Las víctimas del régimen golpista de Bolivia exigen justicia y la Internacional Progresista se une a su llamado.

La Internacional Progresista reconoce los acontecimientos de noviembre de 2019 como lo que fueron: un golpe de Estado contra un gobierno elegido democráticamente, alimentado por falsas acusaciones de fraude por parte de la Organización de Estados Americanos y sus aliadxs en toda la región.

Ahora, tras las elecciones pacíficas y democráticas de octubre de 2020, el pueblo de Bolivia pide a su nuevo gobierno que haga responsable al régimen golpista por las masacres, la represión y los abusos contra los derechos humanos que acompañaron al gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez.

Estos crímenes incluyen, pero no se limitan a:

• Masacres en Sacaba y Senkata facilitadas por un decreto presidencial que concede a lxs militares inmunidad frente al enjuiciamiento penal por acciones realizadas para "preservar el orden público".
• Palizas y otros abusos contra lxs detenidxs y prisionerxs.
• Utilizar gases lacrimógenos contra lxs manifestantes y contra una escuela infantil cercana.
• Imponer de decretos, como el Decreto Supremo 4200 y el Decreto 4231, que criminalizan la disidencia y restringen severamente la libertad de prensa.
• Amenazar, agredir y detener a periodistas, y acusar a algunxs de "sedición".
• Detener a funcionarixs del Estado y a estudiantes por publicaciones en redes sociales criticando la administración golpista.
• Utilizar un discurso de odio racista que incita a la violencia contra las minorías, como cuando Áñez habló de querer impedir que "lxs salvajes" volvieran al poder y de que bajo su mandato el gobierno estaría "por fin" libre de paganismo.
• Facilitar los ataques violentos contra lxs opositorxs políticxs, despojándolos de sus derechos básicos y obligando a muchxs a exiliarse del país.
• Suspender reiteradamente las instituciones democráticas para otorgar mayores poderes al gobierno interino que siguió al golpe de Estado de noviembre de 2019.

La evidencia de estos crímenes apunta a la participación directa de aquellxs en la cúpula del gobierno golpista, incluida la propia Áñez.

Por esta razón, la Internacional Progresista apoya los esfuerzos para responsabilizar a Áñez y sus aliadxs por el papel que desempeñaron en la ejecución de estos crímenes, respetando el derecho al debido proceso que otorga la ley boliviana.

Restaurar la democracia no significa olvidar el pasado. Los esfuerzos por responsabilizar al régimen golpista de Bolivia son, por el contrario, fundamentales para los esfuerzos por construir una Bolivia democrática: una advertencia contra futuros esfuerzos por anular la voluntad popular y un paso hacia la reconciliación para las víctimas que sufrieron en el camino.

La Internacional Progresista hace un llamado a la comunidad internacional —y a todas las organizaciones que defienden los derechos humanos— para que apoyen los esfuerzos por responsabilizar a lxs autorxs de los crímenes mencionados, con el fin de garantizar el pleno respeto de sus derechos al debido proceso.

Foto: txmx 2, Flickr