La intervención militar estadounidense contra Venezuela, que culminó con el secuestro de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, se gestó durante mucho tiempo. En un artículo publicado en Carta Capital en febrero de 2019, titulado «Donald Trump, el fin del globalismo y la crisis en Venezuela», aseveré que el entonces presidente hablaba sobre los verdaderos objetivos del imperialismo estadounidense en un tono de veracidad inusual: no sobre la defensa de la democracia ni de los derechos humanos, ni siquiera el respeto (discriminatorio) de los tratados internacionales propios de la ideología liberal, sino el control de recursos de valor estratégico y económico. Ya en ese momento, Trump criticaba abiertamente a sus predecesores por no haberse “hecho con el petróleo” de Venezuela o de Irak, ni con las tierras raras de Afganistán, dejando al descubierto una lógica depredadora que el discurso liberal tradicional había ocultado durante mucho tiempo
En enero de 2013, Trump tuiteó: «Todavía no me creo que hayamos abandonado Irak sin el petróleo». En un debate con Hillary Clinton en septiembre de 2016, sugirió volver al siglo XIX: «La práctica habitual era que el botín se lo llevara quien vencía. Ahora ya no hay vencedor… Pero yo siempre dije: háganse con el petróleo».
Como presidente, Trump insistió en dos ocasiones ante el presidente iraquí para que cediera más petróleo en compensación por el coste de la guerra. Según los informes, su entonces asesor de Seguridad Nacional, H. R. McMaster, lo apercibió por segunda vez: “Daña la imagen de Estados Unidos, asustará a nuestros aliados… y nos deja como criminales y ladrones”. En enero de 2019, el vicepresidente Mike Pence afirmó que Trump “no es un fanático” de las intervenciones en el extranjero, salvo “en este hemisferio”. (Al que se refiere como “ patio trasero”).
En enero de 2019, el vicepresidente Mike Pence afirmó que Trump “no es un fanático” de las intervenciones en el extranjero, salvo en “este hemisferio”, al que se refiere como su “patio trasero”.
Esto prefiguraba la doctrina Donroe. Además, en enero de 2019, el entonces asesor de Seguridad Nacional John Bolton declaró que “estamos dialogando con las principales compañías petroleras estadounidenses… Venezuela es uno de los tres países a los que llamo la Troika de la Tiranía (junto con Nicaragua y Cuba). Sería de vital importancia económica para Estados Unidos si pudiéramos lograr que las compañías petroleras estadounidenses realmente produjeran e invirtieran en el sector petrolero de Venezuela”.
En abril de 2025, durante el encuentro IV Dilemas de la Humanidad: Perspectivas para la Transformación Social, organizado por el Instituto Tricontinental de Investigación Social, el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (por sus siglas en inglés, MST) y la Asamblea Internacional de los Pueblos (por sus siglas en inglés, IPA) en São Paulo, sostuve que Trump elegiría a Venezuela como primer objetivo militar en el denominado como hemisferio occidental; la primera intervención militar directa en Sudamérica en la historia. El argumento era simple: ataques a Canadá o Groenlandia serían mucho más arriesgados y complejos de defender a nivel diplomático; Venezuela, en cambio, presentaba argumentos que la base política del movimiento MAGA aceptaría (las supuestas amenazas de la inmigración y el narcotráfico venezolano), además de vastas reservas de petróleo y minerales críticos cara a la pugna tecnológica con China.
La Estrategia de Seguridad Nacional (NSS), publicada por la administración Trump el 4 de diciembre de 2025, oficializó esta estrategia en el hemisferio, centrada en “fortalecer las cadenas de suministro críticas… reducir dependencias y aumentar la resiliencia económica de EE. UU.… mientras se dificulta que competidores no hemisféricos incrementen su influencia en la región”. Este documento oficializa lo que los analistas llaman el “Corolario Trump” a la doctrina Monroe o, de forma más sarcástica, la “doctrina Donroe”: una versión de carácter claramente transaccional y coercitivo del panamericanismo que subordina a América Latina a los imperativos de seguridad y concentración de capital de Estados Unidos.
En realidad, la intervención militar en Venezuela no es una defensa de la democracia ni una operación humanitaria: marca el fin oficial del “globalismo” que vinculaba el poder militar estadounidense a la ideología liberal de la soberanía nacional consagrada en la Carta de las Naciones Unidas, tal como advertí que era el objetivo de Trump desde 2019. También representa el fin del “siglo americano” que Woodrow Wilson proyectó para el mundo durante la Primera Guerra Mundial y que fue recreado por Franklin Delano Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial. Esta intervención simboliza la subordinación de recursos estratégicos en el contexto de la rivalidad sino-estadounidense y, con el tiempo, un esfuerzo por reestructurar las cadenas globales de producción de acuerdo con los criterios geopolíticos. Se trata de un precedente peligroso que pone en riesgo la soberanía en toda la región, a partir de la nueva “Troika”, los nuevos dominós que el poder imperial estadounidense pretende derribar: Cuba, Nicaragua y Colombia.
La elección de Venezuela como primer objetivo militar no fue por casualidad, sino porque encarna la intersección ideal entre oportunidad geoeconómica y viabilidad política. El país posee las mayores reservas de petróleo probadas del mundo y vastos yacimientos de minerales críticos para tecnologías de energía limpia y defensa. Trump ha subrayado en repetidas ocasiones la importancia de estos recursos, incluso en una entrevista en la que afirmó que, tras el secuestro de Maduro, él “gobernaría Venezuela”.
Esta contundencia a la hora de referirse a los objetivos materiales del imperialismo conecta directamente con la estrategia más amplia de friendshoring o nearshoring establecida en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025. El documento no se limita a proponer la diversificación frente a las cadenas de suministro chinas; al menos de forma retórica, busca la reestructuración sistemática de las redes globales de valor con criterios geopolíticos. De tal manera que, el doble objetivo hacia América Latina es explícito: primero, asegurar el control estadounidense sobre recursos minerales críticos (litio, cobre, tierras raras) e infraestructura estratégica (puertos, redes de telecomunicaciones, sistemas energéticos); segundo, integrar las economías latinoamericanas en cadenas de manufactura totalmente aisladas de la participación o influencia china.
La propuesta de María Corina Machado en una entrevista con Donald Trump Jr. ilustra perfectamente la cuestión minera: a cambio de respaldar un cambio de régimen que llevaría a su grupo al poder, ofreció 1,7 billones de dólares en activos venezolanos a compañías estadounidenses. El arreglo propuesto no difiere sustancialmente de las concesiones petroleras que caracterizaron el imperialismo clásico a fines del siglo XIX y principios del XX, y que desembocaron en dos guerras mundiales.
En cuanto a las cadenas de suministro, el plan va más allá de las preocupaciones habituales por la extracción de recursos y se extiende a la reorganización de los sistemas de producción regionales. En las industrias que requieren mucha mano de obra, energía y bajos costos de insumos donde la reindustrialización mediante onshoring en Estados Unidos no es viable, Washington propondrá establecer vínculos de manufactura en América Latina dentro de cadenas estratégicamente sensibles (semiconductores, baterías, productos farmacéuticos, materiales avanzados), pero siempre bajo estructuras de gobierno que excluyan inversión, tecnología o acceso a mercados chinos. Se trata de un intento de segmentar las redes de producción geopolíticamente, al crear cadenas de suministro paralelas organizadas en función de la lealtad estratégica. Solo bajo esta perspectiva se puede entender la decisión del gobierno mexicano de imponer aranceles el 1 de enero de 2026 a una serie de productos procedentes de China, Brasil y otros países sin acuerdo comercial con México.
La dimensión simbólica de la elección de atacar Venezuela también merece atención. El discurso del movimiento MAGA busca enemigos que amenacen el “modo de vida estadounidense tradicional”. Venezuela cumple este papel: puede presentarse simultáneamente como fuente de inmigración indeseada y de narcotráfico, dos obsesiones claves de la base política de Trump. A diferencia de Canadá o Groenlandia, cuya invasión sería difícil de justificar internamente y provocaría una crisis en la alianza occidental, un ataque a Venezuela despierta prejuicios arraigados y ofrece chivos expiatorios convenientes para los problemas internos de Estados Unidos.
Los tres discursos utilizados para legitimar la intervención militar (defensa de la democracia, lucha contra el narcotráfico e intervención humanitaria) se desmoronan con un análisis ínfimo, al desenmascararse como pretextos para una operación impulsada por intereses económicos respaldados por el poder político y militar, y orientada a reforzar dichos intereses a medio plazo.
Un argumento democrático resulta especialmente insostenible al venir de la mano de Trump. Por no mencionar, lo ocurrido el 6 de enero de 2021, cuando Trump se burló públicamente en diferentes ocasiones, del uso de la “defensa de la democracia” como justificación para intervenciones imperiales, denunciándolo como hipocresía liberal. En diciembre de 2015, defendió a Vladimir Putin al afirmar: “Nuestro país también mata mucho… Hay mucha estupidez en el mundo ahora mismo, mucha muerte, mucha estupidez”. En febrero de 2017, ya como presidente, respondió a la crítica de Bill O’Reilly de que “Putin es un asesino” al afirmar: “Hay muchos asesinos. ¿Crees que nuestro país es tan inocente?” Su trayectoria confirma el cinismo de la retórica democrática: Trump mantiene alianzas estrechas con dictaduras amigas, desde las monarquías absolutistas del Golfo Pérsico hasta Arabia Saudita, y también respaldó de forma entusiasta la política golpista de Jair Bolsonaro y su círculo en Brasil. El problema nunca es la ausencia de democracia, sino la falta de alineamiento con Washington.
El argumento antidroga es igual de falaz. Pocos días antes de la invasión de Venezuela, Trump otorgó un indulto presidencial a Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras, quien había sido juzgado y condenado en Estados Unidos por conspiración por participar en el narcotráfico a gran escala. El contrabando de estupefacientes sirve como discurso cuando es necesario demonizar a los adversarios; por el contrario, se vuelve irrelevante cuando el acusado es un aliado estratégico. La arbitrariedad no podría ser más evidente.
La justificación humanitaria es quizás la más obscena de las tres. Una administración que ofrece apoyo militar, diplomático y político incondicional al genocidio israelí en Gaza (donde más de 60.000 civiles palestinos, incluidos 18.000 niños, han sido asesinados en pocos meses) carece de credibilidad moral para alegar preocupación humanitaria. Además, las propias acciones militares de Estados Unidos contra Venezuela (bombardeos que impactaron infraestructura civil y un bloqueo naval que impidió la importación de alimentos y medicinas durante muchos años) agravaron de forma considerable el sufrimiento de la población venezolana que, supuestamente, dichas acciones trataban de aliviar.
La secuencia de hechos que condujo al secuestro de Maduro siguió un guion previsible de escalada coercitiva. Tras meses de intensificación de sanciones unilaterales y amenazas cada vez más explícitas, la administración Trump ordenó un bloqueo naval. Él quizá no lo sepa, pero fue el bloqueo naval y la intervención militar de Gran Bretaña, Alemania e Italia en Venezuela en 1902 lo que dio lugar al Corolario Roosevelt de la doctrina Monroe, como intenté mostrar en un extenso artículo académico que analiza el imperialismo estadounidense sobre América Latina entre 1898 y 1933. Al igual que Trump, Theodore Roosevelt reclamó para Estados Unidos el derecho exclusivo de patrullar el hemisferio occidental, al anunciar públicamente su intención de expulsar a otros imperios militares y financieros de Centroamérica y el Caribe. Trump también replicó el patrón de intervención de la “Diplomacia del Dólar” de principios del siglo XX, al coordinar fuerzas especiales y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) con sectores de la oposición interna y con desertores militares, hasta culminar en el secuestro ilegal del presidente venezolano el 3 de enero de 2026.
Las declaraciones posteriores de Trump fueron francas: Estados Unidos “administraría el país” y usaría los ingresos procedentes del petróleo para “pagar la operación militar y reconstruir Venezuela como debe ser”. No hay duda sobre los objetivos: control directo de recursos estratégicos y reorganización del Estado venezolano según intereses imperiales.
Las repercusiones regionales de esta acción son profundas y peligrosas. Cuba, Nicaragua y Colombia son los siguientes más probables objetivos. Trump ya los ha amenazado, y el precedente venezolano demuestra que tales advertencias no son mera retórica. El régimen comunista cubano, aislado tras décadas de bloqueo y recientemente debilitado por severas crisis energéticas, podría tener los días contados. Y Gustavo Petro puede enfrentarse a consecuencias por decir verdades incómodas en Nueva York, además de ser una pieza clave en el dominó de fuerzas de izquierda latinoamericanas que Trump trata de derribar.
México, Brasil e incluso potencias occidentales como Dinamarca (por Groenlandia) y Canadá se encuentran en alerta máxima. Las amenazas de Trump contra Groenlandia ya no pueden descartarse como meras provocaciones.
Por supuesto, América Latina no responde de la misma manera a la coerción imperial. La Argentina de Javier Milei ofrece un contraejemplo instructivo: alinearse de forma total, ideológica y estratégica con Washington fue recompensado con un rescate de 40.000 millones de dólares. Este patrón de recompensas y castigos discriminados confirma la naturaleza explícitamente transaccional de la nueva estrategia hemisférica: los países que aceptan la subordinación reciben apoyo financiero; los que se resisten se enfrentan a la coerción creciente.
A pesar de ello, la resistencia de Ecuador a las bases militares extranjeras, ratificada en un referéndum popular en noviembre de 2025, demuestra que imponer la voluntad de Washington se enfrenta a obstáculos incluso en países relativamente pequeños. La invasión de Venezuela, no obstante, incrementa de forma considerable los costes potenciales de la resistencia, dejando claro que Estados Unidos está dispuesto a usar la fuerza militar directa cuando considere que sus intereses están suficientemente amenazados.
La estrategia trumpista de subordinación hemisférica mediante los chantajes arancelarios y la amenaza de fuerza militar enfrenta, sin embargo, límites estructurales significativos. El caso brasileño ilustra estas contradicciones de manera explícita.
Europa, Japón y Corea del Sur cedieron rápidamente a las demandas comerciales de Trump debido a la dependencia militar de Estados Unidos; es decir, se vieron obligados a “pagar un tributo para mantener el imperio estadounidense”. Brasil, en cambio, consiguió resistir con éxito. Esta resiliencia se explica en ventajas estructurales específicas: China se consolidó como el principal socio comercial de Brasil durante más de una década, absorbió una relevante proporción de las exportaciones de materias primas; como resultado, Brasil acumuló reservas internacionales sustanciales que le proporcionan margen de maniobra ante las crisis de divisas; la diplomacia brasileña fomentó vínculos alternativos a través de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y otras plataformas multilaterales del Sur Global.
La campaña de Lula contra la hegemonía del dólar, intensificada tras su visita a China en abril de 2023, representa un desafío directo al instrumento fundamental del poder estadounidense: el control sobre el sistema monetario internacional. Las propuestas de liquidación bilateral de transacciones comerciales y de divisas en monedas nacionales, las discusiones sobre una moneda común de los BRICS y la diversificación de reservas internacionales desplazan los negocios fuera de Nueva York y erosionan gradualmente la capacidad de Washington de usar sanciones financieras como arma geopolítica.
La capacidad de Brasil para actuar con independencia irrita claramente a Washington. Asesores de Trump revelaron públicamente que Estados Unidos está “muy preocupado” por los BRICS y la desdolarización, señalando a Brasil como un problema particular.https://geopoliticaleconomy.com/2025/07/14/us-afraid-brics-dedollarization-trump/. El intento de forzar la alineación de Brasil mediante aranceles punitivos se topó, por el contrario, con una limitación sencilla: el mercado estadounidense, aunque importante, ya no es indispensable para la economía brasileña como lo fue en décadas anteriores. El acceso a Wall Street sigue siendo crucial, pero bloquearlo como táctica de presión aceleraría justamente lo que Trump busca evitar: forzar a Brasil a salir del dólar y acercarlo a los BRICS.
Los límites esenciales de la “doctrina Donroe”, sin embargo, van más allá de cualquier país específico. Las ocupaciones militares prolongadas son extremadamente costosas, como lo demostraron Irak y Afganistán. Las encuestas de opinión en Estados Unidos indicaron que el 55 por ciento de la población se oponía a la invasión de Venezuela, lo que sugiere que futuras aventuras militares enfrentarán resistencia interna creciente, especialmente si generan bajas significativas o altos costos fiscales.
Lo más significativo es que Estados Unidos es incapaz de presentar propuestas de desarrollo que compitan con las de China. Mientras la estrategia de Washington se basa en condicionar el acceso al mercado de consumo, a la sumisión política y en usar sanciones unilaterales como herramienta punitiva, Pekín ofrece proyectos concretos de infraestructura, crédito a largo plazo y bajo interés, transferencia tecnológica y expansión de mercados, todo sin exigencias políticas gravosas. Esta asimetría en la oferta de desarrollo crea una ventaja estructural por parte de China que ni los aranceles punitivos ni las amenazas militares pueden neutralizar de forma íntegra.
El riesgo de repercusiones geopolíticas tampoco debe subestimarse. Cada acción coercitiva de Estados Unidos refuerza la narrativa china de que Washington amenaza la soberanía del Sur Global, al impulsar a los países a buscar protección mediante un alineamiento más estrecho con Pekín. La invasión de Venezuela muestra la evidencia contundente de este argumento, al acelerar de forma potencial la formación de bloques y alianzas con China que la estrategia de Trump afirma querer prevenir.
La intervención militar estadounidense en Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro constituyen una flagrante violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Independientemente de la valoración sobre el gobierno venezolano, el principio de no intervención militar unilateral es un derecho fundamental de la civilización, vigente al menos desde 1648 (Paz de Westfalia), y no puede ignorarse sin que ello provoque consecuencias catastróficas para el orden internacional.
El precedente establecido es extremadamente grave. Si Estados Unidos puede invadir un país soberano, deponer su gobierno y tomar el control directo de sus recursos naturales con justificaciones obviamente fraudulentas, ningún país está a salvo a menos que cuente con fuerzas armadas disuasorias o alianzas militares sólidas. La normalización de las intervenciones militares unilaterales destruye cualquier pretensión de un sistema internacional basado en normas. El emperador está desnudo. Por lo tanto, quizá la escalada militar revela más debilidad que fortaleza. Una hegemonía confiada en su primacía económica, tecnológica y cultural no necesita recurrir a invasiones militares para asegurar el acceso a recursos o mercados. La predisposición de Estados Unidos a usar la fuerza directa refleja la erosión de formas más sutiles de dominación.
El secuestro de Maduro debilita, pero no exceptúa, el dominio del chavismo en Venezuela. Tampoco resuelve las contradicciones estructurales del declive hegemónico de Estados Unidos. El país no puede ofrecer un modelo de desarrollo atractivo que compita de forma eficaz con la alternativa asiática; no posee la capacidad fiscal para financiar un Plan Marshall hemisférico; no puede revertir décadas de desindustrialización interna mediante aranceles punitivos impuestos a los aliados. La imposición de control militar directo sobre Venezuela, en caso de ser posible, puede garantizar el acceso al petróleo venezolano, pero no restaura la centralidad de Estados Unidos en las cadenas globales de producción.
Existen alternativas a la subordinación, pero requieren de coordinación política y coraje estratégico de los gobiernos del Sur Global. Fortalecer plataformas regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y los BRICS ofrece un espacio institucional para la resistencia colectiva. Una integración económica Sur-Sur más profunda reduce la vulnerabilidad a la coerción económica de Estados Unidos. Diversificar reservas internacionales y desarrollar sistemas de pago alternativos socava el poder de las sanciones financieras.
La lección fundamental de la invasión de Venezuela es que la soberanía aislada es vulnerable; solo la coordinación colectiva puede contrarrestar el poder imperial. El desafío para los gobiernos progresistas de América Latina y del Sur Global es transformar la indignación retórica en cooperación efectiva. El precedente está establecido. Lo que está en juego es históricamente decisivo: los próximos movimientos determinarán si el siglo XXI estará marcado por el resurgir del imperialismo militar depredador o por la consolidación de un orden internacional realmente multipolar.
Translated Goretti Montes, Juan Schneider, and Proz Pro Bono
