El consenso neoliberal que moldeó las políticas de desarrollo, a nivel mundial, durante más de tres décadas se ha fracturado. Durante mucho tiempo, a los países del Sur Global se les ha dicho que el desarrollo exige ciertos sacrificios: reducción de salarios, debilitamiento de los derechos laborales, restricción de la inversión pública, protección de las industrias extractivas y postergación en la lucha climática. Pero Colombia ha comenzado a trazar otro camino. El país está demostrando que una economía emergente puede, al mismo tiempo, elevar los ingresos, reducir la pobreza, fortalecer el trabajo, impulsar una reforma agraria democrática, recuperar la política industrial e iniciar una transición energética justa. Su relevancia no radica en importar un modelo ajeno, sino en construir una ruta acorde con las propias realidades del país y las necesidades de su población.
La pobreza cayó de 36,6% en 2022 a 31,8% en 2024. Para marzo de 2026, la tasa nacional de desempleo de Colombia había descendido a 8,8%, frente al 9,6% registrado un año antes; el nivel más bajo en más de 25 años. Mientras tanto, la participación laboral y la tasa de empleo aumentaron. La participación del trabajo en el ingreso nacional aumentó de 38,9% en 2022 a 42,5% en 2024.
Estas cifras marcan un cambio de rumbo. El modelo de crecimiento anterior de Colombia concentró la riqueza, debilitó a las y los trabajadores, profundizó la informalidad y dejó al país vulnerable frente a la presión financiera y a la extracción. Ante esto, el gobierno del Presidente Petro ha buscado desplazar el centro de gravedad de la economía: pasando de un modelo basado en la especulación financiera a uno centrado en la producción, de la concentración de rentas al fortalecimiento del trabajo, del despojo de los territorios a la democratización de la tierra, y de la dependencia de los combustibles fósiles hacia una transición energética justa.
La reforma agraria impulsada en Colombia enfrenta uno de los cimientos históricos más graves de la desigualdad y la violencia: la concentración e inseguridad de la tierra. Para finales de 2025, más de 2,5 millones de hectáreas fueron incorporadas al proceso de reforma. Más de 750.000 hectáreas han sido aseguradas para el acceso a la tierra de familias campesinas, comunidades indígenas y comunidades afrocolombianas. Otras 1,878 millones de hectáreas están ya formalizadas, otorgando seguridad jurídica a las familias rurales sobre las tierras que habitan y trabajan. En la práctica, la reforma significa tierra para quienes fueron excluidos de ella, títulos para quienes les fueron negados, y una base más sólida para la producción de alimentos, la inversión rural, la paz y la justicia territorial.
El gobierno también ha restituido la política industrial al centro de la estrategia de desarrollo. La Política Nacional de Reindustrialización de Colombia busca diversificar la producción, fortalecer las cadenas de valor, cerrar brechas de productividad e incorporar a las micro y pequeñas unidades de la economía popular dentro de un proyecto nacional más amplio. Los datos de exportación apuntan en la misma dirección: en 2025, las exportaciones de bienes no extractivos alcanzaron los 26.390 millones de dólares, un aumento del 20% respecto al año anterior, y representaron el 52,6% de las exportaciones totales de bienes del país.
Colombia también ha comenzado a demostrar que la responsabilidad climática y el desarrollo no tienen porqué ser polos opuestos. En 2022, el país contaba apenas con unos pocos cientos de megavatios de capacidad operativa solar y eólica. Para febrero de 2026, la generación de energía limpia había alcanzado los 4 gigavatios, equivalentes al 17,09% de la matriz eléctrica nacional. La transición es evidente incluso dentro de la propia empresa estatal Ecopetrol. Aunque aún ligada al sector de los hidrocarburos, la compañía ha comenzado a redefinirse como una empresa energética integrada, adquiriendo el proyecto eólico Windpeshi de 205 MW y firmando un acuerdo para adquirir hasta 1,3 GW de proyectos de energía solar y eólica de Statkraft.
Nada de esto elimina las restricciones que enfrenta Colombia. Las presiones fiscales, la deuda, la inflación, la débil inversión privada y una arquitectura financiera internacional organizada en torno al poder de los grandes acreedores siguen siendo realidades palpables. Pero estas restricciones no constituyen un argumento para regresar al modelo que produjo dependencia, exclusión y vulnerabilidad. La austeridad, la contención salarial, la liberalización indiscriminada y una mayor dependencia extractiva solo profundizarían los problemas estructurales de Colombia.
La continuidad del proyecto económico progresista de Colombia tiene importancia internacional. Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, se ha comprometido a dar continuidad a la agenda de reformas estructurales impulsadas por el gobierno del Presidente Petro. La decisión le corresponde al pueblo colombiano. Pero el debate democrático de Colombia tiene una relevancia que trasciende sus fronteras: un país del Sur Global sí puede consolidar una estrategia de desarrollo que articule redistribución, transformación productiva, paz territorial, democracia económica y justicia climática.
La historia de América Latina está llena de reformas interrumpidas antes de poder madurar, muchas veces en nombre de la “responsabilidad económica”, una expresión que con frecuencia ha encubierto la restauración de privilegios. Colombia se encuentra hoy en una encrucijada de esa naturaleza. Revertir los avances de los últimos años significaría regresar a la dependencia, la exclusión y la extracción rentista. Profundizarlos sería avanzar hacia una trayectoria distinta: una prosperidad construida a través del trabajo digno, la reforma agraria democrática, la diversificación productiva, la capacidad pública y la protección de las condiciones que hacen posible la vida.
Colombia nos demuestra que otro camino económico es posible. Ese camino debe ser defendido, profundizado y proyectado hacia el futuro.
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