyssa Phillip fue excompañera de escuela de Sealy. Phillip ha organizado diecinueve protestas para exigir transparencia y rendición de cuentas por el tiroteo policial ocurrido el 20 de enero que causó la muerte de Joshua Samaroo y dejó a Kaia Sealy gravemente herida. Sealy, madre y peluquera sin antecedentes penales, fue extraditada desde EE. UU. y acusada de homicidio involuntario y de disparar un arma con intención delictiva. Los seguidores del movimiento consideran que esta situación representa una lucha por la justicia, los derechos humanos, la democracia y la rendición de cuentas de las instituciones. Sostienen que estos temas van más allá de los tecnicismos legales y responden a un principio fundamental: ninguna institución debería estar exenta de rendir cuentas por sus actos.
El reciente arresto de Phillip es parte de una tendencia de represión que comenzó durante el estado de emergencia con las «zonas prohibidas para protestas». Esta tendencia se intensificó cuando Trinidad sirvió como base de operaciones para el refuerzo militar de EE. UU. contra Venezuela. Durante ese periodo, el gobierno permitió el ingreso de las fuerzas armadas estadounidenses y la realización de ejercicios en conjunto a finales de 2025. Esto puso de manifiesto un mayor alineamiento con los intereses estratégicos de EE. UU. lo que coincidió con un endurecimiento de las medidas de seguridad interna. Estas medidas, que prohibieron las protestas dentro de un radio de 500 metros de 15 instituciones clave del Estado, fueron promulgadas al poco tiempo de que las protestas relacionadas con caso Samaroo-Sealy cobraran fuerza. De hecho, Phillip y su madre ya habían sido detenidas y se les había concedido una fianza de 10 000 TTD por los cargos de «alteración del orden público» y de «influir en la opinión pública de una manera perjudicial para la seguridad pública». Estos cargos, formulados en virtud del Reglamento de Poderes de Emergencia, criminalizan de forma alarmante el simple hecho de alzar la voz.
Esto es simple y llanamente intimidación. Un intento de silenciar a una persona que las autoridades encuentran inconveniente. También es necesario entender el arresto en un contexto más amplio: el alineamiento total del gobierno con la política exterior y las estrategias de seguridad de EE. UU. Desde que asumió el cargo, el gobierno encabezado por el UNC ha alineado el rumbo de Trinidad y Tobago con el de Estados Unidos. Como resultado, ha adoptado su retórica y respaldado sus decisiones geopolíticas más polémicas.
El Primer Ministro ha elogiado públicamente las operaciones militares de EE. UU. en el Caribe, al declarar que «todos los narcotraficantes deberían morir de forma violenta». También ha celebrado la ampliación de la presencia militar estadounidense en la región, incluida la instalación de un radar de nivel militar en Tobago. El gobierno de Trinidad se ha alineado con las posiciones de EE. UU. sobre Venezuela, Cuba e Irán. También siguió la misma línea al declarar a Hezbolá, Hamás, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y Tren de Aragua como organizaciones terroristas. Al mismo tiempo, intensificó la represión de las protestas durante el refuerzo militar contra Venezuela. Estas posturas lo hacen cómplice de políticas consideradas como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones de la Carta de las Naciones Unidas. Especialmente cuando dichas declaraciones y medidas de seguridad sirven para criminalizar a quienes expresan su desacuerdo y facilitar objetivos militares extranjeros bajo el pretexto de la seguridad nacional. El gobierno incluso se ha distanciado de la postura histórica de neutralidad de la Caricom y del principio de “Zona de Paz”. Además, ha calificado al organismo regional de «socio poco confiable».
Esta subordinación a los intereses estadounidenses tiene consecuencias para la legitimidad política dentro del país y la soberanía nacional. Este enfoque centrado en la seguridad prioriza la aplicación de la ley y las restricciones por encima de la rendición decuentas y de los derechos humanos fundamentales. Refleja el mismo enfoque que EE. UU. ha promovido en todo el mundo. La represión de las protestas bajo el pretexto de «seguridad» es un reflejo de este alineamiento. Cuando un gobierno adopta las dinámicas de un poder externo que prioriza el orden por encima de la justicia y los derechos humanos, lo primero que se sacrifica es el derecho de la población a expresar su desacuerdo.
El pueblo de Trinidad y Tobago merece algo mejor. Nos solidarizamos con Alyssa Phillip y con todas las personas que se niegan a abandonar la verdad, la justicia y la defensa de los derechos humanos.
