Nota editorial: El 9 de febrero, Biren Singh dimitió como Ministro Principal del estado de Manipur en la India y el gobierno del presidente se impuso en la región.
El 27 de noviembre de 2018, la policía de Manipur arrestó al periodista Kishorechandra Wangkhem a causa de un video en redes sociales en el que criticaba al ministro jefe N Biren Singh, su partido Bharatiya Janata Party y al primer ministro de India, Narendra Modi. En el video, Wangkhem critica al gobierno actual por impulsar la celebración de la raní de Jhansi, reina maratha del siglo 19, adorada por nacionalistas hindúes, pero ajena a la historia de Manipur. Las cortes no hallaron en ello causa para tomar medidas judiciales en su contra y le devolvieron su libertad. Sin embargo, fue arrestado nuevamente unos pocos días después por el mismo post, esta vez bajo la estricta Ley de Seguridad Nacional.
Wangkhem ha estado entrando y saliendo de prisión desde entonces, acusado y arrestado por sus críticas al BJP y su fuente ideológica, la Rastriya Swayamsevak Sangh. Esos arrestos, justificados en el nombre de preservar el orden, han sido una demostración pública del poder estatal ejercido sobre cualquier persona que piense criticar las narrativas preferidas del gobierno. Wangkhem es meitei y su persecución revela que el estado no duda en reprimir disidentes de la mayoría étnica de Manipur y reclamada por Biren Singh como su propio pueblo.
Si bien esta lógica de poder atraviesa etnias y comunidades, sus efectos tienen una distribución dispar. El gobierno de Biren Singh ha sido más intenso y represivo hacia comunidades minoritarias y este aparato de control estatal ha sido mucho más violento contra la minoría kuki-zomi-hmar. Hanglalmuan Vaiphei, un estudiante kuki-zomi de 21 años, fue arrestado el 30 de abril de 2023. Esto transcurrió pocos días antes del estallido de violencia étnica entre meiteis y la minoría tribal kuki-zomi-hmar,violencia que ha continuado sin tregua durante los pasados 20 meses y contando. La ofensa de Vaiphei fue meramente compartir un post de Facebook que criticaba al gobierno de Manipur. Su detención estuvo repleta de violaciones procesales. Incluso su madre fue obligada a firmar documentos que no entendía. Ese mismo mayo, un vehículo policial que recogió a Vaiphei tras una audiencia fue interceptado por una muchedumbre que lo mató a golpes.
El gobierno de Manipur liderado Biren Singh y su BJP, con sus arrestos, intimidación y manipulación narrativa, ha convertido la gobernanza en una herramienta para dominar al público. La violencia que estalló en Manipur en mayo de 2023 fue una manifestación de viejas tensiones étnicas, exacerbadas por las políticas divisorias de Singh. Pero un aspecto menos notado de la trayectoria en Manipur es cómo fue sembrada y alimentada por años de represión sistémica que buscaron silenciar disidencia y marginar minorías para consolidar su poder.
Para las minorías tribales de Manipur, tras ser marginadas por décadas, el detonante inmediato fue la amenaza hacia los derechos tribales de tierra proveniente del gobierno Biren Singh –amenaza que vieron como emblemática de su lucha contra la discriminación y la negligencia institucional. Mientras tanto, el descontento con el gobierno bajo Biren Singh estaba creciendo, inclusive dentro de la comunidad meitei, el lado mayoritario de la división étnica en Manipur. La respuesta del estado, respuesta que agravó y precipitó la violencia, fue una narrativa que buscó convertir esta frustración en coraje contra las comunidades tribales en lugar del gobierno
Este patrón de silenciar disidencia democrática en la población meitei y a la vez incitar miedo y ansiedad hacia los kuki-zomi-hmar tiene larga data en la política de Manipur. La manipulación estatal de las tensiones étnicas mediante política pública y el discurso ha llevado las diferencias a niveles casi irreconciliables, dejando solo la confrontación como alternativa.
Esta estrategia doble satisface un propósito más amplio: fragmentar la resistencia democrática. El estado ha fomentado la desconfianza entre grupos y el aislamiento de sus oponentes mediante la agravación de conflictos entre etnias y la criminalización de la disidencia sin importar de qué grupo venga.
El ASCENSO del BJP en Manipur en 2017 trajo consigo una expansión del aparato estatal, yendo más allá de la gobernanza al establecer un esquema sistemático de dominación. Este dominio opera a través de una interacción compleja entre la vigilancia, el castigo y la regulación del discurso público, enfocándose no solo en las comunidades tribales, sino que también en cualquier persona percibida como amenaza para las autoridades de turno. Estos mecanismos reflejan una lógica de poder profundamente enraizada que busca normalizar la obediencia y callar la disidencia con demostraciones calculadas de control estatal.
Esta represión no se limita al acto físico del arresto; está profundamente involucrada en su habilidad para controlar narrativas. En enero 2021, dos editores del Frontier Manipur fueron arrestados por acusaciones de sedición y cargos fundamentados en secciones de la Ley de Prevención de Actividades Ilícitas –otra ley estricta que ha sido aplicada arbitrariamente contra personas que critican el gobierno. El estado buscó justificarse aseverando que habían publicado un artículo en el que supuestamente simpatizaban con los grupos armados que promovían la secesión de Manipur. Ambos editores habían previamente expresado críticas contra el BJP y sus políticas. Al igual que en el caso de Wangkhem, este episodio es ejemplo de los esfuerzos estatales por controlar la información. Al criminalizar efectivamente la publicación de opiniones disidentes, el gobierno buscó deslegitimar perspectivas alternas, solidificando así su hegemonía ideológica. El arresto de Usham Manglem, de 23 años, en julio 2020 por mofarse de Biren Singh en las redes, deja claro que hasta las expresiones más banales están siendo vigiladas y castigadas.
El gobierno no se ha limitado a las fronteras de Manipur en sus intentos por controlar las narrativas y reprimir a la oposición. Cuando la asociación de editores de India (EGI, por sus siglas en inglés) publicó un informe sobre las causas de la violencia en Manipur, el estado la demandó recurriendo a la sección 153A del código penal y acusando a lxs autores de incitar odio comunal. Sin embargo, el Tribunal Supremo desestimó la querella al verla como “contra-narrativa” del estado y subrayó que los errores del informe no constituyen actividad criminal. Esta ofensiva contra miembros de la EGI es consistente con un patrón más general de silenciar periodistas y organizaciones investigadoras para preservar la narrativa dominante. El estado esconde las causas subyacentes de la violencia y las fallas sistémicas mediante la criminalización de la crítica a las instituciones.
La vigilancia, las medidas disciplinarias, los arrestos, detenciones y muertes integran el miedo y el sometimiento en la estructura del estado. Como consecuencia, gran parte de la población ha interiorizado la obediencia, ajustando su comportamiento de antemano para evitar la atención punitiva del estado.
Aunque el estado reprime la resistencia donde sea, el ejercicio desigual de poder profundiza la desconfianza entre comunidades, solidificando aún más las divisiones que el estado usa para mantener control. Como se puede ver en el conflicto actual, el estado se ha alineado con un sentido ultranacionalista de indigeneidad cultural centrado en los meiteis. La retórica de Biren Singh lo pone en clara evidencia.
El primer ministro ha hecho frecuente referencia a la necesidad de proteger al pueblo “indígena” de Manipur contra infiltración de inmigrantes ilegales –referencia hostil a los kuki-zomi-hmars, quienes supuestamente amenazan la identidad e integridad de Manipur. Sostuvo: “No habrá tregua con extranjeros que quieren destruir nuestra cultura y nuestra tierra”.
Las VIOLACIONES DE DERECHOS INDÍGENAS, marginación cultura y la invasión de terrenos se han vuelto instrumentos de dominación bajo el gobierno de Singh. Biren Singh comenzó como primer ministro en 2017, como secuela del colapso local del partido Congreso –anteriormente la fuerza dominante en el estado– al cabo de una serie de protestas en Imfal y Churachandpur, los dos centros urbanos principales en Manipur.
Los meiteis son mayoría en el valle de Imfal, que a su vez contiene la ciudad capital de Manipur. Las colinas septentrionales hospedan mayormente a la comunidad naga, aunque también viven en áreas más pequeñas de las colinas en las afueras del oeste, este y sureste. Los kuki-zomi-hmars, por su parte, viven en las colinas del sur y también en las laderas al norte, este y sur del valle, entre las áreas naga y meitei.
En Imfal, durante el prólogo de la violencia, había una creciente ansiedad entre meiteis en torno a negocios percibidos como propiedad “migrante”. Esto precipitó un llamado a implementar un sistema de “permiso de línea interna”, según el cual los visitantes a Manipur tendrían que obtener permiso especial y documentación limitando su estancia en el estado. La meta era limitar el flujo de migrantes y mantener la propiedad fuera de manos no-residentes. Esta obsesión culminó con la aprobación de tres leyes –la Ley para proteger al Pueblo de Manipur, la Ley de Reformas de Terreno y Rentas de Manipur (séptima enmienda) y la Ley de Tiendas y Establecimientos de Manipur (segunda enmienda).
Estas leyes expanden la autoridad del gobierno en Imfal, cuyo alcance ahora incluye los distritos de las colinas, lo que a su vez se superpone al Comité de la Región Montañosa de la legislatura. Lxs miembrxs de este comité son legisladorxs electxs de las zonas tribales del estado y ejercen poderes administrativos en ellas. Estas propuestas amenazaban con convertir una buena parte de la población tribal en población “no local”, lo cual desembocó en enormes protestas que duraron más de dos años con anterioridad al desborde de violencia.
Dichas protestas, y las contraprotestas meitei, sentaron las bases para mayor polarización. La creciente ola de ultranacionalismo meitei, alimentado por el coraje en contra de las protestas tribales, cargaron a Biren Singh hasta alcanzar el poder. En 2021, el flujo de refugiadxs en el noreste de India luego del golpe en Myanmar avivó aún más los miedos de ser superados por personas extranjeras y no locales. Biren Singh abusó de este temor al mezclar los asuntos de refugiadxs con el separatismo y las minorías en un sentido amplio. La erosión resultante de la confianza social se transformó tanto en herramienta como en resultado de la estrategia estatal para solidificar su control.
A principios de 2023, Biren Singh retiró al gobierno estatal de las negociaciones tripartitas sobre la creación de consejos territoriales. Las negociaciones se daban en el marco de un acuerdo de Suspensión de Operaciones entre el gobierno central, el gobierno estatal y las comunidades tribales representadas por los partidos insurgentes Frente Progresivo Unido (FPU) y la Organización Nacional Kuki (ONK). El acuerdo llevaba 15 años en pie. Los consejos territoriales estaban dirigidos a asegurar disposiciones constitucionales especiales para estas comunidades tribales cónsonas con disposiciones ya aseguradas para otras comunidades semejantes en el noreste de India. Al parecer, las partes estaban a punto de alcanzar un acuerdo antes de la salida de Manipur.
Sin embargo, un acuerdo de paz permanente hubiese limitado el alcance directo del estado, privándolo de poder determinar asuntos fiscales y administrativos en los distritos montañosos. La posición y el poder de Biren Singh se anclaba en una narrativa ultranacionalista meitei, con invectivas contra “inmigrantes ilegales” y acusaciones de “separatismo” contra el Ejército Revolucionario Zomi y el Ejército Nacional Kuki, grupos que encabezan el FPU y la ONK, respectivamente. Aceptar consejos tribales en el marco de un acuerdo con estos partidos podía verse como un ablandamiento de la línea dura que mantenía a su gobierno.
Ya que Biren Singh no ha podido controlar la disidencia democrática totalmente, su gobierno ha recurrido a prácticas constitucionalmente dudosas, reprimiendo la crítica hasta en su base –la mayoría meitei. El activista de derechos humanos Babloo Loitongbam y el policía Thaounaojam Brinda fueron atacados por grupos justicieros como Meitei Leepun y el Arambai Tenggol en respuesta a sus críticas de Biren Singh por presunta participación en el narcotráfico.
Meitei Leepun y Arambai Tenggol no son grupos marginales; ambos tienen lazos importantes en la política. Arambai Tenggol en particular ha sido vinculado con líderes del BJP –incluyendo a Robin Mangang Khwairakpanm, quien en sus redes sociales resalta su conexión con el comité ejecutivo nacional del BJP. Además, ha recibido el auspicio de figuras simbólicas como Sanajaoba Leishemba, un parlamentario y el jefe de la antigua familia real de Manipur. La timidez del estado en cuanto a tomar medidas decisivas en contra de las actividades ilegales de estos grupos ha motivado frecuentes denuncias de apoyo tácito.
La VIOLENCIA ACTUAL empezó en mayo 2023 como violencia localizada de muchedumbres, pero fue resultado de años de desconfianza profundamente enraizada y represión sistémica a una escala mucho mayor. La chispa inmediata fue la marcha de solidaridad tribal el 3 de mayo, una protesta en contra de las intrusiones agresivas del estado en bosques tribales. Los y las Kuki-zomi-hmar que retornaban de la marcha tuvieron confrontaciones con organizadores de un bloqueo meitei en las fronteras del distrito Churachandpur. Posteriormente, se dio una escalada con el incendio de la Puerta Centenario de la Guerra Anglo-Kuki, presuntamente por meiteis, y con rumores en línea sobre hombres kuki-zomi-hmar que cometían violaciones de mujeres meitei masivamente.
La coincidencia entre los eventos y los rumores que detonaron la violencia ha hecho a muchos creer que esta violencia fue planificada. Fundamentalmente, estaba construida a base de la sospecha y desconfianza entre comunidades que nació de las fallas estructurales en la gobernanza de Manipur. Esto se vio claramente cuando las muchedumbres violentas no encontraron impedimento ante su embestida, culminando en el desplazamiento de ~60.000 kuki-zomi-hmars de Imfal y las colinas circundantes y de 10.000-15.000 meiteis de los distritos montañosos.
Para cuando la marcha ya estaba en curso, las fracturas sociales se habían agravado hasta tal punto que la confrontación parecía casi inevitable. A principios de noviembre del 2024, luego de año y medio de tensiones latentes con episodios de violencia, otro brote de violencia fue detonado por el brutal asesinato de una mujer hmar, calcinada en su hogar en el distrito Jiribam. Seis mujeres y niñxs, mayormente meitei, fueron descubiertxs sin vida posteriormente.
Según informes, al menos 16 incidentes violentos que involucraron muertes, heridas, incendios intencionados y tiroteos ocurrieron entre el 1 de octubre y el 18 de noviembre. Al menos 20 personas murieron en Jiribam entre el 7 y el 18 de noviembre. El asesor de seguridad de Manipur, Kuldiep Singh, reportó que el gobierno central en Nueva Delhi enviaría 90 compañías adicionales de agentes de seguridad a Manipur para tratar de controlar la situación. Esto elevaría el total de fuerzas centrales en el estado a más de diez mil. Adicionalmente impusieron un apagón general del internet por otras dos semanas desde el 16 de noviembre, replicando medidas similares tomadas en respuesta a los inicios de la violencia.
El periodo posterior al 3 de mayo de 2023 resalta una importante verdad: cualquier mecanismo de poder que reprima la disidencia y estimule la división acabará desestabilizando la sociedad. La crisis de Manipur es más que solo un conflicto local; es un campo de prueba para la maquinaria de opresión estatal. Esto no es solo un problema de Manipur. Lo que ha sucedido en el estado es un modelo de la gobernanza autoritaria que también va más allá de sus fronteras, en la que la disidencia es reprimida y el coraje convenientemente redirigido hacia algún tercero en lugar de hacia las instituciones disfuncionales del estado.
La paz en Manipur requiere más que simplemente atender la crisis actual; necesita una transformación sistémica del ejercicio de poder. El estado tiene que abandonar un modelo de gobernanza basado en la dominación y acoger uno que dé prioridad a la justicia, la equidad y la autonomía de sus ciudadanos. Esto incluye reconocer los derechos de autodeterminación de comunidades minoritarias, permitir expresiones de preocupación mayoritaria sin medo –inclusive aquellas que reten el poder vigente– y establecer estructuras que faciliten el dialogo en vez de la división.
La verdadera reconciliación solo es posible si se asume responsabilidad. El estado tiene que atender las injusticias históricas y actuales que ha cometido contra su pueblo. Sin ello, el ciclo de malestar civil continuará y la maquinaria represiva visible en Manipur crecerá y se propagará. Si no se le hace frente, es cuestión de cuándo, y no de si, esta misma maquinaria será desplegada en otras partes de India. Desmantelarla será la prueba que decidirá si la gobernanza en India permanecerá democrática o si cae más profundamente en el autoritarismo.
