El 8 de junio, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció que su país suspenderá las exportaciones de carbón a Israel hasta que cese el genocidio. El carbón colombiano representó más del 60 por ciento de todo el carbón suministrado a Israel en 2023 y la red eléctrica israelí depende del carbón para el 22 por ciento de su producción. La misma red suministra electricidad a los asentamientos ilegales y fábricas de armas de Israel, así como a la infraestructura utilizada por el ejército israelí para perpetrar el genocidio contra lxs palestinxs en Gaza.

Siendo Colombia el mayor exportador de carbón a Israel, esta decisión no es sólo una victoria en términos simbólicos, sino que demuestra el enorme impacto que un embargo energético más amplio podría tener para poner fin al genocidio israelí en Gaza, así como el poder de la movilización internacional que ha propiciado la decisión.

Sólo unas semanas después de iniciado el genocidio, el mayor sindicato minero de Colombia, Sintracarbón, respondió a un llamado de solidaridad del movimiento sindical palestino emitiendo una declaración en la que exigía el cese de las exportaciones de carbón colombiano a Israel. Al plantear esta exigencia, lxs mineros también destacaron el nefasto papel de Israel en el entrenamiento de paramilitares y mercenarios responsables de atrocidades generalizadas en Colombia, y convocaron a lxs trabajadorxs de todo el mundo a "detener la producción de metales, minerales y combustibles que se utilizan en estas guerras... el planeta está al borde de una nueva guerra mundial y son lxs trabajadorxs quienes pueden detener esta amenaza contra la existencia de la raza humana y tienen la obligación de hacerlo".

A partir de este llamado, una coalición de grupos palestinos, bajo la bandera del Embargo Global de la Energía para Palestina, inició una demanda más amplia de un embargo a varios niveles contra las transferencias de energía que alimentan el genocidio israelí y el apartheid sobre lxs palestinxs. Esto incluía demandas para poner fin a la transferencia de energía a Israel, la compra de gas israelí y la colaboración de empresas energéticas en proyectos energéticos israelíes.

Un embargo energético puede ejercer una presión inmediata y a largo plazo sobre Israel, especialmente a través de la cadena de suministro de carbón. La mayor parte del carbón de Israel procede de Colombia y Sudáfrica, dos países comprometidos con el pueblo palestino. Sin embargo, a pesar de que Sudáfrica inició el proceso en la Corte Internacional de Justicia contra Israel y Colombia expulsó al embajador israelí, las exportaciones de carbón de ambos países no han cesado.

La campaña del Embargo Energético Global para Palestina nació de una conexión entre luchas, a partir de una alianza con sindicatos colombianos y grupos indígenas, ambos con  una larga pero muy diferente historia de lucha contra la industria del carbón en Colombia. Esta ccolaboración demuestra que la causa palestina no está aislada a escala mundial, sino que forma parte de un movimiento global más amplio por la acción colectiva y la liberación.

Las dos principales empresas responsables de la extracción del carbón destinado a Israel son la suiza Glencore y la estadounidense Drummond, que suministran más del 90 por ciento del carbón colombiano enviado a Israel. Su extracción de carbón tiene efectos nocivos propios, especialmente sobre las poblaciones afrodescendientes e indígenas del norte caribeño del país. Han sido desplazadas de sus tierras, han muerto por el polvo tóxico del carbón y se les han contaminado y robado recursos hídricos vitales, como el río Ranchería. Lxs activistas ambientales, las organizaciones tribales y lxs sindicalistas que se resisten a la destrucción del medio ambiente han sido constantemente atacadxs y asesinadxs por las empresas mineras y las milicias de derechas.

En sus movilizaciones, líderes y lideresas indígenas establecieron paralelismos entre las luchas de sus pueblos y la causa de Palestina, combinando llamados a Petro para que cortara los lazos comerciales con Israel con exigencias para que las empresas mineras fueran consideradas responsables de sus violaciones de los derechos humanos en Colombia, así como de apoyar el genocidio de Israel.

El anuncio de Petro se produjo tras una jornada de acción mundial transnacional contra Glencore por sus abusos contra los derechos humanos el 28 de mayo, en la que organizaciones palestinas escribieron directamente al presidente exigiéndole que pusiera fin a las exportaciones de carbón.

Esta movilización propició la monumental decisión de suspender las exportaciones de carbón colombiano a Israel. Demuestra cómo las movilizaciones transfronterizas, con demandas claras y a través de principios y valores compartidos, pueden desarrollar una campaña eficaz que desafíe a las potencias mundiales, al imperialismo y al colonialismo.

Se cree que Israel dispone de reservas de carbón suficientes para cubrir sus necesidades inmediatas. Sin embargo, tendrá que recurrir a otros proveedores, como Australia, Kazajstán, Rusia y Sudáfrica, para cubrir el déficit, y probablemente se verá obligado a pagar más en concepto de primas.

Esto pone aún más de relieve la necesidad del embargo energético mundial. Si otros países siguen el ejemplo de Colombia y se comprometen a cortar el suministro de carbón, el costo económico para Israel se elevará aún más, actuando como una importante fuente de presión para acordar un alto el fuego.

El anuncio de Colombia representa sólo el comienzo de una campaña mundial para poner fin al genocidio y hacer justicia al pueblo palestino tras más de siete décadas de dominio colonial y de apartheid por parte de Israel.

La solidaridad entre Colombia y Palestina hizo más probable que el gobierno colombiano actuara ante estas demandas. En otras circunstancias, serán necesarias movilizaciones más sostenidas para que tengan impacto. Sin embargo, otras naciones clave, como Sudáfrica, que suministra alrededor del 9 por ciento del carbón de Israel, o Brasil, que provee a Israel de exportaciones de crudo, también deberían ser objeto de movilizaciones globales.

Los países y líderes y lideresas internacionales que no atiendan este llamamiento seguirán siendo cómplices del genocidio israelí de Gaza. Un embargo energético es una forma crucial de poner fin a esta complicidad y de que la comunidad internacional adopte una posición de principios con el pueblo palestino.

Rula Jamal es abogada y defensora de los derechos humanos.

Foto: Jacobin