Durante décadas, hemos oído que solo el mercado libre asegura la eficiencia. En este momento, está claro que los mercados con fines de lucro no pueden movilizar los recursos médicos necesarios para salvar vidas, proteger los vitales y ya sobrecargados servicios de salud pública, detener el colapso económico que deja a millones de personas sin hogar e indigentes, salvaguardar las cadenas de producción y distribución, o imponer cambios en el comportamiento social.

Entonces, debemos partir de la premisa de que es el Estado el que puede lograr resultados eficientes, basados en las necesidades de la sociedad y no en el beneficio privado. La respuesta nacional e internacional de Cuba a la pandemia mundial del SARS-CoV2 ilustra esta posibilidad. El hecho que una pequeña nación insular, sometida a cientos de años de colonialismo e imperialismo y, desde la Revolución de 1959, a seis décadas de bloqueo criminal por parte de los Estados Unidos, pueda desempeñar un papel tan ejemplar se debe a que el planeamiento central dirige los recursos nacionales de acuerdo con una estrategia de desarrollo que da prioridad al bienestar humano y a la participación de la comunidad, y no al beneficio privado.

Al mismo tiempo, el punitivo e implacable bloqueo estadounidense a Cuba ha impedido que la isla importe el equipo médico necesario, como ventiladores para lxs pacientes de Covid-19, y ha impedido incluso que la isla reciba donaciones médicas. Las sanciones de EE. UU. impiden también al mundo acceder a los productos biotecnológicos cubanos que han ayudado a mantener la tasa de mortalidad de Covid-19 tan baja en la isla.

A pesar de estas condiciones, miles de especialistas médicxs cubanxs han formado brigadas en docenas de países de todo el mundo, proporcionando su tan necesaria experiencia para combatir el coronavirus. Lejos de aplaudir este maravilloso ejemplo de cooperación global Norte-Sur y Sur-Sur, la administración estadounidense ha castigado a Cuba colocándola en el Nivel 3 de sus clasificaciones de informes sobre "Tráfico de personas", alegando que sus programas médicos internacionales constituyen "trabajo forzoso" y una forma de "tráfico de personas".

Un nuevo proyecto de ley presentado al Congreso de los EE. UU. en junio de 2020, “Cut Profits to the Cuban Regime Act of 2020” (Recorte de beneficios al Acta del Régimen Cubano de 2020), amenaza con poner a varios países de CARICOM en el “Nivel 3” de la lista de tráfico por recibir asistencia médica cubana en la lucha contra Covid-19. Tal medida restringirá el financiamiento futuro a esos estados y permitirá al presidente estadounidense ordenar a los bancos de desarrollo con sede en EE.UU. y al FMI que les nieguen préstamos.

Si bien los gobiernos niegan las lecciones obvias de la respuesta mundial al Covid-19, corresponde a lxs activistas e intelectuales asegurarse de que se aprendan las lecciones. Estoy encantada con esta oportunidad de participar en este Grupo de Trabajo internacionalista de respuesta al Covid-19 y espero que las recomendaciones hechas por la Internacional Progresista sean respaldadas por un movimiento mundial que exige cambios.