“Ella nunca retrocedió; ni siquiera cuando la cosa se puso difícil”. Cuando el primer ministro británico, Rishi Sunak, dio un discurso en Roma el 23 de diciembre de 2023, evocó a su predecesora, Margaret Thatcher, al mismo tiempo que halagaba a su anfitriona Giorgia Meloni, comparándola con su heroína del partido británico conservador. Sunak sugirióque la primera ministra italiana mantenía el legado de Thatcher en sus medidas dirigidas a los retos actuales: porque hoy "debemos aplicar el radicalismo de Thatcher a la inmigración ilegal".
Muchos comentaristas destacaron la cordial relación entre ambos, con la aparición de Sunak en la reunión organizada por el partido Fratelli d'Italia de Meloni "para devolverle el favor" por asistir a su cumbre de inteligencia artificial, que estuvo prácticamente desierta. Si bien hace tres años se reprendió a un diputado conservador por participar en un evento de extrema derecha en Roma con oradores similares, hoy Sunak acoge a Meloni como una conservadora afín.
Sunak no desentona en este contexto: mientras que el partido de Meloni tiene un pasado fascista y promueve la "teoría del gran reemplazo", su compromiso con las instituciones euro-atlánticas le ha otorgado un puesto estable en la centroderecha europea, cada vez más próximo al cristianodemócrata Partido Popular Europeo. El "radicalismo" evocado por Sunak se ha generalizado. Cuando Meloni visitó Londres en abril, el equipo de Sunak incluso le pidió que apoyase su plan de enviar solicitantes de asilo rechazados a Ruanda, independientemente de su país de origen. Meloni accedió, llegando a afirmar que la palabra “deportación” no se aplica a la expulsión de migrantes llegados de forma ilegal.
Casi tres años después de la puesta en marcha del Brexit y la transformación del régimen fronterizo del Reino Unido, podemos observar con perspectiva el camino tomado: y ciertamente es un camino romano, tenemos que darle a Sunak la razón. Con el aumento de personas que intentan acceder por los cruces marítimos, en parte debido al Brexit, pero también a la fuerte opresión en Calais, el estado británico ha comenzado a emplear herramientas conocidas para la aplicación de la legislación fronteriza, como dejar que las personas fallezcan en el mar, firmar acuerdos bilaterales con países de procedencia de los inmigrantes y criminalizar a los presuntos “contrabandistas de personas”.
Y no solo en Gran Bretaña: este verano, Meloni se dirigió a Túnez como cabecilla del “Equipo Europa”, junto con el primer ministro holandés Mark Rutte y la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. "Equipo Europa" era una iniciativa que pretendía obtener ayuda del estado de Túnez para controlar la inmigración a través del Mediterráneo, externalizando la represión a terceros países con trayectoria de pocos derechos humanos, en una política que se ha normalizado en la UE. Desde 2016 se firmaron acuerdos similares, primero con Turquía y luego con Libia. Ante las pugnas entre los países de la UE por la distribución interna de inmigrantes, el bloque se ha puesto de acuerdo en un enfoque de "Fortaleza Europa", con firmes fronteras externas. Sin embargo, el acuerdo con el Túnez de Kais Saied ha fallado estrepitosamente, convirtiéndose en un foso interminable de dinero de la UE que, ni ha protegido la vida de los inmigrantes, ni ha cumplido los deseos de la derecha de bloquear las salidas.
Quizás fue el fracaso de Meloni, tras meses de diplomacia infructuosa con Túnez, lo que la llevó a anunciar a bombo y platillo otra iniciativa inviable: crear centros de detención en Albania. Dado que pretendía externalizar el control migratorio a un tercer país, tenía una clara similitud con el plan de Gran Bretaña relativo a Ruanda, en este caso utilizando un estado no perteneciente a la UE, otrora colonizado por la Italia fascista. El acuerdo pasó por los parlamentos de ambos países, pero aun así agitó a los derechistas Italianos.
El primer ministro de Albania, Edi Rama, también asistió al encuentro del partido Fratelli d’Italia en Roma el pasado fin de semana. Rama es crucial para la relación especial entre los primeros ministros de Italia y Reino Unido. Ya había colaborado de forma activa con el gobierno conservador británico, para impedir que sus propios ciudadanos cruzaran el Canal de la Mancha. Su plan de deportación puso fin de forma efectiva a la inmigración marítima albanesa al Reino Unido en 2022.
Ambos planes se basan en relaciones claramente mal equilibradas: tanto Albania como Ruanda son economías diminutas con una enorme emigración neta (un tercio y la mitad de sus poblaciones, respectivamente), mientras que el Reino Unido e Italia son potencias capitalistas importantes. Podría decirse que son relaciones neocoloniales. De hecho, la oposición albanesa no se ha tomado bien la propuesta de que los nuevos centros de detención, pese a encontrarse en territorio albanés, deban estar bajo soberanía italiana. En Ruanda, por otro lado, la líder de la oposición Victoire Ingabire Umuhoza ha criticado enérgicamente el plan, llamándolo una aprobación británica de la opresión política y las desapariciones forzadas llevadas a cabo por este estado del África Oriental.
Por otro lado, mientras que los acuerdos previamente firmados con Turquía y Libia (y el intento de acuerdo con Túnez) se centraban en países de tránsito, estos nuevos acuerdos con Albania y Ruanda no se centran en sus propios ciudadanos ni en las personas que cruzan de paso (aunque podamos notar cierta complicidad entre los tres países para detener la movilidad de la clase trabajadora). El plan de deportación de Ruanda, que presentó por primera vez hace dieciocho meses el entonces primer ministro, Boris Johnson, propone deportar a las personas que llegan de manera irregular al Reino Unido cruzando el canal, y detenerlas en Ruanda mientras las autoridades británicas evalúan sus solicitudes. El plan italiano es similar, pero en lugar de prometer deportar a personas que ya han llegado al territorio italiano a un tercer país, propone que los buques que rescatan a personas en el mar sean redirigidos a Albania y retenidos en los centros mientras se evalúan sus solicitudes. Los detalles del plan (plagados de problemas judiciales y prácticos) no se han publicado, y es probable que ni siquiera existan.
¿Qué significarían realmente estos acuerdos en la práctica? En ambos casos eliminarían una de las pocas vías que tenían las personas de clase trabajadora fuera de la UE para obtener documentos: entrar de manera irregular, solicitar asilo y posteriormente demostrar haberse integrado, por ejemplo, por estudiar, trabajar o tener familia en su nuevo país. Los planes británicos e italianos para impedir que las personas soliciten asilo en territorio nacional no son solo una política de disuasión, sino un intento de eliminar todas las vías para que las personas que llegan puedan intentar quedarse.
Sunak y Meloni también han adoptado una retórica idéntica contra la explotación de los inmigrantes por parte de los contrabandistas de personas. Quizás reticentes a seguir la línea de racismo explícito de Trump, afirman (como ya hicieran muchos gobernantes anteriores) estar protegiendo la vida de los inmigrantes al criminalizar a cualquiera que facilite su entrada ilegal. Pero no es más que un farol: mientras Europa y el Reino Unido levanten barreras a la entrada legal, habrá organizaciones e individuos facilitando la llegada ilegal, ya sea por razones humanitarias, por lucro, o ambos.
Culpar a los conductores de barcos ha servido históricamente tanto a la derecha como a la izquierda. Para la derecha, funciona como un enfoque de control fronterizo de "encerrarlos y tirar la llave", uniendo racismo con sadismo. Sin embargo, los partidos de centro-izquierda también han utilizado a menudo la estrategia, en reacción a la muerte de inmigrantes en el mar (como denunció recientemente el Partido Laborista de Gran Bretaña, tras un desastre marítimo en el Canal de la Mancha). Al igual que la sonriente publicación de Instagram de Sunak y Meloni, a menudo este enfoque se basa en la confusión deliberada entre "traficantes de humanos" y "contrabandistas de personas", dando por hecho que cualquiera que ayude a cruzar la frontera debe ser una especie de abusador violento y cruel.
Actualmente hay unos mil inmigrantes en cárceles italianas por contrabando de personas, de los cuales la gran mayoría simplemente están acusados de conducir una embarcación. El gobierno de Meloni ha aprobado nuevas leyes que endurecen las sentencias. Mientras tanto, el gobierno británico ha luchado en los tribunales para establecer que su prioridad es procesar a los conductores de pequeñas embarcaciones, incluso si esto significa infringir la ley internacional de derechos humanos. En los últimos meses han tenido lugar una nueva ronda de cumbres (ya sea la “guerra global contra los contrabandistas” anunciada en la ONU, o la “Alianza Global de la UE para combatir el contrabando de personas”), en un intento de solucionar el espinoso problema de las libertades de los inmigrantes, priorizando su derecho a protección de los espantapájaros contrabandistas.
La línea Sunak-Meloni también tiene un impacto más amplio en la política europea, antes de las elecciones europeas programadas para junio de 2024. De hecho, lejos de ver la postura de Meloni como una excepción nacionalista sin influencia en Bruselas, debemos entenderla en términos del creciente éxito de la derecha italiana en promover su perspectiva, en vez de pelear sobre qué países reciben a qué inmigrantes. En tiempos del ministro del Interior ultraderechista Matteo Salvini en 2018-19, Italia fue partidaria de reformar el Reglamento de Dublín, que manda procesar las solicitudes de asilo en el país de llegada de los inmigrantes. Italia insistió en que otros miembros de la UE deberían ayudarla acogiendo a inmigrantes que llegaban a Europa por las costas italianas. Pero Meloni cambió de opinión el año pasado, aceptando que Europa (del este) ha prestado mucha ayuda al acoger a los refugiados ucranianos y que el papel de Italia ahora será proteger a Europa de cualquier entrada por mar.
Roma y Londres a veces afirman estar salvando vidas al reforzar las fronteras de los países periféricos a la UE para detener a las personas antes de que intenten cruzar el Mediterráneo. Tales preocupaciones humanitarias claramente son marketing político (y facilitan las cada vez más estrechas relaciones de Meloni con el Partido Popular Europeo, el grupo de centro-derecha predominante al que pertenece la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen). Sin embargo, no se debe asumir que su objetivo sea evitar totalmente la inmigración. Más bien, lo que estamos viendo hoy en día es un aumento de la represión a la inmigración, a veces a cambio de permitir la entrada a unos pocos no europeos afortunados (y/o más ricos) como trabajadores invitados, sin derecho a la ciudadanía.
Esta es la realidad básica detrás de las principales cláusulas nuevas de legislación migratoria aprobadas por estos gobiernos abiertamente derechistas, pero también en otros países por todo el continente. Esta semana en Francia, el gobierno de Emmanuel Macron aprobó una nueva ley de migración que limita el acceso de los inmigrantes a las prestaciones sociales, establece cupos de llegadas y limita la reunificación familiar. La ley (que también tiene un ángulo “humanitario ya que permite una regularización condicional para una minoría de inmigrantes y contempla exenciones para sectores económicos con escasez de mano de obra) no se habría aprobado sin el apoyo del partido Rassemblement National de Marine Le Pen.
Del mismo modo, el Consejo de la Unión Europea alcanzó esta semana un "histórico" nuevo pacto sobre migración y asilo, que no solo mantiene los principios básicos del principio de Dublín que los reformistas llevan años rebatiendo, sino que también destaca la necesidad de mantener fronteras externas sólidas y mostrar “solidaridad” con los estados del sur y del este, que reciben la mayoría de los solicitantes de asilo. El nuevo pacto fue criticado por los grupos de izquierda y los ecologistas en el Parlamento de la UE, así como por Amnistía Internacional, que señaló que el procedimiento de solicitud “racionalizado” se traduce de facto en más detenciones en las fronteras, en financiación de detenciones de solicitantes de asilo en países fuera de la UE, e incluso en permitir a los estados eximirse de proteger los derechos humanos en situaciones de “emergencia”.
Parecería entonces que el aparente extremismo de las opiniones de Meloni y Sunak está encontrando rápidamente apoyo entre los centristas europeos, en un intento desesperado pero racista de crear bloques políticos antes de las elecciones europeas de junio.
Sin embargo, incluso sus pretenciosas mitologías señalan la futilidad de su apoyo rabioso a las prisiones y fronteras, y de su ira engañosa contra los contrabandistas de personas. El evento de Roma al que Sunak y Meloni se dirigieron fue, oficialmente, una reunión anual de las secciones juveniles del partido de extrema derecha italiano. Fundado por la misma Meloni en 1998, este encuentro “Atreju” lleva el nombre del joven y combativo protagonista de la novela de fantasía y película "La historia interminable", un cuento sobre un mundo mágico amenazado por una fuerza misteriosa llamada “la Nada”.
Si el fascismo italiano se basó una vez en una trágica mezcla de guerra tecnológica y mitos manipulados, la versión actual es una farsa, con dos primeros ministros dando una charla motivacional en una reunión nombrada en honor a una película de fantasía de los años 80 sobre cómo luchar, literalmente, contra la nada. O más bien, una historia sobre su falsa pero sangrienta guerra contra las clases trabajadoras no europeas, un arma para dividir y distraer a los votantes de Europa de la guerra clasista que libran entre sí.
Foto: Jacobin, Alessandra Benedetti / Corbis via Getty Images
