Este mes, en un cementerio musulmán en el extremo norte de África, Europa empezó a enterrar a lxs muertos de su frontera.
No sabemos los nombres de casi todxs quienes fueron bajadxs en bolsas para cadáveres a las fosas en Ceuta. Formaban parte de las al menos 96 personas que murieron el 30 de julio, cuando más de 72 000 personas cruzaron desde Marruecos hacia el enclave gobernado por España —ahogándose en el mar o aplastadas en la estampida—. Tres semanas después, las familias seguían buscando a lxs desaparecidxs. Una de las razones por las que se pudieron identificar tan pocos cuerpos fue que a los familiares en Marruecos les costaba mucho cruzar legalmente a Ceuta para entregar las muestras de ADN necesarias para identificarlxs.
Esta oleada se produjo diez días después de que Sánchez viajara al rival argelino de Marruecos, lo que recuerda a 2021, cuando Rabat abrió la válvula de escape en Ceuta por el trato que España le dio a un líder del Polisario —esta vez en medio de la hostilidad hacia Sánchez por parte de Washington e Israel debido a su oposición al genocidio en Gaza y a la guerra contra Irán.
Las vallas que rodean Ceuta marcan un extremo de la Fortaleza Europa. Más al sur, la semana pasada, la guardia costera de Mauritania interceptó a 161 personas —entre ellas 17 niñxs— cuyo barco había estado a la deriva durante ocho días tras salir de Gambia con destino a las Islas Canarias de España. En 2025, 54 naufragios en la ruta entre África Occidental y las Islas Canarias dejaron 1,214 personas muertas o desaparecidas, según la Organización Internacional para las Migraciones.
Mauritania no es miembro de la Unión Europea. Pero se ha convertido en una de las zonas fronterizas de Europa. La UE prometió más de 210 millones de euros al país en 2024, incluyendo fondos para la gestión de fronteras y migración. Allí operan barcos, aviones y personal de seguridad españoles. España ha financiado centros de detención de migrantes en territorio mauritano. La violencia de la frontera europea se está desplazando cada vez más allá de la propia Europa.
Hace un año, justo la semana pasada, en otra parte de esa frontera se abrió fuego. A cuarenta millas náuticas al norte de Libia, dos hombres a bordo de una lancha patrullera de la Guardia Costera libia dispararon durante veinte minutos contra el Ocean Viking, un barco de rescate que transportaba a 87 personas rescatadas del Mediterráneo. La lancha patrullera había sido donada por Italia dos años antes en el marco de un programa de la Unión Europea para la «gestión integrada de fronteras y migración» en Libia.
El ataque da inicio a Primero vinieron por lxs migrantes, el último estudio de caso de la Internacional Reaccionaria, el proyecto de investigación de la Internacional Progresista. En él se traza una frontera europea que opera mucho más allá de la propia Europa: armando y entrenando a las fuerzas de seguridad; usando la ayuda y el comercio como influencia; extendiendo sistemas de vigilancia por todos los continentes; y construyendo centros de detención y deportación fuera de la Unión.
En Marruecos, la Unión Europea gastó más de 2 mil millones de euros en cooperación migratoria entre 2014 y 2022. Las fuerzas de seguridad han llevado a cabo detenciones masivas de migrantes y refugiadxs, en su mayoría de raza negra, antes de transportarlxs hacia zonas fronterizas desérticas sin comida, agua ni refugio.
«Tienes que hacerles la vida difícil a lxs migrantes. Complicarles la vida», explicó un consultor que trabaja en un proyecto financiado por la UE. «Deja a alguien de Guinea en el Sáhara dos veces, y la tercera vez te pedirá que le lleves de vuelta a casa por su propia voluntad». A lo largo de la costa de Túnez, la UE ofreció más de mil millones de euros en apoyo en 2023, incluyendo 105 millones de euros para el control migratorio, meses después de que el presidente Kais Saied hubiera denunciado la migración subsahariana utilizando el lenguaje de la teoría de la conspiración del «Gran Reemplazo» de la extrema derecha europea.
En 2019, la UE suspendió los barcos de la Operación Sophia, una misión naval que había rescatado a decenas de miles de personas en el mar. Fueron reemplazados por drones, que localizan desde el aire a las embarcaciones que cruzan el Mediterráneo y pasan sus coordenadas a las fuerzas libias para que intercepten a quienes van a bordo y lxs devuelvan a un país donde lxs migrantes se enfrentan a detenciones arbitrarias y violencia. Las autoridades europeas pueden observar a personas en peligro sin tener que llevarlas a un lugar seguro.
Gran Bretaña gastó cientos de millones de libras preparándose para deportar a solicitantes de asilo a Ruanda sin llegar a expulsar a nadie por la fuerza. Italia construyó centros de detención en Albania, pero repetidos recursos judiciales bloquearon el plan original y obligaron a Roma a darles otro uso. En 2018, la Comisión Europea insistió en que los centros de deportación en alta mar serían ilegales. Este junio, negociadores del Parlamento Europeo y los gobiernos de la UE acordaron normas que permiten precisamente esos «centros de retorno» en terceros países.
Las políticas que antes se asociaban con la extrema derecha del continente ahora pasan por las instituciones de la Unión Europea. Algunas personas hacen el camino inverso. Fabrice Leggeri estuvo siete años al frente de Frontex. Bajo su liderazgo, la agencia se dotó de su propio cuerpo armado permanente —las primeras «tropas civiles con uniforme» de Europa, como las describió Leggeri—, mientras que la agencia fue acusada repetidamente de participar en devoluciones ilegales y mortales en las fronteras de Europa. Realizó su renuncia en 2022 en medio de investigaciones sobre esas acusaciones. Dos años después, fue elegido para el Parlamento Europeo por el Agrupamiento Nacional de Marine Le Pen.
La extrema derecha aporta personal, presión y demandas cada vez más radicales. Los gobiernos de centro y centro-derecha las convierten en presupuestos, acuerdos y maquinaria administrativa. Frontex es la agencia de la Unión Europea más grande y de más rápido crecimiento. Sus oficiales ya operan mucho más allá de la Unión, mientras que su creciente cuerpo permanente le da a Bruselas una fuerza armada propia.
La maquinaria no se detiene ahí. La ley de seguridad de 2025 de Giorgia Meloni endurece los controles sobre lxs migrantes detenidxs y aumenta las sanciones contra quienes protestan por el clima. Se ha usado software espía contra periodistas y activistas. Los poderes que se justifican contra lxs migrantes se vuelven parte de una arquitectura más amplia de vigilancia, control policial y represión.
La «Fortaleza Europa» no hace nada para eliminar lo que empuja a la gente hacia ella. La guerra destruye hogares. El colapso climático afecta la agricultura. El intercambio desigual drena la riqueza del Sur Global. Los estados europeos participan en cada uno de estos problemas y luego gastan miles de millones en controlar el movimiento que les sigue. Un orden mundial hace imposible la vida de millones de personas; el dinero público fluye hacia las fuerzas de seguridad, los fabricantes de armas, las empresas de tecnología y los gobiernos autoritarios para impedir que se muevan.
Romper ese círculo vicioso significa defender el derecho a desplazarse: a cruzar una frontera, buscar refugio y armar una vida en otro lugar. También significa defender el derecho a quedarte en el lugar que ya consideras tu hogar.
Europa está negando ambos derechos. Nuestra tarea es, por el contrario, defenderlos: desmantelar la maquinaria que castiga a la gente por desplazarse y construir la paz, los medios de vida y la soberanía que hacen posible quedarse.
Organizadorxs palestinxs llevan el BDS a los restaurantes de Nueva Orleans
Dos miembros de la Internacional Progresista —el Movimiento Juvenil Palestino (PYM) y Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA)— están trabajando juntos en Nueva Orleans para ampliar la campaña «No Appetite for Apartheid». Lxs organizadorxs del PYM se dirigieron esta semana a la sección local de la DSA para hablar sobre la iniciativa de convencer a los restaurantes de que identifiquen y reemplacen los productos y proveedores implicados en el ataque de Israel a Gaza, y las empresas que participen recibirán reconocimiento público por parte de la campaña. Esta iniciativa lleva el BDS a los negocios del vecindario y a las cadenas de suministro, con lxs miembros de DSA ayudando a desarrollar la campaña a nivel local.
23 de agosto de 1960 - La Federación de Mujeres Cubanas
La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) se fundó el 23 de agosto de 1960, apenas 18 meses después del triunfo de la Revolución Cubana. Dirigida por la revolucionaria Vilma Espín hasta su muerte en 2007, se convirtió en la organización de masas encargada de hacer de la liberación de las mujeres un eje central del socialismo cubano —lo que Fidel Castro llamó una «revolución dentro de la revolución». De unas 100 000 afiliadas, la FMC creció hasta organizar a millones de mujeres, ayudando a liderar la campaña de alfabetización, ampliar la educación y el cuidado infantil, capacitar a las ex trabajadoras domésticas y promover los derechos reproductivos y legales. «El socialismo para las mujeres cubanas significaba libertad, independencia, soberanía, dignidad, justicia social», dijo Espín, «el derecho a decidir sobre su propio destino». Más de seis décadas después, la Federación sigue organizándose para defender esos logros.
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Julià Panadès es un artista mallorquín que trabaja con desechos que encuentra, a menudo arrastrados hasta la costa de esta isla del Mediterráneo. Él mismo ha descrito su trabajo como «arqueológico», señalando que algunas de las botellas y tapas que encuentra son de origen árabe y tunecino; sus materiales y métodos de trabajo reflejan una sensación de precariedad e impermanencia.
Las Islas Baleares tienen una profunda relación con la amenaza de invasión. Los Honderos Baleares, originarios de las Islas Baleares, eran antiguos guerreros que lucharon en las Guerras Púnicas a partir del año 264 a. C., mientras que hoy en día hay una protesta cada vez mayor contra el turismo colonial.
