El 12 de julio de 2023, el Fiscal Especial Rafael Curruchiche, lanzó una campaña selectiva de guerra legal que amenaza con poner fin al régimen democrático en Guatemala.

Tras el éxito de su campaña en la primera vuelta, Curruchiche ordenó la disolución inmediata del partido político progresista Movimiento Semilla y la inhabilitación retroactiva de todos los miembros del partido elegidos para ocupar cargos públicos.

La orden se produjo minutos antes de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) certificara los resultados electorales del 25 de junio, confirmando al candidato de Semilla, Bernardo Arévalo, para la segunda vuelta presidencial.

Los supuestos "delitos" sacados a relucir a partir de 2019 para justificar la ilegalización de todo el partido político Semilla son unas supuestas discrepancias en las más de 25.000 firmas de votantes necesarias para el registro del partido hace casi cuatro años.

Arévalo ha sido claro: "Es un golpe de Estado técnico". Se espera un asalto inminente a la sede del partido de Semilla.

Estas tácticas de guerra legal ya se han desplegado en el transcurso de estas elecciones. Primero, para descalificar la candidatura presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), entre otros candidatos. En segundo lugar, para exigir un recuento caótico de los votos tras la derrota sin precedentes de los partidos de derecha tradicionales del país.

Ahora, el Ministerio Público amenaza con invalidar la decisión soberana del pueblo guatemalteco, poniendo en peligro el futuro de la democracia guatemalteca y del Estado de derecho en general.

Llamamos a todos los aliados de la democracia a que se unan a la petición para reinstaurar el Movimiento Semilla, para que todos los representantes debidamente elegidos ocupen sus escaños y para que se proceda a las elecciones presidenciales según determine el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala.