Nota editorial: Esta es una versión abreviada de un artículo publicado originalmente por nuestro socio de la Agencia, The Nation. Puedes leer la versión completa en inglés aquí.

Al menos cuatro hombres armados con machetes y garrotes irrumpieron en la casa de Anne Johnson. Obligaron a su marido y a su hijo de 11 años a entrar al dormitorio y mantuvieron a Anne y a sus hijas adolescentes en una habitación separada. Hasta el día de hoy, no sabe con certeza si los hombres que la violaron a ella, a su marido y a sus hijas eran sus compañeros de trabajo. "Hablaban el idioma local", declaró Anne, pero "nos vendaron los ojos para que no pudiéramos ver quiénes eran".

Para 2007, cuando se produjo el ataque, Anne y su marido, Makori (sus nombres son seudónimos para proteger a la familia de represalias), llevaban más de una década viviendo y trabajando en una plantación de té keniana propiedad del gigante londinense de productos para el hogar Unilever, conocido por marcas como el té Lipton, Dove, Axe, Knorr y los helados Magnum. En diciembre de ese año, cientos de hombres de la ciudad vecina de Kericho golpearon, mutilaron, violaron y descuartizaron a residentes de la plantación durante una semana de terror.

Los atacantes mataron al menos a 11 residentes, entre ellxs a una de las hijas de lxs Johnson y a Makori, a quien violaron e hirieron de muerte delante de su hijo. Saquearon e incendiaron miles de casas e hirieron y agredieron sexualmente a un número indeterminado de personas, quienes fueron atacadas por su identidad étnica y su presunta afiliación política.

Una controvertida elección presidencial desencadenó la violencia. El candidato favorecido por la población local de Kericho y apoyado abiertamente por muchos directivos de Unilever, perdió frente al político que se consideraba que tenía el apoyo de las tribus minoritarias. La masacre no se limitó a la plantación ni a Kericho. Más de 1.300 personas en toda Kenia murieron en la violencia postelectoral.

Unilever afirmó que los ataques a su plantación fueron inesperados y que, por lo tanto, no debería ser considerada responsable. Sin embargo, testigos y antiguxs directivxs de Unilever afirman que el propio personal de la empresa incitó y participó en los ataques. Hicieron estas denuncias en 2016 en un testimonio escrito, después de que el caso fuera presentado ante un tribunal de Londres. Anne y otrxs 217 sobrevivientes reclamaban el pago de reparaciones por parte de Unilever Kenia y su empresa matriz en el Reino Unido. Entre lxs demandantes había 56 mujeres que fueron violadas y lxs familiares de siete personas asesinadas.

En centenares de páginas de testimonios y otros registros judiciales, así como en las entrevistas que realicé, lxs sobrevivientes describen cómo, en el período previo a las elecciones, sus colegas lxs amenazaron con atacarlxs si ganaba el candidato "equivocado". Cuando denunciaron estos comentarios, sus directivxs desestimaron sus preocupaciones, insinuaron amenazas o hicieron sus propios comentarios despectivos.

Antiguxs directivxs de Unilever Kenia admitieron ante el tribunal que la cúpula directiva de la empresa, incluido el entonces director general Richard Fairburn, discutió la posibilidad de violencia electoral en varias reuniones, pero sólo reforzó la seguridad de su personal directivo, de las fábricas y de los equipos.

Unilever Kenia insiste en que no es responsable y culpa a la policía de actuar con demasiada lentitud. Por su parte, su matriz en Londres sostiene que no les debe nada a lxs trabajadorxs y que las víctimas deberían demandar a la empresa en Kenia, no en el Reino Unido. Pero lxs trabajadorxs sostienen que una demanda en Kenia podría desencadenar más violencia, incluso por parte de sus anteriores agresores, algunos de los cuales todavía trabajan en la plantación.

En 2018, una jueza del Reino Unido dictaminó que la sede de Unilever en Londres no podía ser considerada responsable de las fallas de su filial en Kenia. Ahora, Anne y sus ex compañerxs de trabajo recurren al Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU, que se espera decida en los próximos meses si Unilever ha infringido las directrices de las Naciones Unidas sobre comportamiento empresarial responsable. Como me explicó Anne: "La empresa prometió que se ocuparía de nosotrxs, pero no lo hizo, así que ahora deberían pagarnos para que por fin podamos reconstruir nuestras vidas".

La plantación de té de Unilever en las colinas del sur del Valle del Rift, en Kenia, cubría unas 13.000 hectáreas en 2007. Con una población de unas 100.000 personas, incluyendo unxs 20.000 trabajadorxs residentes y sus familias, y con escuelas, clínicas de salud e instalaciones sociales en el lugar, las propiedades son básicamente una ciudad empresarial y además cosmopolita: lxs trabajadorxs pertenecen a varias etnias de todo el país.

Lxs Johnson provenían de Kisii, un condado situado a dos horas de las propiedades de Unilever, y se identifican étnicamente como kisii. En la plantación, lxs kisiis constituían casi la mitad de lxs residentes, pero eran una minoría mucho más pequeña en la cercana Kericho, donde habita un grupo étnico llamado Kalenjin. Muchxs habitantes de Kericho despreciaban a lxs kisiis y a otrxs "extranjerxs". La plantación reflejaba esta división: lxs kalenjins eran en su mayoría gerentxs, y lxs kisiis y otras minorías trabajaban principalmente como recolectorxs de té.

La pareja pasó el último domingo de diciembre de 2007 como cualquier otro día, en el campo con una cesta a cuestas, aunque esperaban que la noche fuera tensa ya que los resultados de las elecciones se anunciarían a última hora de la tarde. A principios de la semana, millones de kenianxs habían acudido a las urnas para elegir como su nuevo presidente a Raila Odinga, líder del Movimiento Democrático Naranja (ODM), o a Mwai Kibaki del Partido de la Unidad Nacional (PNU).

Anne no había votado. Semanas antes había solicitado un permiso para viajar a Kisii, donde estaba registrada para votar, pero su gerentx rechazó la petición, dijo. Esta experiencia era común entre lxs miembros de las tribus minoritarias, señaló Daniel Leader, abogado y socio del bufete londinense Leigh Day, quien representó a lxs sobrevivientes ante el tribunal y cuyo equipo entrevistó a lxs 218 demandantes.

Las inminentes elecciones habían exacerbado las tensiones entre lxs trabajadorxs kalenjin de Unilever y sus colegas kisii, más jóvenes. "Asumían que lxs kisiis apoyábamos a Mwai", explicó Anne, mientras que la población local kalenjin era mayoritariamente pro-Odinga.

Lxs sobrevivientes afirman que, en las semanas previas a las elecciones, el personal que apoyaba al ODM convirtió las plantaciones de té en un espacio fuertemente pro-Odinga, organizando mítines políticos y reuniones de estrategia en la propiedad. Anne me contó que la percepción de lxs kisiis como seguidorxs de Kibaki llevó a que algunxs kalenjins lxs trataran con hostilidad. Por ejemplo, contó que lxs jefes de equipo empezaron a asignar tareas que le correspondían a ella a trabajadorxs que no eran kisii. Otrxs compañerxs dejaron de hablarle por completo. Para angustia de Anne, encontró panfletos con lemas de odio como: "Extranjerxs, regresen a casa" en las zonas residenciales, lo que le hizo temer que "algo malo pudiera ocurrir después de las elecciones".

Anne estaba asustada pero se mantuvo callada. "La empresa es tan grande. Supuse que nos protegerían", me dijo. Quienes se sentían menos segurxs y pidieron protección a sus jefxs de equipo y gerentxs fueron tratadxs con indiferencia, según lxs sobrevivientes. En su testimonio ante el tribunal, muchxs recordaron cómo varios directivxs ignoraron sus súplicas de mayor seguridad o los desestimaron diciendo: "Es sólo política". Otrxs gerentxs instruyeron a lxs trabajadorxs afectadxs a ejercer presión y votar por Odinga, diciendo que se verían "obligadxs a irse" si no lo hacían.

Unx gerentx de la finca admitió ante el tribunal de Londres que lxs altxs directivxs de Unilever Kenia –incluido Fairburn, el director general– eran conscientes de que "habría disturbios y que la plantación podría ser invadida". Según indicó, habían discutido la necesidad de seguridad adicional en al menos tres reuniones en diciembre. Pero la dirección solo tomó medidas para "proteger la propiedad de la empresa, las fábricas, la maquinaria, los almacenes, las centrales eléctricas y las viviendas de lxs directivxs", mientras que "no se pensó en aumentar la seguridad de los campamentos residenciales para proteger a lxs trabajadorxs". Otrx ex directivx de Unilever corroboró esta afirmación.

Fairburn, quien supuestamente estuvo presente en las reuniones, se negó a comentar al respecto cuando lo llamé. Hasta la fecha, Unilever afirma que no podía haber previsto los ataques, a pesar de que los medios de Kenia y de todo el mundo, como la BBC, Al Jazeera, The New York Times y Reuters, habían informado sobre la inminente violencia étnica.

"Cualquiera que estuviera al tanto de las elecciones kenianas de 2007 sabía que podían acabar en una violencia significativa y generalizada, y que esta violencia estaría basada en líneas de identidad y afiliación", afirmó Tara Van Ho, profesora de derecho y derechos humanos en la Universidad de Essex. Tanto Unilever Kenia como su empresa matriz en Londres deberían haber sabido que lxs trabajadorxs y sus familias corrían peligro, continuó. Para protegerlxs, argumentó, Unilever podría haber contratado más guardias de seguridad, capacitado a su personal y gerentxs de seguridad, y reforzado sus edificios o evacuado a lxs residentes durante el período inmediatamente cercano a las elecciones.

En cambio, señaló Leader, el abogado de lxs trabajadorxs en Londres, Unilever "creó una situación en la que [estxs empleadxs] eran presa fácil, en riesgo debido a su origen étnico".

Mientras tanto, el director general de Unilever Kenia y otrxs ejecutivxs se fueron de vacaciones antes de la crisis, según afirman lxs antiguxs directivxs, y la empresa evacuó a lxs directivxs restantes y a lxs expatriadxs en aviones privados una vez estalló la violencia.

Cuando se conoció la noticia de la victoria de Kibaki el domingo por la noche, Anne estaba preparando la cena con su familia. Momentos después, escuchó gritos afuera y supo que estaban en peligro. "Rápidamente cerramos las puertas", dijo.

Esa noche, cientos de hombres armados con machetes, garrotes, bidones de queroseno y otras armas invadieron la plantación. Saquearon y quemaron miles de casas de lxs kisii, que marcaron con una X, y atacaron a sus habitantes.

Los registros de la corte describen un panorama desgarrador de lo que ocurrió en la plantación durante la semana siguiente. Muchxs sufrieron violaciones colectivas y fueron brutalmente golpeadxs, y vieron cómo incineraban a sus compañerxs de trabajo. Cuando huyeron hacia los arbustos de té, en busca de seguridad, lxs atacantes lxs persiguieron con perros.

"No sabemos el número total de personas que fueron violadas, asesinadas y que quedaron permanentemente discapacitadas", me dijo Leader. Cree que lxs 218 demandantes a quienes representó no son las únicas víctimas que sobrevivieron. "Muchas personas tienen demasiado miedo a las represalias o a nuevos ataques de lxs compañerxs con quienes siguen trabajando", señaló.

El temor a las represalias violentas fue una de las razones por las que lxs sobrevivientes querían demandar a Unilever en el Reino Unido. Otra fue que Leigh Day lxs representó gratuitamente, mientras que en Kenia no habrían podido pagar unx abogadx.

Leigh Day argumentó que sus clientes kenianxs tenían derecho a demandar a Unilever en Londres, ya que la legislación británica permite a lxs trabajadorxs de las filiales internacionales demandar a las empresas matrices con sede en el Reino Unido si, entre otras cosas, pueden demostrar que la empresa matriz desempeña un papel activo y de control en la gestión diaria de la filial. Unilever, argumentó Leigh Day, claramente lo hacía.

No obstante, lxs abogadxs de Unilever insistieron en que las víctimas debían presentar su caso en Kenia y sugirieron que lxs recolectorxs de té "se unieran" y "recaudaran fondos de amigxs y familiares".

Varias víctimas afirmaron reconocer a colegas de Unilever como sus agresores. Una mujer declaró al tribunal que fue atacada por cinco de sus colegas, a quienes identificó por nombre. Los hombres "empezaron a golpearme en la espalda y en las piernas con una barra de metal e iban a violarme", declaró en su testimonio, hasta que "un vecino kalenjin que era enfermero intervino para detener el ataque".

En el tribunal, Unilever negó que su propio personal hubiera participado en los ataques. Pero cuando pregunté a representantes de Unilever cómo sabía la empresa esto, se negaron a hacer más comentarios sobre el tema.

Cuando los atacantes se marcharon, lxs Johnson huyeron y se escondieron entre los arbustos de té durante tres noches, antes de dirigirse a la comisaría de policía de la cercana Koiwa, cubiertxs de barro y sangre. Desde allí, lxs agentes de policía lxs escoltaron hasta un lugar seguro y la familia pudo escapar a Kisii, donde tenían una pequeña parcela de tierra. Al no tener ahorros, no podían pagar los costos del hospital de su hija mayor, quien sufrió graves heridas y se debilitaba día a día, ni para Makori, quien tenía una hemorragia interna. En los meses siguientes, ambxs murieron en su casa de barro de Kisii.

Anne dijo que la única comunicación que recibió de Unilever desde los atentados fue una invitación a volver al trabajo meses después y una carta en la que se le ofrecía una indemnización de unos $110. La carta sugiere que esta cantidad fue fijada y pagada por la sede corporativa de Unilever en Londres.

"En nombre de toda la familia de Unilever Tea Kenya Ltd", se lee, "agradecemos a Unilever su comprensión, su apoyo material y moral, y esperamos que este oportuno gesto contribuya en gran medida a devolver la normalidad a nuestrxs empleadxs y sus familias."

Anne me dijo que nunca volvió a la plantación porque no puede dejar solo a su hijo, que ahora tiene veintitantos años. "Desarrolló convulsiones y ataques de pánico muy graves después de lo ocurrido y necesita cuidados constantes", explicó. Gravemente traumatizadxs y sin poder pagar el tratamiento psicológico que necesitan, su hijo y su hija dejaron de ir a la escuela. "Vivimos de los regalos de familiares y vecinxs y del poco maíz que cultivamos en nuestras tierras", afirmó.

Lxs demandantes sostienen que Unilever les debe una reparación significativa, pero Unilever insiste en que ya lxs ha compensado. Portavoces de la empresa indicaron que ésta ha pagado con dinero en efectivo y muebles nuevos a todxs lxs trabajadorxs que eventualmente regresaron a la plantación y que también ha ofrecido asesoramiento y atención médica gratuitos a sus familias. Sin embargo, se abstienen de decir cuánto es lo que la empresa les ha dado o de comentar acerca de la carta que Anne compartió conmigo.

En el verano de 2018, Anne y un grupo de otras víctimas rebatieron estas afirmaciones en una carta dirigida a Paul Polman, entonces director general de la compañía: "No es justo que Unilever diga que nos ayudó cuando sabemos que eso no es cierto", decía la carta. Continuaba:

“Unilever sólo quería que volviéramos a trabajar como si no hubiera pasado nada [y a quienes sí lo hicimos] se nos dijo que no debíamos hablar de lo sucedido. Todavía tenemos miedo de que nos castiguen si hablamos sobre la violencia.

Unilever afirma que, después de los actos de violencia, todxs lxs empleadxs recibieron una "indemnización en especie" para compensar nuestros salarios perdidos y que nos dieron artículos de reposición o dinero en efectivo para comprar nuevos artículos que sustituyeran nuestras pertenencias robadas... pero quienes tenían demasiado miedo para volver no recibieron nada y sólo algunxs de lxs que volvieron recibieron 12.000 KES [$110], un poco más de un mes de salario, y un poco de maíz que se descontó de nuestro salario. Nos dijeron que si veíamos personas con nuestras pertenencias no debíamos decir nada".

Polman parece no haber respondido a la carta.

Según la legislación británica, una empresa matriz sólo puede ser considerada responsable de las infracciones de salud y seguridad de sus filiales si ejerce un alto grado de control sobre sus políticas de seguridad y manejo de crisis.

Para demostrar ante el tribunal que la matriz británica efectivamente ejercía dicho control sobre Unilever Kenia, Leigh Day presentó declaraciones de antiguxs trabajadorxs que testificaron sobre las frecuentes visitas realizadas por directivxs de Londres, y de cuatro antiguxs directivxs que dieron evidencia de que la sede central diseñaba, supervisaba y controlaba las políticas de seguridad y gestión de crisis de Unilever Kenia, e incluso imponía sus propios protocolos de seguridad. Esto significaba que, como afirmó unx altx directivx con más de 15 años de experiencia en la empresa, Unilever Kenia "se limitaba a cumplir estrictamente las políticas y procedimientos que habían sido transmitidos a través de [Unilever] Plc". Otrx altx directivx afirmó que las "listas de control y las políticas detalladas de Londres debían cumplirse, de lo contrario el empleadx sería despedidx enfrentaría alguna otra sanción".

Estos testimonios parecían respaldar la afirmación de Leigh Day de que la sede de Londres compartía la responsabilidad. Pero para demostrarlo ante el tribunal, el bufete jurídico necesitaba tener acceso al texto de los protocolos descrito por lxs directivxs. Sin embargo, al tratarse de un procedimiento previo al juicio –lo que significa que el tribunal no había aceptado la jurisdicción– Unilever no tenía la obligación de revelar los materiales pertinentes y simplemente se negó a entregar los documentos.

El fallo de la jueza dejó claro que la "debilidad" de sus pruebas desempeñó un papel importante en su decisión de negar la jurisdicción a lxs kenianxs. Expertxs en derechos humanos y defensorxs de la responsabilidad empresarial criticaron la sentencia. El tribunal había creado un círculo vicioso para lxs trabajadorxs, observó Van Ho: "Lxs demandantes no podían obtener los documentos que demostraban que Unilever UK hizo algo mal, hasta que tuvieran los documentos que demostraban que Unilever UK hizo algo mal". Es "aturdidor", añadió, y "una expectativa injusta para lxs empleadxs que tienen mucho menos poder que la empresa multimillonaria que lxs empleó".

Anne manifestó que mantiene la esperanza de que defensorxs internacionales de los derechos humanos apoyen su causa. Junto con otras víctimas, recientemente presentó una denuncia contra Unilever en las Naciones Unidas, argumentando que la empresa violaba los Principios Rectores de la ONU para las Empresas y los Derechos Humanos. Uno de los requisitos es que las empresas deben garantizar que las víctimas de abusos contra los derechos humanos en su cadena de suministro tengan acceso a la reparación. Van Ho anticipa que el organismo de la ONU, que se prevé tome una decisión pronto, estará de acuerdo en que Unilever infringió estas directrices. "Esconderse detrás de vacíos legales y negarse a revelar información relevante para evitar el pago de reparaciones es exactamente lo contrario de lo que prescriben los Principios Rectores", dijo.

Aunque las Naciones Unidas no pueden obligar a Unilever a pagar, Anne espera que el caso genere la atención y la presión pública necesarias para empujar a la empresa en esa dirección. Cuando le pregunté qué significaría para ella que lxs trabajadorxs triunfaran, me dijo: "Sería el mejor momento de mi vida".

Maria Hengeveld es periodista investigadora, especializada en derechos laborales y responsabilidad empresarial, e investigadora doctoral y becaria Gates en el King’s College, Cambridge.

Foto: Bryon Lippincott / Flickr