El 10 de noviembre de 2019, después de que el jefe del ejército pidiera su renuncia, el presidente socialista de Bolivia, Evo Morales, dimitió. Esto se produjo después de semanas de protestas tras la publicación de un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que denunciaba irregularidades en las elecciones ganadas por Morales el mes anterior.
La persecución del nuevo régimen obligó a Morales a huir del país y se instaló una "presidenta interina", Jeanine Áñez. Este hecho fue ampliamente condenado como golpe de estado y las protestas consiguientes se enfrentaron a una fuerza letal.
Días después de tomar el poder, el 14 de noviembre, el régimen de Áñez forzó la aprobación del Decreto 4078 que otorgaba inmunidad a los militares por cualquier acción realizada en "defensa de la sociedad y mantenimiento del orden público".
El día siguiente, 15 de noviembre, las fuerzas militares bolivianas dispararon y mataron a ocho manifestantes en la ciudad de Sacaba. El 21 de noviembre, las fuerzas del régimen mataron a otrxs 10 manifestantes en el barrio de Senkata, en las afueras de la capital La Paz.
A pesar de la violencia brutal, repudiada por los grupos de derechos humanos, la embajada británica en La Paz se apresuró a apoyar al nuevo régimen boliviano, según documentos obtenidos por Declassified.
Vimos una lista de proyectos de un programa del Ministerio de Asuntos Exteriores en Bolivia llamado “Actividad diplomática de primera línea” (Frontline Diplomatic Enabling Activity), que el Gobierno británico describe como un "pequeño fondo de dinero que reciben [las embajadas] y sobre el cual tienen autoridad para gastar en proyectos de apoyo a sus actividades [de la embajada]".
Bolivia cuenta con la segunda mayor reserva mundial de litio, un metal que se utiliza para fabricar baterías y que ha adquirido una importancia creciente debido a la floreciente industria de los automóviles eléctricos.
El gobierno británico declaró que la tecnología de las baterías de litio es una prioridad de su "estrategia industrial". En junio de 2019, anunció que invertiría 23 millones de libras esterlinas en el "desarrollo de baterías para automóviles eléctricos".
El Gobierno señaló además: "Se estima que Sudamérica posee el 54 por ciento de los recursos de litio del mundo, los que son cada vez más demandados para fabricar baterías para vehículos eléctricos y programas de diversificación energética."
Y agregó: "El Reino Unido aspira a tener una industria de baterías próspera y sostenible, lo que se traduciría en una oportunidad de 2.700 millones de libras... y nuestras asociaciones bilaterales son esenciales para garantizarlo."
En febrero de 2019, el gobierno de Evo Morales seleccionó a un consorcio chino para que fuera su socio estratégico en un nuevo proyecto de litio de 2.300 millones de dólares, que se centraría en la producción procedente de los salares de Coipasa y Pastos Grandes (salinas bajo las que se deposita el litio).
Sin embargo, tras el golpe de Estado, el nuevo ministro de Minería del régimen puso en duda que el nuevo gobierno cumpliera el acuerdo.
Estos salares en particular eran los que interesaban a la embajada del Reino Unido.
Uno de los proyectos que cofinanció a partir de 2019-20 buscaba "optimizar la exploración y producción de litio de Bolivia (en los salares de Coipasa y Pastos Grandes) utilizando tecnología británica".
Tras el golpe de Estado, este proyecto avanzó con rapidez.
El resumen del proyecto fue autorizado por su principal financiador, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 25 de noviembre de 2019, dos semanas después del golpe y días después de la masacre de Senkata.
Algunas semanas después, a mediados de diciembre de 2019, el proyecto y su correspondiente financiación por 100.000 dólares obtuvieron la aprobación total.
El BID señaló a Declassified: "La ejecución de las actividades [de la subvención] se realiza en estrecha coordinación con las autoridades gubernamentales designadas y sus equipos técnicos." En ese momento su "estrecha coordinación" era con el régimen de Áñez.
La embajada británica en La Paz proporcionó 5.000 libras esterlinas para este proyecto de litio en 2019-20, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores se negó a informar a Declassified si estos fondos fueron desembolsados después del golpe de Estado en noviembre de 2019.
Los documentos señalaban que el objetivo era "diseñar e implementar una aplicación basada en datos satelitales que pueda optimizar la exploración y la explotación de las fuentes de litio más grandes/mejores en los salares de Coipasa y Pastos Grandes en Bolivia".
El Ministerio de Asuntos Exteriores indicó que el proyecto iba a ser ejecutado por Satellite Applications Catapult, una organización con sede en Oxford que "ayuda a las organizaciones a aprovechar las ventajas de los servicios de satelites".
La empresa recibe aproximadamente un tercio de su financiamiento del gobierno británico, pero no respondió a las preguntas de Declassified sobre el proyecto de Bolivia.
Sin embargo, descubrimos que el 19 de diciembre de 2019, dos días después de que el BID diera su aprobación final al proyecto, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido transfirió 33.220 libras esterlinas a Satellite Applications Catapult, en un pago que figura como "gasto del programa".
La institución se negó a informar a Declassified si esa financiación sería para el proyecto de explotación de litio en Bolivia. El BID nos señaló: "La coordinación con la Embajada británica ha sido particularmente estrecha en la búsqueda de sinergias".
Posteriormente, en marzo de 2020, cuatro meses después del golpe, la embajada británica en La Paz se asoció con el Ministerio de Minería del régimen para organizar un "seminario internacional" para más de 300 funcionarixs del sector extractivo mundial.
La Embajada británica trajo a una empresa británica, Watchman, para que ofreciera la presentación principal y expusiera las "soluciones creativas" que había puesto en marcha en África con el fin de que las comunidades locales aceptaran los proyectos mineros.
Los documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores advierten: "Watchman UK y otras consultoras están actualmente preparadas para ofrecer servicios en este importante campo a una serie de empresas mineras de Bolivia que desean lograr soluciones beneficiosas para sus controversias con lxs habitantes indígenas y los pueblos situados en la zona de influencia de sus actividades".
Watchman es una empresa de gestión de riesgos creada en 2016 por Christopher Goodwin-Hudson, veterano del ejército británico con nueve años de experiencia, luego director ejecutivo de seguridad a nivel mundial del banco de inversiones Goldman Sachs.
La empresa apoya a clientxs corporativxs "en los sectores de la extracción, la agroindustria y los proyectos de capital" que se enfrentans a obstáculos operacionales debido a la resistencia local. El sitio web de Watchman exhibe el logotipo del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido.
El director asociado de la empresa, Gabriel Carter, ha ocupado varios puestos de responsabilidad en el sector de la seguridad privada y en 2012 fundó una empresa de seguridad especializada en Afganistán que "apoyó numerosos proyectos de desarrollo británicos y estadounidenses".
Carter, también experimentado gestor de riesgos en Goldman Sachs, es miembro del Club de las Fuerzas Especiales, un club exclusivo y secreto de miembros privadxs para antiguxs integrantes de los servicios de inteligencia y de fuerzas especiales en Knightsbridge, Londres.
Watchman no respondió a las preguntas de Declassified sobre el evento y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido se negó a responder a consultas relacionadas con el mismo.
Según muestran los nuevos documentos, los rápidos movimientos de la embajada británica en el proyecto del litio se produjeron después de años de intentar cortejar al gobierno socialista de Bolivia en torno a las reservas de ese metal en el país.
Desde que asumió el poder en 2006, Morales había alejado a Bolivia de su tradicional dependencia de las empresas occidentales. Su gobierno fue ampliamente elogiado por reducir la pobreza y aumentar la inversión en escuelas, hospitales e infraestructura.
El Ministerio de Asuntos Exteriores indica que su "primer compromiso con la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos, conocida por su acrónimo YLB, fue en 2017-18 cuando pagó 31.500 libras para organizar una misión científica del Reino Unido. Ésta se dedicó a capacitar a YLB en nuevas tecnologías para explorar y producir litio de manera "sostenible".
Los documentos señalan que este proyecto "permitió a las organizaciones británicas (...) llevar a cabo proyectos relativos al litio en Bolivia en los años siguientes con financiación [del Banco Interamericano de Desarrollo] y [del gobierno del Reino Unido]".
El gobierno del Reino Unido señaló: "La relación con Yacimientos de Litio Bolivianos también podría resultar relevante a medida que Bolivia se convierta en proveedor de litio (un material crucial) para el Reino Unido", y hacía referencia a su "esfuerzo por conectar a Bolivia, Chile y Argentina (es decir, el Triángulo del Litio) con la Bolsa de Metales de Londres".
El programa del año siguiente señala que se desarrollaron "vínculos más estrechos" entre YLB y la embajada británica en Bolivia.
Los documentos también describen cómo en abril de 2019, la embajada británica en Buenos Aires, Argentina, fue la anfitriona de una "reunión técnica de alto nivel" con las autoridades mineras y de litio de Argentina, Chile y Bolivia, así como con altos representantes de la Bolsa de Metales de Londres.
Estos tres países comparten la propiedad del "triángulo del litio", la región de los Andes rica en reservas de litio. En aquel momento, Argentina y Chile tenían gobiernos de derecha favorables al Reino Unido.
También asistieron el viceministro de litio de Bolivia y el director ejecutivo de YLB. "El proyecto de la Embajada británica en Bolivia (...) consistió en asegurar y facilitar la presencia de las autoridades bolivianas en la reunión", señalan los documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Agrega que, tras la reunión, el gobierno boliviano ya "es consciente de la relevancia de la Bolsa de Metales de Londres" y, en particular, de "su interés por establecer un estándar de litio" que se basaría en la producción del triángulo de litio. Dichos estándares sirven "para promover el entendimiento y la comunicación entre lxs productorxs y lxs usuarixs del metal".
Las siguientes secciones de este pasaje están censuradas en virtud de dos exenciones relacionadas con las "relaciones internacionales" y los "intereses comerciales". Estas son las únicas censuras realizadas en la documentación del programa en los cinco años de operaciones examinadas por Declassified.
Existen más pruebas de que Gran Bretaña siempre estuvo preparando al país para un cambio de gobierno. Durante el año anterior al golpe, la embajada británica promocionó el sector cibernético del Reino Unido, y llevó a Bolivia una empresa fundada por la comunidad de inteligencia británica y con estrechos vínculos con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.
En 2009, Morales expulsó a un diplomático estadounidense que, según él, era un activo de la CIA que dirigía una operación para infiltrarse en la empresa petrolera estatal de Bolivia.
Ocho meses antes del golpe, la embajada del Reino Unido gastó más de 4.500 libras esterlinas en la organización de un "importante evento" en La Paz sobre ciberseguridad para instituciones financieras, al que asistieron 150 ejecutivxs y altxs funcionarixs del sector financiero boliviano, según los documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Se dijo que los bancos bolivianos, en coordinación con la Bolsa de Valores de Bolivia, "están adquiriendo servicios especializados para proteger sus sistemas de la ciberdelincuencia". Además, lxs banquerxs eran ahora conscientes que la lucha contra la ciberdelincuencia debía "basarse en una tecnología adecuada y de vanguardia".
Las presentaciones corrieron a cargo de la empresa británica Darktrace, una firma de ciberseguridad creada por el servicio de seguridad nacional británico, MI5, y su agencia de inteligencia de señales, GCHQ. La empresa se constituyó el día después de que se publicara en The Guardian la primera de las revelaciones del denunciante Edward Snowden.
Desde su fundación, Darktrace ha contratado personal de la comunidad de inteligencia estadounidense, incluso directamente de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional, donde Snowden trabajaba.
Alan Wade, integrante del consejo asesor de Darktrace, es un veterano con 35 años en la CIA y fue su director de información.
Darktrace también reclutó a Marcus Fowler, ex marine estadounidense y veterano con 15 años en la CIA, como "director de amenazas estratégicas". En la CIA, Fowler, según lo afirma, trabajaba en el "desarrollo de operaciones cibernéticas a escala mundial y estrategias técnicas" y "realizaba sesiones informativas casi semanales para altos funcionarios estadounidenses".
En julio de 2013, el avión presidencial de Evo Morales fue detenido en Austria debido a que las agencias de inteligencia estadounidenses sospechaban que llevaba a Snowden a bordo.
Morales culpó a Estados Unidos y a otros actores internacionales del golpe de Estado de noviembre de 2019. "Fue un golpe de Estado nacional e internacional", declaró poco después. "Los países industrializados no quieren competencia". Y añadió: "Estoy absolutamente convencido de que es un golpe contra el litio".
Los cables diplomáticos de WikiLeaks muestran que la embajada de Estados Unidos en La Paz colaboró estrechamente con la oposición política de Bolivia para destituir al gobierno de Morales tras su llegada al poder en 2006.
Morales expulsó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos en 2008 y a la Agencia para el Desarrollo Internacional estadounidense en 2013, acusadas de "conspirar" contra su gobierno.
Para el evento de marzo de 2019, la embajada del Reino Unido también trajo a un miembro del grupo de expertos londinense Chatham House, cuya copresidenta es Eliza Manningham-Buller, ex directora general del MI5.
Sus financiadores incluyen al Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, el ejército británico y las compañías petroleras BP y Chevron.
Tras la actividad, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico señaló que " varias empresas del sector están siendo contratadas y consultadas ". Se desconoce si Darktrace fue una de ellas.
Al día siguiente de las elecciones bolivianas del 20 de octubre de 2019, la Organización de Estados Americanos, la agrupación de países de América del Norte y del Sur, con sede en Washington, publicó un informe sobre la votación que Morales había ganado marginalmente. Citaba "un cambio inexplicable" que "modifica drásticamente la suerte de la elección".
También planteó dudas sobre la imparcialidad de la votación y alimentó una cadena de acontecimientos que desembocaron en el golpe de Estado de noviembre.
Sin embargo, un estudio posterior realizado por investigadorxs independientes con datos obtenidos de las autoridades electorales bolivianas por The New York Times, concluyó que el análisis estadístico de la OEA era erróneo.
Lxs investigadorxs determinaron que la conclusión de que el porcentaje de votos de Morales aumentó aumento inexplicablemente en las últimas votaciones se basó en datos incorrectos y en técnicas estadísticas inadecuadas.
Declassified ya puede revelar que la embajada británica proporcionó datos para el desacreditado informe de la OEA.
La embajada británica gastó 8.000 libras esterlinas en la creación de una alianza de organizaciones de la sociedad civil que "coordinó una operación de observación ciudadana de las elecciones de 2019".
Esta alianza realizó una encuesta sobre la intención de voto antes de las elecciones, que "fue un aporte importante para el informe de la misión de la OEA que identificó irregularidades en el proceso", señala el Ministerio de Asuntos Exteriores.
La OEA no respondió a las preguntas de Declassified sobre el papel de la embajada británica en su desacreditado informe y el Ministerio de Asuntos Exteriores se negó a responder cualquier pregunta al respecto.
Los proyectos de la embajada británica para prepararse para las elecciones fueron aún más lejos. En febrero de 2019, gastó 9.981 libras esterlinas para traer al país a la Fundación Thomson Reuters con el fin de capacitar a 30 periodistas bolivianxs en "técnicas de verificación y planificación previa de una elección para una cobertura equilibrada, precisa y exenta de polarización".
La Fundación indicó que "antes de las elecciones en Bolivia" estaba enseñando "habilidades y herramientas prácticas para reconocer noticias falsas e intentos de influir en el electorado con información falaz".
Declassified develó anteriormente la forma en que el gobierno británico está utilizando el periodismo como herramienta de influencia en América Latina. También se dio a conocer recientemente que el gobierno británico financió en secreto a Reuters en los años 60 y 70, a instancias de una unidad de propaganda antisoviética vinculada a la inteligencia británica.
Días después del golpe de estado de noviembre en Bolivia, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido emitió un comunicado que manifestaba: "El Reino Unido felicita a Jeanine Áñez al asumir sus nuevas responsabilidades como presidenta interina de Bolivia". Y añadía: "Acogemos con satisfacción el nombramiento de la Sra. Áñez y su intención declarada de celebrar elecciones próximamente."
El Ministro de Asuntos Exteriores, Dominic Raab, declaró: "Esperamos que la actual crisis en Bolivia pueda resolverse de forma rápida, pacífica y democrática. El pueblo boliviano merece tener la oportunidad de votar en unas elecciones libres y justas."
El líder laborista Jeremy Corbyn ofreció una visión completamente diferente, al declarar: "Condeno este golpe de Estado contra el pueblo boliviano y me solidarizo con él en favor de la democracia, la justicia social y la independencia":
Raab procedió a atacar a Corbyn, lo citó en Twitter y declaró: "Increíble. La Organización de Estados Americanos se negó a certificar las elecciones bolivianas debido a los fallos del sistema. El pueblo está protestando y declarando una huelga a una escala sin precedentes. Pero @jeremycorbyn antepone la solidaridad marxista a la democracia".
Pero ni Raab ni el Ministerio de Asuntos Exteriores hicieron más comentarios cuando, la semana siguiente, las fuerzas del nuevo régimen llevaban a cabo las masacres de Sacaba y Senkata.
En marzo de 2020, cuatro meses después del derrocamiento de Morales, el nuevo régimen organizaba una serie de nuevas iniciativas "con el Reino Unido como socio estratégico", señalan los documentos.
Durante ese mismo mes, el embajador británico en el momento del golpe, Jeff Glekin, dejó entrever los intereses del Reino Unido en su apoyo al nuevo régimen.
Glekin habló con los medios de comunicación bolivianos sobre la Semana Británica, que traería por primera vez a 12 empresas británicas al país.
"Muchas buscan nuevos mercados en el mundo y Bolivia puede ser una oportunidad para crecer", dijo. "Debido a los cambios políticos en Bolivia, se percibe un ambiente más abierto para la inversión extranjera y creo que esto abrirá nuevas puertas a las empresas que quieran compartir su tecnología, sus productos y hacer alianzas con diversas compañías".
Glekin, quien continúa en su cargo, añadió: "Estamos trabajando con la Alcaldía de Santa Cruz... e invitamos a las empresas cruceñas a participar en el evento."
En los documentos examinados por Declassified, un número desproporcionadamente alto de proyectos de la embajada británica se ha centrado en la ciudad oriental de Santa Cruz, foco de la oposición al gobierno de Evo Morales.
Glekin continuó: "El gobierno anterior no era muy favorable a la inversión extranjera. Por eso, con los cambios que veremos, será más fácil entrar en el mercado y hacer negocios. Las empresas que vendrán provienen de diferentes zonas de Gran Bretaña y de varios sectores. Son empresas modernas que están haciendo una labor innovadora y quieren entrar en el mercado y compartir sus servicios y productos en Bolivia".
Glekin agregó: "La demanda de litio está creciendo y Bolivia debe aprovechar esa oportunidad".
Cuando se celebraron nuevas elecciones en octubre de 2020, el Movimiento al Socialismo de Evo Morales obtuvo el 55 por ciento de los votos frente a seis rivales en la votación, evitando fácilmente la necesidad de una segunda vuelta. El segundo clasificado fue el ex presidente Carlos Mesa, con algo menos del 29 por ciento.
Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores dijo a Declassified: "Las elecciones presidenciales celebradas en Bolivia en octubre de 2020 fueron libres y justas. No hubo ningún golpe de estado. El Reino Unido tiene una relación fuerte y constructiva con las administraciones bolivianas actuales y anteriores."
Matt Kennard es jefe de investigaciones en Declassified UK, una organización de periodismo de investigación que cubre el papel del Reino Unido en el mundo.
Foto: Dimitry B. / Flickr
