Para ello, el FMI ratificó que Ecuador deberá revivir las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero que fueron rechazadas y archivadas por la Asamblea Nacional en Noviembre de 2019 con el trasfondo de las masivas movilizaciones populares que se opusieron al conjunto de medidas antipopulares y la desregulación económica tutelada por el FMI. La Asamblea Nacional juzgó que dichas reformas, incluyendo la independencia del Banco Central, eran inconstitucionales y peligrosas para la sostenibilidad del régimen económico dolarizado que posee Ecuador. A pesar de ello, el nuevo acuerdo crediticio suscrito en Septiembre del año pasado entre el organismo multilateral domiciliado en Washington y el gobierno del Presidente Lenín Moreno insiste en las reformas.

El FMI defiende dogmáticamente esta visión de la banca central que ha sido ampliamente cuestionada por un sinnúmero de estudios económicos. Estos demuestran que las políticas puestas en marcha por los bancos centrales independientes no guardan relación con el crecimiento económico, no han llevado a escenarios de mayor empleo, no hay evidencia sobre su incidencia en el control de la inflación. Las ciencias sociales además han revelado que, detrás de la supuesta “independencia técnica” de los bancos centrales, siempre se juegan grandes intereses políticos de los grupos económicos. Cabe además recalcar que en la época de la pandemia, esta visión sobre la banca central ha quedado prácticamente sepultada ya que los gobiernos y bancos centrales se han visto obligados a inyectar todos los recursos posibles a las economías.

El propio FMI ha instado a los gobiernos y bancos centrales a destinar todos los recursos que hagan falta para paliar los efectos del Covid19. ¿Por qué entonces en Ecuador hacen todo lo contrario?

Es cierto que el Ecuador es una economía sin moneda propia, pero no por ello el Banco Central es incapaz de incidir en la liquidez de la economía para ayudar a la recuperación económica.

Por supuesto, los instrumentos monetarios deben utilizarse adecuadamente, con transparencia y con la debida rendición de cuentas. No obstante, es un absurdo económico cerrar todas las posibilidades que tiene el gobierno para usar estas herramientas y en el momento en que más lo necesita. En este punto, la caduca e inexplicable insistencia del FMI es cómplice de la agenda de las élites económicas del país a quienes un Banco Central decorativo les beneficia en su afán de liberalizar sus flujos de capital y quitarse otras regulaciones de encima como las que limitan la subida a las tasas de interés. Varios expertos y organizaciones sociales del Ecuador han denunciado que muy probablemente, y de acuerdo a la cercanía del actual régimen con el poder bancario, serán personajes cercanos a este último quienes tomarán las riendas del Banco Central. Esto sucedió ya en la década de los 90 cuando el país atravesó por una de sus peores crisis financieras ocasionada, precisamente, por la desregulación económica que implementaron los organismos de control cooptados por la banca.

En línea con los compromisos con el FMI, el gobierno nacional ecuatoriano ha anunciado que insistirá en las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero y, en próximos días, remitirá el proyecto de ley para que sea tratado en la Asamblea Nacional. Este insistirá en la creación de un órgano de gobierno privado para el Banco Central y en darle la capacidad de diseñar e implementar su propia política económica. Esto viola la constitución ecuatoriana que establece unas separación de competencias: el poder ejecutivo del gobierno es quien debe definir la política económica del país y el Banco Central deberá implementarla. Además, este directorio privado podría ser nombrado por un periodo de 5 años cuando Ecuador se apresta a una transición electoral.

Por otro lado, el proyecto de ley quita la obligación que poseen las instituciones financieras de invertir parte de sus recursos en activos domésticos disponiendo, no obstante, que el Banco Central garantice su contribución a las reservas internacionales. Esto facilitará, con garantía en recursos públicos, la salida de capitales de los grandes bancos privados ecuatorianas que es un problema que tiene el Ecuador, más aún, al no tener moneda propia. El FMI entiende perfectamente este problema y sus particularidades en el caso del Ecuador. Finalmente, la reforma bloquearía todas las herramientas que posee el Banco Central para destinar recursos a entidades estatales, empresas públicas y gobiernos locales en medio de una crisis económica sin precedentes. Insistimos, la utilización de este tipo de herramientas para paliar los efectos de la crisis del Covid19 ha sido ampliamente implementada por gran parte de los países del mundo bajo recomendación del propio FMI.

Desde nuestra posición comprometida con el Ecuador y sus ciudadanos, alertamos sobre el peligro que implica esta insistencia del FMI en medidas fallidas y, finalmente, funcionales a las élites económicas locales que buscan garantizar la reproducción de sus intereses más allá de los resultados electorales de febrero 2021. Instamos una vez más al FMI a que sea coherente con los postulados de sus más altas autoridades y detenga la peligrosa avanzada de austeridad y desregulación en Ecuador. De nada sirve que nos convoquen a reuniones, nos escuchen, incluso den la razón en varios aspectos pero que no hagan nada al respecto. Así mismo, hacemos un respetuoso pero enfático llamado al Gobierno y la Asamblea Nacional del Ecuador a que, respectivamente, se abstengan de enviar y tratar este proyecto reformatorio y permitan una discusión amplia de las reformas económicas que necesita el país en el marco de la transición electoral que está por vivir.

Firmado,

Jayati Ghosh, Profesora de Economía, Universidad de Massachusetts at Amherst

Yanis Varoufakis, Secretario General, MeRA25

Benjamin Braun, investigador, Max Planck Institute

Osama Diab, investigador sobre derechos económicos y profesor de estudios de desarrollo.

Leilani Farha, Directora Mundial de The Shift.

Andrés Chiriboga-Tejada, Observatorio de la Dolarización del Ecuador y Sciences Po Paris.

Andrea Guillem, Centro de Derechos Económicos y Sociales

Crystal Simeoni, Directora, Nawi: Colectivo de Macroeconomía Afrifem.

Philip Mader, Instituto de Estudios de Desarrollo, Reino Unido.

Matthias Goldmann, Universidad Goethe de Frankfurt e Instituto Max Planck de Derecho Público Comparativo y Derecho Internacional de Heidelberg.

Z. Fareen Parvez, Profesora Adjunta de Sociología, Universidad de Massachusetts en Amherst.

Ingrid Harvold Kvangraven, profesora de desarrollo internacional de la Universidad de York.

Melinda Cooper, profesora de sociología de la Universidad Nacional de Australia.

Martino Comelli, candidato al doctorado en ciencias políticas, Universidad de Europa Central, Budapest.