El 30 de marzo, Israel aprobó una ley de pena de muerte destinada exclusivamente a palestinxs, ampliando el uso de la pena capital tanto en los tribunales militares como en los civiles. La ley fue promovida por el intransigente Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, abanderado de la extrema derecha israelí y líder del partido Poder Judío. El 17 de mayo, fue promulgada por el jefe militar del Comando Central israelí, Avi Bluth, para aplicarse a lxs palestinxs de Cisjordania.
Pero la ley de pena de muerte fue solo el comienzo. Desde entonces, una serie de leyes ha sido impulsada a través del sistema legal y político israelí, que amplía significativamente la aplicación de la pena de muerte a palestinxs por parte del Estado.
La más reciente de estas últimas leyes fue aprobada el 11 de mayo y se relaciona específicamente con lxs palestinxs sospechosos de haber participado, en cualquier grado, en los eventos que transcurrieron el 7 de octubre y en los días inmediatamente posteriores (enmarcado legalmente como el periodo comprendido entre el 7 y el 10 de octubre de 2023).
Esta nueva ley, considerada una réplica de la primera, es posiblemente más radical: se aplica retroactivamente y permite condenas sobre una base probatoria extremadamente laxa. Esto incluye “evidencia” recopilada bajo condiciones de tortura que, según numerosos informes, es una característica sistemática de las prisiones israelíes, descritas por B’Tselem como “una red de campos de tortura”.
La ley fue aprobada con un consenso de 93 votos a favor y ninguno en contra, abarcando prácticamente todo el espectro político sionista.
Merece la pena detenerse en lo poco rigurosa que es la base probatoria que establece la ley. La exfiscal de la región sur, Moran Gez, admitió en una entrevista concedida a Ynet en enero de 2025 que “la mayor dificultad radica en las pruebas” cuando se refirió a los eventos del 7 de octubre, ya que “utilizar pruebas para vincular un delito concreto con unx acusadx concretx cuando se trabaja con decenas de escenas del crimen, donde cientos de sospechosxs fueron atrapadxs y miles de delitos fueron cometidos, es casi imposible”.
Pero la nueva ley no necesita seguir ninguna de estas normas probatorias, “incluidas las instrucciones relativas al estudio de los materiales de investigación, la cadena de custodia y el traspaso de pruebas”, ni la aceptación de denuncias escritas confrontadas con confesiones de testigxs cuando la fiscalía está convencida de que ello “no perjudicará la imparcialidad del proceso”.
La calificación de “imparcial” no puede siquiera ocultar la injusticia de la premisa. Todo el marco elimina el contexto de la ocupación y considera que cualquier participación en los ataques estuvo motivada por el odio a lxs judíxs. Esta definición quedó ya consolidada el año pasado en una ley contra la “negación de los hechos de la masacre del 7 de octubre”, en la que cualquier “identificación” con los actos conlleva cinco años de prisión.
El propósito declarado de la ley actual repite y desarrolla ese marco, abarcando “el enjuiciamiento de quienes hayan cometido actos de terrorismo, asesinato, delitos sexuales, secuestro y saqueo” perpetrados por Hamás “y sus cómplices”.
La inclusión del “saqueo” en la lista de crímenes no es una coincidencia. Cada uno de ellos, cuando se toman como parte de un todo, constituyen “crímenes contra el pueblo judío, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra”, según el texto de la ley.
Gez se mostró categórica en su defensa previa de incluir a cualquier sospechosx de haber participado en los acontecimientos de ese día, afirmando que “cualquiera que entrara a Israel desde Gaza el 7 de octubre para matar o saquear, da igual, debería ser incluido en la acusación y, en mi opinión, recibir la pena de muerte”.
Ella además añadió: “¿Por qué? Porque aquellxs que no mataron, pero saquearon, quemaron, robaron o recogieron aguacates, como afirman algunxs, provocaron tal caos que las fuerzas del ejército israelí no pudieron llegar a tiempo. ¿Llegaste a la puerta con un taladro y la abriste para saquear? Luego un terrorista entró y mató a civiles ahí”.
Reflexionemos sobre esto: un pueblo que se encuentra bajo una ocupación ilegal, que quizá no tuviera nada que ver con la planificación y ejecución del ataque, pero que ese día cruzó la valla para recoger aguacates, fue partícipe de un “genocidio” contra el pueblo judío, tal y como suelen calificar los acontecimientos del 7 de octubre los medios de comunicación israelíes.
Existe un aspecto colectivo en la ley que permite acusaciones colectivas. Uno de sus aspectos más importantes es que elimina la posibilidad de que una persona sea liberada en un intercambio de prisionerxs si es “sospechosa, acusada o condenada por un delito cometido en el marco de los acontecimientos de la masacre del 7 de octubre”.
¿Y qué les ocurre a los “sospechosxs” de haber participado? Su juicio puede resolverse incluso sin la presencia del/de la acusadx (en condiciones “normales”, lxs acusadxs pueden comparecer en sus audiencias mediante videollamada desde sus campos de tortura). En cuanto a la decisión de condenarlos a muerte, puede tomarse por mayoría simple de dos de lxs tres jueces nombrados por el Jefe del Estado Mayor del ejército, eliminando la práctica anterior de requerir unanimidad entre lxs jueces.
Los juicios en sí están sancionados para ser públicos y grabados, diseñados como una especie de espectáculo de horror público.
Así lo describió Adalah, el Centro Jurídico para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, cuando señaló que la legislación “subordina todos los principios de una justicia penal imparcial a un espectáculo punitivo y ejemplarizante”, sustituyendo una investigación judicial genuina por “‘juicios espectáculo’ sancionados por el Estado”, según dijo la abogada de Adalah, Muna Haddad, a The New Arab.
El interés por este tipo de espectáculo viene creciendo desde hace años. A principios de 2024, los principales canales de televisión israelíes emitieron imágenes de los centros de detención, con funcionarios que se jactaban del trato que recibían los detenidos. Por esas mismas fechas, el ejército israelí llevó a civiles a esos centros para que presenciaran y grabaran en vivo la tortura de palestinxs, incluida la tortura con desnudez forzada. La muerte, al parecer, es el desenlace lógico de ese deseo público.
Parte de ese apetito público se ve alimentado por un deseo generalizado de “pasar a los libros de historia” por llevar a juicio a “los nazis de la era moderna”, tal y como declaró recientemente la diputada israelí Yulia Malinovsky, del partido de la oposición Israel Beitenu.
El líder del partido de Malinovsky, el gran liberal Avigdor Lieberman, ha sugerido en el pasado que lxs palestinxs que expresen deslealtad a Israel sean decapitadxs con un hacha y que lxs prisionerxs palestinxs sean ahogadxs colectivamente en el Mar Muerto.
Ahora, Malinovsky ha encontrado una forma inteligente de cumplir estos objetivos: a través de “un procedimiento judicial legítimo, grabado en vídeo y retransmitido”.
El aspecto de la transmisión tampoco es una cuestión secundaria. El Knesset israelí votó el 2 de junio para asignar 86 millones de séqueles ($29 millones) a la infraestructura de los tribunales en 2026 — incluyendo sistemas de transmisión —, 359 millones de séqueles ($121 millones) en 2027, 307 millones de séqueles ($104.6 millones) en 2028, y luego 262 millones de séqueles anualmente ($89 millones) a partir de 2029.
Ante una inversión pública de tal envergadura, el público israelí querrá que su dinero se aproveche al máximo.
