El 25 de octubre de 2020, el pueblo chileno votó por un aplastante margen para apoyar la redacción de una nueva constitución y para hacerlo mediante la elección de una nueva convención constitucional. Esta fue una abrumadora derrota del gobierno chileno que inicialmente había buscado enmendar la constitución existente de 1980 (heredada de la dictadura de Pinochet) y luego tener una nueva constitución escrita por el parlamento que domina.
La izquierda chilena siempre ha rechazado la legitimidad de la constitución pinochetista de 1980. De hecho, toda la oposición la rechazó hasta mediados de la década de 1980, cuando comenzaron los esfuerzos de EE. UU. para apoyar una "transición democrática". Reunir a lxs "moderadxs" del régimen y la oposición significó dividir a la oposición más amplia, y gradualmente la situación cambió hasta que finalmente sólo lxs comunistas y varios grupos más pequeños mantuvieron su total hostilidad a la constitución. Aceptar la constitución de la dictadura y no volver a intentar un gobierno de Unidad Popular –la coalición política encabezada por el presidente socialista Salvador Allende de 1970 a 1973– fue el precio que se pagó por el regreso al poder dentro de una democracia muy restringida. "Lxs hemos dejado atadxs, bien atadxs", señaló Pinochet con petulancia.
Pero el pueblo pagó el precio en cada lucha desde 1990. Estudiantes, indígenas, trabajadorxs, ecologistas y todos los movimientos sociales o políticos que buscaban el cambio se encontraron con el muro implacable de la constitución de Pinochet. Fue reformada varias veces, eliminando los elementos autoritarios más atroces, como lxs senadorxs designadxs, pero su esencia permaneció: no fue posible ninguna reforma social, política o económica significativa. Era una camisa de fuerza, una olla a presión de palabras y conceptos. Su fuerza residía en los temores de una sociedad traumatizada, respaldada por unos medios de comunicación dúctiles, y en el cambio hacia una sociedad de consumo en un mundo en el que el socialismo estaba muerto.
Pero el modelo comenzó a fragmentarse en 2010, cuando Chile eligió un gobierno de derecha por primera vez desde la década de 1950. Esto fue una señal temprana de que la coalición centrista de la Concertación había perdido su atractivo. La coalición se dividió sobre si compensar esta debilidad aliándose con el Partido Comunista. Se fundaron nuevos partidos políticos, alimentados por el movimiento de protesta estudiantil. Se formó una nueva coalición de centro-izquierda, que incluía al Partido Comunista por primera vez desde la Unidad Popular, llamada la "Nueva Mayoría" que gobernó bajo la presidencia de Michelle Bachelet hasta 2015. Pero la corrupción se había instalado durante los largos años de poder. Lxs políticxs altamente remuneradxs también se habían involucrado en obtener ganancias de la educación y las pensiones. La desigualdad creció y alimentó la ira. En retrospectiva, la erupción que se avecinaba era obvia, la intensidad de la lucha estaba creciendo. Después de 2015 apenas pasó un mes sin que se produjeran escándalos o protestas y todos fueron violentamente reprimidos por Carabineros (policía nacional) que apenas habían cambiado desde la época de Pinochet.
En octubre del año pasado explotó la olla a presión. Lxs estudiantes que protestaban por el aumento de la tarifa del metro fueron golpeadxs y disparadxs con balas de goma. En un día comenzaron las protestas masivas. Al principio el gobierno intentó condenar y reprimir, incluso sacó el ejército a las calles. Docenas de personas fueron asesinadas y heridas, pero las protestas no terminaron, si acaso, crecieron. Con la legitimidad del gobierno en ruinas, en la conciencia popular las protestas se habían convertido en la encarnación de Chile. El gobierno propuso que el parlamento pudiera escribir una nueva constitución, pero fue rechazada. ¿Cómo podrían ser puestos a cargo de la redacción de la nueva constitución las personas que se habían beneficiado y sostenido de la antigua?
En noviembre de 2019, el gobierno y el parlamento acordaron someter la cuestión a un referendo, planteando dos preguntas: si lxs votantes querían una nueva constitución, y si debía ser redactada por el parlamento existente o una nueva "convención constitucional" (cualquier cosa para evitar llamarla "asamblea constituyente", como la izquierda ha exigido por años). Durante las protestas se crearon cabildos populares en todo el país para discutir las exigencias del movimiento, lo que ayudó a crear coherencia y unidad. Luego, el 25 de octubre, el pueblo chileno votó por casi un 80 por ciento para apoyar la nueva constitución y elegir una convención constitucional.
Esta larga historia ayuda a explicar la profunda alegría colectiva que se experimenta hoy en Chile. "Estamos viviendo una euforia colectiva", me dijo unx amigx. El pueblo chileno finalmente no sólo había derrocado –simbólicamente– los últimos vestigios de la dictadura, sino que también había redescubierto su poder político. Ahora Chile espera las elecciones para una convención constitucional en abril de 2021, que tiene nueve meses (prorrogables a doce a pedido) para debatir y proponer una nueva constitución, seguida de un nuevo referendo para ratificar o rechazarla en un plazo de 60 días. Dentro de un año aproximadamente, Chile tendrá una nueva constitución y podrá avanzar libre del legado de la dictadura.
Sin embargo, como dice el refrán: no hay que contar los pollos antes de que nazcan y ahora la lucha pasa a la difícil fase de la institucionalización. Durante las protestas del año pasado, se firmó un "acuerdo nacional" entre el gobierno y algunos partidos de la oposición que estableció los procedimientos para el plebiscito constitucional. En una señal de los debates que se inician hoy en Chile, un puñado de partidos, incluidos el Humanista y el Partido Comunista, se negaron a firmar el acuerdo, argumentando que no establecía ningún escaño garantizado para las mujeres o los pueblos indígenas. También señalaron varias deficiencias en la forma en que se desarrollaría la nueva constitución. Por ejemplo, el acuerdo estipula que lxs miembros de la convención serán elegidxs de acuerdo con las normas que rigen las elecciones parlamentarias, y que el contenido de la nueva constitución debe ser acordado por dos tercios de lxs 155 miembros de la convención en lugar de una mayoría simple. Tampoco está claro cómo podrán estar representadxs en la convención los movimientos sociales o lxs independientes, dado que el sistema electoral se construye en torno a listas de partidos.
Estos problemas explican por qué lxs opositorxs al acuerdo lo consideraron como una especie de traición, proporcionando garantías a la derecha sin establecer posiciones sólidas para el movimiento popular. El Parlamento también ha aprobado varias enmiendas a la constitución existente para permitir el nuevo proceso constitucional. Entre ellas se encuentra el artículo 135, que establece que la nueva constitución debe respetar la democracia de Chile y no puede anular los compromisos del país bajo los acuerdos de libre comercio existentes. Estos problemas crean posibles obstáculos para el cambio que deben tenerse en cuenta.
Además, la experiencia latinoamericana también muestra que las nuevas constituciones no siempre aportan un progreso real. Por ejemplo, la constitución colombiana, que data de 1991, contiene una plétora de derechos y garantías, incluidos los específicos para los pueblos afrocolombianos e indígenas. A pesar de ello, Colombia sigue siendo muy desigual, sumida en la violencia paraestatal y su sistema jurídico está inundado de personas que se esfuerzan durante años por hacer cumplir sus derechos. Este es sin duda el modelo que busca la élite chilena. Se pueden conceder derechos siempre que se retengan los medios para defenderlos. Sin embargo, la esperanza de Chile es que por primera vez en décadas la élite esté políticamente aislada y su dominio ideológico roto. Encuestas recientes muestran que el 77 por ciento de lxs chilenxs ven un "gran conflicto" entre ricxs y pobres, mientras que sólo el 22 por ciento está de acuerdo con la élite en que el "orden público" es un problema. Además, las instituciones chilenas se enfrentan a una grave crisis de legitimidad, en particular a raíz de su respuesta completamente inadecuada al Covid-19. Esto significa que ahora hay una gran oportunidad para reescribir el reglamento, aunque el desafío en los próximos meses será traducir la movilización social masiva en un dominio sobre la convención.
Existen problemas potenciales al hacer esto. Algunxs comentaristas chilenxs argumentan que el país se enfrenta ahora a tres luchas conectadas –por un nuevo líder, para elegir una convención de tendencia izquierdista y la lucha para definir el contenido de la nueva constitución. Otrxs señalan el hecho de que el reciente resultado del plebiscito se ganó con poco más de la mitad del electorado potencial y si bien la participación fue mayor que en las últimas elecciones presidenciales de noviembre de 2017 –a pesar del Covid-19– y mayor en las zonas más pobres, sigue siendo una señal de que la izquierda podría tener dificultades para conseguir la mayoría de dos tercios en la convención necesaria para cualquier enmienda radical del status quo, a menos que se mantenga una presión popular sustancial.
La falta de legitimidad de que gozan los partidos políticos per se es un obstáculo para la izquierda, ya que el movimiento popular carece de los partidos masivos de antaño. Esto significa que carece de coherencia política, redes nacionales o un gran número de candidatxs conocidxs, carismáticxs y de confianza. Si bien esto fue una ventaja durante las protestas, ahora repercutirá en la capacidad del movimiento para organizar a lxs votantes en torno a lxs candidatxs que deben encarnar los cambios que se exigen. En lugar de partidos masivos, y ante un sistema electoral construido en torno a listas, el movimiento popular tendrá probablemente que asegurar su representación mediante una lista conjunta de candidatxs del movimiento social suscritxs a un programa constitucional común.
Quizás esto podría seguir el modelo del Movimiento al Socialismo (MAS) boliviano. Este nuevo movimiento podría incluir a algunos de los partidos políticos, pero plantearía el eterno problema del movimiento popular chileno: ¿deben aspirar a la pureza política u optar por un conjunto más amplio? La pregunta es si existe un respaldo popular para un enfoque más radical. Aunque las encuestas muestran un enorme respaldo a una nueva constitución, puede haber un desacuerdo sustancial sobre los detalles. Hay presiones de tiempo ya que las listas deberán acordarse antes de las elecciones de abril. Afortunadamente, lxs centristas también se enfrentan a un dilema ya que las protestas del año pasado han evaporado su campo político. Es poco probable que muchxs candidatxs de los partidos políticos existentes sean elegidxs. Lo más probable es que veamos toda una gama de nuevas figuras políticas, pero entonces la cuestión será asegurar su lealtad a su retórica una vez que tomen posesión. No podemos ser ingenuxs sobre las influencias malignas que rodearán este proceso, sin duda se ofrecerán tentaciones.
Hoy, todo indica que la presión social seguirá desempeñando un papel importante en el resultado de la convención. El movimiento social tendrá que continuar sus movilizaciones para inclinar la balanza, pero esto dependerá en gran medida de su capacidad para trabajar juntxs y articular demandas comunes. Como dijo Allende hace muchos años, la organización y la conciencia popular son los "principales medios" de victoria de lxs trabajadorxs.
El movimiento popular desarrolló docenas de demandas durante el año 2019 y el 2020 pre-Covid, y éstas indican lo que el pueblo quiere del proceso. Los temas más importantes que la nueva Constitución debe resolver son: reformar las instituciones del Estado; redefinir el papel del Estado en la economía (especialmente en lo que respecta a la nacionalización de la minería) y en la protección del medio ambiente; reforzar el papel del Estado en educación, salud y protección social; fortalecer los derechos de lxs trabajadorxs, las mujeres, los pueblos indígenas y las minorías sexuales; y, por último, decidir la forma en que el Estado proporcionará y garantizará la justicia, incluida la reforma del ejército y la policía.
Existe una enorme mayoría social a favor del cambio, pero este programa representa un enorme desafío para los intereses particulares de la élite chilena, así como para los de las empresas transnacionales –en particular la minería y la agroindustria– y la vasta red de servicios subcontratados (y la corrupción) que financian. Algunos de los problemas sociales van en contra de las creencias de las iglesias católica y evangélica, o de los intereses de lxs terratenientes colonxs blancxs de las regiones mapuches de Chile. Estados Unidos en particular también estará preocupado por la forma en que la nueva constitución chilena se reflejará en el equilibrio regional de las fuerzas de izquierda y derecha. Por lo tanto, podemos esperar una considerable presión extranjera sobre el proceso, que incluye el cabildeo de lxs miembros de la convención, campañas en los medios de comunicación y similares, para limitar el posible daño causado a los intereses extranjeros. Aún así, es una indicación esperanzadora que el gasto de la derecha en el reciente referendo fue seis veces mayor que el de sus oponentes y, sin embargo, no logró afectar el voto de "Apruebo".
Sin embargo, a pesar de estos desafíos, la escala del apoyo popular en medio de la decadencia institucional significa que es probable que la nueva constitución implemente medidas importantes que transformarán el futuro de Chile. Entre los cambios más probables se encuentran la nacionalización de las industrias mineras y la introducción de nuevas normas ambientales. Podemos esperar importantes reformas al Código Laboral que permitan un mayor reconocimiento y una aplicación de los derechos laborales, así como la ampliación del reconocimiento de los derechos indígenas al idioma y la cultura, y tal vez cierta autonomía política. Es probable que la nueva constitución también conduzca a cambios reales en Carabineros y el ejército, incluido un mayor control civil sobre el entrenamiento y el reclutamiento. Dado que la educación y el sistema de pensiones han sido el centro del descontento popular durante muchos años, es probable que también sean nacionalizados. La nueva constitución también reformará las instituciones políticas, incluidas las leyes electorales.
Cualesquiera que sean los contornos exactos de lo que está por venir, estamos seguros de que seremos testigos del nacimiento de una economía y un sistema político más igualitarios.
Pero también habrá importantes cambios culturales y sociales a partir de esta victoria. Podemos esperar que crezca el papel que desempeña el Estado en el apoyo a la cultura y el arte. Con todo a debate, se producirá sin duda un nuevo replanteamiento del pasado que será probablemente más notable en relación con aquellas personas y organizaciones que se levantaron en armas contra la dictadura. Hasta ahora han sido repudiadxs oficialmente, y muchxs aún no pueden visitar Chile porque son buscadxs por "terrorismo". Sin duda esta farsa terminará, ya que el pueblo ha repudiado el sistema que justificó esta postura. También es muy probable que veamos crecientes demandas de justicia para lxs mapuches y lxs campesinxs rurales que perdieron sus tierras después del golpe de Estado. Es muy probable que el papel de la mujer en Chile también se transforme y podemos esperar una participación mucho mayor de la mujer en la política y la vida social, como reflejo de su participación masiva en el movimiento de protesta.
Tal vez el tema más importante es que el pueblo chileno perdió el miedo y ha vuelto a tomar protagonismo. Chile despertó de su largo coma y finalmente está dando sus primeros pasos hacia un futuro libre de las cadenas con las que Pinochet y sus secuaces buscaban atar al país por toda la eternidad.
Víctor Figueroa Clark es editor contribuyente de Alborada, enseñó historia en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres y es experto en la historia de la izquierda latinoamericana. Es el autor de Salvador Allende: Demócrata Revolucionario.
Foto: Alborada
