Un sistema policial en dos niveles para la gestión de protestas

Nuevos datos compartidos con Novara Media revelan que lxs activistas ambientales pacíficxs sufren una respuesta policial más dura que lxs agitadorxs violentxs de extrema derecha, además de tener muchas más probabilidades de enfrentarse a cargos si les detienen.

Las revelaciones sobre la Libertad de Información (FOI, por sus siglas en inglés) de la Policía Metropolitana de Londres, obtenidas por la organización de investigación y campaña Global Witness y compartidas con Novara Media, muestran que se arrestaron a casi 7000 manifestantes por el clima entre 2019 y mediados de 2025, frente a alrededor de 400 agitadorxs de extrema derecha detenidxs en el mismo período de tiempo. Si bien esto puede reflejar una mayor frecuencia de protestas por el clima, alrededor del 60 por ciento de lxs activistas ambientales acabaron siendo acusadxs, en comparación con tan solo el 32 por ciento de las personas de extrema derecha detenidas.

Tras la introducción de nuevas competencias policiales en 2022, lxs activistas climáticxs triplicaron sus probabilidades de enfrentarse a cargos: se les acusó en torno a un 75 por ciento de las veces, frente a menos del 25 por ciento, en el caso de lxs agitadorxs de extrema derecha. Esto sucedió a pesar de que a la gran mayoría lxs manifestantes climáticxs se les detuvo por desobediencia civil no violenta, mientras que lxs activistas de extrema derecha fueron detenidxs por delitos con violencia.

Pese a la campaña de represión conjunta lanzada por la policía y el gobierno contra lxs manifestantes climáticxs en los últimos años, políticxs y comentaristas de derecha han denunciado una presunta gestión policial en dos niveles que discrimina a lxs activistas de extrema derecha. Sin embargo, este nuevo análisis sugiere que la verdadera desigualdad se da entre lxs manifestantes ambientales pacíficxs, quienes sufren una criminalización desproporcionada, y lxs de extrema derecha.

Ana Caistor Arendar, responsable de campaña de Global Witness, afirmó: "Estas cifras exponen un evidente doble rasero en la actuación policial en las manifestaciones en el Reino Unido. La policía está reprimiendo el activismo pacífico que exige medidas frente a la crisis climática, mientras que muestra mucha más indulgencia con quienes fomentan el odio y la violencia.

Con el aceleramiento de la crisis climática, el gobierno debería escuchar a quienes dan la voz de alarma, en lugar de silenciarles. En vez de limitar la protesta pacífica, el gobierno debe responder con la urgencia que esta crisis demanda mientras aún quede tiempo de actuar".

Acabar con Just Stop Oil

El grupo climático que registró más detenciones y acusaciones fue Just Stop Oil, vinculado a cerca de un 90 por ciento de los casos entre 2022 y 2025. A partir del 2019, las actividades de Just Stop Oil y su predecesor, Extinction Rebellion, las cuales presionaron al gobierno a declarar la emergencia climática, se usaron como argumento para que la Policía Metropolitana de Londres presionara al gobierno para conseguir más poder para lidiar con las protestas.

El gobierno conservador aprobó la denominada como muy autoritaria ley Police and Crime Act de 2022, mediante la cual se restringían protestas inaceptables, a pesar de la oposición del movimiento protesta Kill the Bill y de lxs defensores de las libertades civiles. Esta ley garantizó nuevos poderes policiales y criminalizó las actividades no violentas, como las marchas lentas, los encadenamientos, los bloqueos de carreteras o causar una perturbación "más que leve" al público.

Los análisis comparativos de las tasas de acusación desde 2022, cuando la policía adoptó esos nuevos poderes, muestran que las diferencias en las tasas de acusación entre manifestantes climáticxs y activistas de extrema derecha se acentuaron todavía más.

De lxs 2226 activistas arrestadxs en Londres entre 2022 y mediados de 2025 por participar en protestas pacíficas, se presentaron cargos contra alrededor de tres cuartas partes (1640). Esta cifra triplica la tasa de acusación de lxs activistas de extrema derecha arrestadxs en el mismo período. Se detuvo a 309 manifestantes de extrema derecha, de lxs cuales se acusó a menos de un cuarto (73), a pesar de estar a menudo implicadxs en disturbios violentos.

Los tres delitos más comunes por los que se detuvo a manifestantes climáticxs entre 2022 y mediados de 2025 fueron obstrucción de carreteras, interferencia con infraestructuras nacionales clave e incumplimiento de las condiciones impuestas en la Sección 12 de la Ley de Orden Público del Reino Unido. Se presentaron cargos contra un 85 por ciento de dichxs detenidxs por estos tres delitos.

Por el contrario, los tres delitos más comunes por los que se detuvo a manifestantes de extrema derecha entre 2022 y mediados de 2025 fueron alteración del orden público, incumplimiento de las condiciones de protesta impuestas en la Sección 14 de la Ley de Orden Público del Reino Unido y disturbios violentos. La tasa estimada de acusaciones por estos delitos fue del 12 por ciento.

En general, casi la mitad (42 por ciento) de lxs activistas climáticxs detenidxs desde 2019 fueron arrestadxs por leyes que permitían a la policía imponer restricciones en las protestas.

Just Stop Oil anunció a principios de año que "colgarían los chalecos de alta visibilidad" tras verse sometidxs a una campaña de escalada de la criminalización por la que docenas de sus miembros acabaron en prisión con sentencias de hasta cinco años. En una declaración, el grupo expresó: "Hemos expuesto la corrupción en el corazón de nuestro ordenamiento jurídico, que protege a quienes causan muerte y destrucción mientras persigue a quienes buscan minimizar el daño".

Lxs activistas climáticxs del Reino Unido también han recibido algunas de las sentencias más duras por protestas pacíficas en la historia moderna británica, incluida la de Lucia Whittaker de Abreu, quien, junto con cuatro activistas más, fue procesada en 2024 tras participar en una videollamada por Zoom para planear escalar una pasarela en la autopista M25 de Londres. La Policía Metropolitana de Londres rechazó una solicitud de la Ley de Libertad de Información sobre las herramientas de vigilancia utilizadas contra lxs activistas climáticxs, alegando la necesidad de proteger "la seguridad nacional y las operaciones policiales", y afirmando que: "confirmar o negar si la Policía Metropolitana utiliza tecnología de vigilancia específica contra grupos u organizaciones concretos supondría un mayor perjuicio para las investigaciones encubiertas y comprometería la aplicación de la ley". Se ha solicitado una declaración a la Policía Metropolitana de Londres y al Ministerio del Interior.

Simon Childs es editor encargado y reportero de Novara Media.

Fotografía: Detención de un manifestante de Just Stop Oil en Londres en noviembre de 2023. Fotografía: Martin Pope / SOPA Images/Sipa USA via Novara Media.