“¿Cómo puede un gobierno democrático hacer algo así?”, preguntó Shivmuni Singh, de 74 años, visiblemente desconcertado. Había viajado durante dos días desde una aldea del distrito de Buxar, en el estado oriental de Bihar, y había pasado una noche en una estación de tren a las afueras de Delhi. Su viaje terminó ante las barricadas que habían instalado alrededor del centro de la capital. Estaba a unos 2,5 kilómetros de Jantar Mantar, un observatorio astronómico del siglo XVIII y un lugar oficialmente habilitado para las protestas. Al menos 200 policías custodiaban la barricada donde le habían impedido el paso.
El 10 de octubre, el Cockroach Janata Party (CJP, Partido Popular Cucaracha) convocó una protesta en Delhi contra Gyanesh Kumar, jefe de la Comisión Electoral. Este movimiento juvenil, que busca que el Gobierno de la India rinda cuentas ante la ciudadanía, nació este verano y desde entonces ha cobrado una enorme fuerza. A Kumar lo acusan de actuar ilegalmente al aplicar una Revisión Especial Intensiva (SIR, por sus siglas en inglés) al padrón electoral. Muchas personas denuncian que este proceso sirve para excluir a comunidades minoritarias y a votantes de la oposición. La SIR ya ha eliminado a 130 millones de votantes del padrón. Partidos de la oposición de varios estados afirman que el proceso ha ayudado al Bharatiya Janata Party (BJP, Partido Popular Indio), liderado por Narendra Modi, a ganar en elecciones recientes.
Singh había visto por primera vez los videos que el fundador del CJP, Abhijit Dipke, un graduado universitario dalit de 30 años, difundía en internet durante las protestas estudiantiles que el movimiento encabezó en julio contra la filtración de exámenes. Aquellas movilizaciones masivas despertaron el entusiasmo de gran parte de la generación Z y provocaron la renuncia del ministro de Educación de Modi. Era solo la segunda renuncia de un integrante de su gabinete en los 12 años transcurridos desde que llegó al poder, y una muestra poco habitual de vulnerabilidad del Gobierno del BJP.
“En cuanto Dipke dijo que la juventud protestaría por nuestro derecho a tener elecciones justas, quise venir a apoyarla”, me dijo Singh cuando lo conocí el 10 de octubre. “Mi padre luchó por la libertad y fue a la cárcel durante la lucha por la independencia. Así que, alzar la voz ante los problemas del país lo llevamos en la sangre”. Formaba parte del pequeño grupo de manifestantes que había logrado sortear varios cordones de barricadas y entrar en el centro administrativo de la capital.
Mientras hablábamos, un dron de vigilancia sobrevolaba nuestras cabezas. Cada tanto, un grupo de policías entraba en acción: hacían sonar sus silbatos, golpeaban el asfalto con sus bastones y corrían frenéticamente tras estudiantes que habían logrado cruzar los cordones anteriores. Cada vez que la policía se acercaba a Singh, él levantaba las manos para pedirles que lo dejaran en paz, y los agentes cedían por su edad. Otras personas no tuvieron la misma suerte. La policía arrastró a muchas y las empujó hacia los autobuses públicos estacionados cerca para trasladarlas a un centro de detención. “No recuerdo mucho del estado de emergencia”, dijo Singh, refiriéndose al período entre 1975 y 1977, cuando la entonces primera ministra Indira Gandhi suspendió los derechos fundamentales. “Pero imagino que sería algo así”.
Muchas personas han establecido paralelismos entre la respuesta del Gobierno de Modi a las protestas del CJP y el estado de emergencia de Indira Gandhi. No es la primera vez que describen el mandato de Modi como un estado de emergencia no declarado, dados sus numerosos ataques contra la disidencia y la democracia desde 2014. Aun así, lo ocurrido en Delhi el 10 de octubre marcó, a ojos de la ciudadanía, una grave escalada: un enorme operativo de seguridad contra manifestantes que mostró un desprecio absoluto por los derechos democráticos. El estado de emergencia de Modi se intensificaba. La comparación con las medidas de Indira Gandhi, antes reservada al análisis académico y a los círculos de comentaristas políticos, resulta ahora evidente para personas como Singh.
Un día antes de la protesta, la Corte Suprema de la India había preguntado si las restricciones del Gobierno equivalían a usar un “martillo para matar una mosca”. Las autoridades enviaron a Delhi unos 23.000 agentes de seguridad, entre quienes había personal que había participado en operaciones antiterroristas en la Cachemira administrada por la India y en operaciones contra insurgentes de izquierda. Cortaron los servicios de internet en una zona de cuatro kilómetros cuadrados de la capital que incluye la residencia del primer ministro, las embajadas de la mayoría de los principales países y la Corte Suprema. Por orden del Gobierno, cerraron 57 estaciones de metro: una quinta parte de las estaciones de una red que transporta a más de seis millones de personas al día. También cancelaron casi 250 trenes con destino a las estaciones ferroviarias más transitadas de la India.
Las autoridades detuvieron preventivamente a miles de personas, incluso en Jantar Mantar, el lugar de la protesta. Las barricadas que instalaron en casi todas las calles del centro de Delhi lo convirtieron en una ciudad fantasma. Solo rompían el silencio los altavoces, que emitían advertencias contra las reuniones, protestas o marchas, y las estridentes sirenas de los vehículos descubiertos que transportaban a policías armados. Ese mismo día, un grupo de destacadas figuras de la sociedad civil escribió al comisionado de policía de Delhi para denunciar que la fuerza policial abusaba de la ley al imponer restricciones y realizar detenciones preventivas. La carta afirmaba que “disuadir a la ciudadanía de ejercer su libertad de elección democrática y su derecho fundamental a manifestarse y reunirse pacíficamente para expresar sus demandas constituye un delito de intimidación, sobre todo cuando lo hace la policía. Equivale a amenazar a la población con medidas severas si no acata esas advertencias”.
El 10 de octubre, al caer el sol, la policía había detenido a más de 7.000 personas. Entre ellas había exjefes de Gobierno estatales de partidos de la oposición, profesionales de la abogacía que pretendían marchar desde la Corte Suprema y periodistas que se dirigían a cubrir las protestas para, sencillamente, hacer su trabajo. La policía detuvo a Dipke y a otros dirigentes del CJP a bordo del avión comercial en el que habían llegado a Delhi. También detuvo a estudiantes que intentaban viajar a la capital desde otras partes de la India en estaciones de tren situadas a cientos de kilómetros de Delhi. En los barrios de mayoría musulmana del sur de Delhi, con una larga historia de protestas contra el Gobierno de Modi, la policía detuvo a estudiantes durante toda la noche anterior. Todo ello expresaba directamente la voluntad del Gobierno de Modi: la policía de la capital responde directamente al Gobierno central que él encabeza.
Pero la respuesta desproporcionada del Gobierno de Modi ante una ciudadanía que exige rendición de cuentas también revela su pánico y lo que está en juego. El férreo control del BJP sobre el poder político en Delhi y en la mayor parte de la India durante los últimos 12 años se ha construido sobre la imagen de Modi como un líder fuerte, de cualidades casi divinas, cuya sabiduría nadie debería cuestionar. Las protestas de julio, llenas de memes y burlas contra Modi y su Gobierno, dañaron profundamente esa imagen de una forma que ninguna otra protesta antigubernamental de la última década había logrado. El Gobierno dejó claro que no sabía cómo responder a la burla pública y no parece estar preparado para una segunda ronda. Más importante aún: esta vez, la ciudadanía india cuestiona la propia legitimidad del Gobierno de Modi. Y aunque las autoridades frustraron sus planes el 10 de octubre, quienes protestan no se dejan intimidar.
Hay algo kafkiano en la historia del CJP, tanto en la respuesta del Gobierno como en el nombre que eligió el movimiento. El CJP nació en mayo como una cuenta de parodia en Instagram, después de que el presidente de la Corte Suprema de la India comparara a la juventud desempleada con cucarachas. La concesión de Modi al CJP, que se concretó en la renuncia del ministro de Educación en julio, equivalió a reconocer su mala gestión y, sobre todo, entre la juventud que protestaba, destruyó la idea de que era invencible. El primer ministro probablemente esperaba que la renuncia bastara para desactivar el movimiento, pero solo consiguió darle más fuerza. Ahora, el Gobierno del BJP enfrenta una decisión aún más difícil, ya que el CJP exige la destitución de Gyanesh Kumar. Una renuncia podía parecer una simple excepción en un régimen al que se le atribuía un control absoluto. Dos se acercarían peligrosamente a una invitación a exigir cuentas a todo el régimen gobernante.
La Constitución establece que el jefe de la Comisión Electoral es un funcionario independiente, sin vínculos con ningún partido político, cuya autoridad debe prevalecer sobre la del Gobierno de turno. Gyanesh Kumar llegó a ese cargo, al frente de la Comisión Electoral (CE), después de que el Gobierno de Modi cambiara la ley para excluir al presidente de la Corte Suprema de la India del comité de tres integrantes que selecciona a quienes componen la Comisión. El comité también incluye al primer ministro y a quien lidera la oposición. En lugar del presidente de la Corte, un ministro del gabinete designado por el primer ministro pasó a ocupar el tercer puesto. Así, el Gobierno obtuvo la mayoría necesaria para imponer sus preferencias: una señal reveladora de que la independencia del cargo podía verse comprometida.
En una entrevista reciente, un periodista del canal de televisión Aaj Tak preguntó sobre las últimas protestas a un posible aliado político del BJP en el estado de Punyab. El canal forma parte de los llamados “Godi media”, medios a los que se considera serviles al BJP. El político dijo que Gyanesh Kumar debía renunciar. El periodista replicó preguntándole por qué querría aliarse con el BJP si pensaba así. “Pido su renuncia porque la acusación en su contra es grave”, respondió el político de Punyab. “Pero ¿usted está insinuando que Gyanesh Kumar y el BJP están vinculados? ¿Que la CE es el BJP y el BJP es la CE?”.
Es evidente que la renuncia del jefe de la Comisión Electoral tendría consecuencias directas para Modi y el BJP, y pondría en primer plano cómo han socavado los procesos y las instituciones democráticas. Equivaldría a reconocer tácitamente sus irregularidades, y las preguntas incómodas dominarían los medios: ¿no ha tenido la India elecciones libres y justas en los últimos años? ¿Ha llegado el BJP al poder en muchos estados de la India únicamente mediante el fraude? ¿Tenía razón la oposición al denunciar que le robaban votos de forma sistemática?
Para Modi, es una situación difícil que solo puede contener con cortes de internet, con el despliegue de decenas de miles de agentes de seguridad y con la esperanza de que las protestas se apaguen y su recuerdo se desvanezca. Pero todo parece inútil si las voces disidentes se extienden, como ya ha ocurrido, más allá del lugar acordonado para las protestas.
El 10 de octubre, Vicky Kumar logró llegar a Connaught Place, una zona comercial a solo 300 metros de Jantar Mantar. Habitualmente bulliciosa, aquel día reinaba en ella una tranquilidad inusual, porque había quedado aislada del resto de Delhi. Vicky llevaba una camisa con la imagen de Netaji Subash Chandra Bose, un luchador radical por la independencia de cuyo legado el BJP intenta apropiarse. El corte de internet le había impedido comunicarse con sus amistades, a quienes la policía había detenido al dirigirse al lugar de la protesta desde el oeste de Delhi. “Me decepciona no haber podido ayudarles”, dijo. “Podría haberles mostrado un camino por los callejones para que evitaran los puestos de control”.
Sansad Marg y Janpath, las principales vías de acceso a Jantar Mantar, estaban completamente bloqueadas por un muro de policías que permanecían hombro con hombro. Vicky levantaba con valentía un cartel que decía: “En el país se celebran elecciones ilegales. Modi es un primer ministro ilegal”. Me contó que tenía 28 años y que se preparaba para unos exámenes de selección. “Mi error fue votar por el BJP en las elecciones anteriores”, dijo. “Quiero asegurarme de que nadie más cometa ese error. Eliminar 130 millones de nombres del padrón electoral es injustificable”. Poco después, la policía se llevó a Vicky junto con otras personas que protestaban. Casi cada media hora, como si siguieran una rutina ensayada, los agentes se ponían los cascos, tomaban sus escudos de fibra de vidrio y corrían entre la multitud para detener a jóvenes manifestantes. Quienes protestaban se dispersaban por las callejuelas de la zona comercial, inquietantemente vacía. Algunas personas celebraban haber corrido más rápido que los corpulentos policías; otras seguían grabando la persecución, y otras sentían miedo tras haber estado a punto de caer en sus manos. A quienes atrapaban los subían a autobuses que los llevaban fuera del centro de Delhi.
Las protestas de julio, también en Jantar Mantar, habían comenzado con poca gente. Pero, a medida que se prolongaban durante semanas, los discursos se hicieron virales, al igual que las pancartas, los carteles y los letreros que llenaban el lugar. Los videos en 4K y las transmisiones en directo mostraron con nitidez la brutalidad con la que la policía reprimió al estudiantado el 20 de julio. Esto atrajo a más jóvenes, que utilizaron las herramientas y el lenguaje de su generación. Sus mensajes eran groseros, irreverentes y se burlaban abiertamente de Modi; se difundieron por internet sin control. El líder que había controlado el relato de forma autoritaria y había cuidado con maestría su presencia en internet pasó, de pronto, a dar vergüenza ajena y a quedar pasado de moda. Los intentos del Gobierno de calmar a esa juventud que se burlaba de él en las redes sociales resultaron contraproducentes. Modi empezó a publicar videos breves para dirigirse directamente a la generación Z y sus ministros salieron a respaldarlo. Algunos intentaban persuadir al estudiantado; otros lo reprendían. Pero todos recibieron la misma respuesta: incredulidad y burlas. Los cortes de internet en el centro de Delhi y las detenciones impidieron que el 10 de octubre desencadenara la misma cadena de reacciones que el 20 de julio. Jantar Mantar ya no tenía el ambiente festivo de las protestas de tres meses antes.
“La verdad es que estoy un poco decepcionado”, señaló Rocky, quien pidió que solo se lo identificara con ese nombre. “Pensé que habría muchísima gente, que tal vez me golpearían o que podría ver cómo es el gas lacrimógeno”. Este joven de 22 años había viajado durante dos días desde el distrito de Durgapur, en Bengala Occidental. En ese estado, las autoridades habían eliminado más de nueve millones de nombres del padrón electoral a principios de 2026. Lo anterior suscitó denuncias de que esas exclusiones habían permitido al BJP conquistar por primera vez el poder en el estado. Muchas de las amistades y los familiares de Rocky no habían podido votar. Aunque había pasado el día en Connaught Place en vano, aseguró que se quedaría en la ciudad por si se reanudaban las protestas. Un día antes de las movilizaciones, la policía de Delhi publicó un comunicado de prensa que detallaba la “justificación” de las restricciones. Afirmaba que había denegado al CJP el permiso para reunirse y protestar, debido a la experiencia de las protestas anteriores. El Gobierno había presentado el mismo argumento ante la Corte Suprema para justificar las medidas draconianas en el centro de Delhi.
La policía de Delhi publicó en X un video de los escasos episodios de violencia protagonizados por manifestantes durante las protestas anteriores, que habían sido abrumadoramente pacíficas. El video omitía, de manera conveniente, las numerosas golpizas, las detenciones y el uso abundante de gases lacrimógenos y de armas de perdigones por parte de la policía. Aunque en julio se retiraron todas las causas contra manifestantes del CJP, tras una distensión con el Gobierno que siguió a la renuncia del ministro de Educación, la Corte Suprema supervisa una investigación sobre los excesos policiales y el acoso a las mujeres que entonces se manifestaron.
El Gobierno cuenta con otro mecanismo para intimidar a quienes protestan: su base de apoyo y la militancia del BJP, así como las numerosas personas y organizaciones vinculadas a la derecha hinduista. “He venido a decir que apoyamos a la policía de Delhi”, me dijo Ravindra Singh, alias Govinda Hindu, cuando lo conocí en el centro de Delhi el 10 de octubre. “Esta gente traidora no tiene permiso para protestar”. Afirmó que no pertenecía a ninguna organización, pero repetía expresiones habituales del BJP. “Primero querían la renuncia del ministro de Educación. Ahora quieren la renuncia de la Comisión Electoral. Después querrán que renuncie nuestro primer ministro”. Formaba parte de los numerosos grupos de derecha que se habían reunido en Connaught Place para oponerse a las protestas. En general, la policía no los detuvo, pese a que pasaron el día reunidos en grupos y coreando consignas. La propia policía había invocado disposiciones del Código Penal que prohibían cualquier reunión de civiles en la zona.
Durante todo el día, ante la mirada impasible de la policía, los hombres y una mujer increparon al grupo de cientos de periodistas y personas creadoras de contenido que se encontraban allí. La mujer llevaba una camiseta con el lema “Aplasten a las cucarachas”, presumiblemente en respuesta al reciente llamado del líder opositor Rahul Gandhi a “Aplastar el patriarcado”. Se oían con frecuencia gritos de “Traidorxs”, “antipatriotas”, “izquierdistas” y “antihindúes”.
Ravindra sostenía que el CJP quería desatar la anarquía y establecía paralelismos con las revoluciones que han derrocado a los regímenes gobernantes en Nepal y Bangladesh en los últimos años. Repetía así las publicaciones del BJP en redes sociales para desacreditar las protestas y justificar su represión. Instantes después de hablar conmigo, las cámaras grabaron a Ravindra y a sus compañeros agrediendo a manifestantes: los arrastraban por el cuello de la ropa, los tiraban al suelo y golpeaban repetidamente a algunas personas jóvenes, mientras la policía observaba. Solo cuando los videos acumularon millones de reproducciones en internet, ya entrada la noche, la policía arrestó a los cuatro hombres implicados en el ataque.
En este momento, la retórica de la derecha encuentra poca acogida, tanto en internet como fuera de él, y el BJP parece consciente de que pierde influencia entre una generación permanentemente conectada. Entre 2014 y 2018, expresiones como “urban naxals”, “tukde-tukde gang” y “andolan jeevis”, términos despectivos para referirse a la izquierda y a cualquiera que se atreviera a cuestionar al Gobierno, se incorporaron al lenguaje político cotidiano, con una ayuda considerable por parte del propio Modi. La oposición dedicó mucho tiempo y energía a rechazar esos insultos y defenderse de ellos, y se mantuvo a la defensiva. Pero, a mediados de 2026, cuando Modi intentó tachar de “dimagi naxals” a quienes lo criticaban, en alusión a personas con una mentalidad de extrema izquierda, no logró entusiasmar a la derecha ni intimidar a sus destinatarios. En cambio, muchas personas de la generación Z que participan en las protestas han convertido el término en motivo de orgullo.
Peor aún para el BJP, la anterior oleada de protestas del CJP y las conversaciones posteriores en internet han dado amplio espacio, reproducciones, reacciones de “me gusta” y comentarios a una nueva generación de izquierda que se hace oír. Entre 2014 y 2026, la izquierda en la India sufrió un rápido declive. Hoy, por primera vez en casi 50 años, no gobierna en ningún estado del país. La izquierda apenas cuenta con ocho representantes en el Parlamento nacional. Sin embargo, una de las figuras más carismáticas de las protestas del CJP es ahora Neha Bora, dirigente de la All India Students’ Association (Asociación de Estudiantes de Toda la India), el brazo estudiantil del Partido Comunista de la India (Marxista-Leninista) de Liberación. Como muchas figuras de la izquierda, habla de forma directa y sin reservas, y ese lenguaje empieza a ganar terreno en el espacio digital. Llamar a Modi fascista ha sido una constante en los discursos de las protestas.
En un momento de la tarde del sábado, el grupo de contramanifestantes de evidente tendencia derechista que se encontraba en Connaught Place vio a dos mujeres musulmanas, una de ellas con hiyab, mientras hablaban con periodistas y personas creadoras de contenido. Las rodearon y las increparon. Incluso afirmaron que el “60 por ciento” de quienes participaban en las protestas del CJP eran “esa gente”. “No sentí nada de miedo”, me dijo después una de las mujeres, pese a la intimidación y al evidente peligro que corrían ella y su amiga. “Su discurso de hindúes contra musulmanes es aburrido y anticuado”. Era un cambio drástico respecto de los últimos años, en los que la derecha hinduista había utilizado la islamofobia como un arma aterradora y eficaz. Ella había sorteado varias barricadas para llegar a Connaught Place. “Vine pese al miedo a que me detuvieran porque tengo un hijo de dos años en casa. Necesito alzar la voz ahora por su futuro”.
El 11 de octubre, Modi publicó un homenaje al líder socialista Jayaprakash Narayan por el aniversario de su nacimiento. Narayan se destacó especialmente por su oposición a Indira Gandhi, y la policía de Delhi lo encarceló durante el estado de emergencia. “También fue notable su voz valiente durante el estado de emergencia”, escribió Modi. La mayoría de los comentarios bajo la publicación señalaban la evidente ironía: otro ejemplo de cómo Modi perdía el control del relato. Ese mismo día, la Corte Suprema requirió al Gobierno central, a la policía de Delhi y a la Corporación del Metro de Delhi que explicaran por qué no debía sancionarlos por desacato, tras incumplir sus órdenes contra las restricciones totales al transporte público. La Corte también examinó recursos de profesionales de la abogacía que habían sufrido violencia durante las protestas y ordenó restablecer los servicios de internet y de metro.
Durante el fin de semana y el lunes continuaron por toda Delhi numerosas protestas pequeñas y algunas grandes. La oposición organizó sus propias marchas, y grupos estudiantiles, en particular de izquierda, encontraron la forma de manifestarse en Connaught Place. El 12 de octubre, después de que el CJP se reuniera con la policía para solicitar los permisos formales y una fecha para una nueva protesta, la policía de Delhi retiró a Jantar Mantar su condición de lugar habilitado para manifestaciones. En su lugar, las autoridades designaron tres nuevos espacios, todos fuera del centro de Delhi y lejos de los centros de poder.
Para Shivmuni Singh, todo llegó demasiado tarde. Tras su detención, regresó a Bihar en tren. “Pero seguimos todo por YouTube”, me dijo por teléfono. “Estamos viendo todos los videos del gundagiri” —el matonismo— “de la policía”. Singh tenía previsto “volver pronto a las protestas, y con mucha más gente la próxima vez”.
Mohit M Rao es un periodista independiente radicado en Delhi. Escribe sobre derechos humanos, derecho y medio ambiente.
