“Mentiría si les dijera que ayer no cerré la puerta con doble llave, por si vienen a detenernos en mitad de la noche”. Esas fueron las palabras de Jahiren Noriega, integrante de la Asamblea Nacional de Ecuador, al día siguiente de la detención de Luisa González, candidata a la presidencia del Movimiento Revolución Ciudadana en las dos últimas elecciones presidenciales y actualmente la principal figura de la oposición.
En Ecuador, donde la separación de poderes ya no existe, el uso del lawfare (acoso judicial) por parte del gobierno de extrema derecha del presidente Daniel Noboa desdibuja la línea entre democracia y dictadura. Para quienes forman parte del Movimiento Revolución Ciudadana, el partido alineado con el expresidente socialista Rafael Correa, la persecución política no es algo nuevo, y liderazgos de izquierda y movimientos sociales de toda América Latina seguramente reconocerán la misma estrategia. Pero la detención de González el jueves pasado marca una escalada alarmante en el uso de los tribunales por parte de Noboa para perseguir a la oposición y, en Ecuador, un país con una rica historia de protestas que ha permanecido inusualmente tranquilo durante toda su presidencia, la izquierda se enfrenta a su mayor prueba hasta el momento.
González fue detenida por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial en 2023. El proceso se conoce como el caso Laberinto, el cual el gobierno describe como un laberinto de lavado de dinero. Sin embargo, se trata más precisamente de la reapertura de un caso, el caso Caja Chica, que ya se había resuelto. Ese caso se cerró cuando el gobierno de Noboa no logró probar su ridícula acusación de que las contribuciones de campaña de González estaban vinculadas al Cártel de los Soles, grupo cuya existencia se cuestiona, y el único resultado fue una multa que se pagó al Tribunal Contencioso Electoral, el órgano especializado en la administración de justicia electoral en Ecuador.
Al no lograr establecer una relación entre González y un grupo que quizás ni existe, la Fiscalía ahora afirma descaradamente que los tribunales se equivocaron la primera vez: sí se produjo lavado de dinero y Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador, está involucrado. Álvarez, también miembro de la Revolución Ciudadana, fue detenido en febrero en el marco del caso Goleada, un caso que rozaba la farsa en el que se le acusó de crear una estructura empresarial para generar ganancias ilegales. Permanece encarcelado.
La reacción a la detención de González fue inmediata. Correa, quien vive en un exilio autoimpuesto y obtuvo asilo en Bélgica, fue uno de los primeros en pronunciarse, afirmando: “En Ecuador existe una verdadera dictadura. No respeta la constitución ni los derechos humanos”. Señaló el momento elegido para la detención, ya que la ciudadanía ecuatoriana acudirá a las urnas para las elecciones locales en noviembre. La oposición ya había sido excluida de los comicios en el momento de la investigación del caso Caja Chica. Las elecciones de noviembre se celebrarán en medio de un aumento de la delincuencia, una crisis energética que provoca apagones frecuentes en todo el país, una grave escasez de medicamentos en hospitales deteriorados y masacres carcelarias habituales.
“Siempre que necesitan salir de una crisis, recurren a montar un espectáculo”, señaló Orlando Pérez, periodista y escritor ecuatoriano. Gabriela Rivadeneira, quien reemplazó a González como presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, también reaccionó rápidamente, calificando la detención de González de "secuestro". Mientras tanto, el asambleísta Xavier Lasso advirtió que los ataques no se limitan al correísmo, sino que se extienden al personal médico, al estudiantado, a la población indígena, al empresariado y al periodismo.
Julio César Cueva, abogado de Álvarez, observa un patrón conocido: “Curiosamente, la Fiscalía tiene la mala costumbre de convertir los casos en espectáculos mediáticos: arresta a personas, las arruina, las destruye públicamente, y después estas personas se enteran de qué las acusan”, declaró Cueva tras la detención de González. Añadió que la Fiscalía suele tener "un caso para los medios de comunicación y otro para los jueces".
González y Álvarez están lejos de ser los únicos ejemplos de la persecución de Noboa. El mayor trofeo de la colección de Noboa es Jorge Glas, vicepresidente de Ecuador durante el gobierno de Correa. Glas fue acusado en el caso Reconstrucción de Manabí de uso indebido de fondos públicos relacionado con la emergencia provocada por un terremoto. México le concedió asilo, pero, en una escena digna de una película y en flagrante violación del derecho internacional, Glas fue secuestrado de la embajada de México en Ecuador por la policía que irrumpió en plena noche. Se encuentra recluido en la Cárcel del Encuentro (Centro de Privación de Libertad CPL Santa Elena N° 1), una prisión de máxima seguridad, y las condiciones de su encarcelamiento han sido descritas como tortura sistemática. Su defensa alega acceso restringido a la hidratación, pérdida significativa de masa muscular, hambre recurrente, administración de medicamentos por personal no médico y claros signos de desnutrición.
“Van a enterrar viva a González”, advirtió Correa. “Tal como hicieron con Aquiles Álvarez, tal como hicieron con Jorge Glas”.
Los ataques recientes plantean varias preguntas: ¿Noboa persigue a González por haber revelado que los envíos de fruta de la empresa familiar del presidente se utilizaron para el tráfico de cocaína? ¿Dónde está la investigación sobre las irregularidades en la financiación de la campaña electoral del partido de Noboa? ¿Por qué José Julio Neira, uno de los ministros de Noboa, publica un video detallado sobre el caso Laberinto? ¿Dónde está la separación de poderes? ¿Dónde está la comunidad internacional?
Por supuesto, estas preguntas son en gran medida retóricas. Han quedado atrás los tiempos de las dictaduras militares en América Latina, cuando la extrema derecha imponía su control con soldados en las calles. Como demuestra Noboa, a quienes gobiernan hoy de forma autoritaria les basta con infiltrarse en las instituciones democráticas de un país y asegurarse de que la Fiscalía responda ante el poder ejecutivo.
“Existe una nueva generación de golpes de Estado y ataques a los sistemas democráticos”, afirma Alexander Madrigal, politólogo internacionalista, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia.
En Ecuador sí hay un laberinto, pero no es al que se refiere Noboa. Más bien, se trata de un laberinto de tribunales, medios de comunicación dominantes y violencia orquestada por la extrema derecha, un laberinto que las candidaturas de izquierda deben recorrer para lograr la victoria electoral. Al impedir que la izquierda gane en las urnas, el gobierno de Noboa está creando las condiciones que dan lugar al surgimiento de grupos guerrilleros. Si Ecuador quiere evitar ese camino peligroso, la izquierda deberá encontrar la manera de navegar las instituciones democráticas cada vez más cooptadas por el gobierno de Noboa.
Es un futuro difícil de imaginar sin la renovación de la enérgica cultura de protesta de Ecuador, pero no es improbable, dado que es posible que Noboa haya ido demasiado lejos.
El camino que tenemos por delante no es para débiles. La extrema derecha actual en Ecuador no tiene reparos en utilizar los tribunales para acosar y encarcelar a liderazgos de izquierda y prohibir directamente a la oposición. En este contexto, cabe inspirarse en la asambleísta Noriega, integrante del Movimiento Revolución Ciudadana, quien cerró su puerta con doble llave.
“Tenemos que seguir”, dijo. “Tenemos que seguir adelante con firmeza, con valentía. No creo que este país necesite más mártires”.
Carlo Campo es escritor y periodista radicado en Toronto. Su trabajo se centra en la política latinoamericana.
