La decapitación del Gobierno de Venezuela. Los tambores de guerra en torno a la anexión de Groenlandia. La guerra emprendida por EE. UU. e Israel contra Irán. Los primeros meses de 2026 han traído consigo un recrudecimiento drástico del belicoso militarismo de Donald Trump. Si bien estas tres crisis son muy diferentes entre sí, el denominador común de todas ellas es el afán del presidente de EE. UU. por el control estadounidense de los flujos estratégicos de materias primas, ya sean los socios petroleros y gasísticos con los que China cuenta en Caracas y Teherán, o la posibilidad más lejana de la riqueza mineral que encierra el Ártico.
En otras latitudes, la ofensiva de EE. UU. por los recursos no se desarrolla con tanta estridencia. Un ejemplo de ello es la apuesta, relativamente más discreta, por forjar un ámbito de influencia estadounidense en un país que en su día parecía estar al margen de los designios de EE. UU.: la República Democrática del Congo (RDC). La RDC, un extenso país enclavado en el corazón de África ecuatorial, atesora unas reservas de recursos considerablemente importantes, entre las que destacan el cobre, el cobalto y el litio. Estos metales son imprescindibles para la fabricación de productos de alta tecnología, tales como microchips, baterías para vehículos eléctricos y sistemas de armamento de última generación.
Aunque ya era una iniciativa en marcha durante la administración de Joe Biden, el acercamiento de Estados Unidos a la RDC se aceleró con el regreso de Trump a la Casa Blanca. Al parecer, las autoridades de la capital, Kinshasa, se pusieron en contacto con el presidente electo en ese momento en busca de apoyo para su prolongada batalla contra las milicias separatistas en las regiones orientales de Kivu y Katanga. La culminación de este proceso tuvo lugar el pasado diciembre en la Casa Blanca con la formalización de una “alianza estratégica” entre Estados Unidos y la RDC.
Ese acuerdo por el que se concedía a EE. UU. un acceso especial a la riqueza mineral de la RDC, supuso la continuación del tan pregonado “acuerdo de paz” del verano pasado entre la RDC y Ruanda, un país que apoya a los paramilitares del Movimiento 23 de Marzo (M23) en su devastadora guerra civil contra Kinshasa. A pesar de las afirmaciones de la Casa Blanca sobre el inicio de una nueva era de paz en la RDC, los combates persisten a día de hoy. El 2 de marzo, Estados Unidos impuso sanciones al ejército ruandés por su continuo apoyo a las milicias contrarias a Kinshasa.
Ciertos sectores analíticos opinan que el acercamiento de Trump a Kinshasa se basa en el planteamiento de “minerales a cambio de protección” que se gestó por primera vez a principios de 2025 con el acuerdo sobre minerales con Ucrania. Por ahora, la implicación directa del Gobierno de EE. UU. con la RDC se circunscribe en gran medida a apoyar al presidente Félix Tshisekedi ―a quien Trump elogió como un “hombre valiente” en el desayuno nacional de oración que tuvo lugar el 5 de febrero en Washington― y a la defensa diplomática de las firmas inversoras estadounidenses. Sin embargo, las empresas contratistas de defensa de Estados Unidos, tales como Erik Prince, exdirector de Blackwater (ahora Constellis), se muestran deseosas de entablar un vínculo más estrecho en materia de seguridad. Al parecer, algun@s agentes de Vectus Global, una nueva empresa de seguridad propiedad de Prince, participaron junto a las fuerzas del Gobierno central en la pugna que se libró a principios de enero por Uvira, una ciudad del este de la RDC colindante con el lago Tanganica.
A ojos de la sociedad civil congoleña, no cabe duda de que la presión de EE. UU. va más allá de los negocios. Ante la falta de un control más democrático de la riqueza mineral del país, se teme que la población de la RDC vuelva a quedarse con un porcentaje mínimo de los beneficios, mientras el capital estadounidense emprende una inversión desenfrenada que parece destinada principalmente a allanar el camino de un gobierno corrupto y a engrosar las cuentas de resultados de las corporaciones extranjeras. “La lucha contra la corrupción es algo que la administración estadounidense ha dejado totalmente de lado”, afirmó Jean-Claude Mputu, portavoz del colectivo Congo n’est pas à vendre (CNPAV, “El Congo no está en venta”). “La población congoleña tiene una gran riqueza mineral bajo sus pies, pero no obtiene beneficio alguno de ella porque las élites locales acaparan el dinero, y porque las empresas extranjeras que contaminan nuestros suelos sobornan a nuestra dirigencia política para que no se emprendan acciones legales contra ellas”.
El intento de la Administración Trump de afianzarse en la RDC no está exento de escollos. El país se encuentra ya bajo la influencia de rivales de EE. UU. como China, cuyas empresas se estima que controlan alrededor del 80 % de la riqueza mineral de la RDC en la actualidad, lo que incluye muchos de sus activos más valiosos y sólidos. Por su parte, Tshisekedi ha abierto la puerta a un aumento de la inversión estadounidense, pero parece tener el mismo interés en enfrentar a los intereses extranjeros entre sí. Los expertos del sector estadounidense esperan que la oferta de Washington de una alianza más proactiva pueda equilibrar el terreno de juego, en contraste con el enfoque de no intervención de Pekín. Sin embargo, no hay muchos indicios de que China se inquiete. El 26 de marzo, la RDC y China reforzaron sus vínculos con un nuevo acuerdo de cooperación en materia de minerales, que incluye medidas para aumentar el procesamiento local de metales.
Al frente de la contraofensiva estadounidense se sitúa una nueva serie de fondos de inversión, consorcios mineros y empresas mineras emergentes “exploratorias”, todas ellas con el decisivo respaldo diplomático y financiación pública de Estados Unidos. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, estas entidades están sentando las bases del resurgimiento de la esfera de influencia estadounidense en la RDC.
Una de las entidades que ha irrumpido en la carrera por los recursos de EE. UU. es Orion Resource Partners, una empresa relativamente opaca que gestiona inversiones mineras globales por valor de unos 8600 millones de dólares. Tras haberse afianzado en lugares como Guinea y Namibia, donde extrae bauxita, hierro y litio, esta empresa está tratando ahora de abrirse paso en el mercado congoleño. Gracias al respaldo financiero del gobierno estadounidense, Orion fundó el pasado mes de octubre el Orion Critical Minerals Consortium (Orion CMC), un vehículo de inversión combinado que recaudó un capital de 4000 millones de dólares.
En febrero, Orion CMC anunció su asociación con el gigante minero anglo-suizo Glencore, que cedió una participación del 40 % en sus operaciones en la RDC al consorcio liderado por Estados Unidos en una operación valorada en 9000 millones de dólares. Esta alianza de colaboración otorgará a Orion CMC y a sus inversionistas, incluido el Gobierno de EE. UU., el control sobre una parte de la producción de las minas de cobre y cobalto de Glencore en la RDC. Además, en marzo, Orion CMC proporcionó financiación a la empresa estadounidense Virtus Minerals para la adquisición de Chemaf, una corporación minera con sede en Dubái que opera en la RDC desde principios de los años 2000.
El Gobierno de EE. UU. ha estado muy implicado en estas operaciones, tanto durante las administraciones demócratas como las republicanas. En el año 2024, la administración Biden presionó al Gobierno congoleño para que bloqueara la venta de Chemaf a la empresa china Norinco. La Administración Trump ha influido sobre Kinshasa para que apartara a la alta direccióndel grupo minero estatal Gécamines que se oponía a la cesión de Chemaf a firmas inversoras estadounidenses.
Otro indicador determinante del apoyo recibido es el soporte financiero que proporciona la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés) a las empresas privadas que lideran la ofensiva estadounidense. Fundada en el año 2019, durante el primer mandato de Trump, esta entidad tiene por objeto facilitar la proyección de los intereses económicos de EE. UU. en el exterior, aportando capital inicial para inversiones en cadenas de suministro de materias primas en el extranjero. En diciembre de 2024, la DFC de la era Biden destinó más de 500 millones de dólares para la construcción del Corredor de Lobito, una línea ferroviaria concebida para facilitar la extracción de minerales desde Zambia, un país sin salida al mar, y el sureste de la República Democrática del Congo hacia la costa atlántica de Angola. La inversión de 600 millones de dólares de la DFC en Orion CMC el otoño pasado se considera la mayor inyección de capital hasta la fecha, lo que evidencia su importancia estratégica en la ofensiva minera de Trump en el continente africano.
Por otro lado, está el sector tecnológico estadounidense. Silicon Valley también está consolidando una participación directa en la minería africana al hacer una apuesta absoluta por la inteligencia artificial, dando pie así a un aumento esperado de la demanda de minerales críticos en los próximos años. A principios de la década de 2020, incluso se rumoreó que el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, estaba considerando la adquisición de Glencore, el mayor conglomerado minero del mundo en cuanto a ingresos anuales.
KoBold Metals, una empresa minera fundada en 2018 afirma utilizar inteligencia artificial y métodos de investigación avanzados para cartografiar yacimientos de riqueza mineral sin explotar. Entre los inversores destaca Breakthrough Energy Ventures, un fondo constituido en el año 2016 por Bill Gates y en el que participan accionistas como Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Michael Bloomberg, entre otros. El pasado verano, KoBold firmó un acuerdo con el Gobierno de la República Democrática del Congo por el que se le concedieron siete permisos para la exploración de yacimientos de litio, coltán y tierras raras en un área de 1600 kilómetros cuadrados.
Cuando a mediados de la década de 2010 la gigante minera estadounidense Freeport-McMoRan decidió vender sus activos en la RDC a empresas chinas, todo apuntaba a que el capital estadounidense tiraba la toalla. Dados los elevados costes de la minería en una región marcada por la inestabilidad —y el riesgo de que se entablaran litigios, inherente a un entorno empresarial castigado por la corrupción endémica—, parecía que las empresas estadounidenses se encontraban en una situación de desventaja estructural frente a los titanes del sector minero chino, que contaban con el respaldo del Estado.
Diez años más tarde, una nueva generación de empresas estadounidenses está de regreso, preparadas para intervenir de lleno en el terreno. Asimismo, estas empresas podrán contar con un amplio margen de maniobra por parte de una Administración estadounidense que asume sin reservas el carácter transaccional de su acometida por los recursos de la RDC.
En 2025, la Platform to Protect Whistleblowers in Africa (Plataforma para la Protección de los Denunciantes en África, PPLAAF, por sus siglas en francés) llevó a cabo una investigación sobre los negocios de Orion en Guinea y reveló evidencias de sobornos a funcionari@s guineanos para acelerar la exportación de minerales, además de abusos medioambientales y de diligencia debida. Ejemplo de ello es un accidente industrial ocurrido en 2023 en una filial de Orion que provocó el vertido de unas 7500 toneladas de bauxita, un incidente que los ejecutivos del grupo intentaron encubrir. Fuentes internas informaron a la PPLAAF de que la empresa aún no ha desembolsado los 15 millones de dólares prometidos en inversiones comunitarias, mientras que las ganancias de los minerales del país siguen eludiendo de forma sistemática el control de las comunidades locales.
“Lo más preocupante de la conducta de Orion en Guinea es la mala gestión en general y el hecho de que su interés único e inmediato sea el lucro, independientemente de las condiciones de trabajo y del impacto en las comunidades locales”, afirmó Jimmy Kande, director ejecutivo de PPLAAF. Y añadió:
“Esto sienta un precedente que debería haber alertado a la DFC e impedido que apoyara a Orion como su brazo operativo en el continente, dadas las acusaciones de corrupción y los delitos medioambientales que han sido investigados, incluso por las autoridades guineanas, y que siguen siendo objeto de procesos judiciales en curso”.
El acuerdo de Orion CMC con Glencore también supone que la entidad respaldada por el Gobierno de EE. UU. podría verse involucrada en uno de los casos de corrupción más sórdidos de la historia reciente de la minería de la RDC.
El acuerdo sitúa al grupo —y a sus inversionistas, incluida la DFC— en una colaboración implícita con el multimillonario minero israelí Dan Gertler, que lleva siendo sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. desde el año 2017. La decisión del Tesoro de sancionar a Gertler en virtud de la Ley Magnitsky de 2012 se basó en la consideración de que el magnate minero israelí “amasó su fortuna mediante acuerdos opacos y corruptos en el sector minero y petrolero de la República Democrática del Congo por valor de cientos de millones de dólares”. Gertler ha seguido extrayendo beneficios económicos de sus acuerdos con Glencore gracias a un arreglo que le permite recibir sus regalías mineras en euros y no en dólares.
En el año 2017, el Tesoro de EE. UU. estimó que el déficit del presupuesto de la RDC derivado de esas transacciones ascendía a unos 1300 millones de dólares. Musk ha negado competir por la adquisición total de Glencore, pero un estudio sugiere que el acuerdo de Tesla por la compra de seis mil toneladas de cobalto al año a la empresa anglo-suiza se traduce en unos 4-5 millones de dólares en regalías anuales para el multimillonario israelí.
“Quizás Dan Gertler sea la persona que más haya obtenido ganancias de la riqueza mineral del Congo: construyó un sistema de corrupción colosal que si bien fue sancionado por el Gobierno de EE. UU., ha sido sorteado con la complicidad de Glencore”, afirmó Mputu, del colectivo CNPAV. “Parece que todo el mundo se ha resignado ante esta situación. Ahora que Trump ha regresado al poder, uno de nuestros temores es que se revoquen esas sanciones para permitir que Orion trabaje con Glencore”.
Ni la DFC ni Orion respondieron a la petición de comentarios al respecto.
No cabe duda de que, ahora que Estados Unidos retoma la carrera por los recursos de la RDC, otras prioridades están surgiendo en primer plano. Por su parte, Trump no se anduvo con rodeos cuando el pasado mes de diciembre celebró el acuerdo desde la Casa Blanca: “Vamos a extraer parte de las tierras raras, a quedarnos con algunos de los activos y a pagar. Todo el mundo va a ganar mucho dinero”.
Harrison Stetler es periodista independiente y profesor, y reside en París.
