«Estamos viviendo en una dictadura de derecha». Así describe Joyner Myron Sánchez, secretario general adjunto de la organización política antiimperialista Juventudes Revolucionarias (JR), la situación actual en Panamá. «Si no estás de acuerdo [con el gobierno], podrías ir a la cárcel o ser asesinado».
Desde principios de 2025, los movimientos sociales panameños se han movilizado para protestar contra la agenda económica neoliberal y la política exterior proestadounidense de su presidente, José Raúl Mulino. Específicamente, los panameños se resisten a una reforma neoliberal de la seguridad social conocida como Ley 462, a los planes para reabrir una mina de cobre canadiense ampliamente repudiada y a un acuerdo de seguridad firmado por Estados Unidos y Panamá que aumentará la presencia militar estadounidense en el país. Las autoridades panameñas respondieron arrestando a miles de personas, matando a varios manifestantes y, en la provincia de Bocas del Toro, suspendiendo derechos constitucionales como la libertad de reunión y la protección contra ordenes de arrestos.
En medio de la represión, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá no han expresado ninguna condena. Esto probablemente se deba a que ambas naciones tienen importantes intereses materiales en Panamá: para Estados Unidos, intereses militares y estratégicos, y para Canadá, inversión minera. Las demandas antiimperialistas de los movimientos sociales panameños, a saber, la retirada militar de Estados Unidos y la cancelación continua de un importante contrato minero canadiense, son un desafío directo a los intereses de estos gobiernos de norteamérica.
A finales de 2023, un levantamiento contra la compañía minera First Quantum Minerals, con sede en Vancouver, se propagó por todo el país, paralizando efectivamente la economía panameña hasta que el gobierno accedió a clausurar la mina. Al principio, el gobierno respondió con una intensa represión para proteger el valioso proyecto, incluida la represión de los sindicatos y más de 1,500 casos de detención arbitraria. Cuatro manifestantes murieron durante la sublevación. En su apogeo, la mina Cobre Panamá representó alrededor del cinco por ciento del PIB de Panamá y el 40 por ciento de los ingresos anuales de la compañía. Sin embargo, los acuerdos corruptos entre First Quantum y el gobierno panameño, el angustioso impacto ambiental de la mina y la resistencia de los manifestantes finalmente provocaron la cancelación del contrato con First Quantum y el cierre de la mina.
Las elecciones generales de mayo de 2024 en Panamá se celebraron en el contexto de estos acontecimientos. En el período previo a las elecciones, todos los candidatos, incluidos los proempresariales como Mulino, se comprometieron a mantener la cancelación del contrato ampliamente impopular de First Quantum. Mulino, quien solo se convirtió en candidato presidencial después de que el empresario de derecha y expresidente Ricardo Martinelli quedara inhabilitado por una condena por lavado de dinero, terminó ganando con el 34 por ciento de los votos. La ira popular contra el Partido Revolucionario Democrático (PRD) en el poder fue tan intensa que logró apenas un seis por ciento de los votos en la noche de las elecciones.
Durante su campaña, Mulino había prometido traer prosperidad económica y armonía social a Panamá después de meses de protesta. Pero al asumir el cargo, inmediatamente enfureció a los panameños al pedir la reapertura de la mina de propiedad canadiense. «La mina pagó el precio del descontento nacional acumulado», dijo el presidente en noviembre de 2024. «Para mí, la minería es un tema de importancia crítica en el contexto económico actual del país».
El cambio de rumbo de Mulino respecto a la mina no se debió solo a consideraciones económicas. También es probable que cediera a la presión para complacer a los operadores canadienses de la mina, una medida que estaría dentro del ámbito de las posibilidades para un hombre que ha pasado su carrera política negándose a enfrentarse al imperialismo occidental. A veces, incluso lo ha cortejado directamente.
El fracaso de Mulino a la hora de defender la soberanía panameña no resulta sorprendente, dada su vinculación con Estados Unidos. Ha estudiado allí y también ha procurado activamente su intervención.
A finales de la década de 1980, Mulino presionó para que Estados Unidos interviniera contra el entonces líder militar Manuel Noriega. Mulino fue uno de los fundadores de la Cruzada Cívica, un movimiento de oposición que incluía a activistas y sindicalistas, pero que fue liderado y creado por empresarios que sentían que Noriega les había despojado de poder e influencia. Esta facción esperaba recuperar su influencia a través de la intervención extranjera, un deseo que los Estados Unidos estaban felices de satisfacer. Enviaron a la oposición de Noriega 10 millones de dólares para que se presentara a las elecciones de mayo de 1989. La victoria de la oposición, y su anulación por parte de los militares, proporcionaron a los Estados Unidos aún más justificación para atacar.
La invasión estadounidense de Panamá, por la que Mulino y otros empresarios presionaron, finalmente acabó matando a miles y convirtió el barrio pobre de El Chorrillo, en la Ciudad de Panamá, en una «Pequeña Hiroshima». La influencia de Mulino pronto se restauró; se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno que sucedió a Noriega. Estas historias no pasan desapercibidas para los manifestantes de hoy. Como dijo Sánchez, de la JR: «[Mulino] formó parte del grupo que pidió la invasión militar estadounidense. Incluso hay fotos suyas celebrando en la embajada de Estados Unidos — mientras tanto, el ejército estadounidense estaba asesinando a panameños».
Los estrechos lazos de Mulino con Estados Unidos se han mantenido. De 2009 a 2014, fue asesor cercano del presidente Martinelli, cuya administración supervisó la firma del Tratado de Libre Comercio Panamá-Estados Unidos. Como ministro de Seguridad Pública de Martinelli, Mulino anunció, con el pretexto de combatir de combatir el narcotráfico, que se había concedido acceso al ejército estadounidense a dos bases navales panameñas. Ahora, como presidente, Mulino ha aprobado nuevamente la presencia de tropas estadounidenses en Panamá, esta vez con la justificación adicional de «proteger» el Canal de Panamá.
La subordinación de Mulino a los Estados Unidos —en cuestiones militares, de política económica y del Canal de Panamá— es uno de varios factores que han llevado a los movimientos sociales a actuar. Un manifestante dijo al medio alemán DW: «Este hombre en el gobierno de Estados Unidos [Donald Trump] decidió que el canal les pertenece, y que tiene en Panamá un presidente que les es obediente».
El descontento público comenzó a aumentar en enero de 2025 en medio de las amenazas de Donald Trump de «retomar» el Canal, el cual Estados Unidos entregó a Panamá en 1999. Los manifestantes salieron a las calles para denunciar las amenazas de Trump y quemar efigies del presidente de los Estados Unidos.
Al mes siguiente, el secretario de Estado Marco Rubio visitó la Ciudad de Panamá y le dijo a Mulino que la presencia económica de China en el Canal era «inaceptable». Mulino captó el mensaje: rápidamente anunció que Panamá revocaría su decisión de 2017 de unirse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Para muchos panameños, esto fue otra muestra del afán de Mulino por sacrificar la soberanía nacional a fin de complacer a Estados Unidos.
No se detiene ahí. Mulino ha acordado cerrar el Tapón del Darién para limitar la migración irregular a los Estados Unidos, y ha ofrecido Panamá como destino para «nacionales de terceros países», deportados enviados desde los Estados Unidos a un país que no es de su origen. En abril, mientras tanto, Mulino firmó un acuerdo de seguridad con la administración Trump que da prioridad en el Canal de Panamá a los barcos estadounidenses. El acuerdo también permitirá que personal militar estadounidense lleve a cabo «estancias rotativas» en bases panameñas.
La ira contra la austeridad neoliberal, la corrupción minera canadiense y el imperialismo estadounidense, ha convergido en un poderoso movimiento de protesta en el que una diversa muestra representativa de la sociedad panameña ha jugado un papel crucial. El sindicato de la construcción más grande del país, SUNTRACS, ha sido una fuerza impulsora detrás de las protestas. En respuesta, el gobierno ha allanado su sede, ha anunciado órdenes de arresto falsas contra sus miembros, e incluso obligó a su líder, Saúl Méndez, a buscar asilo político en la embajada boliviana.
Mientras SUNTRACS, junto con decenas de sindicatos de estudiantes y maestros, ha organizado protestas masivas en la capital, los trabajadores bananeros en Bocas del Toro también han estado en huelga. Francisco Smith, el líder de uno de sus principales sindicatos, SITRAIBANA, fue arrestado el mes pasado por cargos de orquestar bloqueos de carreteras en Bocas del Toro. Antes de su arresto, miles de trabajadores bananeros habían sido despedidos por Chiquita — conocida anteriormente como United Fruit Company — por participar en las huelgas.
Grupos antimineros que se oponen a la reapertura de Cobre Panamá y organizaciones juveniles como JR también se han unido a las protestas y se han encontrado con la represión. También lo han hecho las comunidades indígenas Ngäbe-Buglé. Según se informó, fueron vigilados por drones y helicópteros, sometidos a cortes de electricidad deliberados y amenazados con el uso de armas de fuego.
Por su parte, Mulino ha insultado a casi todas las facciones del movimiento de protesta. Llamó a los opositores de Cobre Panamá «gorrones». Afirmó que los estudiantes manifestantes se comportaban como «terroristas». Sus fuerzas de seguridad han etiquetado a los huelguistas como «radicales» y «vándalos». Ahora, el índice de desaprobación de Mulino se encuentra cerca de 70 por ciento. Bajo su régimen de austeridad, solo el nueve por ciento de los panameños cree que su país va en la dirección correcta.
Las protestas en Panamá son una lucha por la soberanía, el desarrollo igualitario y, en sí, el derecho a protestar. La responsabilidad por la violencia en la respuesta del Estado debe culparse primeramente y ante todo en el presidente Mulino, quien ha reprimido con celo, se ha negado a negociar y ha dado marcha atrás en promesas clave de su campaña. Sin embargo, al presionar por un mayor dominio militar en la región, Estados Unidos también está profundamente implicado en los disturbios.
También lo está el gobierno canadiense.
En 2023, durante el levantamiento nacional contra First Quantum, el silencio de los políticos canadienses y los medios de comunicación fue, según se informa, profundamente desconcertante para los panameños, quienes esperaban algún tipo de condena por la corrupción de la empresa. Esta vez, la historia es muy similar. Mark Carney, elegido primer ministro como un opositor al expansionismo estadounidense y defensor estoico de la soberanía canadiense, no ha dicho, sin embargo, nada sobre las protestas. En cambio, Carney ha continuado la tradición de los gobiernos canadienses de respaldar a las empresas mineras con sede en Canadá en sus disputas con gobiernos del Sur Global.
Panamá, sujeto durante mucho tiempo al dominio de potencias extranjeras, tiene ahora un presidente que está haciendo poco por oponerse activamente. No es de extrañar, entonces, que la libertad ocupe un lugar preponderante como un sueño de los manifestantes.
Como expreso Sánchez: «Soñamos con un Panamá que sea completamente libre, donde no haya presencia del imperialismo estadounidense en ninguna parte. Nuestro himno comienza diciendo que ‘finalmente alcanzamos la victoria’. Eso es lo que queremos. Para finalmente obtener nuestra verdadera y única victoria, que es quitar las botas del imperialismo y levantar a nuestro pueblo para construir la soberanía, la soberanía real».
Owen Schalk es columnista de Canadian Dimension. Es autor de Canadá en Afganistán: Una historia de fracasos militares, diplomáticos, políticos y mediáticos, 2003-2023. Publicado por primera vez en NACLA.
